ELPAÍS/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley valenciana que permite los derribos en El Cabanyal y ha ordenado paralizarlos. La decisión implica la suspensión de la norma aprobada por el Gobierno de Francisco Camps para intentar sortear la orden del Ministerio de Cultura que prohibió el pasado diciembre el plan municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de demoler más de 450 edificios en el barrio marinero, una parte de ellos en el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Según el Constitucional, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, envió la semana pasada las excavadoras al barrio para demoler varios inmuebles situados fuera de la zona protegida, donde considera que no tiene competencias el ministerio a pesar de que la orden de Cultura exige que se detenga todo el plan urbanístico y se cambie para respetar los valores patrimoniales del barrio. Los vecinos se movilizaron contra los derribos e intentaron evitar el paso de las máquinas. La Policía Nacional cargó con dureza contra los manifestantes. Al menos ocho personas denunciaron heridas por la intervención policial, que ahora investiga el Ministerio del Interior.
La investigación tendrá su punto de partida en el informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho ya sobre los incidentes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito justifica el "uso mínimo de la fuerza", como califica la carga policial, en una "violenta agresión" previa por parte de los manifestantes. Además, asegura que "no hay constancia de personas heridas como consecuencia de la carga", pese a las imágenes de la actuación, y sí de ocho agentes lesionados.
A raíz de la orden ministerial, la Generalitat apoyó el proyecto estrella de Barberá con un decreto ley que asumía el plan y autorizaba los derribos, a lo que el Gobierno ya respondió con un primer recurso ante el Constitucional que también fue admitido a trámite. Pese a ello, Barberá insistió en que puede actuar fuera de la zona protegida y así lo hizo la semana pasada después de que la mayoría del PP en las Cortes convirtiera el decreto recurrido en una ley. De nuevo, el Gobierno acudió al Constitucional, que hoy ha admitido a trámite el recurso contra la norma.
Para el Ejecutivo, el plan urbanístico supone un expolio del patrimonio histórico, ya que destruiría la singular trama de casas del conjunto de El Cabanyal y partiría en dos la zona protegida. Las declaraciones de expolio son competencia del Gobierno. En ese sentido, la ley valenciana "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado", indica el recurso del Gobierno.
"Si toca parar los derribos, paramos"
Las primeras reacciones a la decisión del Constitucional no se han hecho esperar. "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva finalmente el problema, que se resolverá porque estamos convencidos de que nos asiste la razón", ha manifestado el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau."Desde que se anunció que por el Consejo de Ministros se había aprobado el presentar este recurso, lo lógico y lo normal es que fuera admitido a trámite", ha continuado Grau. No obstante, se trata de "una admisión a trámite, y nada más", según ha subrayado. El gobierno local acata la decisión, como "siempre" hace con las resoluciones judiciales, ha dicho Grau, al tiempo que ha afirmado que la admisión a trámite de este recurso "no es ni más ni menos que un entorpecimiento más" que estaría "sufriendo" el equipo de Barberá en este largo conflicto en torno a El Cabanyal, que dura ya más de una década. Grau ha desviado la responsabilidad de que a partir de ahora no se realicen obras en el barrio a la oposición socialista y de los vecinos que rechazan la prolongación de la avenida: "Los valencianos han de saber que esta paralización, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura implica que en todo el ámbito del PEPRI, prácticamente en todo El Cabanyal y El Canyameral, no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie". Los vecinos llevan años reprochando al PP que no haya impulsado la rehabilitación en el barrio mientras esperaba una resolución judicial definitiva que permitiera derribar los edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.
Por su parte, la portavoz de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech, se ha mostrado "satisfecha" con la admisión a trámite, aunque ha asegurado que la plataforma vecinal "no se va a relajar" porque, en su opinión, "asumir la ley no está dentro de los parámetros del PP" y "no se quedará con los brazos cruzados". Para Doménech, "ahora más que nunca", las demoliciones "están fuera de la ley". En ese sentido, la portavoz ha criticado de nuevo la actuación municipal de la semana pasada de "derribar por derribar en un proceso tan delicado". Doménech ha exigido al PP que "respete la dignidad de las personas, del barrio y del proceso judicial" para, de esta forma, "recuperar la identidad del barrio; su paz, tranquilidad y armonía" a través de la "rehabilitación" del conjunto histórico y de la vida de este distrito marítimo, "evitando su degradación".
