*Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha denunciado, ante la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cinco convenios urbanísticos suscritos por el alcalde de Lozoyuela y diversas empresas. Mediante estos convenios las empresas se quedan con el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento a cambio de sumas de dinero que no están avaladas por ningún informe técnico. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid no ha tomado ninguna medida.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida.
El alcalde de Lozoyuela ha aprovechado la redacción del nuevo Plan General para firmar, paralelamente, cinco convenios urbanísticos mediante los que se desarrollarían 483.872 metros cuadrado de suelo que ahora está clasificados como suelo no urbanizable. Sobre estos terrenos se pretenden construir 698 viviendas, además de desarrollar un sector terciario, y dos sectores industriales. No se aporta ninguna información sobre el tipo de actividad que se desarrollaría en estos últimos.
Las empresas firmantes de los convenios son Sierra Norte, Sociedad Patrimonial, SL que gestionaría un polígono de actividad terciaria. STU (Servicios Técnicos para desarrollo Progreso Urbano) SA, esta gestionaría varios sectores residenciales. Deporiber, SL, gestionaría un sector industrial. Urbazo, SA que gestionaría un sector residencial y Talleres Leandro, SA que gestionaría un sector industrial.
La Ley del Suelo establece que de la totalidad de los sectores urbanizables, los propietarios deben ceder al Ayuntamiento el 10% del suelo edificable perfectamente urbanizado (calles, redes de abastecimiento, depuración, luz, etc). De esta forma el Ayuntamiento puede construir sobre ese suelo y beneficiarse de las plusvalías generadas. Es lo que se conoce como aprovechamientos. En determinados casos justificados, estos aprovechamientos pueden sustituirse por su equivalente económico. Para ello, los servicios técnicos municipales deben hacer una valoración adecuada teniendo en cuenta el número de viviendas que pueden construirse y el precio del metro cuadrado una vez construido. De esta forma se intentan evitar fraudes por parte de propietarios y promotores.
Sin embargo, en ninguno de los cinco convenios se aportan las razones por las cuales hay que monetizar los aprovechamientos. Tampoco aparece entre la documentación la correspondiente valoración de los servicios técnicos. De esta forma las cinco empresas se comprometen a ceder cantidades de dinero que no están respaldadas de ninguna manera y que podrían ser inferiores a las expectativas previstas por las empresas promotoras.
Ecologistas en Acción ha solicitado, al Ayuntamiento y a la Dirección general de Urbanismo, la nulidad de los cinco convenios hasta que se presente la documentación que acredite la legalidad de los mismos. La organización considera que si se demostrara que el alcalde está favoreciendo intereses de las empresas en detrimento de los intereses públicos municipales podrían derivarse responsabilidades penales.
Otra irregularidad denunciada es que ninguno de los convenios se ha incorporado como documentación anexa al Avance del Plan General durante el periodo de información pública, algo que la Ley del Suelo establece como obligación. Por otra parte, las empresas firmantes tampoco acreditan la titularidad de los terrenos.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida. Es la segunda vez que la organización denuncia irregularidades en la firma de convenios sin que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya obligado a cumplir con la legalidad vigente. En diciembre de 2005 y mayo de 2006 se denunciaron tres convenios urbanísticos suscritos por la alcaldesa de Valdemorillo.
*Ecologistas en Acción, 12 de Marzo de 2007
Foto: Lozoyuela /toprural
Denuncian cinco convenios urbanísticos en Lozoyuela (Madrid)
El Ayuntamiento de Ourense aumentó a un socio del alcalde la edificabilidad de una parcela
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F.VARELA/C.HUETE* : "El Ayuntamiento de Ourense aumentó la edificabilidad de una parcela de un socio del alcalde, el popular Enrique Nóvoa López, que pasó de 6.870 a 10.490 metros cuadrados. La corporación, entonces presidida por Manuel Cabezas, tomó la decisión en el marco del último Plan General de Ordenación, en el año 2003, siendo Nóvoa concejal de Medio Ambiente y miembro de la comisión de Urbanismo.
