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CRÓNICASDELANZAROTE* : El Tribunal Supremo ha confirmado a través de un auto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anulaba una licencia de construcción de 157 apartamentos en la parcela 214 del Plan Parcial Costa Teguise. La autorización fue concedida por el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, el 14 de noviembre de 1999 y recurrida por el Cabildo de Lanzarote en 2001. Además, el TSJC anula otra licencia concedida por el Ayuntamiento de Teguise para construir 48 apartamentos en el Plan Parcial Costa Teguise.
El Supremo ratifica así las tesis de la primera Corporación, rechaza el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise y declara firme la sentencia de los magistrados canarios, rubricada en 2005.
Según el alto Tribunal canario existían hasta nueve motivos de nulidad de la licencia, entre los que se encuentran la vulneración de la Moratoria insular, la inexistencia del informe de compatibilidad con el PIOT o la ausencia también del informe jurídico municipal.
Junto al recurso a la licencia, el Cabildo pidió en 2001 la paralización cautelar de las obras, que fue concedida por el TSJC. Y aunque el Consistorio de La Villa recurrió la medida ante el Supremo, los magistrados apoyaron los argumentos de la Corporación y mantuvieron las obras paradas hasta la fecha. Ello permitió que a día de hoy el complejo no se encuentre en explotación, como ha ocurrido en otros casos.
Esta licencia, la tercera cuya anulación es declarada firme por los Tribunales, es la primera recurrida por el Cabildo en Costa Teguise. Con esta sentencia se da carpetazo a un pleito entablado entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise, que comenzó hace siete años. Hasta la fecha, han sido anulados en firme 357 apartamentos turísticos.
Nueva sentencia de la FCM
La Fundación César Manrique (FCM) ha informado de que la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en relación a la demanda interpuesta por este ente sobre la presunta ilegalidad de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Teguise para la construcción de 48 apartamentos en Costa Teguise, en la parcela 318-22 del Plan Parcial Costa Teguise.
Según la FCM, sobre este caso ya había sentencia anulatoria, a raiz del proceso emprendido sobre la misma parcela por el Cabildo de Lanzarote.
De la sentencia dictada por el TSJC, La Fundación extrae que el Tribunal vuelve a estimar los argumentos de la FCM para anular la concesión de la licencia otorgada el 14 de mayo de 1999, en esta ocasión, por el Ayuntamiento de Teguise. Además, como ya ocurriera en los anteriores fallos, el TSJC vuelve a pronunciarse sobre algunos elementos esenciales. Así, sobre la necesidad del Ayuntamiento de Teguise de contar con un informe jurídico de la licencia, la sentencia dice que “en este caso, además, se trataba de una licencia en el ámbito de un Plan Parcial no adaptado al PIOT y estando suspendido el otorgamiento de licencias, lo que hacía dicho informe más importante, si cabe”. En este sentido, el fallo continúa alegando que “el Técnico Municipal advertía que ‘el proyecto técnico no cumplía con lo estipulado en el Plan Parcial en lo referente a volumen para el uso de apartamentos y solicitaba un estudio jurídico para saber si se podía conceder’ pero dicho informe nunca se emitió”.
Sobre la necesidad de que el Ayuntamiento de Teguise, antes de conceder la licencia, contara con un informe de compatibilidad con el PIOL emitido por el Cabildo, la Sala determina con rotundidad que “en el caso que nos ocupa, además del informe municipal se omite el informe previo, preceptivo y vinculante del Cabildo. Era necesario e indispensable el pronunciamiento del Cabildo respecto a la aplicación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. La preceptiva emisión de aquel informe (o cuando menos su solicitud por parte del Ayuntamiento) conllevan el carácter contrario a derecho de la licencia, puesto que infringe reiteradamente el procedimiento establecido al no haberse recabado el citado informe”.c)
La sentencia es especialmente explícita a la hora de desmontar el repetido argumento de los ayuntamientos sobre la presunta vulneración inconstitucional de la autonomía municipal. En este sentido, el fallo del Tribunal señala que “la obligación de comunicación [de las licencias al Cabildo] en nada perturba a los Municipios para el ejercicio pleno y completo de sus competencias urbanísticas, pero facilita el ejercicio por el Cabildo de las suyas”.Y añade la sentencia que “en el caso, el legislador canario respeta esa garantía institucional en lo que se refiere a la competencia municipal en cuanto al otorgamiento de licencias, [...] que compatibiliza con la necesaria colaboración con otras entidades locales, con competencias en la misma materia, que no entorpece la autonomía local de la primera sino asegura el ejercicio de las suyas por la Administración insular, en cuanto representa un interés territorial insular que excede del interés municipal.
