DIARIODEMALLORCA* : Aunque nombres como Antònia Ordinas, Jaume Massot, los alcaldes del caso Caballistas o Joaquín Rabasco están desplazando últimamente al caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), este presunto entramado de corrupción político-empresarial sigue vivo en los juzgados y lleva camino de dar muchas sorpresas.
Los fiscales Anticorrupción -Pedro Horrach y Juan Carrau- acusan a varios políticos de UM y del PP de haber facilitado información privilegiada a un reducido grupo de promotores amigos que les permitió adquirir a precio de suelo rústico terrenos que después serían reclasificados a urbano, mediante las ya famosas ART (áreas de reconversión territorial) directa. El Ministerio Público ve indicios de delito en trasvases de edificabilidad que considera desorbitados, como el derribo del hotel Don Pedro (en Pollença, de 284 plazas), y el Rocamar (Sóller), a cambio de tres nuevos urbanizables en sa Ràpita (Campos), pero de unas nuevas 2.300 plazas. Lo más llamativo de esta permuta es que el Rocamar fue dado de baja en 2002, con lo que los fiscales se preguntan qué plazas podían intercambiarse.
Horrach y Carrau han puesto también la lupa en el traslado de unos dudosos derechos urbanísticos en el Port d´Alcúdia (el antiguo urbanizable AS-16, desclasificado hace años, aunque en litigio) hasta la finca dels Crevers (en Marratxí), con la posibilidad de generar unas 3.500 nuevas plazas. Por este motivo ya han tenido que desfilar ante el juez que instruye el caso PTM, Miquel Florit, los promotores inmobiliarios Mateu y Cristòfol Sastre -dueños de la conocida firma Ibercon-, o el ex presidente del Real Mallorca y conocido empresario Vicenç Grande. En cuanto a los políticos, las comparecencias más destacadas han sido las del portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, y el ex diputado de UM Bartomeu Vicens. Con todo, la lista de imputados es larga, y puede crecer.
Los fiscales calculan elevadas plusvalías
La Fiscalía cuantificó inicialmente en casi 300 millones de euros el alcance de los ´pelotazos´ obtenidos por los promotores mediante estos y otros trueques urbanísticos del PTM. En la querella inicial, se incluyó la operación para reconvertir una antigua vaquería, también en sa Ràpita, en un centro de interpretación del espacio natural del salobral y las dunas del Trenc. Como compensación a sus propietarios, se permitiría el desarrollo de un urbanizable anexo para más de 2.000 plazas. Con todo, algunas fuentes señalan que la Fiscalía retirará los cargos contra los promotores de este proyecto, ya que al parecer habrían adquirido la finca dos años después de haberse aprobado el Plan Territorial de Mallorca, y por consiguiente la ART prevista en el lugar ya era de dominio público.
* Diario de Mallorca - M. FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: mallorcaweb.com
Un ´pelotazo´ de 300 millones
La ley del Suelo prevé suprimir las recalificaciones que investiga la Fiscalía
DIARIODEMALLORCA* : Las polémicas recalificaciones de terrenos aprobadas por el anterior gobierno UM-PP en el Consell de Mallorca en el marco del Plan Territorial, muchas de las cuales han sido denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción, podrían tener los días contados. Se trata de las llamadas áreas de reconversión (ART) directa -consistentes en trasvasar edificabilidad de un municipio a otro, aumentando en muchos casos el aprovechamiento urbanístico-, y que se sospecha que propiciaron ´pelotazos´ millonarios.
El Bloc, que promueve la futura ley del Suelo desde la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio, se ha valido del anteproyecto de la misma para tejer toda una astucia legal que -de aprobarse- impediría desarrollar la mayoría de las ART tal y como fueron concebidas en la pasada legislatura por PP y UM. Y es que a través de esta fórmula urbanística, el anterior gobierno insular dio luz verde a nuevos urbanizables en Mallorca a cambio de esponjar puntos degradados. La arbitrariedad de las parcelas elegidas, y la llamativa desproporción entre la edificabilidad a eliminar y la de nueva creación, dieron pie al escándalo político-empresarial y a la posterior intervención de la Justicia.
