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ELDIARIOMONTAñÉS* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha exigido al Ayuntamiento de Argoños que le informe de qué pasos está dando para cumplir la sentencia de derribo que pesa sobre la urbanización Las Llamas II, bajo el apercibimiento a sus responsables de que pueden incurrir en un delito de desobediencia.
El Ayuntamiento de Argoños tiene pendientes de cumplir desde hace años una decena de sentencias de derribo que afectan a unos 280 chalés, entre ellos, los 22 que componen la promoción Las Llamas II.
Tras varios requerimientos del TSJC, que ha revocado hasta ahora todos sus intentos por salvar esas viviendas mediante "licencias de legalización" u "ordenanzas de integración paisajística", el Ayuntamiento de Argoños sacó a subasta la contratación de los trabajos para derribar los chalés de Las Llamas I y II.
En ambos casos, la subastas fueron declaradas desiertas por falta de ofertas, aunque inicialmente algunas empresas habían solicitado información al Ayuntamiento sobre las condiciones del contrato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige ahora al Consistorio, mediante una providencia, que en el plazo "improrrogable" de diez días le informe sobre que "concretas actuaciones" ha realizado para cumplir la sentencia de Las Llamas II desde que se declaró desierta la subasta, el pasado 3 de marzo, y sobre cuáles piensa realizar para llevar a cabo el derribo.
El TSJC hace este requerimiento al Ayuntamiento de Argoños bajo el "expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia" si no lo atiende en los plazos planteados. La providencia tiene fecha del 14 de julio, aunque el plazo no empieza a contar hasta el momento en que se notifique al Consistorio.
Ésta no es la primera vez que el Tribunal Superior se dirige al Ayuntamiento de Argoños para conminarle a que cumpla las sentencias firmes de derribo o para reprenderle por intentar esquivarlas.
En 2004, la Sala advirtió textualmente al Consistorio que sus intentos por legalizar las urbanizaciones "no pueden dejar en papel mojado" sentencias de demolición "fundadas en poderosas razones".
El TSJC le planteó ese aviso al anular su intento por sustituir el derribo de Las Llamas I por la plantación de una pantalla de árboles que, supuestamente, iba a mitigar su impacto ambiental.
Unos meses más tarde, en junio de ese mismo año, la Sala impuso una multa de 500 euros al entonces alcalde, Joaquín Fernández San Emeterio (PP), por no cumplir sus requerimientos y le amenazó con nuevas sanciones si no ponía en marcha los trámites administrativos para ejecutar las sentencias.
Esos trámites se pusieron en marcha y el Consistorio sacó a subasta los trabajos para llevar a cabo los derribos, aunque hasta la fecha ninguno de ellos se ha llegado a realizar.
* El Diario Montañés - EFE - 31.07.2008
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización con sentencia derribo - eldiariomontanes.es
El TSJC apercibe al Ayuntamiento de Argoños por desobediencia
Asociaciones de vecinos afectados por la F-1 exigen el traslado del circuito a Cheste
LEVANTE/Valencia* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (AAVV), junto a la plataforma "Fórmula Verde" y las entidades vecinales de Natzaret y Cabanyal-Canyamera, han exigido hoy la solución de los problemas logísticos y ambientales generados por el circuito urbano de Fórmula Uno y el traslado de las carreras a Cheste.
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos y vecinas del barrio de Natzaret (AVV), Julio Moltó, ha instado al Ayuntamiento de Valencia a mejorar los accesos y solucionar los problemas que sufren los vecinos por la celebración de las pruebas automovilísticas.
La parte sur del circuito urbano está situada muy cerca de Natzaret y, a consecuencia de ello, los vecinos más próximos al trazado ya sufrieron molestias durante las pruebas de Fórmula Tres y el campeonato de Open GT, celebrado el pasado fin de semana.
La AVV ya propuso habilitar un carril para vehículos de emergencia y transporte público en el puente que conecta el camino de Las Moreras con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desviando de esta forma el tránsito de vehículos a la V-30.
A las quejas por el colapso circulatorio de los días previos al estreno del circuito, donde los vecinos aseguran que los cortes de más de cien calles conllevaron un aumento en el tiempo de desplazamiento, se une la preocupación por el aparcamiento de los más de 43.000 coches que llegarán por la Fórmula Uno, si el aparcamiento habilitado en Las Moreras tiene un aforo de 3.000.
Por otra parte, las organizaciones vecinales solicitan al Ayuntamiento información sobre la contaminación atmosférica que producen las carreras, ya que por proximidad consideran que puede suponer un riesgo perjudicial para la salud.
Esta información acompaña a la solicitada por vecinos de Natzaret sobre los decibelios que soportaban por el ruido de los motores, la alternativa a trasladar las gradas sur que están en la parte inundable del antiguo cauce del Turia y la instalación de un paso elevado para los peatones por el puente del ferrocarril.
Ante esta situación, la Asociación critica la poca información recibida desde el Ayuntamiento, y recuerda que sólo mantuvo una reunión con el jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, en la que no se dio solución a los problemas expuestos por los afectados.
En este sentido, Moltó exige que los vecinos sean conocedores de los costes que supuso el desvío de diez líneas de autobuses y los servicios prestados por bomberos, policía y transporte público.
Por su parte, la plataforma de organizaciones vecinales, ecologistas y sociales "Fórmula Verde" ha añadido problemas como las molestias del tráfico aéreo causado por las cadenas de televisión que retransmiten las carreras o la colocación de un helipuerto VIP cerca de estos barrios.
Los componentes de la plataforma exigen al consistorio valenciano que si no se solucionan estos problemas, impida la celebración de la Fórmula Uno el 24 de agosto y que el próximo año la trasladen al circuito de Cheste, puesto que valoran que reúne mejores condiciones para las carreras y no provoca perjuicios a los habitantes de Valencia.
* Levante-EMV - EFE - 31 de julio de 2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
"Varapalo judicial" al ayuntamiento de Burgos por sentencia urbanística
EL CONFIDENCIAL* ha tenido conocimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Burgos, con fecha 2 de julio de 2008 en la que se anula otra licencia municipal en el área de transformación 8.20 de la calle Molinillo de Burgos...
El pasado mes de febrero fue la Sala de lo Contencioso del TSJ de Burgos la que fallaba en sentencia, hecha firme por no haberse presentado recurso ante el Supremo, anulando la licencia municipal concedida a la cooperativa Cuatro Olmos, que construyó 15 viviendas y garajes V.P.O. en ese mismo area de transformación.
Ahora, se anula la licencia para 90 viendas (65 + 30) realizadas por Inmobiliaria Rio Vena. De todas las formas, esta última sentencia de julio aún no es firme.
El particular que presentó la denuncia tiene intención, según sabe EL CONFIDENCIAL de pedir la ejecución de la misma. En caso de ser aceptada su petición habría que derribar algunas alturas.
Se ha construido baja + 5, cuando la sentencia sólo autoriza baja + 2.
Últimamente se han hecho públicas algunas setencias sobre asuntos urbanisticos, a nivel nacional, que si autorizan los derribos, siendo los propietarios de las viviendas los que luego deben reclamar y pedir responsabilidades a las constructoras y éstas a su vez a los ayuntamientos por haberles concedido un aprovechamiento mayor al que posteriormente reconoce la sentencia.
* Radio Arlanzón - 31.07.2008
Foto: Burgos - google
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige al Gobierno que deje de salir en defensa de las promotoras inmobiliarias
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* considera intolerable que la respuesta de la administración ante la crisis inmobiliaria sea apoyar a las promotoras, o sea, perpetuar un modelo que ha conducido, como veníamos advirtiendo desde numerosos frentes, a la catástrofe económica, medioambiental y social.
Desde la CCDT consideramos una aberración que se promueva la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año, o la reciente propuesta de destinar 300 millones a adquirir terrenos para pisos protegidos.
También nos preocupan las enormes inversiones previstas en infraestructuras innecesarias: no podemos seguir manteniendo la demagogia desarrollista de hace 30 años en un país que será pronto el que más km. tenga del mundo de tren de alta velocidad y autovías -Madrid es ya la segunda ciudad del mundo en redes de autovías y pretende construir 300km más.