El TSJC concluye que “la emisión de informes de compatibilidad con el PIOT debe interpretarse dentro de esa idea o principio de facilitar el ejercicio por el Cabildo de sus competencias urbanísticas que, como dijimos, es plenamente compatible con el ejercicio por la Administración municipal de las suyas, lo que lleva a esta Sala a desechar cualquier duda de constitucionalidad”.
Esta nueva sentencia sienta definitivamente la potestad del Cabildo para ordenar el modelo territorial y urbanístico de la isla, a través de instrumentos - citados en el texto del Tribunal- como “los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, los planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular, el otorgamiento de Calificaciones Territoriales, o la información previa en los casos de aprobación, modificación o revisión del planeamiento general municipal, de los planes parciales y de determinados planes especiales, a lo que hay que añadir otras competencias en el ámbito de la gestión y la disciplina urbanística, que compatibilizan el respeto a la autonomía local con la satisfacción de los intereses supralocales”.
Así pues, estos últimos fallos del TSJC refrendan la oportunidad de las acciones judiciales emprendidas por la FCM y por el Cabildo de Lanzarote para defender la moratoria y el PIOT.
* Crónicas de Lanzarote - 17 de octubre de 2007
Foto: Teguise (Lanzarote), apartamentos costa - cronicasdelanzarote.es
El Supremo confirma la anulación de 157 apartamentos en Costa Teguise
Madrid: Intifada chabolista en la Cañada Real
ELPAÍS* : Al menos 18 agentes y cuatro vecinos del poblado han resultado heridos leves en el desalojo de una infravivienda. Abdel no ha podido evitar que su casa, situada en la zona de la Cañada Real Galiana que linda con Rivas-Vaciamadrid, haya sido reducida a la nada este mediodía por orden del Ayuntamiento de Madrid. Abdel, su mujer y sus dos hijos pequeños han sido expulsados por atreverse a vivir de forma ilegal "en una vía pecuaria de uso y dominio público". Y no serán realojados porque el Consistorio no considera que su chabola de ladrillo sea una vivienda.
Abdel no ha podido evitarlo, y eso que un centenar de vecinos ha acudido en su auxilio. Niños incluidos, han plantado cara a la policía a bombonazo limpio. El resultado: 22 heridos, 18 de ellos policías y los otros cuatro civiles, entre ellos la mujer de Abdel, que está embarazada de tres meses. Además, hay tres detenidos, uno el propio Abdel. "Son unos animales", sentencia un anciano una vez consumado el desalojo, rodeado de un show con tantas cámaras de televisión, policías y médicos como vecinos.
Este desalojo en el gigantesco poblado de la Cañada Real Galiana, situado a lo largo de 15 kilómetros a la salida de Madrid por la carretera de Valencia y habitado por 30.000 personas, en su mayoría marroquíes y rumanos, repartidos en 2.000 edificaciones, todas ellas ilegales, ha desembocado en una batalla campal entre la Policía y un centenar de vecinos, que han lanzado piedras y otros objetos contundentes como bombonas de butano contra los agentes que participaban en la operación. Estaba perfectamente preparado, ya que por todo el barrio hay carteles que invitan a solidarizarse con los afectados. "Vecino, concéntrate, la siguiente puede ser la tuya". La de hoy era la de Abdel, pero otros 35 vecinos esperan la sentencia de una juez, que esta tarde debe pronunciarse sobre el recurso que han presentado siete de ellos para paralizar las órdenes de desahucio.