La portavoz socialista en el consistorio de Valencia, Carmen Alborch, ha destacado que la tramitación del recurso ante el Constitucional "abre un nuevo periodo de esperanza" para quienes defienden la "rehabilitación sin derribos" en El Cabanyal. "El PP se ha quedado sin ningún argumento legal para continuar los derribos durante los próximos meses", según Alborch, quien ha pedido a la alcaldesa "que respete la legalidad, que abandone la provocación, que suspenda los derribos y que deje de amenazar con nuevas demoliciones". El decreto aprobado por el Consell, así como la posterior ley, han supuesto, según la portavoz de la oposición, "una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico".
También se ha pronunciado sobre el asunto la diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, para quien la decisión del alto tribunal implica que el gobierno local de Barberá "ha incumplido la legalidad" y "da la razón" a los ciudadanos que se pusieron "delante de las máquinas para impedir los derribos". Oltra ha exigido la rehabilitación del barrio y ha exigido al PP que deje "ya de lado sus ansias destructoras, que no busque un nuevo camelo legal para continuar derribando y que acate la legalidad vigente".
El colectivo de vecinos favorables al plan de Barberá, surgido a raíz de la polémica por la suspensión del proyecto ordenada por el ministerio, considera, por el contrario, que "la guerra no está perdida", por lo que seguirán recogiendo firmas de apoyo a la prolongación de la avenida. "Algún día se hará", ha afirmado Amparo Molines, miembro de este grupo vecinal.
Un largo conflicto
- 1993. El Gobierno valenciano, gobernado por el PSOE, declara una parte de El Cabanyal Bien de Interés Cultural (BIC)
- Abril de 2001. El PP aprueba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.
- 2001. Salvem El Cabanyal empieza con los recursos contra el plan y logra paralizarlo hasta 2004.
- 2008. El Ayuntamiento consigue que los tribunales validen su plan. Salvem sigue la vía del expolio.
- 2009. El Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura a que diga si hay expolio. Éste suspende el plan.
- 2010. La Generalitat aprueba un decreto contra la orden, que el Gobierno recurre al Constitucional. La Generalitat convierte el decreto en ley y empieza los derribos.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: El Cabanyal - elpais.com
El Constitucional paraliza los derribos de El Cabanyal
La Policía arresta al director general de Tributos de Matas
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción puso ayer en marcha la operación Bomsai, contra una supuesta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni S.A. durante la pasada legislatura. Anoche ya había cuatro arrestados, el ex consejero delegado y el ex director gerente de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda y Jaume Vidal Ladaria, y dos empresarios, y no se descartaban nuevos arrestos. Sainz de Baranda fue director general de Tributos en la pasada legislatura, a las órdenes del conseller Lluís Ramis de Ayreflor.
La operación Bomsai versa sobre presuntos desvíos de fondos públicos, cobro de comisiones, y otros delitos. La fiscalía anticorrupción presentó hace unos días una querella que correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 1. En principio el caso se halla bajo secreto sumarial.
El operativo tuvo que adelantarse ayer tras conocer los investigadores que se habían producido filtraciones sobre los hechos y objetivos, lo que ponía en peligro el éxito de las pesquisas.
600.000 euros
De lo que trascendió ayer, la fiscalía anticorrupción sospecha que con ocasión de varios contratos y expedientes adjudicados por Caib Patrimoni, una sociedad pública dedicada a la promoción inmobiliaria, pudieron perpetrarse malversaciones de caudales, cohechos y otros delitos. Entre las operaciones inmobiliarias más destacadas se hallan la construcción del nuevo cuartel central de los Bomberos de Palma y de la sede de la conselleria de Salud. Estas obras se hicieron por un sistema de ´peaje en la sombra´.
A Sainz de Baranda, cuyo despacho profesional como abogado fue registrado por la tarde, se le atribuye el haber autorizado el pago de unos 600.000 euros de fondos públicos a la empresa Atlas Capital Close Brothers, para que ésta confeccionase el pliego de condiciones de concursos millonarios de cara a los concursos para los mencionados edificios.
Fuentes próximas al caso, calificaron a Atlas como una especie de broker o fondo de inversión. Ahora se trata de esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad. Los investigadores sospechan también que algunos de los adjudicatarios de estos contratos millonarios pudieron haber pagado sobornos.
