ELMUNDO/Málaga* : Al Ayuntamiento de Marbella le siguen llegando autos contrarios a su afán de parar las demoliciones de los edificios ilegales con sentencia firme. Después de Guadalmina, donde se ordena la demolición de unos adosados y un hotel, de parte del chalé de Antonio Banderas, ahora le toca a Los Monteros Park, unos bloques en la urbanización del mismo nombre, de la sociedad Kabdale España.
En este último caso, la sala de lo contencioso del TSJA le dice al Ayuntamiento, además, que cada 15 días le vaya informando de cómo está tramitando el expediente de demolición. De no hacerlo, y esto es lo nuevo de este auto respecto a los anteriores, habrá «apercibimientos legales en caso de desobediencia». Y, en otro paso más, ordena la inscripción de la sentencia anulatoria de la sentencia en el Registro de la Propiedad.
El Consistorio, por su parte, ya dijo el día que supo del auto de la casa de Banderas que iba a agotar la vía legal hasta el Supremo. Son precisamente dos sentencias recientes del Supremo de las que se han valido los jueces de Málaga para desestimar la pretensión del Ayuntamiento que gobierna Ángeles Muñoz de suspender las demoliciones porque son edificios que legaliza el PGOU actualmente en tramitación.
Según técnicos del consistorio, los responsables políticos de Urbanismo están preocupados con lo que ya claramente, a la vista de los tres autos, es el criterio que va adoptar el TSJA.
En este caso, el Consistorio volvía a alegar que ha habido autos en los que este mismo tribunal sí que ha aceptado parar las demoliciones y, de nuevo, los jueces le recuerdan que eso sólo ha pasado cuando el denunciante era únicamente la Junta, que ha pactado el nuevo PGOU que legaliza casi todo con el Ayuntamiento.
Los jueces le recuerdan al Ayuntamiento que «el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas –en este caso la demolición del edificio– afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental» y que el ente público tiene que cumplir «con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado» por imponerlo así la Constitución.
Es un punto recurrente en el auto, ya que en otro párrafo recuerda la «imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales», lo que entronca con «el derecho a la tutela judicial efectiva», algo que no se satisface «mediante una justicia meramente teórica». Y recuerda que la negativa a cumplir una resolución judicial «constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas».
* El Mundo - Berta González de Vega - 12.10.09
Foto: Promoción afectada en la urbanización Los Monteros Park. | J. Martín, elmundo.es
El TSJA exige a Marbella que le informe cada 15 días del derribo de una promoción
Siete constructoras favorecidas por el PP en Madrid pagaron 10 millones en sobornos
ELPAÍS* : Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.
Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.
Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.
Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.
- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".
En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.
- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).
- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.
- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.
En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).
- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.
La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.
El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.
- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.
- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.
* ELPAIS.com - JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 12/10/2009
Foto: Comunidad Madrid - portalviajar.com
Castro: Muguruza acumula diez procesos en los tribunales
ELCORREO/Cantabria* : Fernando Muguruza insiste en proclamar su inocencia y denunciar una maniobra «orquestada» contra él. Pero lo cierto es que las actuaciones contra la gestión urbanística municipal de Castro se suceden. Y el nombre del alcalde figura en casi todas ellas. Hasta el momento su defensa en los tribunales abarca una decena de casos.
Su inhabilitación en materia de Urbanismo y contrataciones es la última decisión judicial, pero procede de una causa abierta hace tiempo. El pasado mes de febrero, sin embargo, ya fue detenido junto al concejal de Obras y anterior mandatario local, Rufino Díaz Helguera, acusados de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos. El juez investiga una presunta permisividad a la hora de autorizar la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo en la zona de Santa Catalina.
Pero hay más. Ha sido acusado de prevaricación por una adjudicación supuestamente realizada a dedo para rehabilitar el túnel de Mioño. Y de que se hayan detectado anomalías en las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal.
La adjudicación del servicio municipal de desratización también ha llegado a los tribunales. Será juzgado por una posible responsabilidad en las irregularidades detectadas en su tramitación.
