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DIARIODENAVARRA* : La «Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra» insta a los Ayuntamientos navarros a iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes de uso religioso de sus localidades, así como de cualquier patrimonio que esté en situación similar. Esta solicitud se recoge en una instancia dirigida a todos los Ayuntamientos y Concejos y que ya ha sido aprobada en poblaciones como Burlada, Alsasua, Pueyo, Berriozar o Uharte, según informa hoy dicha plataforma en un comunicado.
En esa instancia propone también que procedan a «inmatricular, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, como bienes públicos y a nombre del Ayuntamiento, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que todavía estén sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados por la Iglesia».
La Plataforma, creada recientemente, considera necesario que todos los ayuntamientos se pregunten de quién son las iglesias, ermitas, cementerios, retablos, atrios o casas curales «si no quieren verse desposeídos de su patrimonio histórico».
En este sentido señala que «la Iglesia Católica estaba llevando una formidable y discretísima campaña de inscripción en el Registro de la Propiedad de todas las iglesias de Navarra, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria y aprovechándose de la supresión, en 1998, del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía expresamente el registro de los lugares de culto».
Para la Plataforma esto es un «escándalo monumental, sin duda la mayor privatización realizada en toda la Historia de Navarra».
Según denuncia, la Iglesia Católica acogiéndose a esa vía excepcional y con un «coste irrisorio (20-30 euros) está inscribiendo a su nombre bienes que pertenecen a los pueblos (más de mil inmuebles), de valor incalculable, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna y obteniendo de ese modo la privatización de esos bienes públicos, sin el conocimiento de la población, ni de sus representantes públicos».
La Plataforma apunta además que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que «da a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas sentencias) de inscribir mediante la propia certificación del Diocesano», está «bajo harta sospecha de anticonstitucionalidad»
Subraya asimismo que en general estos edificios fueron construidos y amueblados por los pueblos y que su utilidad no era únicamente religiosa. En este sentido apunta que todavía hoy «son constantes las obras que se realizan en muchos de estos edificios, mayormente a costa de los fondos públicos».
En su opinión, los recientes casos de la comarca del pantano de Itoiz, (indemnizaciones millonarias a la Iglesia); la implantación de tarifas para la celebración de conciertos y actos culturales (Tafalla, Olite, Estella); la venta de objetos de arte o las enajenaciones de edificios son ejemplos que «demuestran que la inmatriculación de estos bienes está teniendo repercusiones inmediatas».
* Diario de Navarra - AGENCIAS. PAMPLONA - 31 de octubre de 2007
Foto: Pamplona, Parlamento de Navarra - Ngoni (wikipedia.org)
Una plataforma pide a los Ayuntamientos navarros que impidan la privatización de las iglesias
Un nuevo edificio de 11 plantas en Sants enfrenta a vecinos con el Ayuntamiento
ELPAÍS/Barcelona* : La Asociación de Vecinos del Paseo de Sant Antoni ha denunciado esta semana ante la Fiscalía de Barcelona al Ayuntamiento de Barcelona por la construcción de un edificio de 11 plantas en el barrio de Sants. El edificio ha sido bautizado popularmente como Torre Malaya en referencia al entramado de corrupción destapado hace un año y medio en Marbella.
Los hechos se remontan a 2004, cuando la constructora Sapic Habitat compró mediante subasta pública el terreno sobre el que se levanta el edificio. Sin embargo, parte de ese solar subastado estaba ocupado por la rampa peatonal que comunica la calle de Riego con el paseo de Sant Antoni. El Consistorio requirió entonces a la constructora la devolución del paso público y en compensación modificó el Plan General Metropolitano (PGM) para permitir a la empresa construir un edificio de 11 plantas en lugar de las 4 que marca la ley.