El regidor orensano, que será cabeza de cartel de la lista del PP en las municipales, comparte desde 1999 la propiedad de dos promotoras urbanísticas con el beneficiario de la recalificación.
La parcela en cuestión, que vio incrementada su edificabilidad en un 52%, es propiedad de Enrique Do Río Pérez, dueño de Promociones Ourenmex, SL, y socio del actual alcalde en Promociones Galmex, SL, y Poensa, SL, ambas dedicadas al sector inmobiliario. El terreno está situado en el barrio de O Vinteún, en la salida de Ourense en dirección a Santiago. Además de ser una de las áreas de crecimiento de la ciudad, está muy cerca de Cudeiro, la zona de la que el alcalde es originario. Gracias a esta modificación, el socio de Nóvoa podrá construir en torno a 33 viviendas más de las previstas originalmente, un incremento que, según fuentes conocedoras de la situación inmobiliaria de Ourense, puede generar un beneficio de 3 millones de euros.
Expertos en urbanismo consultados por EL PAÍS confirmaron que cuando un ayuntamiento cambia un plan general (en el caso de Ourense el anterior era del año 1986) el incremento de edificabilidad siempre es una medida "excepcional", porque no tiene sentido aumentar la capacidad de construir viviendas a menos que obedezca a un motivo de interés público, como contar con equipamientos no previstos originalmente. En este caso el propietario no ofreció ninguna compensación adicional al 10% exigido por la legislación.
Las empresas de las que son copropietarios el beneficiario de la decisión municipal y el actual alcalde fueron constituidas en los años 1988 y 1999. La más antigua, Poensa, tiene un capital social de 189.318 euros y declaró en el último año unas ventas de 1.825.861,78 euros y un resultado de 338.318,36.
Galmex, con un capital social 120.202 euros, registró en el último año unas ventas de apenas 90.000 euros, aunque en 2002 alcanzó 2.336.148,97 y en 2002, 2.080.072,84.
En ambos casos Nóvoa y Do Río comparten la propiedad con Secundino Corbillón, y en Galmex, SL, también participa la sociedad limitada Company Olimpo Trust, una empresa dedicada desde el año 2000 a la adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas de capital social.
La actividad empresarial en el mundo de las promociones urbanísticas del sustituto de Manuel Cabezas y cabeza de lista del PP en las próximas elecciones no le impidió ejercer como titular de la concejalía de Medio Ambiente y formar parte de la comisión de Urbanismo entre 1999 y 2003 sin ausentarse de las reuniones ni abstenerse en las votaciones que afectaban a su socio, ni siquiera en la sesión plenaria en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que figura la recalificación de la parcela. Sí abandonó, en cambio, la participación que tenía en otras sociedades relacionadas con su antigua profesión de electricista.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ourense fue aprobado con el apoyo exclusivamente de los concejales del PP y el voto en contra de los ediles del PSdeG y del BNG. Los socialistas, además, presentaron un recurso judicial sobre el que los tribunales todavía no se han pronunciado.
El objeto social de Galmex, SL, la empresa que Nóvoa comparte con Do Río, es, según los datos del registro, la construcción y realización de toda clase de obras y la adquisición de inmuebles para su edificación y venta. Ourenmex, SL, la sociedad de Do Río de la que depende la parcela que vio aumentada su edificabilidad, fue creada en 2000. Su objeto social es la adquisición de terrenos, la urbanización, promoción y construcción de todo tipo de edificaciones para su venta y arrendamiento y la adquisición y promoción de viviendas, pisos y locales comerciales. Tiene un capital social de 30.052 euros y en ella participa al 50% Company Olimpo Trust, que también comparte negocio inmobiliario con el alcalde a través de Galmex, SL.
La tramitación del área de reparto que corresponde a la parcela del socio del alcalde va, según fuentes municipales, más adelantada que las restantes y en ella ya han comenzado las obras de desmonte que preceden a la urbanización de los terrenos.