La contratación presuntamente irregular para extinguir una plaga de termitas en el conjunto histórico de Castro es otra de las perlas de su particular currículum. Lo mismo que una presunta adjudicación también a dedo de las obras de asfaltado de Las Mieres (El Haya), o la contratación de Dirsur para realizar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana.
Una presunta cesión de locales a un particular y una denuncia por calumnias contra el juez que instruye sus casos completan la lista, a la que se suman una acusación de abuso de autoridad y otra demanda por haber expulsado a dos ediles del pleno.
* El Correo Digital - 12.10.09 - J. D.| CASTRO
Foto: Castro Urdiales - canalmar.com
La fiscal investiga a Nàquera por una obra sin concurso en suelo municipal
ELPAÍS/Valencia* : Teresa Gisbert, Fiscal Jefa de Valencia, ordenó el pasado 24 de septiembre incoar diligencias de investigación penal y designar fiscal instructor en el acuse de recibo de un escrito de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Camp del Turia que denuncia que el Ayuntamiento de Nàquera adjudicó sin concurso la construcción del edificio L'Accis sobre suelo municipal.
El edificio en cuestión, una mole que se levanta junto al Ayuntamiento de Nàquera, alberga en la planta baja el centro de salud de la localidad. La estructura exterior está techada, pero la obra se encuentra paralizada. El edificio L'Accis debía acoger también un centro de día para mayores y una sala multifunción para todo tipo de actos.
¿Por qué están paralizadas las obras? Una portavoz de Aedifica y Residencial Nàquera Golf, la empresa que promueve la construcción de L'Accis comentó lacónica: "Nosotros no somos una ONG. Y el Ayuntamiento de Nàquera no nos paga".
Ricardo Sixto, alcalde de Nàquera por el PP, asegura que la construcción del edificio es fruto de un convenio con la promotora, que también impulsa un PAI en el término municipal. El suelo afectado por el PAI que propuso Aedifica y Residencial Nàquera Golf afecta a varias parcelas que son de titularidad municipal. Según Sixto, la empresa se comprometió a acometer "una obra para el municipio a cambio de suelo municipal". "Es una fórmula de convenio habitual a cambio de cosa futura", añade.
¿Por qué está parada la obra? "Porque el PAI que aprobó el pleno municipal está pendiente de aprobación por la Consejería de Territorio". Más aún, la aprobación del PAI está pendiente de la previa aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que el pleno municipal aprobó en noviembre de 2005. "No sabes el mal que nos hace a todos los ayuntamientos el retraso de la consejería", comentó Sixto.
Los vecinos de Camp del Turia apuntan que el edificio L'Accis no está contabilizado como inmovilizado material en el balance del Ayuntamiento "ni como obra en curso ni como obra finalizada".
La denuncia señala que los grupos de oposición municipal, el PSPV e Iniciativa Vecinal Independiente de Nàquera, han denunciado reiteradamente que carecen de cualquier tipo de información sobre certificaciones de la obra o sobre el convenio firmado por el alcalde y el promotor.
Sixto asegura que el convenio entre el Ayuntamiento y Aedifica fue aprobado por el pleno municipal y es público. Pero cuando la oposición reclamó el documento, el secretario municipal alegó que los concejales sólo tienen derecho a acceder a los expedientes que se vayan a debatir en un pleno o comisión municipal o los que afecten a sus áreas de gestión. Puesto que la oposición no gestiona ningún área y el convenio no será objeto de debate, les negó acceso al documento.
La Delegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento de Nàquera en diciembre pasado para que entregara la documentación solicitada por la oposición municipal porque las normas que invoca el secretario municipal no limitan en ningún caso el acceso de cualquier concejal a expedientes públicos y, sobre todo, porque negar el acceso de la oposición al convenio entre el Ayuntamiento y Aedifica "conllevaría dejar sin efecto atribuciones de los miembros de la corporación, como son el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, establecido en la Ley de Bases de Régimen Local".