Herida una mujer embarazada
A las 11.00, a la misma hora que comenzaba la vista en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las máquinas excavadoras han entrado en el poblado en cumplimiento de una orden judicial y les han recibido más de cien vecinos, que se han enfrentado con la Policía Municipal y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como los antidisturbios. Les han lanzado de todo: ladrillos, tejas, pelotas, botes y hasta bombonas de butano. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, ha contado a Europa Press: "Esto parecía Palestina. Varios marroquíes portaban armas blancas e incluso le ha quitado la pistola a un policía municipal. Cuando ven una cámara, se tiran al suelo para expresar victimismo, pero después se levantan y empiezan a tirar piedras". Del lado contrario, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) ha denunciado "agresividad policial" hacia los inmigrantes marroquíes, sobre todo mujeres y niños.
En el lugar de los hechos han sido atendidos, según el último balance ofrecido por un portavoz de Emergencias Madrid, seis policías -cinco policías nacionales y uno municipal- y cuatro vecinos, todos leves. De los seis agentes, dos han tenido que ser trasladados al Gregorio Marañón en estado leve. Sufren cortes y contusiones en brazos, cabeza y cara, provocadas por impactos de piedras, botellas y bombonas de butano, entre otros materiales. De los cuatro civiles heridos, todos de origen marroquí, uno de la mujer de Abdel, que ha recibido un fuerte golpe en la espalda pero que no ha perdido el niño que espera, en contra del rumor que ha corrido por la barriada. La mujer se encuentra en observación en el Gregorio Marañón, pero tanto ella como el bebé están bien. El otro es un varón herido en el brazo. El tercero es un chico de 18 años con una fuerte contusión ocular que casi le cuesta un ojo y el cuarto, un hombre de 60 años con un golpe en los genitales.
Estos dos últimos han sido conducidos al Gregorio Marañón con pronóstico leve, y el joven está, además, detenido. Al margen de estos heridos, el Samur ha atendido de diversas contusiones a otros 12 agentes, seis nacionales en la comisaría de Vicálvaro y seis municipales en San Blas. Emergencias no descarta que la cifra pueda aumentar. En el transcurso de la operación han sido arrestadas otras dos personas además del joven herido, según la Jefatura Superior de Policía. Uno es Abdel. A pesar de los enfrentamientos, la chabola ha sido destruida por las excavadoras.
No es la primera, ni la última. El 9 de octubre, días antes de que se terminase el Ramadán, el Ayuntamiento ya derribó las primeras 25 infravivendas en el inicio de una campaña que promete ser sistemática y radical. En agosto, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el "fin del chabolismo" en la capital y aseguró que al término de esta legislatura desaparecían todos los núcleos chabolistas. A la casa de Abdel pueden seguir las otras 35, pendientes de fallo judicial. Tras la vista de esta mañana, la juez de lo Contencioso Administrativo ha comunicado a las partes que emitirá el auto entre esta tarde y mañana. O bien da la razón a los vecinos o bien permite al Ayuntamiento de Madrid proseguir con el derribo de viviendas tras la suspensión cautelar promovida por los afectados. El recurso fue presentado por la abogada de siete familias que recibieron un aviso de desalojo por derribo, aunque la orden municipal afecta a un total de 35, situadas en el llamado gallinero, el extremo norte de la parte más degradada de la Cañada Real.
Las razones de las partes
Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo -conocida como Iglesia Roja- y que ha acudido a la vista acompañando a las familias, no tiene ninguna duda de que las casas son ilegales, pero "lo son desde hace 15 años". Estamos hablando, además, "de 15 kilómetros de ilegalidad". A pesar de admitir la mayor, reclama al Ayuntamiento una solución para esas familias, ya que no puede "dejarles en la calle". Baeza denuncia además "un componente discriminatorio": no entiende por qué se ha empezado "por meterle mano a las casas de los rumanos y marroquíes sin papeles y no se tocan los megachalés ilegales que hay en la zona de Rivas-Vaciamadrid ni tampoco las empresas de Valdemingómez". Al cura también le resulta sospechoso el "golpe de efecto" por parte del Ayuntamiento de hacer coincidir el nuevo derribo con la vista.
