Vecinos se manifiestan este sábado por las "irregularidades" de una promoción de 583 VPO en Sevilla Este

GIRALDA* : Ante esta situación, y debido a que ningún organismo se hace cargo del problema, "hemos decidido de una vez por todas hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nos entreguen nuestros pisos". La asociación de vecinos ´Edificio Isbilya´ de Sevilla han convocado una manifestación para las 11,00 horas del sábado 20 de noviembre en Plaza Nueva, para protestar por las "irregularidades" que, según afirman, existen en una promoción de 583 viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla Este.

Según ha indicado el colectivo en un comunicado, la promoción está "minada" de irregularidades, "algunas de las cuales han dado lugar a innumerables paralizaciones de las obras". Así, lamentan que se ha incumplido la fecha de terminación y entrega, que hay impagos a proveedores y que no se devuelven las cantidades entregadas a aquellos adjudicatarios que renuncian a su vivienda, "incluso habiendo un incumplimiento de contrato por parte de la promotora".

De la misma forma, la asociación ha criticado que, tras más de dos años, ningún adjudicatario posee una copia de su contrato visada por la Delegación Provincial, "tal y como especifica la ley".

Ante esta situación, y debido a que ningún organismo se hace cargo del problema, "hemos decidido de una vez por todas hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nos entreguen nuestros pisos".

Los vecinos se concentraron el pasado mes de junio ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en la Plaza de San Andrés, para expresar sus reivindicaciones respecto a la problemática de avales mantenida en estas promociones.




* Giralda - EP: - 20.11.10
Foto: Obras, cuba hormigón - giralda

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El edil de Urbanismo de Moncada cobró 115.000 euros de Emarsa en seis años

LEVANTE/Valencia* : La capacidad de depuradora de Pinedo para tragarse el contenido de todas las cloacas de Valencia está fuera de toda duda; también la de satisfacer las necesidades económicas de cuantas personas y cargos públicos del Partido Popular no encontraban acomodo en otras administraciones. La penúltima revelación de las cuentas de Emarsa que están siendo auditadas por el Ente Metropolitano de Servicios Hidráulicos, propietario de la empresa pública, el la existencia de un pago continuado a un edil del Partido Popular de Moncada que aparece en la contabilidad de la empresa desde 2005 sin que conste el trabajo realizado para la depuradora de Pinedo. Luis Botella de las Heras, Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Moncada por el Partido Popular, cobró 114,978 euros de Emarsa -algo más de 19 millones de pesetas- entre 2005 y 2010.

Al igual que en los casos revelados ayer por este diario de la periodista Ana M. R.S. y la abogada Leonor M. E., ambas colaboradoras en la alcaldía de Manises de su titular, Enrique Crespo, Luis Botella cobraba de la empresa pública sin que entre los trabajadores de la empresa y cargos intermedios de la misma se le reconociera actividad alguna.
Tampoco el libro de facturas disponible en el Emshi arroja demasiadas pistas sobre esta actividad, aunque si sobre las cantidades percibidas.
No obstante, cabe destacar que Luis Botella de las Heras es abogado por lo que su contribución a Emarsa podría haberse justificado en una especie de asesoría jurídica.

Responsable en la campaña
Además de primer teniente de alcalde en Moncada y delegado de Urbanismo en esta localidad, Luis Botella fue nombrado recientemente como uno de los tres responsables de la Asesoría Jurídica del Comité de Campaña del Partido Popular en Valencia, un comité que tiene como coordinador de Campaña al alcalde de Moncada y diputado provincial Juan José Medina.
Según la documentación que manejan los auditores, Luis Botella de las Heras percibió 15.660 euros en 2005; 21.652,56 euros en 2006; 22.215,48 euros en 2007; 22.091,06 en 2008 y 23.492,32 euros en 2009. En 2010 y antes de la intervención de las cuentas de Emarsa por el Emshi el pasado mes de julio el edil había cobrado ya 9.866,65 euros.
Fuentes del PSPV-PSOE aseguraron ayer que algunas anotaciones en los libros de Emarsa no permiten establecer el tipo de vinculación entre las personas y/o empresas que aparecen y la empresa pública que opera la depuradora de Pinedo, aunque esperan que la investigación judicial en curso y la que realiza el Tribunal de Cuentas permita establecer esta y otras relaciones bajo sospecha.

