QUÉ* : El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), ha reconocido en calidad de imputado ante la jueza Carmen González que cuando era primer edil votó a favor de licencias urbanísticas a dos sociedades en las que tenía participación al 33 por ciento, y que en una de estas operaciones entre él, el ex celador de obras del Consistorio mallorquín, Jaume Gibert, y el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot se repartieron 600.000 euros en beneficios por la venta de varias viviendas construidas tras el permiso concedido por el ex primer edil. En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción nº12 y el fiscal Juan Carrau, Hidalgo ha recordado que dio su voto favorable a la concesión de una licencia para la construcción de varias viviendas en el Port d'Andratx a la sociedad Sandborg -de la que formaba parte junto a Massot y Gibert-, mientras que también dio el visto bueno a otro permiso otorgado a la mercantil Soltoft, de la que también era socio al 33 por ciento junto a Gibert y Arenas, que solicitaron permiso para construir en un solar anexo al anterior.
El ex alcalde, quien ha salido del centro penitenciario de Palma -en el que cumple condena por dos piezas del caso- para prestar declaración, ha sido inquirido así acerca de un presunto entramado societario en el que estos encausados figurarían como socios y receptores de dinero y participaciones, y dentro del cual también estarían involucrados los arquitectos Miguel Arenas y Maribel Seguí. Las pesquisas de este fleco apuntan de este modo a que tanto Hidalgo como Gibert se asociaron con estos inculpados a fin de adjudicarse licencias y dar curso a sus propias promociones inmobiliarias.
Todos ellos han sido citados para esta misma jornada como imputados en el marco de la pieza 73 de la causa, relacionada con un delito de negociaciones prohibidas. En el caso de Mir, se ha acogido a su derecho de no declarar, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Pese a defender que no se abstuvo de las votaciones de estas licencias en Junta de Gobierno porque "al ser participante en la sociedad no tenía que ausentarme", el ex primer edil, asistido por Gaspar Oliver, ha reconocido que no comunicó a los demás miembros de la Junta que formaba parte de la sociedad. En cualquier caso, el encausado ha apuntado hacia Arenas como la persona que dirigió estas operaciones y quien se encargaba "de toda la tramitación de las licencias".
PARTICIPÓ EN UNA TERCERA OPERACIÓN INMOBILIARIA
Finalmente, el ex primer edil también ha sido preguntado por una tercera operación por la que el entonces alcalde cerró un pacto verbal con el promotor Miguel Miralles para comprar dos solares de Cala Moragues junto a Gibert, Seguí y Mir, quienes acordaron con Arenas construir cuatro apartamentos en uno de los terrenos y cuatro en el otro. Nuevamente, Hidalgo tampoco se abstuvo al aprobar la licencia, si bien ha precisado que "no se le dio más celeridad por hecho de que fuera para el alcalde".
Respecto a esta operación, ha manifestado que Mir y Seguñi informaron de estas licencias cuando ya habían pactado la compraventa, y ha explicado que los cuatro desembolsaron unos 1.500 euros para pagar el proyecto básico a Arenas.
Se da la circunstancia de que el pasado 13 de enero, día en que fue citado Hidalgo por primera vez dentro de esta pieza, el ex alcalde llegó a salir de la prisión para acudir a los Juzgados de Vía Alemania donde iba a ser interrogado. Una vez allí el encausado, que inicialmente fue defendido por Rafael Perera, comunicó su renuncia a los abogados que hasta entonces le representaban, Manuel Murillo y José Manuel Arroyo, para pasar a ser asistido por Gaspar Oliver.
Cabe recordar que Hidalgo se encuentra de forma paralela acusado en otro caso por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil de Andratx Isabel Alemany (UM), unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la también vicepresidenta primera del Parlamento balear, pide un total de tres.