Sixto lamentó que el ministerio fiscal admitiera la denuncia pero lo asumió con deportividad: "Yo saldré un día en las páginas de los periódicos, no como otros, que aparecen todos los días desde hace tiempo".
Un Ayuntamiento arruinado
El presupuesto municipal de Nàquera ronda los diez millones de euros. Lo mismo que la deuda municipal. Y ese balance no tiene visos de mejorar. A lo largo de los primeros seis meses de 2009, las arcas municipales han acumulado un déficit cercano al millón de euros.
Los gastos del consistorio en pago de nóminas y facturas por servicios corrientes durante el primer semestre del presente ejercicio rondan los tres millones de euros. Los ingresos municipales en el mismo plazo, sin embargo, no llegan a dos millones de euros a pesar de que las tasas e impuestos municipales han crecido mucho en los últimos años.
Entre los gastos asumidos por el Ayuntamiento hasta finales de junio se encuentra el pago de 900.000 euros a una constructora a la que ya se había compensado con suelo municipal.
Un técnico municipal apunta un problema pendiente que puede hacer crujir definitivamente las arcas municipales. Si, por alguna razón, la Consejería de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda no aprobara definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Nàquera que tiene sobre la mesa desde diciembre de 2005 o pusiera objeciones al PAI que promueve Aedifica y Residencial Nàquera Golf, el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa promotora quedaría en papel mojado. El Ayuntamiento tendría que afrontar de alguna forma los costes de construcción del edificio L'Accis que, supuestamente, se paga a través de una cesión de suelo de propiedad municipal.
* ELPAIS.com - MIGUEL OLIVARES - Valencia - 12/10/2009
Foto: Náquera - grec.com
Un juez ordena la clausura del parquin Europa de Lalín
ELCORREOGALLEGO* : El culebrón judicial del parquin Europa de Lalín abre un nuevo y complicado capítulo. Un auto judicial obliga a clausurar las instalaciones dando cumplimiento a la sentencia del TSXG de junio de 2008 que las declaró ilegales, considerando que existe un exceso de edicabilidad por una sobreelevación de 60 centímetros.
Todo comenzó con la denuncia de una familia que reside en el entorno del aparcamiento, promovido por el Concello y que abrió sus puertas hace cuatro años, con la concesión a la empresa Portas y Acuña durante un período de 50 años.
El portavoz del gobierno municipal, Román Rodríguez, comparecía ayer acompañado de la gerente del parquin, Mª José Portas, para dar cuenta del auto que llegaba el pasado martes. "Dende entón traballamos a un ritmo frenético para buscar unha solución", advertía Rodríguez.
El auto concede un plazo de 60 días para presentar el proyecto de legalización, ejecutar las obras y ajustar, por tanto, la licencia de actividad, que tampoco valdría en la actualidad.
El gobierno lalinense espera aprobar en próximos días el plan para la legalización de la obra, en base al informe pericial del juzgado y de la actividad. A continuación, se abriría un proceso de exposición pública y se recabaría un informe ambiental. "É aventurado falar de plazos pero tentaremos reabrir o parquin o antes posible", añadió explicando que el proyecto está ya muy avanzado. Ayer, poco después de las siete de la tarde, la Policía Local de Lalín precintaba las entradas.
El pasado verano ya se restringió el aparcamiento. Según las primeras estimaciones, las obras de legalización obligarían a suprimir unas 60 plazas. Portas pidió disculpas a los usuarios. "Desde que abrimos tratamos de dar el mejor servicio, aunque esto se ha visto truncado por un procedimiento judicial", añadió.
Al igual que Rodríguez, remarcó que siempre se actuó "de buena fe" y que esperan poder reabrir cuanto antes. Desde ayer por la tarde no se puede acceder al parquin subterráneo, aunque no hay apuro para retirar los vehículos estacionados. La sentencia del TSXG también obligaba a derribar parte de la concha acústica de la plaza del parquin.
* El Correo Gallego - M. GONZÁLEZ - 10.10.09
Foto: La Policía precintó ayer la entrada al estacionamiento subterráneo tras el nuevo auto judicial - Sangiao, elcorreogallego.es