Jaume Matas se ha convertido en una suerte de anti Rey Midas. Todo lo que ordenó en la pasada legislatura pierde brillo y gana en sospecha. Los últimos emblemas urbanísticos en perder color son el nuevo parque de bomberos de Palma, levantado junto a la Vía de Cintura, y la futura sede de la conselleria de Salud, en el Camí de Jesús.
Sorpresas en el cuartel
La Justicia rastrea ahora un supuesto entramado corrupto en torno a la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, encargada de la adquisición, venta, y explotación de bienes inmuebles públicos como los de la conselleria de Salud y los Bomberos de Palma. Como ha ocurrido en otros casos similares, sobre el proceso de adjudicación y construcción sobrevuelan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación.
Las obras del nuevo parque de bomberos, dispuesto en el solar de 10.000 metros cuadrados de Son Malferit, arrancaron en marzo de 2007, a escasas fechas de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando el Gobierno municipal de Aina Calvo accedió al poder, se topó con una verdadera caja de sorpresas. El proyecto incluía gastos suntuosos en muebles y decoración, pero carecía de servicios básicos para los profesionales, como un almacén en condiciones o una galería de entrenamiento. Por ejemplo, el revestimiento del salón de actos del edificio, integrado por una compleja malla de acero con láminas de aluminio, costó 600 euros el metro cuadrado. Algunas sillas, como la destinada al despacho del concejal, rondaba los 4.000 euros.
Una vez concluido, el complejo costará al Ayuntamiento palmesano tres veces más de lo presupuestado. El anterior Govern del PP, a través de la sociedad Caib Patrimoni S.A, adjudicó las obras y el mantenimiento del edificio a la unión temporal de empresas constituida por Gerens Management Group, Constructora San José, Estel Ingeniería, Gestión de Proyectos Balear y Llabrés Feliu por un total de 20,6 millones de euros de inversión inicial. Anoche continuaba el registro de la sede de Llabrés Feliu, en Son Fuster. Antes se había requisado documentación en Gestión de Proyectos, ubicada en Gran Vía Asima.
Cuando el cuartel esté concluido será alquilado a Cort, que deberá pagar en los próximos treinta años un mínimo de 2,1 millones de euros, más IVA, anuales. Al final, las instalaciones revertirán a Cort pero para entonces ya habrá abonado más de 60 millones de euros mas los intereses, una financiación denominada ´peaje en sombra´. A la presentación del proyecto, ideado por los arquitectos Sebastià Escanellas, Jordi Herrero, Gabriel Palmer y Joan Gabriel Valls, asistieron, en septiembre de 2006, los entonces conseller de Economía, Lluís Ramis d´Ayreflor; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Álvaro Gijón. Cuando el consejo de administración de Caib Patrimoni se reunía para acordar la adjudicación de este y otros expedientes, Lluís Ramis d´Ayreflor ejercía de presidente.
A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha recepcionado el parque debido a las deficiencias detectadas. Entre estos desperfectos destacan varias placas metálicas de la fachada que se cayeron durante un vendaval del año pasado.
La otra iniciativa urbanística se gestó en septiembre de 2005. Ramis d´Ayreflor y la otrora consellera de Salud, Aina Castillo, presentaron por aquellas fechas la maqueta de la nueva sede de este último departamento, en el Camí de Jesús, con una superficie de 6.275 metros cuadrados. El equipo de arquitectos encabezado por Boris Pena Cobian fue elegido unánimente por el jurado. La adjudicación de las obras y la gestión de las instalaciones recayó en las empresas Sampol Ingeniería y Brues y Fernández. Como en el anterior caso, se eligió el sistema de financiación de ´peaje en la sombra´. El presupuesto inicial rondó los seis millones de euros a desembolsar en 30 años, al margen de los intereses.
Caso Eivissa Centre
Una de las empresas elegidas, Brues, está siendo investigada por el presunto pago de 1,5 millones en comisiones ilegales al PSOE y al PP de Eivissa por la concesión del gran proyecto urbanístico denominado Eivissa Centre. Este supuesto caso de corrupción fue destapado por el ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, quien acusó al actual presidente del Consell de Eivissa, Xicu Tarrés, de conocer los entresijos.