El párroco ha explicado que, en la vista, la abogada del Ayuntamiento ha argumentado que se quiere expulsar a las familias porque "es una zona con vistas a urbanizarse". Baeza subraya la incongruencia de echar a los chabolistas precisamente porque habitan "una cañada real que no es urbanizable". El segundo argumento de la Administración es que "no puede consentir que vivan en condiciones infrahumanas, sin luz, ni agua corriente ni instalaciones sanitarias. "¿Es que es más salubre tener como techo el cielo?, se pregunta Baeza, que subraya el hecho de que en ningún caso se les ofrece una vivienda. Como tercer razonamiento, se cita la delincuencia. "No se puede prejuzgar a unas personas, son pobres, sí, pero no por eso tienen que ser delincuentes", recuerda el sacerdote, que apunta además el hecho "insólito" de que "no han tocado ninguna de las chabolas donde se vende droga".
Gallardón pide a Aguirre y Zapatero que se impliquen
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal, Ruiz-Gallardón ha asegurado desconocer los sucesos que se estaban produciendo en esos momentos, aunque ha subrayado que, "como siempre, las actuaciones del Ayuntamiento en este ámbito se producen en ejecución de una decisión judicial". Ha destacado asimismo que el Ayuntamiento está aún a la espera de recibir una respuesta del Gobierno regional sobre la propuesta que formuló el pasado agosto al Ejecutivo autonómico y al de José Luis Rodríguez Zapatero para crear un consorcio conjunto que se ocupe de la Cañada Real, "con capacidad ejecutiva para abordar todos los problemas" de este poblado chabolista ilegal. En este punto, ha revelado que le mandó una carta "hace más de un mes" a Esperanza Aguirre y al alcalde de Rivas, José Masa, en la que les instaba a crear un organismo permanente "en el que debería estar presente inexcusablemente la Delegación del Gobierno".
El PSOE acusa al Ayuntamiento de dejadez
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha achacado el problema del poblado chabolista a la mala política de Gallardón, que ha dejado que "se vaya pudriendo poco a poco". Lucas ha subrayado su "respeto absoluto" a la orden judicial pero ha considerado asimismo "intolerable" que el Consistorio no haya promovido en la Cañada Real servicios sociales previos para evitar el deterioro de la situación.
* ELPAIS.com - D. BORASTEROS / F. J. BARROSO / V. TORRES - Madrid - 18/10/2007
Foto: Madrid, desalojo cañada real Galiana - EFE
La especulación encarece el suelo de Murcia un 42%
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PÚBLICO* : El suelo remonta de nuevo en toda España. El precio subió un 8,6% en el segundo trimestre tras dos bajadas en los trimestres anteriores. La mayor subida se registró en la región de Murcia, un 42%, como consecuencia de los últimos coletazos de la especulación en una situación muy diferente a la de hace un año. En abril pasado, las empresas inmobiliarias empezaron a pasarlo mal, sobre todo las grandes, porque empezó el declive bursátil y empeoró la confianza en el sector por la debacle en bolsa de la promotora valenciana Astroc.
A partir de ese mes, muchas promotoras comenzaron a deshacerse de los terrenos menos rentables (a los que les quedan unos tres años de trámites urbanísticos) aunque siguieron pidiendo precios de oro, como ya avanzó Público. Esto se refleja en los datos que ayer presentó el Ministerio de Vivienda.
Tras una bajada del precio del metro cuadrado de suelo urbano del 5,6% en el primer trimestre del año, al cierre de junio volvió a subir hasta un 8,6%. El director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco, lo calificó ayer de "ligero repunte". Sin embargo, en junio del año pasado el valor del suelo apenas avanzó un 1,5% en términos interanuales, según los datos del ministerio.
Menos operaciones
Murcia es una de las zonas donde más ha crecido el valor de las compras y ventas totales de terrenos, que en junio ascendió a 221 millones de euros, un 60% más que un año antes, cuando se movieron 137 millones de euros. Sin embargo, ha habido un 30% menos de operaciones, lo que desmuestra que las compañías vendedoras han subido considerablemente el precio de venta. La región de Murcia es una de las que más atractivo ha ganado entre los promotores en los últimos años del boom tras el recalentamiento de precios en comunidades cercanas, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, según fuentes del sector.
