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SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga un escrito denunciando el impacto ambiental que está causando en el suelo no urbanizable de municipio la evolución del urbanismo en el término municipal de Alcaucín. El colectivo basa su denuncia en un estudio realizado sobre la construcción de viviendas en el suelo rústico y el avance experimentado en los últimos años.
Así, la asociación ecologista asegura en un comunicado que el número de casas de nueva construcción realizadas entre 1983 y 1995 es de 113, mientras que las edificadas entre 1995 y 2007 alcanza las 1.026.
Población
En el medio urbano, según el estudio de GENA, se ha pasado de 836 en 2001 a 1.477 en 2006, lo que significa un incremento de 641 unidades. «En total, este municipio tiene ahora 2.897 viviendas. Si consideramos que este periodo la población ha crecido de 1.511 a 2.086 habitantes (cifras del INE) se confirma que el crecimiento inmobiliario no se debe a causas humanas o sociales, con un ratio de 1,5 viviendas por habitante, o una capacidad residencial de 12.000 habitantes», asegura el colectivo.
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza recuerda que la superficie del municipio es de 6.399 hectáreas, a la que hay que descontar la zona protegida del Parque Natural de Sierra Tejeda, que es de 1.710 hectáreas.
El colectivo menciona en su estudio como sector problemático el situado al norte del pueblo, colindante al camino del Alcázar y al Parque Natural, «donde observamos que en un kilómetro cuadrado hay nada menos que 114 casas, en una disposición desordenada y apariencia espontánea, todas con acceso rodado dendrítico e individual, y la mayoría de caminos de tierra».
Pendientes
Asimismo señala que se trata de una zona de pendientes medias y altas, a mas de 600 metros de altitud y colindante a un frondoso pinar regenerado tras un incendio en 1988. El único elemento articulador es el camino o pista forestal de la adecuación recreativa El Alcázar, alrededor del cual se sitúan las viviendas, que ocupan una superficie de unos 350.000 metros cuadrados.
El colectivo aporta como dato complementario la existencia de 67 piscinas en el mismo sector, dos por cada tres viviendas, y que el precio de estos inmuebles puede alcanzar hasta los 280.000 euros.
* Diario SUR - 05.10.07 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: ALCAUCÍN. Nueva denuncia de los ecologistas sobre las viviendas en suelo rústico. / EVA GUZMÁN (SUR)
Denuncian ante Obras Públicas y la Fiscalía el urbanismo «insostenible» en Alcaucín
Doctrinas hipócritas
ELPAÍS/Editorial* : La corrupción urbanística merecería ocupar un lugar destacado en el debate político preelectoral, debido a las graves distorsiones que produce en la democracia local y autonómica, a sus efectos económicos nefastos en forma de subidas de precios del suelo y de los pisos y a los destrozos que causa en zonas de elevado valor ecológico. El caso de Marbella, un Ayuntamiento saqueado impunemente por alcaldes y concejales, dio la voz de alarma sobre la debilidad de las instituciones políticas locales para frenar el urbanismo sin escrúpulos. Madrid no se libra de la plaga...
... la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad Enrique Porto, hombre de confianza de la presidenta Aguirre, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, también del Partido Popular, Luis Partida, supuestamente implicados en un caso de recalificación fraudulenta en la localidad madrileña. El caso ilustra sobre las confusiones interesadas que suelen manejar los políticos para justificar las tropelías de sus correligionarios. Porto y Partida tienen derecho, faltaría más, a la presunción de inocencia. Un tribunal decidirá si son culpables de los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, que denuncia la Fiscalía.
Pero es muy discutible que, según la doctrina del PP, las responsabilidades políticas exigibles a los cargos públicos sólo sean sustanciadas una vez que los tribunales declaran la culpabilidad de los imputados. Tal criterio resulta hipócrita, porque no ha sido obstáculo para que el PP, olvidando lo que reclama para sí, haya exigido la dimisión de cargos de otros partidos acusados de delitos urbanísticos; y además desmoraliza a los ciudadanos, porque transmite el mensaje de que los partidos no están interesados en combatir la corrupción.