Con el edificio de la conselleria de Salud, el Govern del PP inició un plan para la construcción de nuevas sedes para varias conselleries. Ramis d´Ayreflor justificó estas inversiones alegando que la dispersión de las oficinas autonómicas provocaba un incremento de gastos para su disfrute y mantenimiento.
* Diario de Mallorca - 14.04.10
Foto: Los investigadores registran el despacho de Jorge Sainz de Baranda. - Lorenzo, diariodemallorca.es
Un juez cita al alcalde de Alhaurín por la anulación de una licencia
ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, tendrán que comparecer el próximo día 29 ante un juez de Coín que investiga si pudieron incurrir en prevaricación al declarar extinguido el derecho a edificar a un conocido empresario local que había obtenido licencia para construir un edificio de viviendas y un centro comercial cuando se encontraban en plenas obras.
El constructor, José Ortuño, puso una querella por prevaricación cuando, una vez levantado el secreto de sumario del caso Troya, se conocieron las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre el alcalde y su concejal de Urbanismo que, supuestamente, evidenciarían que hubo una actuación arbitraria y premeditada contra él.
En una de estas conversaciones, Martín Serón llegó a decir: "El tema yo creo que es, que ese tío hay que sacarle a subasta las dos obras". Y agregaba: "Hay que ir a por él, ¿me entiendes?".
El alcalde de Alhaurín y el concejal de Urbanismo están procesados en el caso Troya por el presunto cobro de comisiones a empresarios locales a cambio de trato de favor en decisiones urbanísticas. El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de prisión para el alcalde por cohecho y prevaricación y de siete años y medio para Guerra por los mismos delitos y contra la ordenación del territorio.
El empresario ya recurrió en la vía de lo contencioso administrativo contra los dos decretos de extinción de las licencias de obras y en ambos ganó los pleitos al declarar los tribunales nula la decisión municipal. En uno de ellos, la sentencia del juzgado de lo contencioso ya ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que en el otro la resolución en primera instancia se encuentra recurrida por el Consistorio.
La defensa del alcalde solicitó la nulidad de la actuación penal abierta en el juzgado número 1 de Coín alegando, entre otras razones, que las conversaciones telefónicas en las que se basa la querella deben ser anuladas porque se han obtenido por una violación del secreto de sumario.
Pero el juez ha desestimado todas las alegaciones y continuará las actuaciones porque "entendiendo que existen razones para investigar los hechos que se imputan, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la necesaria y oportuna investigación, procede continuar con la tramitación de las presentes diligencias". En la providencia en la que cita a declarar al alcalde y al concejal de Urbanismo, el juez considera que la existencia de una sentencia de lo contencioso que anula la decisión municipal "obliga a investigar" la posible "creación ex post" del expediente administrativo.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE
La mitad de España tendrá un clima desértico en 2100
PÚBLICO* : Un informe revela que la temperatura puede llegar a aumentar hasta 6 ºC en verano a final de siglo. El clima de Almería se tiene veranos muy cálidos, con temperaturas medias por encima de los 30 ºC, e inviernos secos y templados, con un reducido nivel de precipitaciones. Este desierto, con escasa presencia de vegetación, dominará la mitad sur de la Península Ibérica a final del siglo XXI, según afirmó ayer el responsable de Puertos del Estado, Marcos García Sotillo, durante la presentación del informe Clima en España: pasado, presente y futuro, elaborado por la Red Temática CLIVAR-España.
Como ya adelantó Público el pasado diciembre, el texto revela que entre 2071 y 2100, España sufrirá un aumento de la temperatura de hasta 6 ºC en verano, y de entre 2 ºC y 3 ºC en invierno. El informe evalúa los datos climáticos en la Península y analiza sus factores de influencia para poder anticiparse a los futuros impactos en el clima. Las predicciones se han establecido en función del escenario A2 de emisiones mundiales de CO2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que prevé que alcancen un volumen de 28,9 gigatoneladas anuales para 2100. Este valor es casi tres veces superior al nivel actual.
Peor en España
La Península Ibérica está siendo una de las zonas más afectadas por el calentamiento global, puesto que su temperatura se está elevando hasta tres veces más rápido que en el resto del mundo, y hasta un 50% más que en el hemisferio norte.