* Qué - 18.02.11
Foto: Port Andratx - mallorcaweb
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LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes derribó hace unos días un chalé en construcción en la localidad de Niembru. Acataba de esta manera una sentencia que llegó tras cuatro años de litigios con un particular y de continuos intentos de las autoridades locales para eludir su ejecución. Los dueños del chalé ya han presentado una declaración de responsabilidad patrimonial y, dado que ejecutaron las obras con licencia municipal, solicitarán daños y perjuicios. En la imagen de la izquierda, el chalé, antes del derribo. A la derecha, la misma zona, ayer. Honda preocupación. Varias asociaciones del concejo de Llanes coincidieron ayer a la hora de expresar su temor por el incierto futuro urbanístico del concejo, tras el auténtico «terremoto» que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que deja al municipio sin normativa urbanística en vigor.
Varios colectivos exigieron que se depuren responsabilidades. Además de a los dirigentes municipales, impulsores de los planes anulados, los colectivos señalan también a los dirigentes del Principado como responsables del galimatías urbanístico en el que se está sumido el concejo. Casi todos mostraron también su pesar por las «reiteradas y continuas irregularidades urbanísticas» que padece el municipio desde hace más de dos décadas.
La Asociación de Vecinos de Celoriu «La Hoguera» considera que la anulación supone un «perjuicio muy importante para la economía de muchas familias de Llanes» y un mazazo para el «asentamiento de población». Según el presidente del colectivo, Alberto Álvarez, los responsables son «quienes nos gobiernan». Lamentó que el gobierno municipal afirme que «no pasa nada» y que se defienda esgrimiendo que «otros también cometen ilegalidades». Sobre las normas urbanísticas provisionales que el Principado planea aprobar, expresó: «Parece que serán otra tomadura de pelo para ocultar el caos urbanístico en el que nos han metido».
La Asociación «Ereba», de Nueva, reclamó un nuevo Plan General que «cumpla con los trámites indispensables», como exposición pública y participación ciudadana. El secretario del colectivo, Agustín López Rivas, lamentó que al quedar el concejo «sin instrumento de ordenación y sin planificación urbanística, todo cuanto en existe está en limbo jurídico» y por lo tanto -a pesar del mensaje tranquilizador emitido por la alcaldesa, Dolores Álvarez- «lo construido puede ser demolido, en especial lo ya denunciado, como La Talá». En cuanto a las normas provisionales, «no tienen ninguna cobertura legal». Por otro lado, sugirieron que se pidan «responsabilidades a personas con nombre y apellidos» como las que aprobaron el PGOU en la CUOTA, sin olvidar las responsabilidades municipales. «Lo único que han conseguido es transformar nuestros pueblos en cementerios de ladrillos para segundas residencias casi siempre vacías», concluyó «Ereba».
El secretario de la Asociación de Vecinos de Llames de Pría, César Alonso, comentó que la sentencia «demuestra que el Ayuntamiento ha hecho tramitaciones que no se ajustan a la ley» porque «lo único que le interesa es su propia opinión, sin dar ninguna participación a los vecinos». Con la paralización del urbanismo «se paraliza totalmente la actividad económica del municipio», argumentó Alonso, para quien eso conduce a una «situación de muy difícil la salida. Alguien debe asumir el fracaso y dimitir, evidentemente la Alcaldesa y José Balmori como máximos responsables», añadió Alonso.
En el sector turístico también se palpa la intranquilidad. El presidente de Fomento del Turismo (Fomtur), Fernando Fernández, señaló que «el objetivo número uno» de todo plan es que sea «un ejemplo de tramitación y seguridad jurídica», para lograr que Llanes tenga «la tranquilidad que hoy no tiene». Fernández espera trámites correctos a partir de ahora, porque la confianza «es básica para cualquier desarrollo o consolidación en una zona turística como la nuestra».
El presidente de la Junta Ganadera Local, Juan Antonio Ruenes, llamó a la calma para «esperar a ver cómo se resuelve» el problema, ya que «alguna solución tiene que haber». Añadió que a partir de ahora hay que «coger el camino más correcto» y «poner la confianza en que todo se arregle cuanto antes».
El presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Manuel Vega, rehusó emitir valoración alguna, al no conocer a fondo el plan anulado.
* LNE - 19.02.11
Foto: El «terremoto» urbanístico preocupa - lne
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LAVOZ/LUGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una pieza separada, ha decidido estimar el recurso de apelación presentado por un constructor de Barreiros, revocar un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo y levantar las medidas que pesaban sobre la obra. Dentro del enrevesado escenario judicial que envuelve al urbanismo de Barreiros, lo notable de este caso es que la decisión del TSXG viene dada porque la parte recurrida, la Xunta de Galicia, decidió no impugnar otra sentencia del Contencioso sobre esta obra. Eso evidencia el cambio de criterio del Gobierno autónomo y su voluntad de pasar página al medio centenar de demandas que la anterior Xunta (PSOE-BNG) presentó solicitando la anulación de licencias de obra en Barreiros. Al menos así lo interpretó ayer el alcalde, Alfonso Fuente (PP).
En el año 2008 el entonces director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, Hipólito Pérez, dictó una resolución ordenando la suspensión inmediata de las obras de una promoción en San Cosme de Barreiros, en una parte de los bloques de viviendas que invadían el suelo rústico careciendo para ello de la preceptiva autorización autonómica. Por otro lado, ordenó la retirada de los materiales y la maquinaria en el plazo de 24 horas y la suspensión de los suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones en la obra.
En mayo del 2010 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo dictaba una sentencia estimando el recurso interpuesto contra esta resolución. Ahora el TSXG recoge en los fundamentos del derecho de su fallo que esta sentencia no fue impugnada por la Xunta y por lo tanto devino en firme, por lo cual ahora estima el recurso del promotor.
El convenio firmado por la Xunta, la Diputación y el Concello que se está tramitando para desbloquear el urbanismo de Barreiros incluyó como condición que los constructores renunciasen por escrito a reclamar judicialmente responsabilidades patrimoniales a la Administración, ya que disponen de la licencia de obra del Concello para sus promociones. A cambio, los constructores exigieron a la Xunta que retire todos los contenciosos.
* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: Barreiros(lugo) - barreiros
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ALBERTO HIDALDO TUÑÓN* : Los ciudadanos no confían en la política y tampoco en la justicia. Y quizás esa sea la razón por la que las imputaciones y acusaciones judiciales apenas tienen efecto en el voto de una parte de la población. Este argumento parece certificado por el bajo índice de confianza de los españoles en las instituciones que sigue recogiendo en sus barómetros el Centro de Investigaciones Sociológicas. En estos datos se ve claramente que el Poder Judicial suspende, pero su índice de confianza, aunque es superior al del Gobierno y al del Congreso, queda por debajo del de los parlamentos regionales. También en esta encuesta se refleja la máxima de que la cercanía de la administración a los ciudadanos fideliza el voto. El hecho de que los partidos estén en lo más bajo de los índices de valoración agudiza todavía más el descrédito hacia la justicia, pues muchas personas creen que la solución al problema no vendrá de los partidos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los primeros que no confían en la justicia son los propios partidos, cuyos dirigentes defienden a sus militantes, y en muchas ocasiones no les apartan de sus funciones hasta que no han sido condenados por sentencia firme. Y a veces ni eso.
Pero sí existe una diferencia entre los simpatizantes de izquierda y los de derecha. Los primeros, que son más descreídos, creen más en la Democracia, por eso de creer en algo. Mientras, en la derecha impera, por encima de todo, el principio de lealtad, siempre y cuando no afecte a sus intereses. Por eso se dan unas prácticas políticas diferentes, que reflejan la mentalidad de la militancia. Los votantes de la derecha, que son más cívicos y disciplinados a la hora de votar, siempre se movilizan más que los de la izquierda, que no tolerarían la corrupción de sus dirigentes. También es importante resaltar el bajo crédito que merece la Iglesia Católica en un país tradicionalmente católico.