Nada más tóxico para la democracia local que la idea muy extendida de que los partidos políticos consideran las comisiones irregulares obtenidas de las operaciones urbanísticas como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir. Por eso es tan importante que los responsables políticos repudien cualquier indicio de corrupción de sus cargos públicos y que sean los primeros en exigir castigos ejemplares para los culpables. En esa actitud deberían estar la Comunidad de Madrid y el PP, que ya debería haber instado la dimisión del alcalde de Villanueva de la Cañada.
* ELPAIS.com - 04/10/2007
Baile de 'malayos' en los juzgados
ELPAÍS* : Los juzgados de Marbella se han convertido en el plató de un espectáculo en el que lo de menos son las causas por las que están imputados quienes los visitan. Esta semana han vuelto a entrar en los hogares de media España por la citación de una decena de miembros de antiguas corporaciones, la mayoría imputados en el caso Malaya. Se ha visto entrar y salir del edificio a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos o el también ex regidor Julián Muñoz.
En segundo plano lo han hecho ediles menos conocidos como Tomás Reñones, Rafael Calleja, Pedro Pérez, Javier Lendínez o Carmen Revilla. El broche lo pone hoy el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Han acudido para declarar por diligencias previas en distintos casos de presunto delito urbanístico. El menú ha merecido que se envíen unidades móviles de televisión casi una semana.
La estrella por excelencia ha sido Julián Muñoz. Estaba citado el martes y era la primera vez que salía de la prisión de Jaén después de conocerse que tiene posibilidades de quedar libre si sus abogados logran un permiso penitenciario. Después de cuatro horas en los juzgados, volvió a salir con chaqueta marrón y rostro demacrado. Cuatro jóvenes llamados al calor de las cámaras se situaron en uno de los miradores desde los que se divisa la puerta de los calabozos y explotaron en cuanto le vieron: "¡Ladrón, devuelve los millones!", dijo una chica de unos 16 años vestida con un chándal rosa. "¡Bájate los pantalones, que te llegan a los sobacos!", añadió otro joven unos años más mayor, que redondeó el comentario escupiéndole.
Muñoz, que ocultaba las esposas con su tradicional carpeta azul, aligeró sus pasos y se resguardó en el furgón de la Guardia Civil. El agente que conducía tuvo dificultades para maniobrar porque Mocito feliz, un personaje local cuya actividad favorita es aparecer en los programas de televisión del corazón, les impedía la salida, consciente de que los cámaras filmaban la salida.
"¡Mocito, cuántas veces te he dicho que no te metas en los planos", le regañaba ayer un cámara de Televisión Española después de que le estropeara la llegada de Marisol Yagüe. "Es que no te das cuenta que no es serio que salgas detrás de ellas en los informativos", le decía.
Las imágenes que compran los programas del corazón son las mismas que las agencias venden a los informativos, aunque los locutores subrayen aspectos distintos. Debido a esto, en las ruedas de prensa de la puerta de los juzgados chocan los intereses de los redactores. De los 10 minutos que Isabel García Marcos estuvo hablando a los micrófonos ayer, ocho fueron para contar que había pasado toda la mañana poniéndose al día con sus antiguos compañeros y para explicar lo mal que lo había pasado cuando unos vecinos la habían llamado "choriza". mientras iba con su madre, su atónita hija y casualmente la estaban grabando.
La atención que generan los imputados en el caso Malaya anima a los espontáneos a luchar por su minuto de gloria. Marisol Yagüe se topó ayer con otra visita inesperada cuando pretendía marcharse en el coche. "Me has destrozado la vida. Me desahuciaron siendo tú alcaldesa y no te lo voy a perdonar", le decía la mujer, acompañada de un niño de cinco años. Mientras capeaba el enjambre de cámaras la antigua alcaldesa no tuvo más remedio que pedirle perdón. "No te voy a perdonar, pero dame un abrazo", le dijo la mujer. Y se lo dio. "Ahora me siento realizada como mujer", dijo con media sonrisa.