"No tenía conocimiento"
El presidente del Emshi, consejero delegado de Emarsa, diputado provincial responsable del Área de Carreteras y alcalde de Manises, Enrique Crespo, declaró a este diario que desconocía la "presencia" de Luis Botella en Emarsa y, por tanto, de la función que realizaba. Incluso preguntó quién era Botella, pese a la reconocida trayectoria política de éste, y remitió al ex gerente, Esteban Cuesta, para cualquier aclaración sobre las tareas desarrolladas por el concejal de Moncada. "El gerente es quien llevaba esas cosas", declaró. "Nosotros no entrábamos en detalles", añadió el diputado, reforzando así la "doctrina Crespo" que el pasado miércoles apoyaba el presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP, Alfonso Rus, al declarar que "ni mira las facturas" que le pasan a la firma los gerentes de empresas públicas que están bajo su responsabilidad.

Sobredosis de abogados

Luis Botella de las Heras, que ha cobrado casi 115.000 euros de Emarsa en los últimos seis años, es abogado, al igual que Leonor M. E., la colaboradora de Enrique Crespo en Manises, quién "después" de pasar por el ayuntamiento, según el alcalde, pasó a engrosar la lista de perceptores de Emarsa. Leonor M.E. habría cobrado 65.009 euros entre 2006 y 2010 mientras que laperiodista Ana M. R. S. cobró 88.033 euros en el mismo período.
Sorprende sin embargo el elevado número de abogados que presuntamente colaboraban con Emarsa, sobre todo si se considera la presencia en el consejo de administración del secretario y abogado, Blas J. Pérez. Esquerra Unida del País València solicitó en la Comisión de Hacienda del Emshi celebrada el pasado jueves que la querella presentada por este organismo incluyera al secretario del consejo de administración. Su misión era asesorar sobre lo que se le preguntaba, aunque ahora pide 120.000 euros de indemnización y reclama 90.000 euros más por "asistir" a la empresa en la celebración de juicios.




* Levante - 20.11.10
Foto: Moncada (Valencia) - moncada

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El ladrillo pudo con la tecnología

LAOPINIÓN/A Coruña* : El parque ofimático es sinónimo de cambios en las dos últimas décadas. Lejos queda aquel proyecto en el que se pretendía dar en la ciudad un impulso a las empresas de tecnología punta. La Xunta -con el beneplácito del Ayuntamiento, que calificó la propuesta inicial de "inviable"- cambió su plan hasta conseguir que las viviendas se hiciesen con la hegemonía del futuro polígono, ubicado entre Eirís, Matogrande y Alfonso Molina. Ahora el protagonismo es para los más de 2.000 pisos que se levantarán. De oficinas, pistas de tenis, campo de minigolf y un estanque a una macrourbanización de más de 2.000 viviendas. En veinte años, el parque ofimático ha pasado de ser un proyecto de polígono empresarial de tecnología punta a un futuro barrio marcado por una operación inmobiliaria que ha acabado con una condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la Xunta por recalificar las fincas una vez expropiadas.

La primera maqueta del ofimático es de 1992. El diseño inicial que presentó el Instituto Galego da Vivenda e Solo no se parece en nada a la propuesta actual. La intención era construir un polígono de eminente carácter terciario, con una torre de oficinas de veinte alturas como buque insignia, rodeado de un complejo casi bucólico: estanque, teatro, hotel, gimnasio, minigolf, pistas de tenis... Ahora, el verdadero emblema del ofimático será el uso residencial. Se prevé construir un máximo de 2.342 viviendas, de las que alrededor de 1.200 serán de protección autonómica.

La propuesta actual supone multiplicar por cinco la previsión de pisos de hace 18 años, de la primera maqueta. El nuevo diseño apuesta por la vivienda, pero la situación ha variado, pues la burbuja inmobiliaria se ha desinflado y con ella la pujanza del sector del ladrillo.

Uno de los momentos claves del cambio en el proyecto se produjo en el pleno municipal de septiembre de 2001, cuando PSOE y Partido Popular aprobaron de forma definitiva -con el voto en contra del BNG- el plan parcial del ofimático, lo que facilitó al Gobierno gallego variar su estrategia. Aunque su uso todavía aparecía como terciario, el que iba a ser un vivero empresarial de tecnología punta sufrió la estocada definitiva.

El parque ofimático redujo a la cuarta parte el espacio de oficinas. De los concejales de aquella corporación que sacaron adelante con sus votos el plan parcial sólo queda en María Pita la vieja guardia del PSOE, entre los que están el ahora alcalde, Javier Losada, y el entonces concejal de Urbanismo y actual presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda. Fue este último el encargado de defender el nuevo proyecto.

Moreda admitió en el pleno que era un plan "atípico" porque combinaba oficinas y pisos, pero matizó que las viviendas se venderían a precios "asequibles". "La Xunta se dio cuenta de que la idea inicial era inviable", añadió el concejal. Los socialistas tuvieron el apoyo del PP -en 2001, Manuel Fraga era presidente de la Xunta-. Su portavoz municipal era Antonio Erias, en la actualidad diputado en el Congreso: "Es un diseño innovador que se ajusta a la trama urbana. Esto es calidad de vida".