"Gracias a la torpeza del Ayuntamiento la constructora ha hecho el negocio del siglo", dice José Enrique Martínez, miembro de la asociación denunciante, al tiempo que se pregunta cómo el Ayuntamiento vendió una rampa para peatones. "Porque se puso en subasta como parcela única", contestó a este diario el gerente del distrito de Sants, Josep Sans. "Este hecho obligó a dejar esta superficie sin edificación, concentrando toda la edificabilidad prevista en la otra parte del solar", añadió Sans.
Antes de la modificación del PGM, en 2004 se abrió un periodo de alegaciones. CiU votó a favor de la modificación y el PP se abstuvo. Ambos grupos, entonces en la oposición municipal, criticaron el impacto visual que el edificio provocará en su entorno, pero no cuestionaron que se pusiera en subasta la rampa de la calle de Riego.
En el escrito presentado ante la fiscalía, este grupo de vecinos también denuncia que gran parte del solar sobre el que se levantará el inmueble pertenecía al Ministerio de Obras Públicas -ahora Fomento- desde 1968, y que el Ayuntamiento se lo ha apropiado de manera irregular. De hecho, durante el periodo de alegaciones, Renfe, dependiente de Fomento, pidió su inclusión en la lista de propietarios del solar. "Todo eso pasó hace mucho tiempo, pero estoy convencido de que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la legalidad", afirmó el gerente de distrito.
El edificio albergará 32 viviendas, un local comercial y 35 plazas de aparcamiento subterráneo. Los vecinos vinculan su construcción a la llegada del AVE al barrio y la oportunidad de negocio que eso supondrá.
* ELPAIS.com - JAUME BAUZÀ - Barcelona - 03/11/2007
Foto: Barcelona, Plaza de Sants - telefonica.net
El alcalde de Santa Cruz compró el suelo de Las Teresitas al doble de su valor
LAPROVINCIA* : La arquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la época en que se llevó a cabo la compra de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, Pía Oramas González-Moro, ha confirmado ante la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, lo que ya reflejó en su informe previo a la compra por parte del consistorio a la mercantil Inversiones Las Teresitas: la valoración real del suelo era de 19,3 millones de euros (unos 3.210 millones de pesetas), una cifra que nada tiene que ver con los 52 millones de euros (8.750 millones de pesetas) pagados por el ayuntamiento.
Pía Oramas fue citada a declarar días atrás por la magistrada Carla Bellini y prestó su testimonio en presencia de la delegada de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés. Oramas no hizo otra cosa que confirmar lo que ya dejó por escrito en el año 2001 en un informe al propio Ayuntamiento.
La corporación santacrucera no sólo pasó por alto el informe de su propia arquitecta, sino que lo ocultó en el expediente administrativo de la compra de los terrenos de LasTeresitas y decidió solicitar otros tres informes de valoración diferentes para luego quedarse con uno de ellos, el que más ajustaba el precio a lo acordado con los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de los terrenos a través de la mercantil Inversiones Las Teresitas.
Cabe recordar que este punto del expediente administrativo fue anulado el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, al considerar que el precio de la compraventa fue pactado entre los vendedores y el Ayuntamiento de forma ilegal.
Ya en la querella que Anticorrupción presentó el pasado mes de diciembre ante elTSJC, Farnés advertía de la importancia del informe de Pía Oramas, y mostraba su sorpresa por el hecho de que el consistorio presidido por Miguel Zerolo no le diera importancia al mismo.
"No podemos dejar de sorprendernos", aseguraba Farnés en la querella, cuando en el expediente remitido a esta Fiscalía por el propio ayuntamiento aparece un informe pericial de tasación del valor de las parcelas del frente de playa, que valora los mismos en 3.210 millones de pesetas".
A pesar de ello, la compraventa se llevó a cabo por 52 millones de euros después de que se acordara por la Gerencia de Urbanismo encargar otros tres informes de tasación. Finalmente, el consistorio dio como válido el informe que más ajustaba su precio a los 52 millones que ya tenía pactados con los empresarios.