Las enormes sumas de dinero que se van a invertir en infraestructuras y viviendas protegidas debería inyectarse en otros sectores más sostenibles de desarrollo, alentando una alternativa. En lugar de eso el gobierno y las comunidades autónomas siguen apostando por el despropósito urbanístico. Seguir potenciando la construcción es apuntalar una dinámica suicida y además abonar el suelo donde ha florecido la corrupción en España de forma salvaje, una dinámica que parece destinada a la devastación completa y definitiva de nuestro litoral y con ello a nuestro principal patrimonio y activo económico y turístico.
Denunciamos que la crisis se está utilizando para apuntalar el sector inmobiliario y defenderlo, en vez de desmantelarlo y apostar por otro modelo de crecimiento, cuando este es el causante principal de la crisis económica actual. Exigimos al gobierno y las comunidades autónomas que retire su apoyo a las promotoras y promueva un cambio real de modelo económico.
En relación con el problema de la vivienda denunciamos que la solución no pasa por construir pisos protegidos, sino por promover el alquiler social y la ocupación de los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Y, sobre todo, por deshacer desde sus cimientos el inmenso aparato de especulación inmobiliaria que ha inflado los precios de la vivienda en España. Para ello no bastan medidas "parche" sino un conjunto de medidas en todos los frentes y un cambio radical de modelo.
La solución para la crisis no está en amparar a las promotoras, que han dirigido la "dictadura inmobiliaria" encubierta que ha sido España en las últimas décadas, llevando al país a la catástrofe medioambiental, económica y social, sino en promover un cambio radical de modelo económico que no esté hipercentrado en el ladrillo.
Recordamos que hace un año España construía 5 veces más que la media europea, o sea que un verdadero reajuste a tasas de crecimiento normales implicaría un descenso real de un 80% en la construcción, mucho más de lo que hasta ahora se ha producido. O sea que, a pesar de la crisis, España sigue construyendo muy por encima de la media europea.
Actualmente, según varios estudios, hay suelo recalificado en España para triplicar el número de viviendas existentes, al menos en la zona del litoral, lo que implica que se podrían construir más de 20 millones de viviendas a fecha de hoy. Además se está intentando recalificar suelo para un número aun mayor, habida cuenta los planes urbanísticos sin precedentes que están en fase de aprobación en todo el territorio, a la espera de que la crisis remita y con la tradicional discrecionalidad, nocturnidad y agostidad.
Exigimos una moratoria en las recalificaciones y en la construcción, la reclasificación de suelo urbanizable a suelo protegido y la ocupación de los 3 millones de viviendas vacías que hay en España. La reclasificación de suelo urbanizable a no urbanizable debe servir para hacer accesible el suelo a formas sostenibles de agricultura, potenciando así otros sectores de la economía. A su vez pedimos que se eliminen todas las medidas que favorecen la especulación y que se promuevan leyes rápidas contra los abusos urbanísticos, ya que ciudadanos y medioambiente están desamparados frente a la lentitud e inoperancia de la justicia.
Los bienes incautados en la corrupción deberían utilizarse para la recuperación de zonas deterioradas por la especulación urbanística y para la demolición de macro-hoteles y macro-complejos urbanísticos ilegales, como el del Algarrobico y tantos otros que proliferan a miles en el litoral y el interior español.
Alertamos a la ciudadanía para que no se deje engañar una vez más por la estafa masiva de quienes predicen que pronto habrá terminado la crisis y que hay que seguir apostando por la construcción. Son los mismos que negaban que fuera a estallar la burbuja inmobiliaria, algo que todos nosotros predecíamos hace mucho tiempo.
* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
* Portalmería - 30 de Julio de 2008
Alternativa a la crisis / El Roto
Viñeta: El Roto - elpais.com 28jul08
La Vila Joiosa: Doce sentencias contradicen en un año la política urbanística del PP
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un total de doce sentencias judiciales han contradicho, desde 2007, la política urbanística desarrollada por el PP durante sus últimos cuatro años de mandato en el Ayuntamiento de La Vila, concretamente desde 2003 a 2007, sin contar las que hacen referencia al Atrium Beach.
En el último año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha fallado una y otra vez contra las decisiones plenarias que el gobierno del ex alcalde popular, José Miguel Llorca, aprobaba con sus votos, dando la razón a los contenciosos interpuestos, sobre todo, por el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret.
La primera desde la llegada al poder del actual gobierno cuatripartito fue la anulación de la tramitación del Plan Parcial 22 Secanet por "falta de motivación" en la elección de la mercantil adjudicataria de las obras, May Producciones, a pesar de que un informe técnico valoraba mejor a la empresa Hermanos Ávila. El sector contemplaba la construcción de 341 viviendas que hoy por hoy permanecen en el limbo. La sentencia considera infringida la legislación urbanística por "la falta de motivación de la elección de la alternativa aprobada".
A inicios del presente año, el TSJ anulaba el acuerdo plenario que programaba el Plan Parcial 27 Torres "por ser contrario a Derecho". En abril, el TSJ anulaba la permuta de una parcela de suelo dotacional del Plan Parcial 11 Tellerola 1, que el Ayuntamiento había llevado a cabo con la mercantil Valdeprocasa. La permuta cambiaba el céntrica chalé Centella y una parcela del patio escolar del colegio Mare Nostrum, sin posibilidad de edificar, por una parcela municipal de más de 10.000 m2 en primera línea de playa. El tribunal estimaba que ese suelo municipal debía ser para viviendas sociales.
En el pasado mes de mayo, hacía volver a empezar de cero la Unidad de Ejecución 1 El grec, en el polígono industrial Torres, por ser adjudicada a la mercantil Rapella sin estar ésta cualificada para "contratar" con el Ayuntamiento ni reunir "los requisitos legales para ser agente urbanizador". También en mayo, el TSJ anulaba el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 25 Puntes del Moro por no permitir la posibilidad de pagar las cargas del sector en metálico.
Una semana después, un juzgado de Alicante anulaba la venta de suelo público para pagar parte de la obra del campo de fútbol Nou Pla, instalación deportiva que ya construida acumuló con anterioridad siete sentencias judiciales en contra. Otro juzgado de Alicante anulaba el cambio de urbanizador del sector de l'Almisserà, que convertía en urbanizador a Los Almendros de Alicante en lugar de Urbe Construcciones y Obras Públicas.
En julio, el TSJ "tumbaba" el programa que desarrollaba el Plan Parcial 15 Poble Nou por considerar que el incremento de las cargas de urbanización son contrarias a derecho. Apenas diez días después dos sentencias del TSJ obligaban a reiniciar la tramitación de los sectores PP 24 Parais Nord y PP 22 Secanet, ya que las mercantiles adjudicatarias no estaban debidamente clasificadas para realizar la obra. En los últimos días, el tribunal ha anulado la reparcelación del sector PP 3 Almàssera de Tonda y ha confirmado la nulidad de la reparcelación del Plan Parcial 29 Parais Sud de La Vila.
* Información - C.F. - 30 de julio de 2008
Foto: Vista parcial del sector 15 de La Vila afectado por una reciente sentencia del TSJ, que anula su programa. ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
El Tribunal Superior anula la licencia de la casa del ex edil de Urbanismo de Sanxenxo
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LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la licencia de obra otorgada en su día por el Ayuntamiento de Sanxenxo al entonces concejal de Urbanismo, Francisco Villaverde. El ex edil construyó supuestamente una vivienda ubicada dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo - terrestre, en la franja costera de la playa de Areas, situación que había denunciado en el 2005 el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra.
Así lo destacó ayer la asociación, que añadió que el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial el 26 de julio «es firme, por lo que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno».
La licencia municipal para la casa fue expedida el 13 de agosto del 2004 y Salvemos Pontevedra denunció la construcción de la vivienda, ya que la edificación estaba «íntegramente dentro de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre», considerada como tal desde mayo de 1998.
«Es algo sangrante, puesto que la casa no tiene ni pista de entrada», detalló ayer el presidente de la asociación ecologista, Francisco Díaz. «En este caso funcionó la Justicia. Ahora, el Concello debe obligar a la demolición de la casa», precisó el portavoz del colectivo, para agregar que el acceso a la vivienda se hace a través del arenal, del campo dunar de Areas o de las antiguas marismas del río Dorrón.
Salvemos Pontevedra aseguró en su momento que la edificación de Francisco Villaverde, concejal de Urbanismo con el ex alcalde Telmo Martín, no se ajusta a lo fijado en el propio Plan Xeral de Ordenación Municipal, que precisamente protege esta zona. La asociación, además, había impugnado la modificación puntual del deslinde de costas llevado a cabo en el lugar por el Servicio de Costas.