* El País - Opinión - 19.02.11
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ELPAÍS*: La carretera de los pantanos ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Es el último organismo judicial que se ha pronunciado sobre el trazado de la M-501 abierto en mitad de una zona protegida y sin las garantías previas necesarias. La sentencia, contra la que no cabe recurso, establece la "nulidad" de la obra porque no incluyó una declaración de impacto ambiental a priori ni la consulta previa necesaria a la Comisión Europea. El demandante, Ecologistas en Acción, pide que la carretera se elimine. La demandada, la Comunidad de Madrid, tilda la sentencia de "irrelevante" porque considera que durante los últimos años ha subsanado cualquier necesidad del proyecto. El alto tribunal, según fuentes jurídicas, no pedirá que se deshaga la obra, pero sí considera que se ha sentado un precedente para futuros proyectos que se intenten programar sin el visto bueno de Bruselas.
El Supremo ratifica la decisión que tomó en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa medioambiental. La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferró al "interés general" y a la siniestralidad de la vía para defender un plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había echado por tierra tras un informe medioambiental negativo y la oposición del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A la obra, que contó con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, le falta un tramo por desdoblar. El Gobierno regional no aclaró ayer el futuro del proyecto.De Quijorna a Navas del Rey el asfalto es liso y hay dos carriles para cada sentido. La carretera es así desde el verano de 2008, cuando terminaron las obras de desdoblamiento de uno de los tramos protegidos de la M-501. La Comunidad apeló al interés público para justificar una obra que mejorase el tráfico y la seguridad vial. Seis personas murieron en 2001. Desde ese año, la cifra de fallecidos en accidentes de coche no bajó de tres al año entre el kilómetro 22 y el 40 hasta el desdoblamiento, según datos facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El Supremo echa por tierra ahora ese argumento, asegurando que el "interés público" al que se aferró el Gobierno de Aguirre no abarca la seguridad vial.
El trazado de la M-501 atraviesa parte del parque regional del curso medio del río Guadarrama, una zona de especial protección medioambiental. De ahí que hiciese falta la declaración de impacto ambiental que valora posibles daños al entorno y que el Alto Tribunal reclama ahora.
La Comunidad se anticipó a la decisión judicial y cumplió con este requisito, que debía tener preparado antes de empezar las obras, justo dos meses antes de que terminaran. Por eso, la Consejería de Transportes ve "irrelevante" el fallo puesto que la sentencia "ya se encuentra ejecutada y se ha subsanado el fallo de procedimiento", según una nota remitida por la consejería.
Ecologistas en Acción ya temía que los efectos de la sentencia fuesen limitados. Ayer recibieron el fallo con "alegría agria", según declararon dos portavoces. Son conscientes de que es difícil que la zona afectada quede como antes de las obras. "Nos faltan 10.000 encinas, el daño ya está hecho", señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas. A la M-501 le queda aún un tramo sin desdoblar de unos 20 kilómetros entre Navas del Rey yan Martín de Valdeiglesias. La consejería no aclara cuál es el futuro de esos kilómetros. Un portavoz explicó ayer que su acometida depende de que se incluya en el programa electoral del PP. En caso de que haya más obras, esta vez sí, prometen cumplir los trámites medioambientales.
Del parque al tribunal
- El primer tramo de la M-501 desdoblada es de 2001. El entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró 12 kilómetros entre Villaviciosa de Odón y Quijorna. La Comunidad advirtió de que la parte final de la carretera no se podría desdoblar por pasar por una zona protegida con especies en peligro de extinción, como los linces, y bosques mediterráneos.
Lo respaldaba un informe del CSIC.