Tras Murcia, el segundo mayor incremento en el valor de los terrenos se ha dado en la Comunidad de Madrid, con un alza del 26%. Además, esta autonomía exhibe el precio más caro de todo el territorio nacional, con una media de 642 euros por metro cuadrado. Le sigue el suelo murciano, con 423 euros.
Caídas en cinco comunidades
Extremadura y Castilla-La Mancha, tradicionalmente alejadas de los grandes desarrollos urbanísticos, también han experimentado grandes subidas, del 21% y el 20%, respectivamente.Si bien, las diferencias por regiones son muy elevadas. Así lo reflejan las caídas en el precio del suelo en La Rioja, con un descenso del 25%, pero también en autonomías hasta ahora con gran actividad urbanística, como Baleares (-6,4%) y la Comunidad Valenciana (-1,6%), a las que se suman Aragón (-2,7%) y Castilla y León (-0,4%).
Los extranjeros compran un 11% más
La compra de una segunda residencia por parte de los vecinos europeos en las playas españolas y de una primera casa por parte de los inmigrantes ha tenido un papel importante en la escalada immobiliaria que ahora empieza a ver su fin. Los extranjeros compran un 11% más de los pisos en venta, como reflejan los datos que el Ministerio de Vivienda proporciona con mayor retraso, los de transacciones inmobiliarias. En el primer trimestre los residentes adquirieron un 12% del total de inmuebles en venta frente al 86% que compraron los españoles.
* Público - SUSANA R. ARENES - 17/10/2007
Foto: la manga (Murcia) - Murcia no se Vende
Ávila: Una promotora tala 6.700 pinos para hacer una urbanización pese a carecer de licencia de agua
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ELPAÍS* : La urbanización La Favera, en Villanueva de Gómez (Ávila), no sólo ha talado ya más de 6.700 pinos en una zona de alto valor ecológico sino que lo hace sin concesión de agua para abastecer las 7.500 viviendas y los tres campos de golf que construye. La Confederación Hidrográfica del Duero acaba de anular la dotación que tenía, pero aun así, la Junta de Castilla y León, del PP, autorizó ayer a la empresa a construir tres campos de golf a costa de otros 10.000 pinos. La Junta ignora así el informe de sus técnicos que dice que, "siendo suaves", el plan es "un despropósito y un sinsentido".
Una pareja de águilas imperiales ibéricas sobrevuela el río Adaja. Vuelan muy, muy alto y sólo con prismáticos se las puede distinguir. Son una de las pocas parejas que quedan en España y el año pasado criaron tres pollos en el pinar del río, en las únicas 5.000 hectáreas arboladas de las 150.000 de la comarca cerealista de La Moraña abulense.
El pinar, propiedad de la empresa Unión Resinera, fue declarado urbanizable el 4 de marzo de 1980. Pero hasta que en 1999 lo compró la empresa riojana Inveralde nada se movió. La promotora comenzó en 2000 los trámites para construir allí una urbanización de 7.500 viviendas, hotel, club hípico y tres campos de golf con apoyo del alcalde, José Martín Llorente (PP). "El campo se muere y el plan es bueno para la comarca", señaló ayer.
El problema es que Villanueva de Gómez se abastece del acuífero de los Arenales, sobreexplotado y contaminado por arsénico, según Antonio Gato, presidente de la Confederación del Duero, del Ministerio de Medio Ambiente. El pueblo se abastece con camiones y sus 156 habitantes beben agua embotellada.
Aun así, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento autorizaron las 7.500 viviendas a costa de 800 hectáreas de pinar y en 2006 tramitaron el plan para los tres campos de golf. En junio de 2005, la confederación otorgó a la empresa una concesión de agua de 771.363 metros cúbicos al año que se sumaban a la de 180.000 metros cúbicos que ya tenía. Con esa concesión, la empresa podía empezar a funcionar aunque seguía lejos de los 2,5 millones de metros cúbicos al año que necesitaría para los 22.000 habitantes que se pueden llegar a juntar en La Favera. Con esa cifra, la urbanización en el pinar se convertiría en la segunda localidad de la provincia.