* La Provincia - PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de noviembre de 2007
Foto: Manifestación en las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - laprovincia.es
Almería-Granada: La costa más amenazada por las promociones
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ELPAÍS* : Almería vive probablemente la mayor explosión urbanística en el Mediterráneo. Los ayuntamientos de la costa, de todos los partidos, tienen aprobadas decenas de miles de viviendas, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, del PSOE, que en los últimos años ha intentado reconducir su situación. "A pesar de las agresiones sufridas, el litoral almeriense se salvó del desarrollismo de los 60 y 70", comienza el diagnóstico de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el gran diagnóstico sobre el estado del litoral que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante dos años.
La zona, agreste y con problemas de agua hasta hace poco, ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos. "El actual desarrollo agroturístico e industrial en algunos puntos está generando un rápido deterioro de las condiciones naturales que caracterizan este litoral con agresiones que, en muchos casos, son irreversibles o de difícil corrección", prosigue el plan de Medio Ambiente.
Sólo el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora (11.000 habitantes) planeó la construcción de 145.000 viviendas. El planeamiento debe ser restringido, entre otras cosas, porque quedan terrenos radiactivos por el accidente de Palomares.
Tras el sombrío diagnóstico, el plan aborda metro a metro las agresiones que ha sufrido el litoral. En Villaricos propone trasladar la fábrica de antibióticos que la multinacional DSM tiene sobre la playa. No es la única industria que estorba: la cementera de Carboneras también debe ser trasladada.
Sin embargo, las principales "degradaciones" son urbanísticas. El hotel nudista Vera Playa invade el dominio público marítimo terrestre, ocupa la misma playa. La estrategia propone demolerlo. Lo mismo ocurre con el hotel El Palmer y los apartamentos directamente sobre la playa, en Enix. Sobre este último, de 10 plantas, el plan afirma que es "una ocupación ilegal del dominio público" y plantea "recuperarlo todo expropiando el hotel y los apartamentos".
Ante los anuncios de las demoliciones que, por centenares, propone la estrategia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió ayer en que la mayor parte de los casos sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, sobre estos dos hoteles la competencia es exclusiva del Gobierno. Si Medio Ambiente quiere cumplir su plan puede hacerlo sin acuerdo de la autonomía.
El texto critica también el modelo urbanístico en los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata, el mayor parque del Mediterráneo: "El deterioro del medio natural, el excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en cabo de Gata, por lo que debe buscarse un turismo más sostenible". Allí detecta "degradaciones paisajísticas en San José e importantes ocupaciones urbanísticas del litoral; deterioro de paisajes agrarios tradicionales, sobreexplotación de caladeros de pesca, sobreexplotación y salinización de acuíferos, abandono del patrimonio arqueológico e insuficiente planificación urbanística".
Entre los ejemplos destaca las expansiones previstas en un plan parcial de Níjar, junto a la Fabriquilla, "las ocupaciones de dominio público y de la servidumbre de tránsito en San José, Isleta del Moro, Cala Higuera, Las Negras y Agua Amarga; el desarrollo turístico de San José, basado en segunda residencia, los desarrollos urbanísticos desproporcionados en algunas poblaciones o la insuficiente planificación urbanística". Además, afirma que hay "actuaciones inmobiliarias inapropiadas". En San José, propone "retirar las edificaciones" que llegan hasta el acantilado.
La estrategia destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, y el de Níjar, ahora del PP, que "tienen una visión negativa de la normativa del parque al considerarla perjudicial para su desarrollo industrial y urbanístico o para su economía". Carboneras autorizó, con el visto bueno de la Junta, el polémico hotel del Algarrobico, paralizado por orden judicial y con un proceso de expropiación abierto por parte del ministerio y con otro pleito de la Junta.