- En 2004, la presidenta Aguirre pactó con los 12 alcaldes de la zona (de PP, PSOE e independientes) convertir la carretera de los pantanos en autovía. Argumentó "la seguridad de los madrileños". La Guardia Civil señaló que en 2003 se registraron 167 accidentes (cinco mortales); el 60% de ellos ocurrieron en el tramo de autovía.
- La Comunidad declaró en 2005 el "interés general" para quedar exenta de la declaración de impacto ambiental. Ecologistas en Acción lo denunció ante la UE y aseguró que escondía "intereses especulativos".
- Las obras empezaron en 2006. Ecologistas acudió a los tribunales y
el TSJM desestimó la petición de que
la obra se paralizase. A finales de ese mismo año, la Comisión Europea
abrió un expediente por la ampliación y exigió una declaración de impacto ambiental sobre toda la carretera.
- En marzo de 2007, Bruselas dio un ultimátum a la Comunidad para que estudiase el impacto de las obras. En agosto lo denunció ante el Tribunal
de Justicia de la UE.
- El TSJM señaló en 2008 que la obra no tenía interés general y que había que levantarla. La Comunidad recurrió.
- El Gobierno regional presentó el informe medioambiental en febrero de 2009, cinco meses antes de terminar la obra. El Supremo ratificó la decisión del TSJM en febrero de 2011.
* ElPaís - 19.02.11
Foto: El desdoblamiento de la M-501 - elpais
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LAVOZDEGALICIA* : Pronostica MeteoGalicia que el martes próximo va a transcurrir entre lluvias y nubarrones, gris, en lo que se antoja una metáfora de la efeméride de la jornada en Santiago. Cuando ese día amanezca, el complejo del monte Gaiás, ejecutado aproximadamente al 65%, habrá cumplido diez años en obras, a pesar de lo cual sus promotores ni siquiera han despejado de dudas el horizonte del recinto. El Gobierno autónomo no ha detallado cuántos millones de euros a mayores de los 253 ya absorbidos terminará costando, para qué lo levanta, con cuáles contenidos prevé insuflarle atractivo, cuándo piensa darlo por terminado, cómo lo sostendrá, dónde sitúa su umbral de rentabilidad... ni por qué aún hoy todas esas cuestiones continúan siendo incógnitas si el 11 de enero Alberto Núñez Feijoo había garantizado que las resolvería ante el Parlamento «en canto [remate xaneiro e] comece o período de sesións».
Improvisadamente impulsado por Jesús Pérez Varela (PP), tutelado por la nacionalista Ánxela Bugallo del año 2005 a la primavera del 2009 y desde entonces gestionado por Roberto Varela con el objetivo de internacionalizarlo, el proyecto consta de seis edificios, dos de los cuales (biblioteca y archivo) se inauguraron hace un mes. Otros tantos (la sede central y una especie de museo innovador) entrarán en servicio de modo gradual durante el período 2011-2012. Con los restantes, que deberían llevar abiertos un lustro largo e incluso carecen de estructura, el Ejecutivo gallego todavía no sabe qué hacer exactamente.
Concebido en origen como gran palacio operístico y presupuestado en 135 millones, el debate acerca de uno de ambos acaba de posponerlo hasta el 2014 la Consellería de Cultura, al firmar con el contratista un trienio de moratoria. Y sobre el futuro del otro, de momento, se limita a aseverar: «Fora pensado para as novas tecnoloxías e o bipartito quixo destinalo a Centro de Arte Internacional e Museo de Nenos, encarecéndoo en sete millóns [sobre 33]. Nós non imos asumir eses plans porque temos un propio, que explicaremos en breve e que eliminará ese sobrecuste».
De eso, de plazos, de contenidos y de dinero en general hablará «con precisión» en el hemiciclo de O Hórreo el presidente de la Xunta antes del 10 de marzo, avanzó ayer una fuente institucional, quien también atribuyó su demora en comparecer a una «inesperada» iniciativa parlamentaria concerniente a este asunto recién aprobada por unanimidad.
* La Voz de Galicia - 11.02.11
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es
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