*ELPAIS.com - Santiago / Ourense - 13/03/2007
Foto: Parcela del socio del alcalde de Ourense- MARA
Castilla y León tramita como ley urgente una gran urbanización en suelo protegido
R.MÉNDEZ/M.R.SAHUQUILLO* : "Por la vía de urgencia, en lectura única y gracias a una modificación legal aprobada en diciembre, la Junta de Castilla y León, del PP, tramita una ley para construir la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Se trata de un complejo con 800 chalés y un parque empresarial en terreno protegido. Al tramitarlo como ley, la Junta evita un posible parón judicial como el que sufrió en las Navas del Marqués (Ávila), ya que sólo el Tribunal Constitucional podrá revocarla.
La urbanización se aprobará en el pleno regional del miércoles, el último de la legislatura, gracias a la mayoría absoluta del PP. Otros polémicos planes urbanísticos, como la estación de esquí de San Glorio, seguirán el mismo camino.
Las cigüeñas sobrevuelan el Soto de Garray. Sobre una antigua casa de la Guerra Civil han construido sus nidos. Un poco más allá, los antiguos meandros del Duero aparecen cubiertos por abedules y sauces. Los únicos habitantes de este soto fluvial son las vacas que pastan a su antojo. No se ven pero también hay tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses. En los árboles anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros... Es, según la Sociedad Española de Ornitología, el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de pájaros.
La Junta de Castilla y León, del PP, tiene planes para este enclave, clasificado suelo de especial protección natural: quiere construir 800 chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas y un centro hípico en 562 hectáreas junto al Duero que pretende "ejemplificar una nueva manera de asentamiento habitacional en armonía con el medio ambiente". Allí vivirán más de 3.000 personas. La Junta, en una ley que ha enviado al Parlamento regional, la define como "un espacio singular" para "conservar y poner en valor un paisaje natural tan relevante". Se llamará Ciudad del Medio Ambiente.
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el proyecto: "Va a hacer que la gente se quede en Soria porque gracias a él se ubicarán empresas en la zona vinculadas a este futuro, el medio ambiente".
Pelotazo con buenas formas
La oposición y los ecologistas no lo ven igual. El PSOE denuncia que se trata de un pelotazo con buenas formas, envuelto en la defensa del medio ambiente. "Es la Junta contra todo el mundo. Nadie apoya esta urbanización salvo el PP", afirma el secretario provincial del PSOE y diputado regional, Carlos Martínez. El Colegio de Arquitectos, entre otros, ha criticado el lugar elegido.
Más allá de la polémica, lo excepcional es el procedimiento elegido: en vez de tramitarlo como cualquier plan urbanístico, la Junta ha elegido convertir el proyecto en ley, en una operación que lleva meses fraguando. El 18 de diciembre pasado, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una aparentemente nimia modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La Junta cambió un artículo de la norma para tramitar como ley "los planes o proyectos regionales de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico".
Menos de un mes después, el Consejo de Gobierno aprobaba la ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Las Cortes le darán el visto bueno definitivo el miércoles, por la vía de urgencia, sin enmiendas, en el último punto del último pleno de la legislatura. La mayoría absoluta del PP (48 procuradores frente a 32 del PSOE) le concederá en ese trámite todas las licencias ambientales y urbanísticas, por lo que el proyecto ya no necesitará el visto bueno de los municipios afectados, Garray y Soria, donde el pleno municipal se opone. Los vecinos se encuentran divididos. Como denuncia Ecologistas en Acción, con la ley, ningún ciudadano, colectivo ecologista o propietario afectado podrá recurrir la urbanización. Las leyes pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios (con firmas de al menos 50 diputados), el Defensor del Pueblo o el Gobierno.
La Junta de Castilla y León evita así un posible revés judicial como el de Las Navas del Marques (Ávila). Allí impulsó una urbanización similar en terreno especialmente protegido y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló en octubre pasado. Ahora el fiscal pide imputar, entre otros, al director de Medio Natural de la Junta por permitir la recalificación. La Ciudad del Medio Ambiente será inalcanzable para los jueces.
Fernández Carriedo afirma que la tramitación en las Cortes da más transparencia: "Es una garantía adicional. Añade un paso más que hace que haya más participación y que los grupos parlamentarios puedan opinar". Además, admite que a la Ciudad del Medio Ambiente le pueden seguir proyectos como la polémica estación de esquí de San Glorio, proyectada en un Parque Natural.