El diagnóstico sobre la situación en Andalucía supone un problema para el Gobierno, que denuncia el urbanismo salvaje en Murcia o Valencia, pero pasa de puntillas sobre el andaluz. Aunque oficialmente la Junta de Andalucía (PSOE) pone más restricciones al urbanismo, si uno circula desde Murcia a Almería hay muchas más grúas en territorio andaluz. En junio de 2006, Narbona criticó el urbanismo en la costa andaluza y, ante las críticas desde la Junta, acabó reconociendo que se refería a años anteriores y que la situación ha mejorado mucho.
El plan también carga contra el mar de plásticos que en algunos casos llega hasta el borde del mar. Los invernaderos no sólo afean el paisaje sino que amenazan con contaminar el mar.
La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral. Sus 81 kilómetros de costa acogen un muestrario de atropellos urbanísticos: desde hoteles que invaden el dominio público marítimo terrestre a invernaderos "que llegan hasta las olas", en palabras de Francisco Javier Egea, de Ecologistas en Acción.
La difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, ya no es obstáculo para los promotores. La población de Almuñécar ha crecido un 18% en cinco años y otros pueblos del litoral, como Rubite, de 468 habitantes en 2006, prevé construir 3.500 viviendas en la próxima década. En Albuñol y Sorvilán, en el límite con Almería, la gran actuación de Medio Ambiente consiste en recuperar el dominio público y las servidumbres de tránsito costero, invadidas por los invernaderos.
Almuñécar es la localidad con más irregularidades, según el documento de trabajo de Medio Ambiente. La localidad, gobernada por el independiente Juan Carlos Benavides, es la que tiene un urbanismo más conflictivo en la provincia. La Junta de Andalucía ha abierto al menos 59 expedientes por excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en el PGOU fuera de la legalidad. En el tramo costero, el ministerio prevé la "liberación de ocupaciones mediante expropiación y demolición" de un hotel en la playa de Pozuelo y la "recuperación de la servidumbre de protección" de otro establecimiento en la playa del Capitán. La construcción de residencias en la playa del Muerto, considerada por los grupos ecologistas como "uno de los atentados urbanísticos más fuertes de litoral", se quiere paliar mediante una "propuesta de restitución de la costa".
Junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en el límite con Málaga, según Egea, "se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada para una urbanización cercana". Y eso es ilegal.
* ELPAIS.com - R. MÉNDEZ / F. J. PÉREZ - Madrid / Málaga - 03/11/2007
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Sigüenza: Mas de un millar de firmas contra Segontia Golf
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Ecologistas en Acción* de Guadalajara, junto con la Plataforma SOS Sigüenza, han presentado al Ayuntamiento de Sigüenza y al Presidente de Castilla-La Mancha, mas de mil firmas recogidas durante los últimos meses contra el proyecto de construcción de un campo de golf de 18 hoyos y 1700 chalets en el paraje conocido como "El Montecillo" en el término municipal de Sigüenza.
Las firmas procedentes de ciudadanos particulares, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el estado, solicitan la paralización de un proyecto totalmente insostenible e irracional, inconcebible desde el punto de vista ambiental y social.
Esta iniciativa se une a las alegaciones, y al estudio de alternativa técnica presentados en el mes de julio por nuestras organizaciones, que suponía un desarrollo sostenible y alternativo, acorde con las caracteristicas de Sigüenza y su entorno, totalmemte viable y trasladable a otras zonas rurales.
Ecologistas en Acción pide coherencia y cordura a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento seguntino, para que utilizando las herramientas legales establecidas y los criterios de sostenibilidad de la Agenda Local 21, descarten esta aberración urbanística en una ciudad como Sigüenza.
El Ayuntamiento de Sigüenza da luz verde a Segontia Golf - E.A. - 28 de marzo
Dalma, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y la Plataforma SOS Sigüenza, consideran la postura del Ayuntamiento de Sigüenza, totalmente contraria a los criterios de la "alardeada" agenda local 21, que pretenden implantar en la Ciudad del Doncel. Un proyecto irracional, totalmente insostenible, en una ciudad patrimonio histórico-artístico.
