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ELCORREODEANDALUCÍA* : Un juzgado sevillano ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre condenado por un delito contra la ordenación del territorio, después de que éste no haya cumplido la orden judicial de demolición de la vivienda ilegal que construyó en una finca de Gerena (Sevilla).
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha dictado un auto acordando la prisión de M.C.B. al incumplir la orden de demolición, impuesta en sentencia firme por la Audiencia Provincial en noviembre del año 2007.
La finca sobre la que edificó el ahora condenado, sita en el lugar conocido como 'Mesa Carrasco y Las Perreras', era de 2500 metros cuadros de superficie. En este sentido, el Ayuntamiento había iniciado expediente sancionador por la parcelación ilegal en suelo rústico que afectaba a esa parcela.
Así las cosas, el acusado levantó en 2003 en dicho terreno sin licencia una nave de 80 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados. A pesar de que el Ayuntamiento inició en abril de 2005 un procedimiento para regularizar o legalizar el suelo, el juez entiende que lo que se haga en el futuro por el Consistorio regulando de otra forma ese suelo "no afecta al delito ya cometido por el acusado", por lo que "es necesario demoler lo construido".
De esta manera, el juzgado, que es el encargado de ejecutar la sentencia firme y la consiguiente orden de demolición, ha denegado al acusado, y a petición del fiscal de Medio Ambiente, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión porque considera que el incumplimiento de la orden de demolición supone que el condenado "no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito", que es "un presupuesto necesario para conceder dicha suspensión", motivo por el cual se ha ordenado el ingreso en prisión, especificaron a Europa Press las mismas fuentes.
* El Correo de Andalucía - 7.01.2009
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
Ordenan el ingreso en prisión de un condenado por delito urbanístico
La SPA sólo ha alquilado el 18,1% de las viviendas recibidas desde el año 2006
ELMUNDO* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha registrado la entrada de 49.816 viviendas entre enero de 2006 y diciembre de 2008, pero sólo ha entregado las llaves de 9.055 inmuebles, un 18,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda.
De las viviendas presentadas, unas 15.500 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Tras este 'filtro', 34.307 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 49.816 viviendas iniciales, sólo 18.296 arrendatarios se mostraron interesados en alquilar finalmente su vivienda, mientras que 13.298 aceptaron la renta propuesta. Finalmente, las viviendas entregadas hasta el cierre de 2008 ascendieron a 9.055 inmuebles. Pese a estas cifras, el número de arrendamientos registrados a diciembre de 2008 fue un 68% superior al de contratos de alquiler firmados durante los años 2006 y 2007, cuando se suscribieron un total de 5.390 contratos.
Si bien, el número de entradas durante el pasado año casi ha duplicado las registradas en los dos años anteriores, en sintonía con la caída de las ventas de inmuebles, pasando de las 28.010 viviendas entregadas hasta enero a los 49.816 inmuebles al cierre del año.
El organismo estatal hará balance en 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda. Hasta entonces, parece que el Gabinete dirigido por Corredor sigue contando con la SPA. Así, su presidenta, Nieves Huertas, avanzó recientemente en la Comisión de Vivienda del Congreso que se prevé dotar de un perfil más mercantil a la Sociedad con la introducción de nuevos servicios, como la intermediación de alquileres con opción a compra, figura incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
* El Mundo - Europa Press - 7.01.2009
Foto: Se alquila - elmundo.es
Marbella pierde 46 hectáreas de equipamiento con las compensaciones
ELPAÍS/Málaga* : Las modificaciones hechas por el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) harán que las construcciones ilegales del centro de la ciudad tengan que aportar hasta 46 hectáreas menos de suelo de equipamiento para legalizarse.
El centro urbano es la zona que más ha sufrido el urbanismo desaforado de los años del Grupo Independiente Liberal (GIL) y el que más carencias de servicios, como colegios, polideportivos o centros de salud, tiene. De las 130.000 personas que viven en Marbella, unas 80.000 se concentran en él. "Es la zona donde hay más conflicto porque tiene un mayor déficit", explica el edil socialista Javier de Luis, que colaboró con el equipo redactor del PGOU y fue asesor de urbanismo durante el tiempo que Marbella fue gobernada por una Comisión Gestora.