El PSOE asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional la Ciudad del Medio Ambiente, pero para cuando haya sentencia, en unos años, puede que las cigüeñas de Garray convivan ya con los edificios.
LA NORMA SORTEA A LOS JUECES
El Gobierno regional defiende que la "Ciudad del Medio Ambiente conserva y pone en valor un paisaje natural tan relevante" como es la ribera del Duero. Los ecologistas denuncian que la Junta de Castilla y León pretende evitar con la ley un revés judicial como el que sufrió en Las Navas del Marqués. Sólo el Constitucional, tras recurso de 50 senadores o diputados, podrá paralizar la construcción de 800 chalés y hoteles en terreno protegido de Soria. La mayoría absoluta del PP aprobará el miércoles en las Cortes autonómicas todas las licencias urbanísticas y ambientales necesarias para el complejo.
*ELPAIS.com - Madrid - 13/03/2007
Foto: plano ciudad del medio ambiente
Enlace información (Consumer): Ciudad del Medio Ambiente, Soria
El juez Torres alerta de la corrupción «de baja intensidad» en el sector inmobiliario
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J.MUÑOZ* : «Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón... Poco a poco le introducen en un ambiente de lujo, de ágapes, un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad participar en el negocio. Es una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté en el poder. Y, de todos modos, si hace muchas viviendas, puede ganar las elecciones».
Así se expresó ayer en Bilbao el juez Miguel Ángel Torres, el instructor que destapó el escándalo de la corrupción de Marbella, conocido como 'caso Malaya', y que activó la operación 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero del crimen organizado. Torres llamó la atención sobre este tipo de corrupción que denominó «de baja intensidad», consistente en diferentes modalidades de pequeños «agasajos» en el sector inmobiliario.
Los delitos urbanísticos, así como las andanzas de Julián Muñoz y Roca, ocupan las portadas de los periódicos gracias a este juez de Marbella, que fue invitado por el Tribunal Superior del País Vasco a las segundas jornadas sobre 'Informar en Justicia'.
«Ya no se trata de que el político reciba dinero -explicó Miguel Ángel Torres. Una empresa de su familia puede participar en la promoción inmobiliaria. Puede ser una consultora que cobra por servicios. Aunque, a veces, el responsable del negocio se mete en política para no compartir el pastel con nadie. Se presenta como un buen gestor. O quiere ser famoso y se introduce en el mundo del deporte».
La franqueza del joven instructor hizo sonreír a las autoridades, periodistas y universitarios que le escuchaban sin dejar de tomar notas. «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos -se lamentó Torres. Cuando un político recibe dinero de un promotor, la sociedad sufre un perjuicio. Se pierde una zona verde. Y luego el promotor repercute ese dinero sobre los costes. Así aparecen los problemas de calidad de las viviendas, sube el precio del suelo».
Del juez que hizo estas reflexiones depende el destino de Roca, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, de Maite Zaldívar Torres no los mencionó, aunque dijo que los escándalos urbanísticos son socialmente perniciosos porque «transmiten a la gente joven la idea de que se puede ganar mucho dinero sin tener que trabajar». Tan sólo aludió a una denuncia de malos tratos que llegó a su juzgado, una denuncia que implica a dos personas también involucradas en las tramas de Marbella. No concretó de quiénes se trataba (probablemente, Maite Zaldívar y Julián Muñoz), pero ambos le sirvieron de ejemplo para defender que los jueces que persiguen la corrupción deberían especializarse sólo en esos asuntos. «De otro modo, sabes un poco de mucho y mucho de nada».
La pista del cohecho
El juez del 'caso Malaya' también se lamentó de que las indagaciones sobre los cargos públicos corruptos se concentren en el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta), pero no profundicen en el cohecho (soborno), cuando «el 99% de las prevaricaciones tiene motivación económica». Atribuyó esa circunstancia a que la prevaricación acarrea un castigo menor -«se van a casa inhabilitados»-, mientras que seguir la pista del cohecho es lo que puede conducir al centro de la red.