El chalé de la jefa de Costas
Por otro lado, Salvemos Pontevedra aprovechó el fallo del Tribunal Superior para recordar que todavía está pendiente de resolución la denuncia que se había interpuesto ante la Xunta contra el chalé de la jefa de Costas, Cristina Paz Curbera.
Este colectivo sostiene que la edificación invade los cien metros de protección del dominio público marítimo-terrestre, supuestamente al encontrarse a unos 75 metros del mar. La vivienda unifamiliar se encuentra por encima de la carretera PO-308, situada sobre un acantilado cerca de la playa de A Carabuxeira, también en Sanxenxo.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 30.07.2008
Foto: El chalé se ubica en la franja costera de la playa de Areas - CAPOTILLO, lavozdegalicia.es
La Audiencia Nacional ratifica el deslinde de 100 metros en la playa de El Algarrobico
EUROPAPRESS/Almería* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por segunda vez la "conformidad a derecho" del deslinde de 100 metros aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 para el tramo litoral entre la playa de El Lacón, en el término municipal de Mojácar (Almería) y Carboneras, del que derivó el expediente de expropiación iniciado contra el hotel de Azata de Sol en el paraje del Algarrobico.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular, propietario de un finca rústica en herencia desde el año 1970 y con registro de la propiedad "de hace más de 65 años", y confirma que prevalece el carácter "demanial" del terreno --perteneciente al dominio público-- sobre "los derechos legítimamente adquiridos" que alegó el demandante.
En concreto, la magistrada ponente Elisa Veiga fundamenta el fallo en el texto de la Orden Ministerial que, en su apartado Antecedente de Hecho I, advierte de que las precedentes resoluciones de deslinde a las que se acoge el particular --14 de marzo de 1964, 17 de febrero de 1965 y 30 de marzo de 1966-- "no incluían todos los bienes definidos en la presente Ley de Costas como dominio público marítimo-terrestre".
Procedería, así, según ahonda, "practicar un nuevo deslinde e incluir ese espacio que reúne las características físicas descritas en los apartados 3,4 y 5" de la citada Ley de Costas, una disposición que el fallo recuerda está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 y que es de aplicación a la finca propiedad del demandante "aunque esté ocupada por obras".
El tribunal, que subraya que ya se pronunció de manera favorable a la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 2005 "aunque con motivos de impugnación que nada tienen que ver con los esgrimidos en este caso" no hace imposición de costas al actor del recurso al entender que no existe ni "temeridad ni mala fe".
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en abril el deslinde de 100 metros aplicado por la Dirección General de Costas al litoral del paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de la promotora Azata del Sol al considerar que prevalece el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción.
Con anterioridad, en febrero, la Audiencia Nacional (AN) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra la Orden Ministerial que el 8 de noviembre de 2005 y rechazó que los terrenos del establecimiento "tengan consideración de urbanos o que la edificación esté consolidada", única excepcionalidad que recoge la citada resolución.
* Finanzas - EUROPAPRESS - 29.07.2008
Foto: Algarrobico ilegal - EFE
Elda: El PP aprobará las 7.200 casas con campo de golf en Las Cañadas al margen del PGOU
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INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno popular de Elda ha decidido autorizar a la promotora Invercon Reigo el desarrollo del complejo residencial con campo de golf de Las Cañadas como un Plan de Actuación Integrada (PAI), al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y ello a pesar de encontrarse este documento en proceso de elaboración.
De hecho, el Plan General de Elda dio la semana pasada su primer paso al aprobarse, en comisión de Urbanismo, el denominado Documento inicial de evaluación ambiental estratégica y el estudio de paisaje de la revisión del PGOU y despliegue del plan de participación pública.
Además, todo parece indicar que el gerente de Invercon Reigo, Francisco Gómez, va a ser el empresario que financie en parte o en todo la «nueva Elda», el macroproyecto urbanístico con el que el equipo de gobierno popular pretende construir 340 viviendas de protección oficial sobre los solares del estadio municipal Pepico Amat y la actual plaza de toros así como un nuevo campo de fútbol, un pabellón cubierto, un coso taurino, un parking privado y otro público, un centro social polivalente, dos parques y un área comercial con sesenta pequeños establecimientos. A cambio de ingresar ocho millones de euros en las arcas municipales como medidas compensatorias por la aprobación del PAI, el responsable del potente grupo promotor recibirá el apoyo que necesita de la alcaldesa, la popular Adela Pedrosa, para culminar el proceso de recalificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo en las partidas rurales de Las Cañadas y El Tite. De este modo podrá desarrollar un complejo residencial de 7.200 viviendas con un campo de golf de 18 hoyos.
Cabe recordar que este PAI ya fue aprobado en la anterior legislatura con el PSOE presidiendo la Corporación local y también obtuvo el visto bueno de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Sin embargo, desde noviembre de 2006 la polémica actuación está pendiente de pasar por un nuevo pleno municipal para ser ratificada definitivamente tras las modificaciones sustanciales que se introdujeron, cambios efectuados a instancias del ex portavoz popular Camilo Valor con el acuerdo del grupo socialista para minimizar el impacto en el enclave natural limítrofe de Las Barrancadas y mejorar diversos aspectos del plan inicial.
El PP parece tener prisa por sacar este tema adelante y remitirlo a la Conselleria. Por ello lo ha incluido en la comisión municipal de Urbanismo de mañana y formará parte del orden del día del pleno previsto para esta semana.
* Información - PÉREZ GIL - 29 de julio de 2008
Foto: Elda (Alicante) - ua.es
Cuatro directivos de Seguros Ocaso, imputados en el 'Guateque'
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ELPAÍS/Madrid* : La lista de imputados en el caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales descubierta en noviembre del año pasado) acumula cuatro nuevos miembros. Se trata de otros tantos directivos de la compañía Seguros Ocaso. Están acusados de delito de cohecho.
Los cuatro ejecutivos, Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas, comparecieron ayer ante el juez que instruye el caso, Santiago Torres, quien les preguntó por el cambio de uso del edificio que ocupa la sede central de la compañía, en la calle de la Princesa, número 23. Querían dedicarlo exclusivamente a oficinas y cancelar la parte destinada en él a viviendas.
Los ejecutivos negaron cualquier responsabilidad en la operación de cambio de uso del inmueble. En los trámites para solicitar esa modificación se usaron documentos falsos, según fuentes jurídicas próximas a la acusación. Este periódico intentó ayer, de forma reiterada y sin éxito, obtener la versión de la aseguradora.
Seguros Ocaso adjudicó los trámites y el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a la firma AC93, una de las empresas de ingeniería implicadas en la tramitación, presuntamente irregular, de licencias. Esta compañía realizó las mediciones, los planos y los trámites administrativos necesarios para reformar el edificio, según fuentes próximas a la acusación.
A tenor de esa versión, el juez preguntó ayer a los responsables de la aseguradora por unos documentos falsos que AC93 (cuyo propietario, Santiago Castillo, permanece en libertad bajo fianza), presentó a Urbanismo. Se trata de unos planos del edificio en los que supuestamente se alteraban las dimensiones del inmueble. Los cuatro directivos aseguraron al juez que la aseguradora se desentendió del proyecto cuando lo adjudicó.
Los ejecutivos de Ocaso se añaden a la larga lista de imputados en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid. Ya están acusados más de una treintena de funcionarios, el concejal de Salamanca Íñigo Henríquez de Luna y cerca de una docena de empresarios con cargos como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación."No sabemos de lo que se nos acusa. Estamos muy sorprendidos con esta citación". Ésta fue la única explicación que ofreció a este periódico el abogado de uno de los directivos en los pasillos del juzgado.
El que no llegó a declarar ayer fue José Almansa, uno de los dueños del local de copas La Botellita, situado en la calle de Serrano, 63. Su comparecencia ante el juez se suspendió porque faltaba uno de los expedientes que había reclamado el magistrado. Almansa le confesó a Antonio Sanz Escribano, uno de los ingenieros investigados por la trama de corrupción, que había movido "hilos para abrir el local sin licencia. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas", según figura en una conversación telefónica grabada en la investigación del caso Guateque en julio de 2007.
La Botellita adquirió la licencia de funcionamiento como bar con actuaciones en 2002, y sus dueños aún están obligados a cerrar a las tres de la madrugada. Su propuesta de ampliar el horario hasta las 5.30 fue denegada por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. El local, sin embargo, continúa abierto y cierra más tarde de las 3.00.
