LAPROVINCIA* : La oposición al aumento de edificaciones en los barrios y la defensa de los espacios verdes centran la mayoría de las alegaciones que han presentado contra el Plan General de Ordenación (PGO) las diferentes asociaciones y colectivos de Las Palmas de Gran Canaria. Sólo durante el día de ayer -el plazo de presentación de alegaciones termina hoy a las 18.00 horas- San Juan y Guanarteme registraron más de un millar.
"Exigimos que nuestro barrio no crezca en altura, sino en calidad de vida", decía ayer Lidia Cruz, de la Asociación de Vecinos La Barriada de Guanarteme, mientras cargaba con varios centenares de reclamaciones. Piden que las nuevas edificaciones no superen las cinco plantas en proporción a la estructura e infraestructuras del barrio.
Además, aseguran que la población ha aumentado considerablemente durante los últimos años sin que haya llevado aparejado la equipamientos y dotaciones sociales. "Necesitamos locales para la tercera edad y para los jóvenes, guarderías, bibliotecas y canchas deportivas. Construir estos edificios es poner murallas alrededor de Guanarteme", añade Cruz.
Otros barrios como La Isleta, Siete Palmas, Schamann o el Barrio del Atlántico también han protestado e incluso recogido firmas entre los vecinos en contra de una propuesta urbanística que, según los dirigentes vecinales, "sólo trae consigo más ladrillo".
Por su parte, la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, integrada por más de 40 colectivos, defendió ayer a las puertas del Ayuntamiento la necesidad de un gran corredor verde, desde su inicio en el pueblo hasta su desembocadura en El Rincón. El objetivo es que sirva de "zona de esparcimiento", así como de "conexión entre la Ciudad Alta y Ciudad Baja". Este grupo de ciudadanos pide que se ordene la actuación en todo el barranco a través de un proyecto integral y que no se realicen acciones parciales, como la construcción de un hotel y un palacio de congresos y de un centro de menores en el solar del antiguo cuartel de Manuel Lois, o que se traslade el Recinto Ferial al Rincón.
* La Provincia - ELISA ARDOY -19.08.09
Foto: Miembros de la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, en la puerta del Ayuntamiento, ayer. ACFI PRESS
Las Palmas: Los barrios no quieren más cemento
El Supremo ratifica la ilegalidad del paseo marítimo de Torrevieja
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP, sigue engordando su ya abultada lista de infracciones urbanísticas. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo Juan Aparicio porque las obras invadían la zona de dominio público marítimo-terrestre y se ejecutaron sin autorización del Ministerio de Medio Ambiente. El alto tribunal condena al Consistorio a una multa de 833.000 euros.
El Estado ya ha cobrado la sanción mediante la vía de la compensación en las transferencias de fondos al municipio.
El paseo marítimo fue una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP en su afán de ganar metros de playa para uso público. El paseo, de un kilómetro de longitud entre la playa del Cura y el dique del puerto de Torrevieja, fue inaugurado en 1999. Las obras incluyeron el ajardinamiento, pavimentación, aplacado del muro perimetral, instalación de farolas, mobiliario urbano y la construcción de espigones con regulación del fondo marino, de una escollera y de muelle. "Todo ello en zona de dominio público", puntualiza la resolución del Supremo
El fallo del Tribunal se produce a raíz de un recurso de casación del Ayuntamiento a una sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el 8 de octubre de 2003. La Audiencia consideró legal una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de marzo de 2000 que imponía una multa de 138.162.067 pesetas (833.000 euros) al Ayuntamiento por obras sin permiso en el dominio público marítimo-terrestre.