No muy lejos, una abogada contemplaba la escena. "Si este es el panorama informativo que tenemos estamos arreglados", comentaba. Tan sólo cuatro redactores, entre más de una veintena, trataban de cazar a los letrados que se alejaban para preguntarles de qué se había hablado en el interior de las salas.
+ ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 05/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
La vivienda: problemas y soluciones
LUIS ÁNGEL HIERRO* : Durante los últimos años el precio de la vivienda se ha duplicado y el sector inmobiliario y de la construcción ha mantenido unos niveles de actividad y de beneficios envidiables. Ello se ha debido a una expansión de la demanda basada en el crecimiento de la población, en el aumento de la renta per cápita y del número de empleados y en dos elementos financieros, que han compensado las subidas del precio de la vivienda, la caída de los tipos de interés, debido a la unión monetaria, y el alargamiento de los plazos de amortización de las hipotecas. Los resultados han sido más viviendas construidas, pero también más caras y con un nivel de endeudamiento de las familias muchísimo mayor.
Es precisamente el nivel de endeudamiento el que ha comenzado a pasar factura a las familias. Se ha apurado tanto la capacidad de pago que ahora una subida de tipos de interés de medio punto o un punto pone a muchas familias al borde de la insolvencia y eso que el empleo va bien. Conclusión: el problema es importante y podría llegar a serlo más si el precio de la vivienda se desplomase y los tipos de interés subiesen algo más.
La política planteada por el PP para este problema es la típica de los ultraliberales: bajen las retenciones del IRPF para que con ese dinero las familias asuman la subida de las hipotecas. Puro engaño, injusticia e hipocresía. Hipocresía porque piden que se bajen los impuestos a todos, incluida la gran mayoría de familias que no pagan hipotecas, en lugar de tocar las deducciones por vivienda que son las que en realidad inciden sobre los afectados; injusticia porque las rentas más bajas no pagan IRPF y por tanto no se beneficiarían de la rebaja y no tendrían más liquidez para pagar la hipoteca; y engaño porque jamás se conseguiría el objetivo, ya que por termino medio hace falta bajar el IRPF aproximadamente un 30% para neutralizar una subida del 1% del tipo de interés de la hipoteca media. En realidad la propuesta del PP lo que quiere es utilizar el tema de las hipotecas para vaciar las arcas del Estado y evitar mejoras sociales como el "cheque-bebé", la ayuda a la dependencia o la subvención de alquileres.
Si de verdad queremos afrontar seriamente el problema de la vivienda tenemos que asumir que hay que resolver dos cuestiones: la coyuntura, que hasta ahora es un problema financiero, y lo estructural, que consiste en reducir el precio de la vivienda. Para lo primero, la estrategia es financiera. Como el problema deriva de la subida de los tipos de interés, lo razonable es proponer una legislación que facilite el alargamiento y el acortamiento automático de los plazos de amortización para mantener la cuota más o menos constante y un pacto con las entidades financieras para aplicarla a los préstamos en vigor. En realidad han sido las entidades financieras con su agresiva política de dinero fácil y el Banco de España consintiendo el alargamiento de los plazos de amortización los que han ido inflando el mercado de la vivienda y sobrendeudando a las familias, por eso es lógico que sean esas entidades las que participen en la solución del problema, en tanto bajan los tipos de interés.
Distinta es la solución a largo plazo. La propuesta de la Junta de Andalucía es probablemente una de las más atrevidas que se han presentado hasta ahora: hacer exigible el derecho a la vivienda para las familias que ingresen menos de 3.000 euros. Ello significa que por primera vez se va a ensayar una verdadera solución pública al problema de la vivienda (planifico, produzco y suministro), puesto que para ofrecer una vivienda barata a esas personas, que son la mayoría, se necesitará un sistema de producción de vivienda de protección que hasta ahora no existe. Los que afirman que no va a tener coste para la Junta de Andalucía no aciertan, porque tarde o temprano habrá que crear un Servicio Andaluz de Vivienda para gestionar esa provisión pública, al estilo del SAS pero mucho más pequeño, y además habrá que financiar las viviendas de las capas de menor renta, que con sus ingresos no pueden pagar una hipoteca que cubra el coste de producción de la vivienda y habrá que dárselas en alquiler. También tendrán costes los Ayuntamientos ya que tendrán menos margen de negociación con los promotores, aunque eso ya lo tienen asumido porque la LOUA lleva tiempo en vigor.
