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DIARIODECÁDIZ* : Dos de las casas afectadas se encuentran en El Marquesado y el resto en otras zonas del término municipal. El Ayuntamiento de Puerto Real tendrá que hacer frente en el plazo de un mes al primer derribo de una vivienda ilegal construida en su término municipal. Este periódico ha podido saber que el Área de Urbanismo ha recibido cuatro órdenes judiciales ordenando el derribo de otras tantas viviendas.
La primera de ellas, una casa ubicada en el núcleo rural de El Marquesado, tendrá que ser demolida antes del próximo día 29 de septiembre, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz así lo ha notificado al teniente de alcalde de Urbanismo de Puerto Real, Antonio Noria. Concretamente, éste recibió dicha notificación el pasado 29 de julio y, en la providencia del juez, se especifica que "en el plazo improrrogable de dos meses proceda a la demolición acordada, con apercibimiento de que caso de no verificarlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad".
Se trata de la primera vez en la que el Ayuntamiento de Puerto Real se enfrentará a una demolición de una vivienda ilegal en su municipio. Además, como se aclara en el documento judicial, la decisión no admite demora. En este caso, la demolición se produce por un delito contra la ordenación del territorio y data del año 2005 como consecuencia de una denuncia del propio Ayuntamiento. En los otros tres casos, uno de ellos también pertenece a una vivienda ubicada en El Marquesado mientras que los dos restantes se trata de casas afincadas en otras zonas de Puerto Real y que podrían haber sido edificadas en zona de servidumbre de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Este periódico se puso en contacto ayer con el teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Noria, quien no quiso, por el momento pronunciarse al respecto. Tan sólo aclaró que, en primer lugar, tratará de hablar con las familias afectadas para concer al detalle su situación, si se trata de primera o segunda residencia y, llegado el caso, buscar alguna solución para su realojo.
Lo que sí parece seguro es que estas primeras cuatro viviendas tendrán que ser derribadas y, en breve, podrían sucederse nuevos casos.
El Ayuntamiento de Puerto Real contabilizó, hasta el pasado año 2006, alrededor de 2.000 viviendas ilegales construidas en el término municipal ( en varias zonas). El 90% de estos casos han sido regularizados en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, ese 10% restantes más todos los casos nuevos de edificación registrados en los últimos tres años tendrán que hacer frente a lo que dicta la Ley.
* Diario de Cádiz - F. Rufo - 28.08.09
Foto: Carretera que atraviesa el núcleo rural de El Marquesado, en Puerto Real, donde se encuentran dos de las viviendas afectadas por órdenes de derribo. - diariodecadiz.es
Orden judicial para derribar cuatro viviendas ilegales en Puerto Real
El Supremo declara ilegal la licencia del edificio Fenosa y ordena su demolición
LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha confirmado que el edificio Conde de Fenosa, en la calle Fernando Macías, que cuenta con unas cien viviendas y numerosos locales y despachos, debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento en 1997 es "ilegal". Esta sentencia es la culminación de un proceso iniciado hace doce años tras la denuncia de una vecina de la zona y ya no hay posibilidad de más recursos, la resolución es definitiva.
El Concello de A Coruña realizó en 2007 el último intento para evitar la demolición y solicitó la "inejecución" de la sentencia pues el inmueble está totalmente habitado. Los magistrados acaban de rechazar esta petición.
Durante treinta años se ubicó en este lugar la sede central de Unión Fenosa, muy recordada por los coruñeses. Este edificio que debe ser derribado y que fue rehabilitado de forma integral por Fadesa cuenta con un centenar de pisos y apartamentos distribuidos en tres bloques que tienen cuatro portales. En la planta baja se ubican tres entidades bancarias además de una peluquería, una tienda de mobiliario de diseño, un centro de infertilidad masculina y una oficina de Unión Fenosa. En la primera planta se sitúan varios despachos y consultas de profesionales de reconocido prestigio: varios abogados, fisioterapeutas, dentistas y oftalmólogos, así como un grupo de empresas y las consultas de un cirujano plástico y de otro vascular.
El fallo del Supremo confirma la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en diciembre de 2001 y que anuló la licencia que otorgó el Ayuntamiento de A Coruña a Fadesa Inmobiliaria en noviembre de 1997. Cuando se otorgó dicha licencia estaba vigente el plan general urbano de 1985 que dejó el inmueble fuera de ordenación.
El planeamiento de 1985 prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que supusiesen agravar dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. Pero el Concello otorgó licencia para obras de reforma integral y con cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también expuso otras razones para anular la licencia que concedió el Ayuntamiento coruñés. En primer lugar las dimensiones del patio posterior del cuerpo central del edificio, el bloque B, no cumplen el mínimo establecido por las normas de habitabilidad para el uso residencial.