El pasado martes 27 de marzo de 2007, el pleno del ayuntamiento de Sigüenza, aprobaba con los 10 votos a favor del PSOE y PP (y la abstención de IPS), la vía libre para que el grupo inmobiliario Realitas continúe con los tramites administrativos para conseguir la recalificación de unos terrenos rústicos para la construcción de una macro urbanización de 1700 chalets y un campo de golf de 18 hoyos.
La propuesta de construcción de una macro urbanización de 1700 viviendas, un campo de golf y un complejo hotelero, por el Grupo Segontia Golf, la consideramos inviable e inaceptable, por los siguientes motivos:
1.- Proyecto Insostenible (fuera de la Agenda 21 local)
Un proyecto de este tipo (y cualquier otro de estas características, aunque sea de menor impacto) no es sostenible en los tres sentidos del término:
No es sostenible porque no se puede mantener una población y unos usos que necesitan una cantidad de agua mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos; No lo es porque no tiene en cuenta a las generaciones futuras a las que se les deja una hipoteca irreversible, y no lo es porque contamina el agua por encima de la capacidad auto regenerativa de la naturaleza.
Además no es sustentable porque priva a la comunidad local de su territorio tradicional, de su capacidad política, de parte de sus costumbres y modos de vida.
2.- Demandante de ingentes cantidades de agua
Los consumos estimados para un campo de tipo medio (18 hoyos) se establece en 386.000 m3/año.
Es decir un campo de golf de 18 hoyos consume en agua lo mismo que 7.692 hogares (Mucha más agua que la que actualmente consume Sigüenza al año, con sus 4600 habitantes).
En el caso de ser regado con aguas residuales, se necesita el agua residual de una población de al menos 12.000 habitantes (y si se riega con agua de primer uso, necesita el equivalente a una población de entre 8 mil y 15 mil habitantes).
3.- Problemas ambientales del campo de golf
Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, funguicidas, herbicidas, y pesticidas. Todos estos agro tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan en el Henares, por lo que las huertas que riegan en su vega lo harían con esta agua contaminadas, y lo sobrante iría a parar a los pantanos de la Vega del Tajo.
4.- Impacto en los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
La urbanización de Segontia Golf aumentará todavía más los problemas y el impacto ambiental que ya sufren el Parque Natural del Dulce y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Valle y Salinas del Salado”, ocasionando un grave e irreversible impacto ambiental a los valores naturales, tanto fauna como flora, objeto de su declaración como espacios naturales protegidos.
5.- La especulación: principal objetivo de Segontia Golf
Desde el momento que se gesta la idea, se inician las gestiones con los propietarios, con el objetivo de conseguir hasta un 51 % del total de las 200 has., para posteriormente recalificar unos terrenos baldíos, rústicos, a urbanizables. En esas negociaciones se ha ofrecido a los propietarios 0,60 € el metro cuadrado, y la empresa terminará vendiéndolo a mas de 1000 € el metro cuadrado, es decir en solo un par de años, multiplican el valor de las tierras por 1666. Quien permite esto, es la Administración Pública, cómplice y pasiva ante el actual valor de la vivienda. HAY QUE PARARLOS.
Según los expertos, tener un campo de golf asociado a una urbanización supone poder vender las viviendas un 30% más caras.
En el caso que nos ocupa, no existe otro objetivo: Sigüenza es una localidad con temperaturas extremas: bajo cero cuatro meses al año, y altas temperaturas en julio y agosto. ¿Se imaginan a los golfistas, bajo una helada o nevada impresionante, jugando en el campo de golf de Sigüenza?
6.- Beneficios para la comarca. ¿Para quién?
Beneficios privados, de unos pocos, los habrá, como ya queda demostrado en el punto anterior; pero la pregunta que debemos hacernos, es si suponen un beneficio o al menos no son un lastre y un perjuicio para el conjunto de la sociedad.