Como el pinar era urbanizable desde hace más de 25 años, las viviendas se tramitaron sin declaración de impacto ambiental, explica el alcalde. Los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife y Comisiones Obreras denuncian que el trámite sí era necesario.
Las máquinas ya han dejado su huella. El pinar está atravesado por enormes calles asfaltadas alrededor de las que se acumulan troncos y una máquina que extrae los pinos de raíz.
Los ecologistas aseguran que ya ha talado más de 10.000 pinos. La promotora dice que muchos menos y que además, repoblará con 316.000 otra zona. Los 30 kilómetros de calles tienen unos 15 metros de ancho. Si la densidad del pinar admitida por el alcalde es de 150 pinos por hectárea -los ecologistas dicen que es mayor-, eso significaría que ya han caído más de 6.700 pinos. Un portavoz de la promotora afirma que estaban heridos de muerte, que son pequeños y que la tramitación se ha hecho legalmente.
La empresa ya tenía permiso para las casas, pero necesitaba una declaración de impacto ambiental para los campos de golf, que están en otro tipo de suelo, en la ribera del río. La Junta preguntó a sus técnicos y se encontró con su oposición.
El 29 de junio de 2006, el jefe de la sección territorial de ordenación, Rodrigo Gandía, y el técnico de su departamento Javier Plaza firmaron un informe demoledor. Tras destrozar durante seis folios el plan, concluyen: "Se parte de unas normas aprobadas en los años 80 que, siendo suaves, nos parecen un despropósito. Imaginemos qué sería si todos los municipios en sus lugares de mayor valor y atractivos ejecutaran proyectos de este tipo. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del medio ambiente es un sinsentido".
Así no había forma de dar luz verde a la urbanización. Pero el 19 de octubre de 2006, el jefe de la sección, Sabas Yagüe, actor clave en la tala en Navas del Marqués, firmó otro informe para "matizar" el anterior. En él afirma que "las cortas previstas, no hacen más que anticipar lo que necesariamente tendría que producirse de todas formas de forma natural". Con este informe, la Junta dio luz verde a la declaración de impacto ambiental días después y ayer -un año después- la publicó en el Boletín Oficial de la comunidad. Sólo para los tres campos de golf hace falta talar 9.618 pinos. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Junta.
El problema para la promotora es que el 27 de septiembre la confederación consideró que la concesión de agua había caducado porque Inveralde no había acometido las obras a tiempo. En un acto inusual, el organismo deja a la promotora sin ninguna concesión para justificar la tala, a pesar de lo cual ayer seguía. La empresa sostiene que hay agua de sobra y que seguirá la obra. A pesar de la falta de agua. A pesar de la crisis inmobiliaria.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - 18/10/2007
Foto: Uno de los viales construidos en una urbanización sin concesión de agua- ULY MARTÍN (El País)
El fiscal imputa al alcalde de Atarfe por dos delitos urbanísticos
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GRANADAHOY* : La Fiscalía del TSJA ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), tras sendas denuncias presentadas por IU. Una, por autorizar una operación inmobiliaria en terrenos de la vieja fábrica de la Alcoholera, y, la otra, por la construcción de una residencia de apartamentos que estaba destinada inicialmente a personas mayores y minusválidas pero que, según IU, fueron vendidos o alquilados a personas que no reunían los requisitos.
El fiscal, sin embargo, no estima que existan irregularidades en el proyecto de urbanización Ciudad Ilíberis que promueve la empresa Aifos y que aún no se ha ejecutado y, por tanto, archiva la denuncia.
El ministerio público considera que sólo puede existir prevaricación (cuando se dicta una resolución arbitraria a sabiendas que dicha resolución es injusta) en el asunto de la Alcoholera y en el de la residencia destinada a mayores promovida por la empresa Espartero, desestimando la comisión de otros presuntos delitos que IU le atribuía inicialmente como cohecho, estafa o malversación, entre otros.