Imputados al margen, ayer declaró como testigo Henar Pérez-Zaballos, jefa de la Sección Técnica de Ordenación de la Gerencia de Urbanismo. La funcionaria acudió ante el juez Torres a petición del imputado Fernando Ruiz Torrejón, también trabajador municipal de Urbanismo.
La testigo, que trabajó en el plan especial para reformar el colegio Sagrado Corazón, aseguró que nunca recibió instrucciones de ningún funcionario y afirmó que nadie le pidió que se saltara ningún trámite.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 30/07/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
¿No es suficiente el patrimonio público de suelo para construir VPO?
SOITU* : En la pasada legislatura, el Estado liberó más de 22 millones de metros cuadrados de suelo público para el planeamiento y construcción de unos 67.000 pisos con algún tipo de protección, así como equipamientos sociales, pero estas cifras aún están muy lejos de las promesas electorales del PSOE de construir 1,5 millones de VPO en diez años (150.000 anuales).
Y es que, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, "el suelo público no es suficiente para cumplir los ambiciosos planes del Ejecutivo". Al menos ésta es la explicación que ha ofrecido para justificar la decisión de invertir 300 millones de euros de las arcas públicas en la compra de terrenos privados para levantar VPO. Una elección que también responde, según Corredor, a la oportunidad de "aprovechar una coyuntura económica en la que los precios están claramente a la baja".
La oposición le echa en cara, sin embargo, el enorme stock de viviendas sin vender, que la propia ministra ha valorado en 800.000 unidades, así como la idoneidad o no de invertir dinero público en este proyecto cuando las cifras macroeconómicas han obligado al propio Zapatero a reconocer que "estamos en crisis".
Los expertos opinan que se opta por los suelos privados porque se pretende acelerar la puesta en el mercado de las viviendas, una idea que afianza la propia ministra al afirmar que en la elección de los solares privados se priorizará "el que tenga mejor disponibilidad para construir lo más rápido posible". De por sí, el proceso de construcción en un terreno apto y preparado para levantar VPO suele durar un mínimo de 2-3 años, más largo y tedioso aún es el proceso necesario para desafectar suelos públicos.
La complejidad del proceso
Cuando el propietario estatal decide que ya no necesita unos terrenos, los desafecta, pero eso no significa que en ellos se puedan construir viviendas inmediatamente. Antes hay que solicitar al ayuntamiento correspondiente una modificación del plan urbanístico de la ciudad, que en los casos más complejos deberá recibir el visto bueno de la comunidad autónoma, nos explica Lucio Rivas, director de Urbe Asesores Jurídicos. Y es que, aunque el Estado decida destinar suelo para construir pisos sociales, la última palabra la tienen las administraciones municipales y regionales, que poseen las competencias en materia urbanística.
Además, hay que tener en cuenta que la legislación vigente permite a los antiguos propietarios de solares que fueron expropiados en su día por el Estado para levantar, por ejemplo, un cuartel o una estación, reclamar una compensación si se cambia el uso del suelo. Eso sí, la Ley del Suelo aprobada en 2007 sólo permite esta reclamación si el periodo transcurrido entre la expropiación y la desafectación no supera los 8 años, puntualiza Rivas.
Los grandes terratenientes
El Ministerio de Defensa es el principal propietario de suelo del país. La drástica reducción del tamaño del Ejército ha hecho que muchos cuarteles hayan cerrado sus puertas en las últimas dos décadas, y sus solares estén disponibles para la construcción de equipamientos o viviendas. Pese a que, al comienzo de la pasada legislatura, el entonces titular de esta cartera, José Bono, se mostraba reacio a "financiar" el programa de Vivienda a costa del "presupuesto de armamento", este departamento es el que más superficie ha liberado en los últimos años. Desde 2004, Defensa ha desafectado unos 9 millones de metros cuadrados de suelo, que permitirán construir más de 31.500 nuevas viviendas, de las que dos terceras partes estarán sometidas a algún tipo de régimen de protección social.
El último terreno aportado por la cartera que ahora dirije Carme Chacón se ubica en el centro urbano de Ciudad Real, ocupa 8.000 metros cuadrados, y permitirá la construcción de 194 VPO. Pero el desarrollo más importante que se llevará a cabo en suelo del Ejército es la denominada Operación Campamento, en Madrid, que prevé la edificación de 22.000 viviendas (10.700 protegidas) sobre 274.506 metros cuadrados. El acuerdo definitivo para la venta de estos terrenos se firmó en 2005, y la Comunidad de Madrid pagó 33 millones de euros por ellos. No obstante, este proyecto colea desde 1989, fecha en la que el entonces presidente madrileño, Joaquín Leguina, 'soñaba' con crear lo que él denominaba la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría Aluche y Alcorcón, después de derribar los cuarteles. Hoy por hoy, sólo se han derribado algunos edificios.
Los ministerios de Fomento e Interior también se han sumado a la iniciativa del Estado de sacar suelo público para VPO. En los últimos dos años, Fomento ha liberado 1,7 millones de metros cuadrados, que servirán para construir 6.781 viviendas sociales, y tiene previsto ceder suelo para otras 6.000. Interior, por su parte, contaba a finales de 2007 con 9.839 metros cuadrados desafectados, para levantar 56 pisos con algún tipo de protección.
Distinto es el caso de Adif (antigua Renfe), el otro organismo estatal con mayor patrimonio. Pese a que en el año 2000 la compañía ferroviaria gastó casi un millón de euros para inventariar sus terrenos, éste es uno de los secretos mejor guardados. Lo único que hemos podido conseguir son los datos proporcionados en 1999 por su Unidad de Patrimonio y Urbanismo, que cifraba en 48 millones los metros cuadrados susceptibles de ser urbanizados.
Hoy por hoy, este organismo asegura que "no hacen desafectaciones de carácter general", es decir, que esperan a que el planeamiento urbanístico de una ciudad estipule la necesidad de unos terrenos procedentes de su patrimonio en desuso, y después se inicia el proceso de desafectación habitual que hemos explicado antes, para proceder posteriormente a la subasta o concurso público del suelo.
Pero no siempre fue así. La antigua Red de Ferrocarriles Españoles apostaba por la comercialización directa a través de empresas mixtas con constructoras e inmobiliarias. El terreno desafectado se sacaba a concurso y la compañía ferroviaria creaba una sociedad con el ganador a la que transfería el suelo, y en la que participaba al 40%. Adif aún mantiene 15 de estos acuerdos que no han finalizado.
Para poner orden en el patrimonio del Estado y conocer de primera mano la disponibilidad de suelos de titularidad pública que podrían emplearse para construir VPO, el Ministerio de Vivienda ha creado una subcomisión interministerial que lleva varios meses trabajando en este tema. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias se ha comprometido a realizar un mapa de las zonas más atractivas y necesarias para construir en toda la geografía española.
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 29.07.2008
Foto: Terrenos de la Operación Campamento (Madrid) - soitu.es
Baila chiki chiki, Especula chiki chiki!
Si todavía tenías dudas sobre cual iba a ser la canción del verano.... VdeVivienda tiene la respuesta:
El Chiki-Chiki, al que todos creíamos muerto, ha resucitado en forma de mujer!
VdeVivienda ha podido reunirse con ella y nos ha asegurado que esta vez no habrá censura que cambie su letra.
Con plumas y tacones en lugar de guitarra y tupé... ¿quién dijo que la lucha no es sexy?
Con esta nueva versión, el próximo año ganamos eurovisión!
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lyrics
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Especula Especula
El chiki-Especula mola mogollón,
Se baila en Marbella y en la administración.
Chiki especula con esa casita
Que el chiki chiki te da mucha guita
Lo baila el Reyna,
Lo baila Montilla,
Lo baila Chicote,
Lo baila la Trilla.
Lo baila Don Piso.
Lo baila Dragados,
Lo baila la Caixa con tus huevos agarrados.
Specula Specula
El Chikiespecula mola mogollón,
Te dan suelo barato con mucha discreción
Recalifícanos esos terrenos,
Y chikiespecula que nos forraremos
La chikiBurbuja se ha dado un castañazo,
Pero volveremos a dar el pelotazo.
Dale una ayudita al sector inmobiliario
pa que baile de nuevo sobre el escenario!!!!
Y el chikiEspecula se baila así:
Uno, Pisos Vacios
Dos, Hipotecón
Tres, El Pelotazo
Cuatro, La Corrupción
Baila chiki chiki, especula chiki chiki,
Lo bailó Trujillo, lo bailó Chacón.