El clima de una determinada zona se establece en función de las características de un periodo de 30 años o más. La ausencia de datos sobre las precipitaciones en España "hace que sea dificil establecer modelos pluviométricos para el futuro", explica la investigadora de la Universidad de Barcelona, Ileana Bladé. Sin embargo, según la información existente y las previsiones para la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), las precipitaciones en España muestran una tendencia a la baja. La NAO es el sistema de vientos que domina sobre el clima de la Península Ibérica. Según un estudio español, publicado en International Journal of Climatology en 2009, se espera que la NAO de los próximos años tenga un índice positivo, lo que favorece la formación de anticiclones sobre España y reduce el número de precipitaciones (lo contrario de lo que ha sucedido este invierno, que ha estado dominado por una NAO de índice negativo y se ha caracterizado por un aumento inusual de las lluvias).
Aunque aún es necesaria mucha más información para prever el clima del futuro, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, insistió ayer en la urgencia de reducir el volumen de emisiones de CO2.
Los cambios en España
Temperatura
La Península Ibérica está sufriendo un aumento cada vez más acusado de la temperatura. Desde 1901 ha crecido a un ritmo de 0,13 ºC cada década, pero si se analizan los datos desde 1970, el aumento alcanza los 0,48º C por cada diez años.
Precipitaciones
El aumento de los periodos de sequía que vive España viene acompañado de un crecimiento de los fenómenos extremos.
* Público - 13.04.10
Foto: público.es
El TSJC obligó al Ayuntamiento de Tías a demoler un restaurante en plena avenida de Puerto del Carmen
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DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó al Ayuntamiento de Tías a demoler un restaurante en la avenida de Puerto del Carmen por haberse ejecutado las obras de forma ilegal. Las denuncias contra las obras del restaurante se remontan a hace unos siete años, sin que el Consistorio hubiese actuado hasta hace unos días.
Una sentencia judicial firme obligó al Ayuntamiento a demoler las obras del restaurante, conocido como ‘La Rueda', en las que se utilizó una vivienda para ampliar el local. Se cometieron diversas infracciones que afectaban a los retranqueos y a un exceso de edificabilidad, entre otros motivos.
Según las fuentes consultadas, se produjeron hasta 10 denuncias de un restaurante vecino ante el Ayuntamiento de Tías desde el año 2003. Las obras llegaron a estar paralizadas pero se reactivaron con el amparo de una licencia que permitía tan sólo el reformado del baño. El Juzgado condenó en primera instancia al Consistorio por inactividad y le obligó a iniciar un expediente y demoler las obras.
Sin embargo, en un primer momento el Ayuntamiento se limitó a sancionar al titular del restaurante pero no obligó a derribar los trabajos ejecutados que incumplían la normativa urbanística. Ante un nuevo requerimiento ante la Justicia, el Consistorio fue obligado a demoler en ejecución de la sentencia.
El concejal de Urbanismo de Tías, José Antonio Gutiérrez, reconoció que un auto judicial instaba al Ayuntamiento a ejecutar el derribo y le daba un plazo de dos meses que venció el pasado viernes. Los trabajos de demolición comenzaron hace unas dos semanas, señaló.
* Diario de Lanzarote - 14.04.10
Foto: Tías (Lanzarote), derribo restaurante - diariodelanzarote.com
El TS anula la decisión del TSJPV de declarar inejecutable la sentencia sobre Illumbe
ELPAÍS/S.Sebastián* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de declarar inejecutable la sentencia que declaró ilegal la concesión directa a la empresa Nuevo Desarrollo Anoeta (NDA) de la gestión del complejo de ocio donostiarra Illumbe, que acoge la plaza de toros, así como la edificación del mismo.
Con esta sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el TS anula los autos en los que el TSJPV establece la inejecutabilidad de la sentencia y, de esta manera, da la razón a los ex ediles de HB en el consistorio donostiarra Joseba Álvarez, Joseba Permach, Miren Zinkunegi y Nekane Basauri. Estos concejales denunciaron ante los tribunales que el Ayuntamiento había adjudicado la gestión de a NDA "de forma ilegal".
Según los demandantes, esta concesión no se efectuó de acuerdo con los procedimientos legales, como la realización de un concurso público de adjudicación, sino mediante una concesión directa. El TSJPV reconoció que esta adjudicación se hizo "de espaldas" a las normas de contratación pública. Sin embargo, estableció que la sentencia que recogía esa ilegalidad era "inejecutable", entre otras razones, por los perjuicios que se derivarían de su aplicación para las arcas públicas, ya que éstas serían superiores al bien que se pretendía proteger. De esta manera, el tribunal dio la razón al Consistorio donostiarra.