El borrador de la nueva ley no menciona para nada las ART investigadas, pero como novedad prohíbe con carácter general aquellas que impliquen nuevas plazas turísticas o residenciales, salvo casos "excepcionales". Precisamente, la mayoría de las llamadas áreas de reconversión directa -además de ser el objeto principal de la investigación judicial abierta- se saltan este precepto, al suponer notables crecimientos urbanísticos. Como la futura ley obliga al Plan territorial de Mallorca a tener que adaptarse a la misma, una vez aprobada, las controvertidas ART que prevean un incremento del aprovechamiento urbanístico existente, ya no podrán ejecutarse.
Para evitar disgustos mientras no se formalice este trámite, el anteproyecto de la nueva normativa incluye una disposición transitoria que deja "sin efecto" todo lo concerniente al desarrollo de las ART en cuestión en el vigente Plan Territorial de Mallorca.
Con la futura ley del Suelo en la mano, el Bloc quiere garantizarse que los nuevos urbanizables impulsados por el anterior gobierno insular -independientemente de si están o no siendo investigados- desaparezcan del planeamiento insular una vez entre en vigor la nueva normativa.
Pollença, Marratxí o Campos
Entre las operaciones urbanísticas que podrían verse ahora abortadas, figuran las tres nuevas zonas urbanizables en sa Ràpita (Campos), para unas 2.300 plazas, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller. También en sa Ràpita, se frustraría una urbanización para unas 2.100 personas a cambio de reconvertir una antigua vaquería en un centro de interpretación.
Otro de los intercambios más sonados afecta a es Crevers (Marratxí): allí el Plan Territorial contempla el traslado de un antiguo urbanizable en el Port d´Alcúdia, con la posibilidad de generar unas 3.600 nuevas plazas. En Pollença, podría quedar afectado el trasvase de edificabilidad previsto de Cala Carbó a l´Ullal, aunque este caso reviste complejidad. Y en s´Arenal, se impedirían nuevos residenciales para más de mil personas a cambio de ceder unos inmuebles en Llucmajor para uso municipal.
Estos proyectos contemplados en el Plan Territorial implican nuevo crecimiento urbanístico, por lo que se verían imposibilitados, y coinciden en su mayoría con los denunciados por la Fiscalía.
*Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: En es Crevers (Marratxí) se proyectan 3.600 nuevos habitantes. - G. Bosch, diariodemallorca.es
El fiscal jefe exige una policía especializada para investigar los delitos urbanísticos
FARODEVIGO* : La Fiscalía quiere evitar que el efecto Marbella se extienda a Galicia. Por este motivo, en la agenda de prioridades del fiscal superior, Carlos Varela, está la lucha contra la corrupción urbanística. Con el objetivo de reforzar la investigación de los delitos contra el territorio, la Fiscalía gallega ya ha reclamado al Gobierno central, a través del secretario de Estado de Interior, la creación de una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
"Si conseguimos un Seprona autonómico, bien reforzado y dotado de medios personales y materiales que se dedique a esas tres áreas, la respuesta de la Fiscalía será más eficaz", asegura Varela.
Pero en su labor contra la corrupción urbanística, el fiscal superior de Galicia también quiere implicar a los ayuntamientos y a la propia Xunta. Una de las causas que, según advierte, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. El fiscal jefe alerta de que secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística, a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero su papel es cada vez menor y los casos de corrupción urbanística van a más.
El fiscal superior advierte a Interior de que las unidades policiales en Galicia están "desbordadas" en las investigaciones urbanísticas. "Si el dictamen del secretario municipal fuese vinculante y advirtiese de una ilegalidad, el Ayuntamiento no podría buscar un dictamen a medida a través de un asesoramiento externo", argumenta Carlos Varela, al tiempo que denuncia que "muchas veces, los comportamientos corruptos no son detectados porque la Administración local no ha reforzado sus sistemas de control".
Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior insta a reforzar los mecanismos de control a través de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística, creada a finales del 2007 por la Consellería de Política Territorial con el objetivo de evitar irregularidades y distorsiones en los usos sociales del suelo.
Pero la cifras hablan por sí solas. En 2007, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en Galicia 560 infracciones urbanísticas. Unos datos que la convirtieron en la cuarta comunidad, sólo por detrás de Andalucía (1.775), Canarias (1.258) y Castilla-La Mancha (604), con más actuaciones policiales contra supuestas vulneraciones de normativas urbanísticas. Ante esta situación, el fiscal superior advierte de la necesidad de reforzar las unidades policiales que investigan delitos urbanísticos, ya que -afirma- están "desbordadas" por el aumento de denuncias en este ámbito.
"Para evitar que las investigaciones se demoren y para que la Fiscalía pueda cumplir su papel, necesitamos un refuerzo en las unidades de investigación", reclama Varela, al tiempo que asegura que "la mejor forma" sería la "constitución" de un "Seprona autonómico" que trabaje para la Fiscalía. "Siempre que demos una respuesta especializada, daremos una respuesta jurídica de mejor calidad. Así mejoraremos nuestros mecanismos de investigación y atajaremos los comportamientos prohibidos antes de que vayan a más", sentencia.
El mensaje, según asegura, no va dirigido a nadie en concreto, sino a "todos los que cometan infracciones urbanísticas". "La Fiscalía analiza hechos y si estos tienen potencialidad penal los abordamos -añade- con independencia de la organización política o el estrato social del infractor".
Su objetivo es "evitar" que estos comportamientos corruptos se produzcan y no llegar al "grado de deterioro" que se ha dado ya en otras comunidades autónomas. "Quien tenga alguna tentación, que sepa que la Fiscalía va a estar muy vigilante", advierte el fiscal superior de Galicia.
* Faro de Vigo - R. PRIETO / A CORUÑA - 28.12.2008
Foto: Un trabajador carga ladrillos para trasladarlos a una obra. FDV, farodevigo.es
La ciudad contra el capital
JORDI BORJA* : “La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza” escribió Borges. La recomendación ignaciana de “en tiempos de desolación no hacer mudanza” se presta a interpretaciones conservadoras, aunque quizás podríamos matizarla en sentido opuesto. Si el “enriqueceos, enriqueceos” tan a la moda las últimas décadas nos ha conducido al empobrecimiento de muchos mientras algunos enriquecidos se salvaban sería bueno recuperar el principio de esperanza propio de la izquierda, o dicho de una forma más clara: recuperar sus ideas, sus valores y sus análisis críticos del capitalismo. La “mudanza” se hizo asumiendo los principios y los procedimientos conservadores, es la hora del cambio, de ser lo que fuimos, de resistir a las propuestas interesadas de unos y cobardes de otros, de recuperar lo fundamental del pasado para que en el futuro no se repita la crisis del presente.
Los defensores del “desorden establecido” nos dicen que la crisis es saludable puesto que el sistema se autocorrige, elimina a los perdedores, reduce los excesos inherentes al modo de acumulación de riquezas, y al cabo de unos años la expansión renace. No cuantifican la destrucción de bienes que se ha producido y menos aún los costes sociales que pagan la mayoría de los ciudadanos. Hemos vivido una época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían adquirir, de estimulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y desigualdad sociales crecientes. La ciudad, la forma más elevada de civilidad y de progreso, por su potencial de generar convivencia y redistribución, se ha ido fragmentando, disolviendo en las periferias suburbanas, sin cohesión ni sentido. Uno de los aspectos más negativos del tipo de desarrollo promovido por un capitalismo financiero especulativo y salvaje ha sido generar esta dinámica disolutoria de la ciudad.