Baila chiki chiki, especula chiki chiki,
Y ahora lo baila Beatriz Corredor!
El chiki-Especula mola mogollón...
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V de Vivienda
(asambleas por el derecho a la vivienda digna)
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www.vdevivienda.net
* YouTube - 26 de julio de 2008
La Policía carga contra los vecinos del Castillo que se oponen a la cárcel
ABC/LasPalmas* : Los vecinos del Castillo del Romeral volvieron a concentrarse ayer en contra de la construcción de la nueva cárcel en Gran Canaria por considerar que «las obras siguen siendo ilegales», según indicó el Consejo de vecinos.
Los afectados aseguraron que según «distintas fuentes, ayer la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, pretendía enviar a las fuerzas antidisturbios a la zona cero, con el objetivo de intimidar a quienes impidan la reanudación de las obras ilegales de la macro cárcel».
Lo cierto es que efectivos de la Policía Nacional se personaron ayer, a primera hora de la mañana, cuando ya varias decenas de vecinos se concentraban en las inmediaciones de la obra para evitar que comenzaran los trabajos de construcción. Fue entonces cuando los agentes procedieron a arrestar a varias personas que se empecinaban en permanecer en el lugar, a pesar de las advertencias policiales.
El Consejo de vecinos anunció que las concentraciones continuarán, «hasta que la Delegación se replantee la ubicación del futuro centro penitenciario». Además, aseguran que la ilegalidad de las obras se debe a que «no está aprobado en el plan territorial», y añaden que la ubicación de Juan Grande en dicho plan «se ha hecho de manera premeditada y chanchullera», con el único fin de «quitarse el problema de encima».
El Consejo también subrayó que si ahora, «a toda prisa», fuera aprobado, recurrirían de inmediato a la Justicia «en busca de amparo». Además, indicaron que ni «son propietarios del terreno, sólo tienen una autorización para hacer estudios», ni «tienen permiso de obra o informe de impacto ambiental», tampoco «la declaración del Consejo de Ministros declarando que la obra es de interés general». Para los afectados, la macro cárcel generaría más inseguridad en toda la zona.
* ABC - Europa Press - 29-07-08
Foto: Cuatro agentes de la Policía Nacional se afanan para llevar a una mujer por la fuerza en la zona de construcción de la cárcel. ACFI PRESS
Marbella: Vecinos impugnarán el acuerdo que regulariza las ilegalidades del GIL
MÁLAGAHOY* : "Aquí ha habido una amnistía que se ha cocinado por la puerta trasera". Con estas palabras, varias asociaciones de vecinos y de ecologistas expresaron ayer su rechazo al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas y comercios ilegales que se construyeron durante la era GIL.
A pie de las obras del hotel Senator, una de las construcciones que mejor simboliza la ocupación de zonas destinadas a equipamientos públicos, Rafael Bayón, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que engloba a un buen número de colectivos sociales del municipio, anunció que en los próximos días se va a impugnar la propuesta que el viernes aprobó en solitario el gobierno de Ángeles Muñoz (PP).
Como aún no han tenido tiempo suficiente para estudiar las acciones que van a llevar a cabo, Bayón comentó que ahora se analizará si la impugnación la realizará únicamente la Plataforma 29 de marzo, donde están presentes Ecologistas en Acción, varias comunidades de propietarios afectados por las obras irregulares y distintos colectivos vecinales, o si cada uno de éstos elaborará la suya para que la presión sea mayor.
El portavoz de la asociación dudó de la legalidad del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones porque normaliza la situación de una serie de inmuebles irregulares, a pesar de que ni siquiera se han contestado las más de 8.000 alegaciones que presentaron los vecinos tras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Otro punto que ha enfadado bastante a los afectados por las casas levantadas ilegalmente durante los años gilistas es que el polémico acuerdo no viene acompañado de informes técnicos favorables del secretario municipal. Tampoco ha sido consensuado con los colectivos que durante lustros denunciaron la corrupción urbanística de Marbella, por lo que dudan de que sea una solución "impecable jurídicamente", tal y como señaló la semana pasada el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas (PSOE).
La nueva situación es tan "grave" para los perjudicados por el cemento, que la portavoz de la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín, Mercedes Vázquez, no descarta denunciar por "daños y perjuicios" al Consistorio marbellí, ya que considera que este pacto alcanzado con el Gobierno andaluz pone en evidencia que sólo ha habido preocupación por satisfacer las peticiones de las personas que compraron de buena fe sus pisos en inmuebles que atentaban contra el PGOU de 1986.
Más duro se mostró otro representante de la misma asociación, Alejandro Dogan, que criticó que "los partidos políticos, que siempre se llevan tan mal, sólo se ponen de acuerdo cuando hay dinero de por medio". En ese sentido, apuntó que el hotel Senator, construido por el grupo Hoteles Playa y cuya licencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004 por invadir una parcela de equipamiento público, ahora podrá abrir sus puertas si cede 98 de sus apartamentos al Ayuntamiento. "Es como si un ladrón pone de fianza el dinero que ha robado para salir de la cárcel", comentó Dogan, que recordó como distintas organizaciones cívicas han propuesto que el inmueble sea entregado al Consistorio para que tenga usos sociales, como una residencia de ancianos o una escuela de idiomas.
Asimismo, la dirigente vecinal Mercedes Vázquez mostró su temor de que el acuerdo consensuado por el gobierno de Ángeles Muñoz y la Junta termine afectando a los procedimientos judiciales que se abrieron contra las edificaciones ilegales. ¿Los motivos? Existen varias sentencias firmes del TSJA que ordenan la demolición total o parcial de obras que están pendientes de la aprobación definitiva del PGOU. En ese caso se encuentra la promoción de apartamentos de lujo Jardines del Príncipe, de la que se tendría que derribar casi el 70% del complejo para dejar sólo en pie la parte que se ajusta a la norma urbanística vigente.
Pero no todas las piezas del puzzle marbellí opinan lo mismo sobre la ejecución anticipada del PGOU que permitirá legalizar las tropelías del pasado. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Antonio Núñez, se mostró ayer satisfecho con la posibilidad de que se conceda licencia de apertura a casi un millar de locales comerciales, que desde hace demasiado tiempo se encuentran en un limbo jurídico. De hecho, la organización empresarial ha centrado sus esfuerzos "humanos y económicos" de los dos últimos años en buscar fórmulas jurídicas que posibilitasen conseguir esos permisos en precario hasta que el nuevo PGOU lograse la aprobación definitiva.
Por otra parte, el presidente de la plataforma vecinal que se creó en contra de los derribos, José Ortiz, se mostró ayer cauto a la hora de valorar la moción aprobada el viernes, debido a que está pendiente de mantener una reunión con la alcaldesa para que ésta le explique los pormenores del acuerdo. Quienes siguieron ayer defendiendo su abstención en el Pleno del viernes fueron los concejales del PSOE, que insistieron en que el pacto no ha sido rubricado por ningún responsable autonómico, y que tampoco cuenta con informes favorables del secretario. Su secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, que ofreció una rueda de prensa en Marbella, intentó eludir la cuestión e hizo hincapié en que la Junta apuesta por buscar "soluciones" para los vecinos y evitar las "confrontaciones" planteadas por el PP.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela - 29.07.2008
Foto: Pleno del viernes que aprobó conceder licencias a construcciones ilegales antes de aprobar el PGOU/ malagahoy.es
Manos Limpias diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una comisión
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ELPAÍS/Reportaje* : Las grabaciones policiales del caso Totana, la trama de corrupción municipal en la que están imputados los dos últimos alcaldes del municipio murciano -Juan Morales y José Martínez Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado también una pista para justificar la frenética actividad que mantiene en los juzgados como acusación de mil causas el pseudosindicato Manos Limpias.
Su secretario general, el que fuera líder de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama, Emiliano Ovide, un intermediario en compras de suelo. Las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción por Ovide para conseguir el pago de comisiones.
La relación entre ambos se extiende, además, a otros municipios de España, donde las acusaciones judiciales de Bernad, que también tiene negocios inmobiliarios, favorecen a Ovide, según se le oye en las grabaciones. Es el caso de Ciempozuelos (Madrid). Allí Manos Limpias consiguió paralizar con sus denuncias el Plan General. La suspensión favoreció a Ovide, que, según sus palabras, se colocó "en primera línea" para construir vivienda protegida cuando se levantara la suspensión.