A una conclusión parecida llegó el juez cuando habló del dinero de los narcotraficantes y mafiosos. «Nos quedamos en lo que 'vende', en la incautación del alijo de droga. Pero las pérdidas del hachís se recuperan, pues se pagan a medias con el proveedor. En cambio, si desarticulas la trama global de blanqueo, desarticulas la organización. La cuestión es que el tráfico de droga absorbe la investigación, pero no se analizan los patrimonios de las personas a los efectos del decomiso», señaló.
*diariosur.es, 13 de marzo de 2007
Foto: el juez Torres asistió a unas jornadas en Bilbao. / TELEPRESS
Plan territorial o urbanismo electoral / Ciudad Astur
F.DÍAZ-MIRANDA Y MACÍAS* : "Una necesidad urbanística evidente, la articulación de los espacios propuestos en el plan territorial especial de Oviedo-Siero-Llanera, se puede frustrar por la torpeza política de su puesta en escena trasladando su necesario y natural debate del ámbito de técnicos y ciudadanos al político electoralista. Presentación del plan a dos meses de unas elecciones autonómicas y municipales, difícilmente alguien se puede sustraer de su utilización propagandística.
Presentación del plan como «elemento vital de planificación democrática» (señor Areces). Acaso los restantes instrumentos de planeamiento vigentes no son democráticos. Anuncio unilateral de aprobación inicial para el próximo mes, los municipios afectados se han enterado del plan a través de los medios de comunicación en esta misma semana. En una sociedad plural y democrática como la actual no hay ideas y proyectos sin debate; siendo una provocación la afirmación de la señora Belén Fernández: «Es cuestión de dedicación».
El plan se pone como ejemplo de «entendimiento entre las distintas administraciones públicas» (señora Belén Fernández) y se dice «oportunidad de superar localismos estériles» (señor Areces). Tres ejemplos. Uno, existencia en el ámbito del plan de recientes planeamientos municipales adaptados y revisados al amparo y beneplácito de la Administración regional, sin la debida previsión y coordinación con la propuesta presentada, suponiendo graves alteraciones para su desarrollo urbanístico al verse estos condicionados, mermados o alterados en sus decisiones, pudiendo incluso suponer una interferencia en su autonomía municipal. Dos, ausencia en la presentación del plan de representantes políticos de dos de los tres municipios afectados, y en el caso del único asistente, Siero, duras críticas de su concejala de Urbanismo, con lo cual pensar en su éxito es más que difícil. Tres, se tiran por el suelo los mínimos consensos municipales conseguidos en torno al concepto de ciudad-región y ciudad astur.
Se nos vende la actuación prevista como un «freno al urbanismo salvaje y especulador». Ver para creer. Se actúa sin prever sus repercusiones sobre espacios de titularidad pública, algunos concebidos como reservas regionales de suelo, alterando irreversiblemente el triángulo empresarial e industrial con mayor futuro de la región; en terrenos de dudosa viabilidad para el fin residencial previsto, condicionando el propio plan a un futuro incierto.
Se anuncia la construcción de 9.000 nuevas viviendas bajo la iniciativa pública, contando con Sogepsa y Sedes, sin garantizar que éstas sean en su totalidad con algún tipo de protección pública, afirmando sin rubor alguno que con las plusvalías que genere la vivienda de promoción privada y algún que otro equipamiento que se cree se acometerán gran parte de las infraestructuras necesarias. Nadie ha pensado que las necesidades de vivienda y de equipamientos ya se encuentran debatidas y colmatadas con las previsiones existentes en los recientes planes generales de los tres municipios afectados. Dejémonos de la falacia de planes de viviendas para jóvenes, para personas con mínimos o escasos recursos... con propuestas como la del plan territorial presentado se vienen todas abajo. Piénsese que en el municipio de Oviedo, por poner un ejemplo eficaz y real, existe bajo iniciativa exclusivamente municipal un innovador plan de vivienda en suelos prioritarios para paliar estas necesidades que abarca más de 8.500 viviendas, todas ellas con algún tipo de protección pública. Son necesarias estas miles de viviendas, todas ellas en los municipios de Siero y Llanera; por cierto, Oviedo se destina a zonas verdes, recuperación de la actividad agrícola y de ocio, o responden realmente a ocultos intereses urbanísticos especuladores o es un intento por frenar el crecimiento poblacional de Oviedo y su peso regional. A todas luces el plan territorial es desestabilizador tanto a nivel municipal como regional, dando pie a todo tipo de especulaciones poco deseables y no digamos nada acerca de sus consecuencias negativas en el ámbito de la nueva ciudad astur.