Los expropiados molestos con la recalificación llevaron su caso ante los tribunales. Al principio, sufrieron serios reveses, hasta que los afectados localizaron un documento en el que se demostraba que la Xunta les obligó a vender sus fincas. En 2007, por ejemplo, el Superior rechazó sus demandas. La Xunta -gobernada por el bipartito- defendió que había sido un proceso de compraventa.




* La Opinión - 18.11.10
Foto: Maqueta de la urbanización del parque ofimático. / la opinión

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El fiscal pide seis meses de prisión para el alcalde de Zurgena por la concesión de licencias para 41 viviendas

TELEPRENSA/Almería* : La concesión de licencias municipales para 41 viviendas en el no urbanizable de Zurgena, le puede costar seis meses de prisión, además de siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, por un presunto delito de prevaricación, a Cándido Trabalón (PA), alcalde del municipio, quien ya acumula en su haber un total de 12 procedimientos abiertos, incluida la operación ‘Costurero’, que provocó su detención en el año 2007.

Esa es la pena que solicita el Ministerio Fiscal en su calificación para el juicio cuya vista oral está prevista para los días 9, 9, 10 y 11 de marzo del año próximo, en la sede del Juzgado de lo Penal número 2; al entender que el regidor concedió la licencia para estas viviendas unifamiliares, cuando era consciente de que según la legislación vigente esto constituía una ilegalidad.

Al haber sido aprobadas en pleno, Trabalón no será el único miembro de la corporación local que sea juzgado por esta causa; junto a él aparecen imputados el concejal de Urbanismo Manuel Tijeras (PA); Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín, a la sazón miembros del equipo de Gobierno del PA, hoy fuera del pleno; así como para los ex concejales socialistas José Antonio Ramos y Juan Morales; el popular José Juan Sánchez, y para el técnico municipal Francisco Salvador Granados.

El fiscal pide para estos la misma pena que para Trabalón, incluido el pago de una sanción de 12 euros diarios durante 24 meses.

Además, el fiscal solicita dos años de prisión e inhabilitación durante este tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, y multas de 30 euros diarios durantes24 meses, a Francisca Muñoz e Isidoro García, administradores de Las Canaiícas SL, empresa promotora de las viviendas construidas en el Barranco de Los Pinos y el Cortijo Zurano.




* Teleprensa - 19.11.10
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net

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Cangas del Narcea perderá las competencias urbanísticas si no ilegaliza una casa en Fuentes

ELCOMERCIO/Asturias* : El Ayuntamiento de Cangas del Narcea podría perder las competencias en materia de Urbanismo si no actúa con celeridad ante la construcción supuestamente ilegal de una vivienda en terrenos del parque natural de las Fuentes del Narcea. El alcalde cangués, José Manuel Martínez, ya sería conocedor de esta posibilidad según indicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, al término de la inauguración de unas jornadas sobre 'Medidas compensatorias de proyectos de infraestructuras viarias que afectan a la Red Natura 2000', que se celebran en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