¿En cuántos municipios donde Bernad u Ovide poseen negocios inmobiliarios hay denuncias de Manos Limpias contra sus gestores urbanísticos? Bernad no ha contestado a este periódico, pero ambos listados por separado son amplios. La captación de tales evidencias arranca del verano de 2007. La Guardia Civil tiene pinchado el teléfono de Ovide a raíz de una denuncia por cobro de comisiones en Totana.
Ovide tiene la culpa de ser objeto de la investigación: en su afán de cobrar su comisión, reveló a la oposición de Totana que Inmonuar pagó sobornos para lograr un convenio. Su relato llegó a la fiscalía, que abrió una investigación. Sin saber que era grabado, Ovide puso en marcha su plan b para cobrar su comisión: presionar a Inmonuar a través de Manos Limpias. Este diario intentó recabar ayer sin éxito por teléfono y correo electrónico la versión de Bernad.
8 DE JUNIO DE 2007 "En primera línea de salida"
Ovide, tras hablar de proyectos inmobiliarios en Guadalajara y Arroyomolinos (Madrid), se jacta de que en Ciempozuelos (Madrid) está "en primera línea de salida" para construir vivienda de protección oficial en cuanto se desbloquee el plan general, paralizado por una denuncia de Manos Limpias que llevó a prisión a dos ex alcaldes del PSOE. Ironiza que "a Esprode [inmobiliaria perjudicada por dicha denuncia] no le vende ni en broma".
26 DE JULIO DE 2007 "Sacar lo que sea o negociar"
Bernad pide cita a Ovide en Madrid: "Es que tengo preparadas varias cosas de VPO y VPT (...) en Valladolid, en Villanubla (Valladolid), en Murcia, en Salamanca y en Burgos. ¿Te pueden encajar estos sitios?
Ovide: "Lo de Valladolid podemos mirarlo. ¿Lo de Murcia es en la ciudad?".
Bernad: "Sí, sí, en ciudad".
Ovide: "Acabo de estar con Ricardo y me decía que tenía en Murcia, y digo: a ver si va a ser lo mismo".
Bernad: "No, no tiene nada que ver, y luego también en Madrid y Daganzo. (...) Yo te voy preparando todos estos sitios y tú luego me dices, oye pues en este sitio me interesa, en este no, etcétera. (...) Y luego también preparamos el tema que tienes del alcalde ése".
Ovide: "¿Lo de Totana?".
Bernad: "Sí, y le metemos el cuerno ahí".
Ovide: "El alcalde es ahora diputado por Murcia. El tío se va a ir a Brasil porque tiene allí a su amante. Compró un tema en Salvador de Bahía, y como el plan general no se ha aprobado, tiene que estar aquí pendiente porque cobra tres millones de euros de cada plan que ha firmado".
Bernad: "Qué sinvergüenza".
Ovide: "Se va a ir el tío con una cantidad de 15 a 18 millones de euros para Brasil, así que imagínate, el rey del mambo".
Bernad: "Puag, pues en todo caso le preparamos la denuncia, que la firma el sindicato, ¿eh?".
Ovide: "Ya vemos la estrategia que conviene para paralizar su actuación o para que negocie, lo que sea. (...) Es una gestión que yo he hecho allí, con Inmonuar, que es un pelotazo, que ha hecho una opción de compra por dos millones que al aprobarse el plan, al venderlo, genera una plusvalía de 300 millones".
Bernad: "Pues nos metemos a fondo con ello si tú le puedes sacar lo que sea, o negociar".
1 DE AGOSTO DE 2007 "Bernad me tiene que explicar cómo está"
Ovide recibe una llamada de una clienta de Ciempozuelos, que le comenta que tiene algo junto a la Plaza Mayor. Ovide asegura que ya posee 200.000 metros cuadrados de VPO en dicho municipio y que no hará nada hasta hablar con Bernad, autor de una denuncia por corrupción urbanística, y que "le tiene que decir cómo está el tema".
3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tengo varias cosas de VPO para ofrecerte"
Bernad le pregunta cuándo se meten con el tema de Totana. Ovide pide tiempo porque aún no se ha aprobado el plan general, requisito para cobrar su comisión, pero acepta contárselo por encima. Bernad le replica: "Cuando quieras quedamos y nos metemos con ello, y luego tengo yo también varias cosas que me han llegado, para ofrecerte, de VPO".
Ovide: "¿Directa con el promotor?".
Bernad: "No, directamente con el promotor no, ya veríamos cómo lo encasillábamos. Pero me han llegado de varios sitios".
Luego le pregunta Bernad lo siguiente: "¿Te acuerdas de aquella gestión que se hizo, que no prosperó, que hacía falta esa cantidad de dinero?". A continuación le aclara que tiene un amigo que lo puede solventar.
25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tened cuidado por si os pilla a vosotros"
Emiliano Ovide se entrevista en una cafetería madrileña con Miguel Bernad "para diseñar una estrategia para conseguir cobrar su comisión". La cita fue espiada. Bernad le hizo ver a Ovide el riesgo de salpicarlo con su querella.
Bernad: "Por lo penal, tendréis que tener cuidado por si os pilla a vosotros... Que esto siga su curso y cuando vea que hay movimiento se va a poner en contacto... También podemos hacerle llegar al alcalde un adelanto y que se entere del tema de que tú te has puesto en contacto con Manos Limpias".
Ovide: "Es mucho dinero, y a mí lo que me interesa es cobrar".
7 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "O se aviene a razones o le meten un hostiazo"
Ovide explica el plan a su abogado: "Bernad me ha dado autorización para meter el tema y ellos intervenir en el tema. O sea que el tema de Totana, en cuanto salga aprobado el plan, o se aviene a razones o le van a meter un hostiazo públicamente que lo van a hundir en Galicia. (...) Manos Limpias nos va a favorecer. A mí me ha dicho éste que en el momento en que no se avenga a razones como en el tema de Totana, directamente al fiscal, los faxes y los emails, con las cintas que le he grabado al antiguo alcalde y demás, directamente al fiscal. Como aprueben el plan general, lo que me corresponde ahí voy a cobrarlo. Que no lo cobro, a éste se le hunde, porque me dijo Bernad que aquí salimos todos en la prensa. Bernad me ha autorizado a dar su número de teléfono y demás de que ellos están en el tema, y desde luego están vinculados a que si Emiliano [Ovide] dice que hay que ir palante, palante con todo (...) O negocia y se le retira todo, o éste se cae con todo el equipo. Y ya deja de ser Manuel Núñez [dueño de Inmonuar]".
Alardea de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, "está temblando". "Sabe que algo va a pasar, lo que no sabe es que le va a llamar el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Y dice, oiga, tenemos esto y esto, y por supuesto después de haber hablado con el presidente de Murcia, que es del PP. Y éste entra en Génova, que no es de los que se quedan fuera".
9 DE OCTUBRE DE 2007 "Ponerles nerviosos"
El 9 de octubre de 2007, Bernad y Ovide hablan de visitar Salamanca por un asunto. Mientras perfilan una querella, Bernad aconseja enviar una carta al Ayuntamiento para "ponerles nerviosos". El 22 de octubre, Ovide informa a Bernad de que ha recibido una llamada de un amigo suyo interesado en un suelo en Valdebebas (Madrid). Tres días más tarde, nuevo signo de intereses urbanísticos comunes entre Ovide y Bernad. El comisionista habla de un contrato sobre un asunto en Arroyomolinos (Madrid) por el que se pagará una comisión de un millón de euros. Y comenta que "va a ver a Miguel Bernad por un solar en Valdemoro (Madrid) para viviendas de protección". La conclusión de la Guardia Civil es clara: "Emiliano y Bernad tienen en común no solamente el asunto de la querella de Totana, sino que además intervienen juntos en temas inmobiliarios". Días después, Ovide confiesa: "El viernes estuve con el de Manos Limpias y me dijo que Esperanza Aguirre [presidenta de la Comunidad de Madrid] se había comprometido a que hasta que Ciempozuelos no salga del juzgado no mueven ni una paja, y que en principio cree que serán unos dos años". Días después, Bernad pide documentos a Ovide de las comisiones que le deben por sus operaciones.