En el caso de la antigua Alcoholera, una zona de uso terciario-residencial donde se construye en la actualidad una promoción de viviendas unifamiliares que el promotor puso ya a la venta, el fiscal recuerda que no se ha producido una modificación puntual de las normas subsidiarias vigentes en el municipio. IU sostiene que el cambio de uso sólo se contemplaba en el avance del PGOU que aún no se ha aprobado definitivamente y reprocha al alcalde, imputado junto al arquitecto municipal, que concediera la licencia de obras en verano, tras las elecciones municipales. En su resolución, el fiscal entiende que no se puede cambiar la tipología de las normas subsidiarias sin tener aprobado el PGOU.
Sobre el asunto de la viviendas para ancianos, que se construyeron en un solar de casi 7.000 metros cuadrados de equipamiento social y que la empresa municipal Proyecto Atarfe cedió a Espartero con la condición de hacer apartamentos para ancianos, el fiscal reprocha que tanto las casas como los bajos se hayan vendido para uso particular, una operación contraria al fin social originario.
* Granada Hoy - 17 de Octubre de 2007
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
Una constructora financió las obras del domicilio del líder de los socialistas valencianos
CADENASER* : Una importante empresa de la construcción valenciana ha financiado las facturas de la reforma de la vivienda del líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Plá. El que fue candidato a la presidencia de la Generalitat realizó obras por valor de 78.000 euros, 13 millones de las antiguas pesetas según las facturas que obran en poder de la Cadena SER. Los recibos fueron abonados en su totalidad por el Grupo Villegas, un grupo con importantes intereses urbanísticos en la Comunidad valenciana. El líder del PSPV realizó entre el verano de 2006 y principios de este año una reforma del interior de su vivienda de Valencia.
Las obras consistieron en la colocación de parqué y en la reforma de la cocina y el baño. Entre las facturas que obran en poder de la Cadena SER , figuran la compra de una vinoteca de casi 1200 euros; una campana de extracción de humos por 1.100 euros; una encimera de mármol glaciar que costó 6.700 euros o un desembolso de casi 4.000 euros en carpintería. En total la reforma asciende a 78.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso esta emisora.
Son 10 las empresas que emiten facturas por los trabajos en el interior de la vivienda del líder del PSPV, Joan Ignasi Plá. Todas ellas las envían a dos empresas del sector de la construcción: Grupo Villegas y OPALIA del Mediterráneo, filial del Grupo Villegas. Ambas son las que finalmente se encargan de pagar a los proveedores, sin que Plá les haya reembolsado esas cantidades.
Declaraciones de Plá a la Cadena SER
El líder de los socialistas valencianos ha reconocido que no ha pagado la reforma de su piso. No lo considera algo extraordinario, aunque han pasado 6 meses desde que finalizaron las obras. Plá ha declarado: "Hasta día de hoy yo no las he pagado. La empresa a la que encargué esas obras será la que habrá hecho frente a los distintos proveedores".
Preguntado por el coste total de la reforma, Plá dice desconocerlo, aunque no descarta que sea superior a los 78.000 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso la SER. El secretario general del PSPV-PSOE añade además que no conoce ni a Construcciones Villegas ni a su filial OPALIA, empresas que finalmente se hicieron cargo de las obras.
Importantes intereses en la Comunidad Valenciana
Según el Registro Mercantil, el Grupo Villegas y su filial OPALIA cuenta con importantes intereses en la Comunidad Valenciana. Construcciones Villegas tiene su sede social en Murcia y ha resultado adjudicataria en 71 concursos públicos. La práctica totalidad de las adjudicaciones proceden de administraciones de Murcia y Valencia. Entre ellas importantes ayuntamientos gobernados por el PSOE en el momento de la adjudicación como el de Dénia o el de Ontiyent.
Construcciones Villegas participa en la empresa OPALIA del Mediterraneo que ha obtenido 10 adjudicaciones, todas ellas en la Comunidad valenciana. La Cadena SER se ha puesto en contacto con Construcciones Villegas que no ha querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.
* Cadena Ser Noticias - 16-10-2007