El cuanto al sector privado, los primeros beneficiados van a ser las familias, que podrán obtener viviendas a más bajo precio, tanto los afectados como los demás ya que todos se beneficiaran de una menor presión de la demanda. Asimismo, también van a ser beneficiados los constructores, empresas y trabajadores, que van a tener más trabajo contratado con el sector público, que es una garantía de cobro y actividad. De hecho, la vivienda de protección puede funcionar como un estabilizador automático del sector, garantizando más actividad en coyunturas contrarias como la que se avecina. Y los perjudicados muy probablemente van a ser los bancos, los promotores y especuladores. Los bancos porque las hipotecas van a ser más pequeñas, aunque probablemente también sean más y eso les compense; los promotores porque van a ser sustituidos por ese servicio antes citado y por la inevitable gran promotora pública que se promoverá; y los especuladores porque al bajar la presión de la demanda se reducirá el precio del suelo y por tanto su plusvalía especulativa.
Contra esta política de vivienda ya se ha manifestado la CEA. Lo cual resulta llamativo, ya que a priori salen beneficiados los constructores (economía real) y perjudicados los promotores (intermediarios), y por tanto no se entiende que se vuelquen hacia el lado de los promotores, que generan mucho menos empleo y riqueza. No obstante, lo que en realidad puede operar en contra de esta política son las zancadillas que se van a sufrir tanto por la presión de los lobbys de propietarios de suelo como por el boicot de ayuntamientos que por razones ideológicas paralicen el suministro del mismo. Además, está el POTA y sus límites al crecimiento, que también pueden operar en contra de la disponibilidad de suelo si no se modifican o se interpretan de una forma económicamente racional. El tiempo dirá si es efectiva la solución pública que se propone, lo que si sabemos hoy es que al menos es valiente.
* Luis Ángel Hierro es Director del Master de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla.
* ELPAIS.com - Tribuna - Andalucía - 05/10/2007
Expertos en Derecho reclaman penas para partidos políticos corruptos
ELNORTEDECASTILLA* : El fiscal Anticorrupción de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, especialmente famoso por su participación en casos como 'Malaya' o 'Ballena blanca', reclamó ayer en Valladolid que la reforma del Código Penal que está tramitando en este momento el Congreso de los Diputados incorpore responsabilidades penales para sindicatos y partidos políticos. Considera de manera especial que en casos de corrupción urbanística estos últimos no deberían quedar excluidos de la reforma «porque los partidos políticos, los consagrados y también esas formaciones hechas a medida pueden ser responsables penalmente y si han cometido un delito deberían responder por ello», tanto si está relacionado con la materia urbanística como con otros conceptos, por ejemplo la financiación irregular.
Aunque utiliza para ello el ejemplo del GIL en Marbella, que pasó por encima de los escándalos «con impunidad legalmente consagrada», extiende la situación al resto de escenarios donde se produce la lacra de la corrupción. El texto del proyecto de ley no sólo deja fuera a los partidos políticos de responsabilidad penal directa sino también a los sindicatos.
Este fiscal, especializado en cooperación judicial internacional y acostumbrado a vivir con miedo por su lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, protagonizó ayer una de las conferencias más atractivas de las incluidas en las jornadas 'Reforma de la Justicia Penal', organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y que finalizarán esta tarde.
LAS JORNADAS
Según explican los organizadores de estas jornadas de la Universidad de Valladolid, el catedrático Ángel José Sanz, y la profesora Coral Arangüena, la reforma de la justicia penal que se está realizando en la Unión Europea es de gran importancia, porque las sentencias de los jueces de cualquier país tendrán eficacia automática en todos los demás países de la UE.
* El Norte de Castilla - 05.10.07 - EDUARDO RODRÍGUEZ