La historia de la izquierda social, cultural y política va estrechamente unida a la crítica de la economía y a la defensa de la ciudad. Sorprende el grado de desinterés o ignorancia de las izquierdas institucionales y de las cúpulas políticas actuales en ambos temas. La crítica rigurosa del actual capitalismo globalizado, de su modelo de acumulación, ha estado ausente de la reflexión de gobernantes y dirigentes partidarios y por lo tanto es lógico que a la hora de buscar soluciones no se les ocurre nada más que limitar algunos excesos (vincular las transferencias de recursos públicos a las grandes empresas a una reducción que no resulte demasiado escandalosa de los puestos de trabajo) y crear condiciones para volver a la situación anterior (salvar bancos y grandes promotores por medio del dinero público o comprando sus activos). Los reformistas cuando aparece la necesidad de hacer reformas en serio se asustan y caminan para atrás.
La ciudad ha sido en España durante dos décadas el espejo de la democracia. En todo el país los años 80 y 90 la mayoría de las ciudades se han transformado espectacularmente, ha florecido un urbanismo ciudadano expresado principalmente por medio del espacio público, bien diseñado en lo físico y animado en lo social y cultural. Pero progresivamente la lógica de un mercado que la acción pública había convertido en apetitoso fue imponiéndose. En las ciudades compactas aparecieron las operaciones terciarias ostentosas, públicas y privadas, y en aras de la competitividad global, los espacios centrales se especializaron y se hicieron excluyentes. Los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a los barrios residenciales de las minorías ricas. Algunas zonas antiguas o marginales fueron ocupadas por inmigrantes y los sectores populares y medios, los jóvenes especialmente, fueron emigrando a las periferias segregadas por niveles de renta, pobres en espacio público y equipamientos, los territorios “urbanalizados” según el afortunado palabro de Francesc Muñoz. Los gobiernos locales a veces han sido cómplices, otras veces se han mostrado impotentes, pocas veces han denunciado esta degradación del urbanismo democrático.
Este proceso disolutorio de la ciudad integradora ha tenido unos actores conocidos: bancos y cajas adquirieron por lo menos la mitad del suelo urbanizable, los propietarios del suelo se enriquecieron vendiendo con el único mérito de esperar al comprador, los promotores y los constructores se endeudaron esperando vender a una demanda que consideraban infinita y convencidos que su producto solamente podía aumentar del valor con el tiempo. Ciudadanos de ingresos medianos o modestos compraron por necesidad o para colocar sus ahorros hipotecándose con la complicidad de las entidades financieras y de los sucesivos gobiernos sin suponer que ni sus ingresos ni la vivienda adquirida iban a tener un crecimiento sostenido ni que las hipotecas podrían resultar más onerosas.
Ahora se plantea una cuestión bien sencilla. Los dueños del capital quieren que el Estado con el dinero de todos los ciudadanos les subvencione para pagar deudas o impagados o les compre lo que no pueden vender y para repartirse beneficios o indemnizaciones. Los ciudadanos con una vivienda hipotecada que no pueden pagar ni vender por el coste de la deuda en cambio lo que necesitan son que se imponga al sistema financiero una moratoria hasta que la economía se reactive y sus ingresos le permitan volver a pagar las cuotas de la hipoteca. Los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes. Hay matices significativos pues mientras el gobierno británico asume un rol parcialmente protagonista nacionalizando una parte de la banca el gobierno español ofrece el “talante” para convencer a los grupos económicos que no sean malos y tengan un poco de paciencia.
En Catalunya en un periódo de crisis, distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. Un gobierno cuya composición era muy similar al actual tripartito. No creo que ahora se pueda repetir tamaña hazaña pero aún aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español algo más se podría hacer. Comprar las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc como medidas coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.
Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes. En estos momentos la izquierda demuestra su naturaleza. Es capaz de explicar la perversidad del sistema económico o no, se adapta o transforma la realidad, moviliza a las mayoría populares o se muestra pusilánime enroscada en las instituciones. Volvemos a otra cita de Borges: nadie se arrepiente de haber tenido un momento de coraje en su vida.
* Jordi Borja es un sociólogo y urbanista radicado en Barcelona,
y uno de los luchadores más conocidos de la resistencia clandestina catalana contra el franquismo.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2227
* Rebelión - 17.12.2008