Otra razón expuesta por el TSXG es que se incumplió el mínimo fijado para plazas de aparcamiento: se habilitaron 72, frente al centenar de viviendas construidas.
La última razón que estimaron los magistrados es que el promotor de las obras, Fadesa, incumplió la obligación de presentar, mediante "fotomontaje o alzados", una imagen de cómo quedaría integrado el inmueble en el entorno, con el fin de comprobar su impacto visual y si afectaba a la "estética" de la zona. Es más, en este último caso los magistrados explicaron que la empresa adjuntó fotografías de edificios que no estaban cerca del que se iba a rehabilitar.
Tras la sentencia de 2001 el Concello y Fadesa interpusieron diferentes recursos y los perdieron todos. En marzo de 2006 el Tribunal Supremo confirmó expresamente que había que demoler el edificio y desestimó el recurso presentado por Fadesa.
En esta resolución de 2006 del tribunal resaltaba que "toda anulación de licencia comporta el derribo de la edificación" y no se puede invocar la excepcionalidad porque en este caso no hay posibilidad de legalización.
No había posibilidad de legalización pero el Ayuntamiento lo intentó al aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998. En este nuevo plan el Concello modificó las condiciones de ordenación del inmueble respecto a las que tenía en 1985.
El Tribunal Superior había anulado la licencia que dio a Fadesa en 1997 por lo que tras aprobar el nuevo plan de 1998 otorgó dos nuevas licencias, en abril y noviembre de 1999, que sustituyeron y dejaron sin efecto la primera.
Al otorgar nuevas licencias el Ayuntamiento también solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la "inejecución" de la sentencia de derribo. Explicó que el edificio Conde de Fenosa ya tenía licencia adaptada al planeamiento, así que no tenía que ser demolido. Pero los magistrados del TSXG emitieron un auto en junio de 2007 en el que desestimaron la demanda del Concello para no ejecutar la demolición.
La última resolución judicial, la del Supremo que acaba de conocerse ahora, no sólo confirma que no hay más posibilidad que la de demoler el inmueble, sino que además critica tanto la forma en la que el Ayuntamiento planteó el recurso como la manera en que intentó legalizar la situación del edificio Conde de Fenosa mediante el plan general de 1998.
El Ejecutivo municipal otorgó dos licencias para legalizar parcialmente el edificio en lugar de una única licencia para legalizarlo todo, lo que los magistrados consideran improcedente.
En su sentencia, los jueces son rotundos al criticar la maniobra del Concello, ya que el Supremo precisa que dichas licencias otorgadas después al amparo del plan urbano de 1998 "tienen un carácter fragmentario respecto a la inicialmente otorgada que pretenden sustituir y que fue anulada judicialmente por lo que no puede entenderse como legalizadas dichas obras generales e integrales de la rehabilitación de un edificio de las características del proyecto de una manera fraccionada o dividida".
El alto tribunal también hace referencia a cómo planteó el Concello de A Coruña este recurso de casación, pues contenía varios "defectos procesales".
Los magistrados señalan que los abogados del Ayuntamiento siguieron "una peculiar técnica" en su recurso al invocar diversos motivos no contra los autos recurridos, "sino a cada uno de sus razonamientos jurídicos".
* La Opinión Coruña - MARTA VILLAR - 28.08.09
Foto: Imagen del edificio Conde de Fenosa, en la esquina de la calle Fernando Macías y la avenida de Finisterre. / víctor echave , laopinioncoruna.es
Colectivos extremeños se suman a la convocatoria de una manifestación hoy en Candeleda contra una urbanización
EUROPAPRESS/Ávila* : Diferentes organizaciones y colectivos ecologistas, algunos de Extremadura, se adhirieron a la convocatoria de una manifestación en Candeleda (Ávila) contra la macrourbanización Candelas de Gredos, que tendrá lugar hoy a las 20,30 horas. La movilización ha sido convocada por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda y cuenta con el apoyo de Gredos Verde, Ecologistas en Acción, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Izquierda Unida de Talavera de la Reina (Toledo), Mujeres Progresistas de Candeleda, Ecologistas en Acción de La Vera, Comisiones Obreras de Ávila, la Asociación Agaden de Cádiz, Ecologistas en Acción de Cáceres y la Asociación Mountain Wilderness, entre otras.
Bajo el lema 'Nos roban Gredos', pretenden mostrar su "absoluto rechazo" a que se construya dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos y evitar que "caiga bajo las garras de la especulación urbanística", poniendo "en serio peligro" el abastecimiento de agua para todo el pueblo.
El proyecto urbanístico de Dávila Monteblanco, la empresa promotora, incluye 400 chalés y un hotel en el paraje de Navalpilón, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
La manifestación se iniciará a las 20,30 horas frente al ayuntamiento y finalizará en la cañada, donde se dará lectura a un manifiesto.
* Europa Press - 28.08.09