Escuchar que «el urbanismo nace de la mano de los ingenieros de caminos», y en este caso de la mano de un medio de transporte como argumento vital para recuperar la ciudad es más que dudoso (el tren-tran del cual ya hablaremos); aún resultando metodológicamente correcto el trabajo efectuado, así como su grado propositivo con proyectos jerarquizados, el redactor del plan no es culpable del desacierto del encargo recibido.
La ciudad es un organismo complejo que solamente se debe gestionar desde la multidisciplinaridad, se deben resolver necesidades energéticas y de infraestructuras, problemas sociales de sus usuarios, de interrelación con el medio natural, problemas de escalas del hábitat y de la multiplicidad de sus entornos; siendo su gestión y no la forma la que debe ocupar el lugar central al hablar de futuro y de ciudad. En el caso que nos ocupa, la forma es el único tema de debate, y la gestión brilla por su ausencia. No existe planificación alguna con fechas para la iniciación de ningún tipo de obras; se carece de la más mínima coordinación administrativa a nivel estatal, autonómico y local; y por supuesto, no existe previsión económica alguna en ningún presupuesto ni estatal, autonómico o local para su financiación.
Como estrella principal de este plan territorial se presenta el tren-tran, principal e innovadora alternativa de transporte urbano para estos municipios. No se ha consultado, ni informado, ni mucho menos debatido si este medio de transporte que altera profundamente la imagen y percepción de la ciudad es admitido por la ciudadanía, falta total de respeto y talante democrático. Pero aún más, ni incluso la viabilidad del propio tren-tran es creíble. Para empezar, este medio de transporte está pensado para ciudades con núcleos de mayor densidad de población, y por supuesto, discurriendo por áreas urbanas ya consolidadas y no de futura creación. Se atenta a la razón y a la lógica, se nos dice: el área central (300.000 habitantes) genera 2.000 viajeros/hora (no todos usarán el tren-tran), el nuevo transporte previsto será de máxima accesibilidad con frecuencias de paso de 2 a 3 minutos (no existe ciudad alguna con esos intervalos) con unidades móviles con una capacidad de al menos tres autobuses urbanos actuales, el trazado abarcará unos 28 km y los tiempos de viaje serán de 25 a 35 minutos; y con estas premisas se presenta el tren-tran como la solución más óptima. Con los datos facilitados con anterioridad les aseguro que es imposible gestionar este transporte urbano, tren-tran, sin que ello suponga su inmediata ruina y quiebra económica, echen números y vean el número de viajeros que tocan a cada unidad móvil en acción.
No les parece que es muy difícil entender este tipo de planes territoriales guardándose en el cajón electoralista las directrices regionales de ordenación territorial. Exijo retomar el camino de búsqueda de consensos a la hora de desarrollar una estrategia de desarrollo territorial integral para la denominada Ciudad Astur, empezando por los propios municipios afectados, algo más que la propia área central de Asturias está en juego, es el futuro de los asturianos. Pido ideas y proyectos con debate y gestión, gestión y gestión. Aconsejo que se concentren las máximas energías en resolver los grandes problemas y carencias estructurales de nuestra autonomía, tanto a nivel social como económico; les recuerdo que sin infraestructuras el desarrollo regional es imposible y al día de hoy Asturias aún carece de muchas de las más imprescindibles, siendo una de las regiones, por ejemplo, peor comunicada de España: No empleen, ni nos metan en estériles debates utópicos de planes territoriales sectoriales para distraer nuestras prioridades esenciales.
*Felipe Díaz-Miranda y Macías es arquitecto.
*La Nueva España, 13/03/07