En su recurso de casación, el Ayuntamiento esgrimió que las obras contaban con la autorización de la Generalitat Valenciana y que la administración sancionadora, es decir, el Gobierno, no resolvió en tiempo la solicitud municipal de concesión de permiso, ni -por otra parte- paralizó las obras que a su vista se realizaban por parte del Consistorio. El Supremo rechaza cada uno de los argumentos al aplicar la primacía del "principio de la seguridad jurídica". "Lo que se pretende por parte del Ayuntamiento recurrente es que el supuesto, por no acreditado, retraso del Ministerio de Medio Ambiente en la autorización solicitada permita la realización de obras, quedando exenta la administración local de responsabilidad alguna por tal actuación", precisa la sentencia.La sentencia del Tribunal del Supremo, que rechaza el recurso de casación del Ayuntamiento de Torrevieja al expediente sancionador del Gobierno por obras ilegales en el paseo marítimo Juan Aparicio, concluye que el Consistorio comenzó los trabajos a sabiendas de que eran ilegales. "De los antecedentes obrantes en el expediente es reconocido por el propio Ayuntamiento que desde el mismo inicio de las obras se tiene conciencia de la antijuricidad de la conducta, se conoce y se acepta que no se pueden iniciar las obras sin el permiso estatal", razona el tribunal. "No estamos, pues, ante una simple negligencia", añade, "si no ante una conducta intencionada, sin que las circunstancias expuestas puedan actuar de elemento excluyente de la culpabilidad o de la conducta antijurídica".
El proyecto del Ayuntamiento de Torrevieja para la remodelación del paseo marítimo Juan Aparicio estuvo envuelto desde su origen la polémica. El grupo municipal de Los Verdes denunció que las obras comenzaron sin el preceptivo informe de impacto ambiental. Este extremo fue corroborado por el Gobierno en 2005 en una respuesta al parlamentario socialista Diego Garrido. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, calificó el proyecto como "un atropello medioambiental", al erigirse en una de las zonas más ricas de posidonia del litoral.
Entonces, se elevaron las primeras voces en demanda la demolición de las obras y la restitución de la legalidad urbanística. No obstante, la sentencia del Supremo no hace referencia a este extremo al no ser objeto del recurso de casación.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno evitaron ayer pronunciarse sobre este extremo a la espera de conocer más en detalle el expediente de la Dirección General de Costas.
La reforma del paseo marítimo Juan Aparicio se amplió más tarde con la creación de dos playas artificiales en una zona rocosa. Esta área fue escenario de numerosos y graves accidentes que costaron la vida a dos personas y causaron lesiones irreversibles a una chica de 16 años que quedó tetrapléjica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la víctima con 609.266,65 euros. El Tribunal entendió que el Ayuntamiento era el responsable de la seguridad de la zona.
El paseo lo ocupan ahora decenas de terrazas de bares y restaurantes que los vecinos han denunciando ante la Dirección General de Costas.
Las infracciones urbanísticas, bien de particulares o de la propia administración local, están a la orden del día en el municipio de Torrevieja, donde centenares ilegales en casas quedan impunes. Esta realidad motivó a principios de 2008 un informe del Defensor del Pueblo en el que advertía que Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores. Entre esas obras ilegales están las de un ático propiedad de la familia de un ex edil del PP, que investiga un juzgado de la localidad.
Infracciones urbanísticas en Torrevieja
- Obras ilegales en casas. El Ayuntamiento de Torrevieja acumula centenares de derribos por infracciones urbanísticas, la mayoría ampliaciones ilegales en viviendas particulares.
- Defensor del Pueblo. La acumulación de expedientes y las quejas de los vecinos ante la "arbitrariedad" de los derribos motivó un informe del Defensor del Pueblo, según el cual el Consistorio "olvida" el 90% de las demoliciones.
- Obras municipales. Las irregularidades afectan también a obras del Ayuntamiento. Además, del paseo marítimo Juan Aparicio, está el caso del escenario para el festival de Las Habaneras que se levantó sin licencia.