En 2008, la institución municipal decidió anular la concesión a NDA y acordó con esta empresa un nuevo convenio con el fin de regularizar la situación del complejo: las instalaciones pasaban a manos del consistorio, que recuperaba todos los derechos sobre el complejo, y NDA obtenía una compensación por su valor económico.
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento donostiarra, Jorge Letamendia, aseguró ayer que la sentencia del TS "es irrelevante", ya que "no puede tener ninguna consecuencia práctica", puesto que el Consistorio ya ejecutó la sentencia hace dos años, cuando anuló la citada concesión del complejo a NDA.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: El Ayuntamiento, antiguo casino construido en 1887, desde Alderdi Eder. - wikipedia.org
El gran pelotazo
SEBASTIÀ VERD/Mallorca* : Tras varias semanas en las que Jaume Matas y Maria Antònia Munar, los aliados de la pasada legislatura, han protagonizado las primeras páginas de los periódicos con sus andanzas por los juzgados, parece que la información judicial ha vuelto su mirada atrás para rescatar el caso Plan Territorial, uno de los primeros casos de presunta corrupción de la pasada legislatura que llegaron a los juzgados. Parecía dormido y sin embargo, no lo estaba en absoluto y ahí está de nuevo, con las comparecencias ayer de algunos ex consellers y la citación para hoy, como testigo, de Rosa Estaràs. Y es que el caso Plan Territorial es muy especial, ya que entra de lleno en la que es la madre de todas las batallas de la política balear: el urbanismo o, más en concreto, la especulación urbanística, que no es exactamente lo mismo.
Las áreas de reconversión territorial (ART) que están siendo investigadas, y sobre las que se sospecha que pudo producirse un pelotazo de más de trescientos millones de euros, no son figuras de protección o de reconversión, ni nada que se les parezca, sino puro "urbanismo a la carta". Fueron, de hecho, la última artimaña, que bajo el pretexto de recuperar espacios degradados pretendía convertir en urbanizable suelo que nunca debería serlo. En la legislatura del Pacte de Progrés se levantaron algunas barreras proteccionistas que, tras el pacto Matas-Munar, iban a desaparecer (por ejemplo el golf de Son Bosc, que hoy vuelve a ser actualidad gracias a un repunte de aquel pacto PP-UM). Las ART formaron parte de la misma estrategia que trataba de burlarse de las leyes y normas proteccionistas para dar paso a los más variopintos intereses.
Los fiscales sospechan que tras las ART hubo un tráfico de influencias y posibles sobornos. En la causa están imputados los políticos del PP y UM que intervinieron en la fijación de estas áreas. Miquel Nadal, en libertad provisional, y el ex director general de Urbanismo del Govern, Jaume Massot, condenado y en prisión por el caso Andratx comparecieron ayer en calidad de testigos ante el juez y, como es norma en las últimas citas de políticos con los jueces, sus declaraciones no tienen desperdicio. Massot dirige sus dardos contra UM, directamente hacia Bartomeu Vicens, condenado en otra causa, que era el conseller insular del territorio y contra Miquel Àngel Grimalt, que fue jefe de Urbanismo del Consell en esta época. Según Massot, las ART eran de dudosa legalidad –y lo dice él que era especialista en bordear la legalidad– pero que se aprobaron porque así se había acordado desde arriba.
Miquel Nadal fue más lejos. Según él, las culpas hay que dividirlas a partes iguales entre UM y PP. Y quien dice PP y UM, dice Matas y Munar, que todo lo sabían y todo lo compartían. Como prueba Nadal aporta un dato: que Jaume Matas y Maria Antònia Munar compartían manteles quincenalmente y que en estas comidas lo decidían y repartían todo: plan territorial, infraestructuras y todo lo demás. Aunque, claro, tanto Munar ante el juez y Matas también en IB3 han dicho que ellos sólo hacían política, que suyas eran las decisiones políticas pero que el día a día y las irregularidades eran cosa de sus subordinados. Esperemos a ver lo que dice hoy Rosa Estaràs.
* Diario de Mallorca - Opinión - 13.04.10
