ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha comunicado el archivo del recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el Plan de Carreteras 2007-2011. Lejos de ser ciertos los argumentos que expone dicha Consejería, lo que demuestran es cómo los juzgados le han permitido una burda estrategia de ajustar la ley a intereses distintos a los de la protección del medio ambiente. Por otro lado, aún está pendiente de resolución una demanda penal por prevaricación presentada por Ecologistas en Acción por este mismo asunto.
En el día de hoy, la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se felicita de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya archivado el recurso de Ecologistas en Acción por no haber evaluado ambientalmente el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2007-2011. También afirman que “todos los proyectos de carreteras que ejecuta la Administración regional cuentan con Declaración de Impacto Ambiental positiva mediante la cual se salvaguardan los valores medioambientales de la Comunidad” algo radicalmente falso –pensemos en la M-501– como se puede comprobar en las hemerotecas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción quiere precisar lo siguiente:
1. Cuando el anterior Consejero de Transportes, Manuel Lamela, presentó, en noviembre de 2007, el Plan de Carreteras 2007-2011, la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid (Ley 3/1991) decía con rotundidad en su artículo 6 que “La programación y realización de las obras de carreras e infraestructura viaria deberán incluirse en el correspondiente plan de carreteras”.
2. Al mismo tiempo, la Ley estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, indica claramente en su artículo 3 que estos planes se tienen que someter a Evaluación Ambiental en su conjunto, algo que la Comunidad de Madrid no hizo, lo que motivó el recurso contencioso presentado por Ecologistas en Acción.
3. Con el criterio habitual de ajustar la ley a sus intereses antes que el de cumplirla, la Comunidad de Madrid modificó recientemente en la conocida como “ley de presupuestos”, a finales de 2008, justo el artículo de la Ley de Carreteras citado en el punto 1, en el sentido de no fuera obligatorio la realización de un plan de carreteras.
4. En definitiva, lo que ha fallado el TSJM es que, sin entrar al fondo de si Ecologistas en Acción tenía razón en su argumentación sobre la falta de evaluación ambiental del Plan de Carreteras, lo que se debía recurrir eran los proyectos de carreteras concretos. Pero, tras el cambio ad hoc de la ley ejecutado por la Comunidad de Madrid, estos proyectos ya no son recurribles pues en la nueva redacción no necesitan estar dentro de un Plan de Carreteras. En definitiva, el TSJM da por bueno el regate legal de la Comunidad de Madrid para eludir el cumplimiento de la ley.
Por ello, Ecologistas en Acción confía en que prospere la demanda penal por prevaricación contra Manuel Lamela, ya que era perfectamente conocedor de la ilegalidad del Plan de Carreteras al estar advertido de sus deficiencias legales por la propia organización ecologista.
Por último, Ecologistas en Acción quiere destacar el tremendo error que supone el Plan de Carreteras, que despilfarrará 4.217 millones de euros para asfaltar aún más un territorio tremendamente saturado de autovías, mientras se detraen recursos preciosos para una política social que minimice los tremendos efectos de la crisis entre los madrileños y madrileñas.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 22-04.09
Plan de Carreteras: la Comunidad de Madrid vulneró la ley y luego la modificó a su conveniencia
La Fiscalía y Chamizo alertan de la "sensación de impunidad" ante los delitos urbanísticos
SOITU/Granada* : La Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han alertado hoy de la persistencia de "cierta sensación de impunidad" respecto a la ejecución de construcciones ilegales en suelos no urbanizables que todavía que existe en la comunidad.
Ésta es una de las conclusiones alcanzadas durante las quintas jornadas de trabajo que han reunido hoy en Granada a representantes de ambas instituciones para analizar la protección del medioambiente, el ordenamiento del territorio y el patrimonio cultural.
Tanto a los fiscales como al Defensor del Pueblo Andaluz les "llama la atención" que algunas de las agresiones medioambientales que han motivado la intervención del Ministerio Público y los jueces "no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por la autoridades autonómicas".
Además, han recordado la "necesidad" de que las empresas suministradoras no faciliten sus servicios hasta que las edificaciones cuenten con las autorizaciones pertinentes, así como que los notarios y registradores "extremen" su actuación para impedir las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable.
"Las administraciones públicas aún tienen que seguir muy pendientes para que no se relaje el ámbito de la inspección y se restablezca la legalidad urbanística", ha asegurado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Respecto a la protección del patrimonio histórico de la comunidad, el coordinador de los fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha apostado por una "urgente reforma" de la normativa en esta materia, ya que "resultan más baratas las sanciones penales que las sanciones administrativas".
A su juicio, tampoco existe una adecuada tipificación de las conductas delictivas relacionadas con este ámbito, como el expolio, lo que obliga a recurrir a conceptos como el de daños, robo o hurto, que luego plantean problemas en el dictado de sentencias condenatorias.