Existe un problema que deben afrontar las arcas públicas municipales y es el de la construcción, instalación y mantenimiento de nuevos servicios asociados a estas instalaciones. Y se trata de un problema enorme. Porque en el caso que nos incumbe supondría ampliar tremendamente la capacidad de la red de abastecimiento de agua. Y eso sin hablar del gasto energético por el bombeo. A ello debemos añadir todas las infraestructuras y servicios con los que hay que dotar a unas urbanizaciones, que no suponen necesariamente un aumento de la población fija y que en buena parte sólo estarán ocupadas algunos meses al año.
Ya se sabe que los españoles somos poco aficionados a este deporte, que es más bien un deporte de ejecutivos y similares angloamericanos. Aun así, los jugadores se limitan, por término medio, a ocupar las instalaciones en un 25% de su capacidad. Es decir el 75% del tiempo disponible permanecen inactivos (Datos de la Cámara de Comercio de Almería).
* Ecologistas en Acción - Guadalajara 31 de octubre
Foto: Sigüenza (Guadalajara) - lacronica.net
Manilva, sin Gerencia de Urbanismo
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ELPAÍS* : El equipo de Gobierno de Manilva (Málaga) piensa disolver en una semana la Gerencia de Urbanismo creada hace un año y medio para dar más transparencia y control a los asuntos urbanísticos. La ciudad se ha convertido en los últimos años en un reclamo para las constructoras y la industria turística, debido a su situación estratégica a 37 kilómetros del Peñón y sus ocho kilómetros de litoral. La decisión se adoptará el próximo 8 de noviembre en un pleno.
El gobierno local defiende que traerá ahorro, seguridad jurídica y credibilidad. La oposición cree que es "un paso atrás" que devolverá a la ciudad a la época de los escándalos y la corrupción urbanística.
El actual delegado de Urbanismo, Emilio López, (ex alcalde del PSOE) mantiene que la Gerencia de Urbanismo sustrae asuntos urbanísticos del pleno y que la concejalía puede encargarse de ellos sin hacer tanto gasto. "Una ciudad como Manilva, de 12.000 habitantes censados no necesita una gerencia, ni desembolsar los 3.500 euros que cuesta el sueldo mensual de su máximo responsable", explica. Los empadronamientos en la ciudad, en pleno crecimiento, se han duplicado en apenas seis años. Se le calcula una población flotante de 50.000 personas.
La disolución de la gerencia es una promesa del actual equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y la Agrupación Socialista de Manilva. El anterior alcalde, Salvador Zotano (PSOE), la creó tras la detención del ex alcalde Pedro Tirado, del Partido Democrático de Manilva (PDEM) y antiguo gilista, por su implicación en pelotazo urbanístico investigado en la trama de blanqueo de capitales investigada en el caso Ballena blanca. "Se creó para solucionar la mala política urbanística desarrollada por el GIL, dándole transparencia a la gestión urbanística con un órgano colegiado, donde participan los técnicos y todos los grupos políticos del Ayuntamiento", comenta Zotano, ahora en la oposición. "Con ella se volverá oscurantismo y a defender los intereses particulares por encima de los generales", añade.
El actual equipo de Gobierno no lo ve así. Para ellos, es la gerencia la que peca de secretismo. "Nos hemos encontrado la gerencia con el presupuesto agotado y sin contabilidad alguna, además se daban multitud de licencias de forma irregular", señala el delegado de Urbanismo. López asegura, además, que el todavía gerente de Urbanismo, Juan Herrera, "no tiene cualificación suficiente para el puesto". Este periódico no consiguió ayer contactar con Herrera para conocer su versión.