La denuncia de la construcción de esta vivienda, propiedad del ecologista José Manuel Reyero, «es una cuestión grave», según el consejero. González Buendía quiso separar la cuestión meramente urbanística del aspecto personal. En cuanto a la primera, apuntó que «se trata de una construcción ilegal e ilegalizable, aunque se trata de un procedimiento complejo y largo. Los ayuntamientos son los que tienen competencias en materia de Urbanismo y al alcalde de Cangas del Narcea ya le hemos comunicado que inicie las medidas oportunas. Si no lo hace, le tendríamos que sustituir en las competencias. Él es quien debería tener el conocimiento más inmediato de lo que ocurre en su territorio. Por eso, si el Ayuntamiento se mantiene inactivo, le sustituiremos en materia de Urbanismo».
El segundo aspecto es el personal, es decir, el referido al papel que ha jugado el director del parque natural, Emilio González-Capitel, ya que podría haber tenido conocimiento de esta construcción ilegal sin que hubiera alertado a sus superiores en el Principado ni tomado ninguna medida que impidiera la obra en ese terreno tan sensible.
González Buendía aseguró que «se trata de alguien que está siendo cuestionado y soy partidario de lo que dijo el alcalde de Degaña -Jaime Gareth- de que es necesario apelar a la cautela, ya que se trata de un empleado público y no se pueden hacer juicios paralelos». El consejero añadió que «se tomarán las medidas adecuadas si vemos que la actuación de este empleado público no fue la adecuada. Es un asunto que estamos estudiando internamente en la consejería».
«Con diligencia y urgencia»
Por su lado, el alcalde cangués reconoció ayer haber tenido conocimiento del hecho el pasado 4 de noviembre, al recibir una comunicado de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Después, explicó, «tomamos todas las decisiones que nos corresponden, como la solicitud de la licencia, la orden de paralización y la apertura del correspondiente expediente administrativo, que nos llevó a la conclusión de que es una obra ilegalizable y que debe ser derribada».
El edificio se ubica sobre el pueblo de Oballo, en pleno corazón del parque natural, donde sólo se permiten edificaciones relacionadas con la explotación ganadera. «En esta línea actuamos con toda diligencia y urgencia», apuntó Martínez. El alcalde de Cangas del Narcea añadió, no obstante, que «quienes parece que no actuaron con urgencia fueron los responsables del parque y de la consejería, quienes conocieron hace meses de la construcción ilegal y no hicieron nada al respecto».
Al parecer, fue un particular quien denunció la existencia de esta obra ilegal ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Se trata de la restauración de una cabaña y la edificación de un edificio anexo de dos alturas y otro de una planta. Las obras se realizaron entre junio y octubre, momento en que el propietario recibió la orden de paralización.
Infraestructuras prioritarias
Otro asunto que preocupa al departamento de González Buendía es la ejecución de las obras pendientes en Asturias, como el AVE o la autovía del Cantábrico. El consejero apuntó que tanto la Administración regional como la central «comparten la preocupación» por la marcha de los trabajos y, aunque reconoció que «con la crisis hubo reprogramaciones que tuvieron como aspecto negativo los plazos», añadió que «seis meses no es mucho tiempo, pero cualquier retraso no es bueno». Es por ello por lo que, en próximas reuniones, «intentaremos que si hay una reprogramación en positivo, Asturias esté a la cabeza, tanto en el AVE como en la autovía». Eso sí, todo dependerá de que la coyuntura económica permita al Estado realizar nuevas inyecciones de recursos a las infraestructuras que se han visto perjudicadas por la crisis.




* El Comercio - 19.11.10
Foto: Casa construida en el parque de Fuentes del Narcea a partir de la restauración de una cuadra (edificio central).- elcomercio

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El defensor del Pueblo reclama el derecho a un medio ambiente saludable

LANZA/CiudadReal* : El defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha reclamado en Ciudad Real el derecho de todos los ciudadanos a tener un medio ambiente saludable y la importancia de que, desde todos los ámbitos, se establezcan mecanismos para garantizarlo en el futuro. Martínez Cenzano, que inauguró en la capital la jornada “Energía y Desarrollo Sostenible” organizada por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y la FEMP en colaboración también con la universidad, explicó que es necesario también “hacer pedagogía de los derechos desde los poderes públicos” y por ello, añadió, la importancia de relacionar la energía con el derecho al medio ambiente.

Energía alternativa
En este sentido apostó porque se garantice el suministro energético con mecanismos de producción alternativos a la quema de fósiles y también por crear nuevos hábitos de consumo entre los ciudadanos que, aseguró, “nos van a ser exigidos como un mecanismo de supervivencia”, además de impulsar también otra mentalidad que contribuya decididamente al ahorro energético.
Por último, el defensor del Pueblo añadió que esta jornada, en la que han participado agentes públicos con responsabilidades en materia de políticas energéticas, así como empresas del sector, organizaciones ecologistas, movimiento asociativo en materia de consumo, asesores y asesoras en esta materia de otras Defensorías, así como público en general, es la última de las cuatro que ha organizado la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-la Mancha, en otras tantas ciudades de la región, y que han versado sobre urbanismo, ordenación del territorio y desarrollo sostenible, los usos del agua y la sostenibilidad, y el tema de la contaminación acústica y derechos de los ciudadanos, también en relación con el desarrollo sostenible.

Una ciudad sostenible

La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, ha asegurado que es responsabilidad de los Ayuntamientos apostar por ciudades sostenibles y que el desarrollo vaya unido a criterios de sostenibilidad. En este sentido añadió que esta es una de las grandes apuestas del Consistorio de la capital en su nuevo Plan de Ordenación Urbana, en el que se contempla un crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad. De igual forma también ha reseñado el esfuerzo que esta haciendo el Ayuntamiento por sustituir el alumbrado público por tecnología LED.
Por último, explicó que es necesario que en este proceso de ahorro energético y sostenibilidad se impliquen también los ciudadanos “con un cambio de mentalidad” que apueste más por el ahorro y el medio ambiente.




* Lanza Digital - 19.11.10
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - elmundo.es

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