El asesor del Área de Medio Ambiente de la Oficina del Defensor, Ignacio Aycart, se ha referido especialmente a las "reiteradas" denuncias efectuadas por asociaciones culturales de Baza (Granada) relativas al patrimonio en el casco histórico de esta localidad con un gran número de bienes catalogados.
Según ha manifestado, en ellas se informa, "con aportaciones gráficas", del mal estado y situación de conservación en el que se encuentran todos estos bienes, por lo que ha criticado la "falta de actuación" de las administraciones implicados en su cuidado -Consejería de Cultura y Ayuntamiento- para evitar situaciones de derrumbe o demolición.
Otras de las conclusiones de esta reunión han sido la conveniencia de garantizar un "aprovechamiento sostenible" de un recurso "tan necesario como escaso" como el agua, el "temor" a que "se relajen" las medidas de protección en las autorizaciones ambientales para fábricas potencialmente contaminantes y la contaminación acústica.
Precisamente en este ámbito, los fiscales medioambientales y el Defensor del Pueblo Andaluz han pedido a la sociedad y a los poderes públicos que "se tome conciencia de una vez por todas" de sus efectos "perversos".
Por su parte, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha calificado como "extremadamente valiosa" la reunión anual que mantienen ambas instituciones al considerar que mejora el desarrollo de su labor.
* SOITU - EFE - 22.04.09
Foto: tribunaljusticia andalucía - junta
La Muela: Pinilla se embolsó más de 4,5 millones al recalificar terrenos junto a la autovía
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HERALDO/Zaragoza* : Obtuvo 3,4 millones solo con la venta de las fincas al empresario encarcelado, que a su vez reveló el pago de comisiones a la alcaldesa por asegurarle la operación Fernández Delgado también le comentó a su hermano que debían desembolsar casi tres millones extra a la regidora del PAR.
La alcaldesa de La Muela y su familia obtuvieron presuntamente pingües beneficios con la sola promesa de recalificación de los suelos de una de las operaciones investigadas, el Suelo Residencial 1 (SR1) situado junto a la autovía de Madrid. María Victoria Pinilla se embolsó 3,4 millones de euros con la venta de las fincas al empresario encarcelado, José Carlos Fernández Delgado, quien también tuvo que afrontar el pago de comisiones a la alcaldesa, según reveló en varias de las escuchas policiales.
El pelotazo urbanístico, como lo llega a calificar la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, fue de manual. Tal y como recoge su investigación, los suelos se compraron a sus dueños originales a precios bajísimos en 2003 y 2004, cuando únicamente el entorno de la alcaldesa sabía que se recalificarían unos años después. Pinilla y su marido, Juan Antonio Embarba, incluso participaron directamente en la operación para luego salirse con la pretensión de no dejar rastro. Y para colmo hubo un supuesto pago de comisiones por la información privilegiada que obtuvieron el empresario y la gestora inmobiliaria que ejerció de intermediaria, María Jesús V., imputada también en el caso.
Inversión multiplicada por seis
La capacidad de amasar dinero del matrimonio Embarba Pinilla no parece tener límites. Para las 16 hectáreas situadas entre su mansión y la autovía diseñaron su desarrollo urbanístico, sobre las que se construirán ahora 693 viviendas libres y protegidas. En 2003 y 2004, el empresario Julián de Miguel, presidente de Aranade y gestor de la sociedad urbanística municipal, compró tres de las fincas por entre 36,14 y 39,07 euros el metro cuadrado y las revendió a la empresa de Fernández Delgado (Brocover) "tres años y cinco meses después a 216 y 220 euros", lo que supuso quintuplicar y sextuplicar con creces su valor. De Miguel, igualmente imputado, ha eludido la cárcel tras pagar una fianza de 120.000 euros.
Los beneficios netos superaron los 6,8 millones de euros como consta en las escrituras, de los cuales la mitad le corresponderían a la alcaldesa y a su marido. Julián de Miguel participó en esta operación a través de una de sus empresas, Tudela Inmobiliaria Gestión, de la que el matrimonio Embarba Pinilla compró el 48% de las participaciones en marzo de 2004. "Esta venta de participaciones coincidió con la primera fase de la negociación entablada con José Carlos Fernández Delgado", señala la investigación. Un año y medio después, transmiten de nuevo su parte a la familia De Miguel para borrar su rastro en la operación.
Los terrenos, calificados como suelo urbanizable no delimitado, se vendieron a precio de urbano. Incluso se pagaron más caros que los que se estaban vendiendo entonces los del Alto de La Muela Norte, que eran urbanizables delimitados. "La información que se facilitó a los representantes de Brocover antes de embarcarse en esta inversión fue que ese suelo iba a ser recalificado en breve, razón por la cual pagaron el metro cuadrado a unos precios tan elevados", señala el informe policial.