- Denuncia de los vecinos. Los vecinos han denunciado ante Costas las terrazas del paseo marítimo por ocupación ilegal del espacio del dominio público.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 19/08/2009
Foto: Terrazas en el paseo marítimo de Torrevieja, cuyas obras de reforma invadieron la zona de dominio público marítimo-terrestre.- DAVID RODRÍGUEZ, elpais.com
La Guardia Civil vuelve a imputar al ex alcalde de Alcaucín por el 'caso Arcos'
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SUR/Málaga* : Los investigadores del 'caso Alcaucín' han encontrado un nuevo hilo del que tirar para desentrañar la supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio axárquico. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan una operación sospechosa en la compraventa de una parcela, en la que se ha detectado un posible desfase de unos 200.000 euros, según ha podido saber SUR.
Por este nuevo fleco de la trama han sido citadas ocho personas -entre ellas el ex alcalde José Manuel Martín Alba y sus dos hijas- a las que se interrogó como imputadas a primeros de agosto en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. La mitad de estas personas ya aparecían encartadas inicialmente en la instrucción del 'caso Alcaucín', mientras que las demás se han incorporado ahora al caso, con lo que la presunta trama de corrupción urbanística alcanza ya a treinta imputados. En esta ocasión, también se ha tomado declaración a varios testigos.
Esta nueva línea de investigación ha surgido a raíz de la documentación incautada en los registros del pasado 27 de febrero, cuando se desató la redada en la que fue detenido el entonces regidor y otras doce personas. En esa actuación se localizaron una serie de escrituras y contratos que, al ser analizados por los agentes, han dado lugar a nuevas imputaciones.
Las pesquisas se centran en la compraventa de una parcela situada en la calle Carrión, en el camino de Alcazaba, que se fraguó en el año 2004. Así, en los documentos intervenidos se ha detectado un posible desfase entre la suma que habrían percibido los vendedores -según las escrituras, algo más de 100.000 euros- y el importe que habrían pagado los compradores, que superaría los 300.000 euros. Los agentes tratan ahora de averiguar dónde han ido a parar los 200.000 euros de diferencia entre ambas cifras.
Doble papel
La investigación atribuye al alcalde un supuesto doble papel en este nuevo frente de la trama. Por un lado, en la concesión de la licencia a los promotores, lo que permitió levantar 36 viviendas -más garaje y piscina- sobre un suelo que supuestamente no era urbanizable. Y, por otro, una posible intervención en la compraventa previa de la parcela, a tenor de los documentos encontrados en los registros, según explicaron fuentes cercanas al caso.
A raíz de estas sospechas, el ex alcalde fue citado ante la Guardia Civil el pasado 5 de agosto para tomarle declaración como imputado en relación a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. En declaraciones a este periódico, Martín Alba reconoció que fue interrogado durante aproximadamente una hora en la que los investigadores le mostraron una serie de documentos sobre los que él dio su versión.
Intentó comprar la parcela
El ex regidor axárquico explicó que tanto él como sus hijas aparecen en un contrato porque se plantearon la posibilidad de comprar esa parcela para que ellas se hicieran sus casas, pero finalmente lo descartaron porque el precio les pareció caro. Martín Alba insistió una vez más en que tiene la «conciencia tranquila». Junto a él fueron citadas sus dos hijas, quienes, según dijo el ex alcalde, sólo estuvieron declarando cinco minutos.
La Guardia Civil, que ha llevado esta investigación de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, interrogó hace unos días a un gestor inmobiliario, que ya fue detenido cuando se desató la 'operación Arcos', y a otras cuatro personas que acaban de entrar en el caso. La imputación policial que ahora pesa sobre ellas está a expensas de lo que decida la jueza que dirige el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón.
Entre los nuevos imputados figuran los representantes de la Ute de empresas que promovió las 36 viviendas, así como otras dos personas que habrían participado en la compraventa, según la documentación intervenida.
* SUR - 19.08.09 -
JUAN CANO
Foto: La unión temporal de empresas que adquirió los terrenos bajo investigación ha edificiado dos bloques de pisos. / EVA GUZMÁN, diariosur.es