En octubre de 2005. El entonces alcalde, Pedro Tirado, fue detenido y encarcelado dentro del caso Ballena Blanca después de que la Policía encontrara en su casa 770.000 euros en bolsas de basura, supuestamente una comisión por la recalificación de la finca La Parrada. El caso se juzgará en una pieza separada con el ex alcalde acusado de blanqueo de capitales y cohecho. Lla Audiencia Provincial le ha retirado la acusación de prevaricación.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 02/11/2007
Foto: Manilva - J.R. (El País)
Palma: Dueños de Son Oms afirman que se pidió dinero para ´enjabonar´ a Cort
DIARIODEMALLORCA* : Dos dueños de fincas de Son Oms han asegurado a este diario que promotores del polígono industrial reclamaron dinero al resto de propietarios para "enjabonar" al ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP, a fin de agilizar los trámites. Un escrito remitido a la Gerencia de Urbanismo del consistorio palmesano refrendaría este hecho.
En el documento, fechado en diciembre de 2006, el titular de un solar alerta: "Uno se acuerda de situaciones, como la que con muy poca vergüenza, el secretario de la junta de compensación pidió a los comuneros reunidos una derrama extra para ´enjabonar´ el proyecto para que todo fuera más rápido en la Administración. Testigos de todo esto son los comuneros asistentes a la reunión".
La junta de compensación, integrada por los dueños de los terrenos de Son Oms, comenzó a reunirse en 1999 en el Colegio de Administradores de Fincas, en la calle Viñaza. Uno de los presentes fija en torno a 2001 el encuentro donde se reclamó fondos para ´engrasar´ a Cort.
El segundo testimonio corresponde a otro hacendado, quien atestigua la entrega de efectivo y "regalos de Navidad" para, supuestamente, acelerar el papeleo. "Los responsables de la junta nos decían: ´Si no hay dinero, no hay permiso´", agrega. "Era una práctica normal. No había justificantes", apostilla.
A la cabeza
El proyecto del plan parcial para el polígono industrial de Son Oms fue presentado ante el Ayuntamiento por el abogado Jaime Montis Suau; el conocido empresario de estaciones de servicio, Bernardo Febrer, y Miguel Munar Munar. Los tres, con importantes intereses en el predio, ya han prestado declaración ante los fiscales anticorrupción que investigan la posible comisión de delitos.
Algunos de los propietarios que accedieron a contribuir con sus terrenos a la gestación del complejo industrial han comprobado cómo el beneficio más jugoso de la recalificación de los terrenos y el reparto de los solares urbanizables ha recaído en un número limitado de miembros de la junta de compensación.
Uno de los afectados, en julio de 2005, expone el agravio al que se ven sometidos los pequeños propietarios y el supuesto juego turbio de Cort. Sus palabras aparecen recogidas en el texto remitido en diciembre de 2006 a la Gerencia de Urbanismo: "Se nos obligó a aceptar la distribución hecha por ustedes con las premisas de que no había tiempo material para discutir, ya que de no firmar en aquella junta nuestra conformidad, corríamos el riesgo de que el Ayuntamiento no nos aprobara el plan parcial debido al cese de funcionarios".
Permisividad
Los afectados censuran la permisividad del Consistorio, que en aquella época estaba en manos del Partido Popular. "Cada vez que ha surgido un problema, cosa que en nuestro caso ha sido constante, los técnicos encargados de esta administración encargados del control se han lavado las manos. Aducen que ellos se limitaban a cumplir lo dictado por el departamento de ´Planetjament´ de este Ayuntamiento", dice el escrito.
En otro párrafo de la queja, el damnificado señala: "Ante el cúmulo de despropósitos, denuncio ante este Ayuntamiento los reiterados errores técnicos cometidos por quien corresponda, sea planeamiento o sección técnica de control de urbanizaciones".
Por el momento, la fiscalía trata de esclarecer si a lo largo del proceso de configuración del polígono, que se prolongó desde 1990 hasta nuestros días, se han cometido estafas, falsedades o si alguien pudo valerse de su influencia política.
* Diario de Mallorca - M.MANSO/F.ARMENDÁRIZ - 02 de noviembre de 2007
Foto: Reproducción del texto remitido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en diciembre de 2006 donde se advierte de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo - diariodemallorca.es