Los investigadores destacan que a los 6,8 millones de beneficio neto por la venta de las fincas se unió "el dinero cobrado en B", unos 400.000 euros, según las conversaciones mantenidas entre el empresario encarcelado y la intermediaria imputada, María Jesús V., a mediados de octubre del año pasado.
El empresario madrileño también compró al mismo tiempo dos fincas de particulares de La Muela de la misma pastilla, por lo que desembolsó a lo largo del primer semestre del 2006 más de trece millones de euros. En total, adquirió casi 7 de las 16 hectáreas del SR1, en la que ostenta más del 77% en la junta de compensación de la primera fase.
En las numerosas conversaciones telefónicas que mantiene con los imputados, Fernández Delgado revela el presunto pago de comisiones. En una de las llamadas intervenidas le asegura a la intermediaria que la alcaldesa "se ha llevado 750 millones" de las antiguas pesetas, "más lo que se quería llevar su hijo (Víctor), que no es ninguna tontería". En otra le confiesa, con evidentes muestras de su malestar, que Víctor Embarba Pinilla "quería ganar 600 millones de pesetas sin dar el palo, nada más por el mero hecho de traficar con información privilegiada".
El empresario encarcelado estaba desesperado por el monumental retraso en la aprobación del plan parcial, lo que estaba suponiendo el impago de los créditos contraídos para financiar la adquisición de los suelos. La situación le llevó incluso a preparar un extenso dosier con todos los presuntos contactos mantenidos con la alcaldesa y su entorno, que llegó a esgrimir para que Pinilla le prestara dinero negro.
Sus serias diferencias con la alcaldesa le llevaron a confesar a su hermano Jorge en otra conversación telefónica, mantenida en octubre del año pasado, que no pensaba entregarle el dinero pendiente a Mariví Pinilla en concepto de comisiones, "casi tres millones". Llegan a la conclusión de que el coste de la adquisición del suelo se les ha disparado, aunque los números de la operación siguen saliendo. El empresario lamenta que los retrasos en la aprobación del plan parcial, que sale adelante en noviembre pasado, les ha supuesto un "lucro cesante de seis millones".
Su malestar llega hasta el punto de decir que a la única persona a la que va a pagar las "comisiones firmadas" es a María Jesús V., pero que el resto no van a ver "un chavo".
* Heraldo - JORGE ALONSO - 22.04.09
Foto: La Muela (Zaragoza), la policia en el ayuntamiento - elperiodicodearagon.com
Critican a la Procuradora General por el «caso Playas de Llanes»
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LANUEVAESPAÑA* : La comunidad de propietarios de la urbanización Playas de Llanes ha criticado con dureza la actuación de la Procuradora General del Principado de Asturias, Antonia Fernández Felgueroso, en relación con el conflicto que este colectivo mantiene desde hace varios años con el Ayuntamiento de Llanes por el supuesto incumplimiento del estudio de detalle y de los planos de la actuación urbanística por parte de la promotora, según los afectados, con la aquiescencia de las autoridades municipales llaniscas.
La denuncia tiene que ver con la anchura de la calle principal de la urbanización, que quedó mucho más estrecha de lo que figuraba en los planos y que hace imposible, por ejemplo, la entrada de un vehículo de Bomberos. Los propietarios de las viviendas de Playas de Llanes, ubicadas en el barrio de San José, en la capital del concejo, han criticado la «poca colaboración» del Ayuntamiento y la Procuradora General, y han remitido a este último organismo un escrito, a raíz de su decisión de archivar la queja para «evitar una eventual duplicidad de actuaciones», dado que los afectados también se quejaron ante el Defensor del Pueblo.
La comunidad de vecinos recordó a la Procuradora General que el Ayuntamiento de Llanes ha desoído en reiteradas ocasiones su petición de que informe si una de las calles de la urbanización era «la que figuraba en el proyecto». Las continuas largas de las autoridades llaniscas llevan a los afectados a señalar que así queda al descubierto «la presunta corrupción del Ayuntamiento con la constructora», dado que la mencionada calle «no se adapta a los planos municipales e incumple la legalidad», como denunció en su día en un informe de Bomberos de Asturias y la propia comunidad.
Los vecinos aseguran que el informe que sobre este conflicto emitió el Ayuntamiento de Llanes en julio de 2007 es «falso», como señaló en su día el Defensor del Pueblo. Los vecinos se han dirigido por este conflicto en 16 ocasiones al Ayuntamiento. no han obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo, a la vista de la nula colaboración municipal, recusó hace unos meses al Ayuntamiento de Llanes y dio cuenta a las Cortes Generales de su «actitud entorpecedora».
* La Nueva España - Llanes, R. D. - 21.04.09
Foto: La calle de la polémica, en la urbanización Playas de Llanes. emilio g. cea, lne.es