A seis denuncias por mes
Manos Limpias presenta una media de seis denuncias al mes desde 1997. El listado de sus víctimas jurídicas, entre otros cientos, incluye al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; a jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón o Juan del Olmo; al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al fallecido editor y presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, y a decenas de miembros de consistorios y organismos diversos. Suman cientos sus denuncias, muchas de ellas derivadas de meros recortes de prensa. Imposible cuantificar objetivamente qué porcentaje son inadmitidas o archivadas, pero su éxito mediático es seguro. A veces se les vuelven en contra. Fueron denunciados por falsa denuncia en el 11-M.
Se llaman sindicato, pero nunca convocan huelgas, dada su exigua estructura, sino conferencias para detallar su último alarde judicial. ¿Qué les mueve? A tenor de su página web, la lucha sin hipotecas contra la corrupción. Pero en sus charlas grabadas, Emiliano Ovide, el comisionista protegido por el líder del sindicato, Miguel Bernad, y su aparente compañero de negocios, define de modo menos heroico la organización de su amigo: "Éstos de Manos Limpias son un grupo de abogados y tienen financiación del PP. Y vamos, igual que si yo hago una operación y les doy algo de dinero. Ellos son abogados y no les cuestan nada estos pleitos, es para pagar la secretaria y el local".
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 29/07/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no autoriza un proyecto especulativo de la M-501
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MADRIDDIGITAL* : En octubre de 2005, una vez aprobado el desdoblamiento de la M-501, el Ayuntamiento de Aldea del Fresno aprobó recrecer un tramo del río Alberche para crear playas y zonas navegables. Este proyecto estaba relacionado con la construcción de urbanizaciones y campos de golf en zonas próximas. Ecologistas en Acción recurrió el proyecto y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ha anulado, por no haberse sometido a evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción mostró su “satisfacción por el triunfo legal contra el primer proyecto especulativo” que fue recurrido por esta organización, en la zona de la M-501. “Aunque la autovía, de momento, esté en funcionamiento intentaremos que la transformación urbanística asociada a ella sea la menor posible”, aseguraron los ambientalistas.
En octubre de 2005, una vez aprobado el desdoblamiento de la M-501 (julio de 2005) el Pleno del Ayuntamiento de Aldea del Fresno aprobó el proyecto denominado “Construcción y Ordenación de Playas y Zonas Deportivas en el río Alberche”. Este proyecto consistía en recrecer el río Alberche en un tramo de 1.284 metros de longitud, aguas arriba y aguas abajo del puente de La Pedrera para crear una lámina de agua, de entre 0,25 y 2 metros de profundidad, apta para el baño y la navegación.
Para ello se preveía la construcción de dos azudes (presas) de dos metros de altura y de anchura suficiente para empotrarse en las dos márgenes del río (entre 100 y 150 metros de anchura). De esta forma se conseguía la creación de playas y zonas estanciales en las dos márgenes del río. Para incrementar la profundidad del río y permitir la navegación a motor se autorizaba la extracción de hasta 175.000 metros cúbicos (367.500 toneladas) de grava del cauce del río. El proyecto incluía la construcción de puertos deportivos en el río.
Esta actuación estaba relacionada con la construcción de dos campos de golf y uno de prácticas en la finca El Rincón, aguas abajo de la zona de playas y una urbanización de 1.800 chalés de lujo, al otro lado del río, junto a la urbanización Carreta Quebrada.
El recrecimiento del río se pretendía hacer en una zona ambientalmente muy valiosa con presencia de nutria y dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A pesar del fuerte impacto y lo injustificado de la actuación, el Ayuntamiento no sometió el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Por esta razón, Ecologistas en Acción recurrió la aprobación.
La anulación
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la aprobación del proyecto. Aunque el mismo fue aprobado por primera vez en junio de 2002, no fue hasta octubre de 2005, tras la aprobación en el pleno, cuando se intentó ejecutar.
“Las presiones por sacar adelante el proyecto han sido muy grandes”, recuerda María Ángeles Nieto. “Ya en el año 2002, Eduardo Tamayo que en ese momento era Secretario de Medio Ambiente de la Federación Socialista Madrileña, partido al que pertenecía el alcalde, José Luis Fernández Tello, intentó pactar con Ecologistas en Acción para que no denunciase el proyecto”, agrega la portavoz.
Aunque Fernández Tello sigue siendo alcalde, fue expulsado del partido socialista por escándalos urbanísticos. Se da la circunstancia de que es el único municipio de la Comunidad de Madrid que perdió sus competencias urbanísticas, por los graves incumplimientos del ordenamiento territorial que cometió.
* Madrid Digital - Madrid, 29/07/08
Foto: Aldea del Fresno (Madrid), ayuntamiento - madriddigital.info
Cerca de 3.000 personas rechazan en Alcoy el proyecto del hotel en la Font Roja
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INFORMACIÓN/Alicante* : Cerca de 3.000 personas -unas 2.500, según la Policía, y más de 3.000, según la organización- se han concentrado esta tarde en la plaza de España de Alcoy para rechazar el proyecto de construcción de un hotel en el Parque Natural de la Font Roja.
El edificio hotelero, que se ubicará en una parcela de 2.028 metros cuadrados, albergará 50 habitaciones, áreas de hidroterapia y un albergue público, entre otros servicios, según confirmó la pasada semana el alcalde de la localidad, Jorge Sedano (PP).
La concentración, que ha comenzado sobre las 20,30 horas y ha durado aproximadamente un cuarto de hora, ha sido impulsada por el grupo ecologista alcoyano "La Carrasca-Ecologistas en Acción", cuyo portavoz, Carles Mansanet, ha afirmado a EFE que la protesta cuenta con el respaldo de 44 asociaciones locales.
"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del parc natural" ha sido el lema de la pancarta principal que han desplegado los asistentes, entre los que estaban representantes del PSPV-PSOE, Bloc y EU.
Los participantes han desplegado también otras muchas pancartas y la actriz Rosana Espinós ha sido la encargada de leer el manifiesto en defensa del uso público del parque.
En declaraciones a EFE, Masanet ha asegurado que este proyecto es "insostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social", al margen de las "dificultades existentes" para acceder a la información del proyecto.
Asimismo, ha manifestado que el proyecto hotelero, contemplado sobre una zona de antiguos chalés, carece de una evaluación de impacto ambiental previo.
"No se pueden licitar unas obras sin estudiar cuáles son los perjuicios que su explotación puede ocasionar a la integridad del Parque Natural", ha manifestado Masanet.
Uno de estos "posibles problemas" radica en el sistema de abastecimiento de agua potable que tendrá el hotel, especialmente para dar servicio a las zonas termales.
"Hay ocho kilómetros de distancia entre la red urbana de agua y la zona donde se ha proyectado el hotel, al margen de que existe una cota de desnivel de 400 metros", ha añadido Masanet.
El paraje natural de la Font Roja, al norte de la provincia de Alicante, fue declarado Parque Natural en abril de 1987 y ha sido incluido, junto a la Sierra de Mariola, en el catálogo de zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de lugares de Interés Comunitario (LIC).
La Junta de Gobierno del equipo de Gobierno de Alcoy aprobó el pasado mes de abril el proyecto de este hotel, cuya adjudicación fue resuelta a principios de este mes.
Sedano anunció el pasado 17 de julio que el futuro hotel estará finalizado dentro de dos años, "una vez se hayan superado todos los trámites administrativos y los informes técnicos" por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento.
Sin embargo, la Colla "La Carrasca" ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento por ocultar el pliego de condiciones del futuro hotel y por "el silencio" que mantiene a las alegaciones que el colectivo ecologista presentó contra el estudio de viabilidad del proyecto.
Por su parte, el PSPV y EU han propuesto, como alternativa, construir el hotel en unos terrenos situados a la entrada del parque natural.
* Información - EFE - 28 de julio de 2008
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org
La Plataforma x Toledo acusa al alcalde de seguir utilizando la ciudad como un cortijo particular
SOITU* : En nota de prensa difundida ayer, la 'plataforma ciudadana toledana' denuncia la desprotección de los terrenos de Vega Baja II, adyacentes a los que están siendo objeto de control arqueológico. Reproducimos a continuación la nota de prensa...
El Alcalde sigue utilizando Toledo como un cortijo particular
Si mientras el Presidente Barreda se comprometía a "no urbanizar" Vega Baja II, Emiliano García-Page se reunía en secreto con Defensa para proponer un negocio en un área que le constaba "con servidumbres y protecciones patrimoniales" que impedían cualquier operación, es ahora cuando de nuevo nos sorprende negociando, también en secreto, con El Corte inglés.