La reducción de las compensaciones afecta a al menos 60 construcciones irregulares del centro. Entre ellas hay casos simbólicos porque fueron las primeras obras denunciadas ante los tribunales. Ocurre con el antiguo edificio de Correos, paralizado por haber modificado su uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros de la Comisión Gestora. La construcción pasa de aportar 4.654 metros cuadrados para regularizarse, a 2.735.
Hay ocho construcciones irregulares en las que las compensaciones se reducen a cero. Entre ellas están los edificios La Concha o Parque Miraflores, que quedarán regularizadas sin aportar los 6.645 y 9.046 metros cuadrados estipulados en la versión del PGOU de 2007.
Las promociones con las aportaciones más elevadas, como Elviria (84.916) o Dama de Noche (52.527), reducen prácticamente a la mitad las compensaciones, con 44.198 y 24.827 metros cuadrados respectivamente.
El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros. El edificio de apartamentos Lorcrimar, que también aparecía en el caso de corrupción urbanística y para el que los redactores del PGOU establecieron una compensación de 10.518 metros cuadrados, no tendrá que entregar ni un metro cuadrado. En el Centro Comercial La Cañada, las compensaciones pasan de 92.285 metros cuadrados a 71.346. El hotel Senator debe ceder 1.797 metros cuadrados, en lugar de 2.123.
En muy pocos casos las compensaciones han crecido. Ocurre con el edificio Parquesol, que en la versión del PGOU de 2007 tenía una carga de 3.200 metros cuadrados y que ahora tiene que aportar 28.543 metros cuadrados (25.000 más) para regularizarse. Lo mismo ocurre con el edificio Jardines del Mediterráneo, anexo al hotel Don Pepe, que ha multiplicado por tres su compensación. Ha pasado de 7.291 metros cuadrados a 21.873.
Los suelos que se aporten para regularizar las viviendas deben estar en la misma área de gestión, por lo que los edificios del centro de Marbella siempre deben entregar suelo en su área. El PGOU divide en unas seis áreas el término de Marbella. Las cifras totales de equipamientos que al final recibirá la ciudad se asemejan a la primera versión del PGOU. "Incluso se obtiene un poco más", aseguran técnicos consultados. Esto se debe a que las compensaciones que exige el Ayuntamiento han crecido en otras zonas de Marbella no tan pobladas y en las que los terrenos no son tan caros.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 07/01/2009
Foto: Marbella, aérea puerto - J.Rojas, elpais.com
Haciendo unas risas
JAVIER LLOPIS* : El Ayuntamiento de Alcoy empezó riéndose de los ciudadanos. Corría el año 2000 y el flamante gobierno del PP anunció que el parque de la Rosaleda se iba a convertir en un aparcamiento privado. Las advertencias de los vecinos de la zona y de los ecologistas, denunciando que esta obra incumplía claramente el PGOU, fueron desoidas sistemáticamente. El polémico proyecto iba avanzando inexorablemente, a pesar de que desde diferentes ámbitos se avisaba de que la supresión de esta zona verde podía traer graves consecuencias judiciales.
Ni las 10.000 firmas, ni las manifestaciones cívicas impidieron que el parking se inaugurara en 2003, en una ceremonia, que supuso un claro desafío a los principios más básicos de la legalidad urbanística.
En 2005 pasó lo que tenía que pasar: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana calificaba de ilegal la obra y exigía que la plaza se repusiera a su estado original de zona verde. A partir de ahí, se iniciaba un nuevo proceso y el Ayuntamiento de Alcoy empezaba a reirse de la justicia. Ni el rotundo fallo del Tribunal Supremo, ni los sucesivos autos judiciales, amenazando con acusar de desobediencia a la corporación, han impedido que el PP siga eludiendo sus obligaciones y mareando la perdiz con una maraña de recursos y contrarecursos.
Analizando esta triste historia, uno llega a una conclusión terrible: nuestros munícipes son unos seres casi divinos, que se mueven por encima de la ley. El día que les entregaron el acta de concejal, también les dieron un una patente de corso, que les autorizaba a actuar con absoluta barra libre y sin tener que afrontar ninguna consecuencia. Contenciosos como el de la Rosaleda dejan bien claro, por si alguien tenía alguna duda, que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos ante unas administraciones, que disponen de innumerables resortes para retorcer la legalidad.
No sé cómo acabará esta polémico. Lo único que tengo claro es que nadie, absolutamente nadie, asumirá la responsabilidad del desastre.
* Información - Opinión - 7.01.2009