Si ha tenido que ser el abogado de Izquierda Unida quien recuerde la imposibilidad de urbanizar "dentro de la ley", puesto que existe una sentencia en firme conocida por el Ayuntamiento, "las salidas y entradas para este centro comercial", en una zona lo suficientemente congestionada y sujeta a labores arqueológicas durante las próximas décadas, de nuevo la prepotencia de nuestro Alcalde juega a hipotecar el futuro de Toledo.
Estamos hartos de recordar como fue el PSOE municipal el que iniciaba la década de los 90 queriendo edificar en Vega Baja y como al menos al principio, el Partido popular se oponía. Al final de la década de todos es conocida la postura consensuada de ambas formaciones políticas.
Sirvan los siguientes datos para demostrar que la Junta de Comunidades, más allá de la palabra de su Presidente y el silencio "administrativo" del Director General de Patrimonio y Museos, ha colaborado en la intención del Alcalde de manejar Toledo como un "cortijo particular":
Hay que recordar el silencio de la Consejería de Cultura desde el año 2004 con respecto a Vega Baja, en la que la única consejería que ponía trabas a la hora de edificar sobre suelo "protegido" y "no urbanizable" era la de Vivienda y Urbanismo, como puede comprobarse en el escrito de 5 de octubre de 2004, donde el Consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil Díaz, se dirigía al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Molina, haciéndole saber que para poder tramitar el Plan de Ordenación Municipal de Toledo había que justificar el cambio de calificación de los suelos rústicos y crear la figura del "suelo rústico no urbanizable de protección cultural", cuestión que sigue sin resolverse.
Pero sería el 3 de diciembre de 2007, cuando en base a la "secreta intención" del Alcalde de Toledo, de adecuar Vega Baja II para aprovechamientos urbanísticos de todo tipo, incluido un centro comercial, la Plataforma X Toledo se dirigía al Director General de Patrimonio y Museos, pidiendo la documentación que acreditara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ejercicio de competencias que ya tenía entonces, exigiera un control arqueológico previo a las obras de construcción de la iglesia de San Ildefonso, cuando le constaban descubrimientos arqueológicos de máxima importancia en todo su entorno, incluso mosaicos romanos a pocos metros. Es evidente que el silencio administrativo en este caso señala a la Consejería de Cultura y que toda actuación en la antes llamada Vega Baja II conllevaría responsabilidades patrimoniales concretas de la Junta por dejación en sus funciones.
Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la intencionalidad del Alcalde de Toledo, al impedir con malas artes la intervención en el Pleno de 31 de enero de 2008, al responsable de la Plataforma X Toledo, en la que intentó que Izquierda Unida omitiera sus compromisos con los ciudadanos y votara a favor del "documento definitivo" del Plan de Ordenación Municipal y la "irregular segregación" de Vega Baja II en Santa Teresa I y II, confiriendo un uso urbanístico a un área parte de las protegidas desde que Toledo fue declarada monumento (conjunto histórico) el 9 de marzo de 1940 y refrendado por el tratado internacional que firmó UNESCO con el Gobierno de España en 1986, con motivo de la inclusión del "conjunto histórico" de Toledo en la lista de sitios del Patrimonio Mundial.
Esperamos como última oportunidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para cumplir con sus competencias y con la legalidad, comunique al Ayuntamiento la imposibilidad de ubicar ninguna construcción en Vega Baja II, tras lo que seremos nosotros quienes de nuevo instemos al Estado a recuperar las formas y restablecer la legalidad.
PLATAFORMA X TOLEDO
* SOITU.es - MANUTC - 27-07-2008
Foto: Toledo, ayuntamiento - flickr.com
La Sociedad Pública de Alquiler sólo alquiló el 14,1% de los pisos recibidos en el primer semestre
TERRA* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) registró la entrada de 15.012 viviendas hasta el mes de junio, pero sólo entregó las llaves de 2.127, un 14,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda a los que tuvo acceso Europa Press.
Del total de viviendas entregadas, 2.904 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Asimismo, 10.430 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 15.012 viviendas iniciales, sólo 2.127 inmuebles fueron alquilados finalmente. Con todo, las viviendas entregadas hasta junio suponen un 20,3% más que en el mismo periodo de 2007, cuando se suscribieron 1.768 contratos de alquiler.
LA SPA HARÁ BALANCE EN 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda.
* Terra Actualidad - Europa Press - 28.07.2008
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos
La contaminación de origen urbano aumenta un 26% en el litoral andaluz
MÁLAGAHOY* : La falta de depuración de aguas residuales y la consiguiente carga contaminante de origen urbano que llega al mar sigue siendo uno de los "problemas ambientales más importantes" a los que hacer frente en Andalucía. Según el informe de la Consejería de Medio Ambiente de 2007, el nivel de vertidos urbanos en el litoral incrementó a lo largo de 2006 en un 26%, pero, lo que es más grave, un 35% de ellos carecían de autorización.
De las 588.866 de unidades de contaminación -toneladas al año de sólidos en sus pensión, materia orgánica, nitratos y fosfatos- que se registraron en la costa, 209.015 se vertieron de forma irregular, una responsabilidad que recae directamente sobre los ayuntamientos.
Pese a que el dato de vertidos sin autorización sigue siendo alto, para la Consejería es un avance en términos generales, ya que en 2005 el nivel era del 46%, aunque hay provincias en las que aún queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, Cádiz está a la cabeza en los vertidos urbanos sin control, con un volumen de 116.964 unidades de contaminación, frente a las 35.199 que sí tiene autorizadas. Este dato arroja una tasa del 75% de vertidos sin autorizar, que dista mucho del resto de provincias, ya que la siguiente en vertidos desautorizados es Huelva con sólo un 30%, mientras Almería, Málaga y Sevilla están por debajo del 25% y Granada bate el récord al tener todos sus vertidos autorizados.
En la evolución por provincias, la Consejería no detecta variaciones importantes, salvo la disminución en Granada y Sevilla y el aumento en Málaga y Almería, justificado en la carga de población estacional que soportan, sobre todo, en el periodo estival, y que está muy por encima de la capacidad real de sus depuradoras.
En función de los aportes de toneladas de los vertidos analizados -materia orgánica, nitrógeno, fósforo y sólidos disueltos-, son los valores relativos a materia orgánica los más importantes en todas las provincias, en concreto, en las de mayor densidad de núcleos urbanos como Cádiz, Málaga y Sevilla, y en las que no está bien resuelta la depuración de aguas residuales como Almería, Cádiz y Huelva.
Frente a la dejación o incapacidad municipal, está la responsabilidad del sector industrial, que en el pasado ejercicio rebajó la tasa de vertidos en un 32% respecto al año 2002, consolidando así una tendencia inaugurada hace cuatro años. Según recoge este informe, lo más notorio es que sólo un 1% de la carga contaminante de efluentes industriales careció de autorización, mientras en el año 2005 esa tasa era del 11%.
Al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, ha sido el litoral atlántico el que de manera más evidente ha reducido el volumen de sus vertidos industriales, llegándose a recortar en un 30% respecto al año 2002, lo que ha venido propiciado por la disminución en un 63% los vertidos de metales, en su mayoría procedentes del Polo Químico de Huelva. Para la Consejería lo más destacado de 2006 fue la evolución positiva de las industrias que siempre presentan los peores valores, como la papelera y metalurgia -litoral atlántico- y la farmacéutica -litoral mediterráneo.
* Málaga Hoy - Charo Solís / SEVILLA - 28.07.2008
Foto: Andalucía, contaminación litoral - malagahoy.es
Costas pone fin a la ocupación ilegal de la isla de Benidorm
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ELPAÍS/Alicante* : La Dirección General de Costas culminará el próximo año su intervención sobre la Isla de Benidorm para su restauración medioambiental e incorporación al Parque Natural de Serra Gelada, del que forma parte, según confirmó el jefe provincial del departamento, Vicente Martínez.
Por un lado, pretende demoler la construcción que alberga un restaurante sin autorización, y por otro invertirá 135.000 euros en la reforma de la senda que atraviesa la roca y construirá un mirador en la cima. La isla es una Zona de Especial Protección, con presencia de especies como el cormorán moñudo y la gaviota audouin. Los ecologistas consideran que el excesivo tráfico de personas daña el ecosistema.
Un empresario local, José Cervera Rodríguez, explota desde 1968 un restaurante en la zona, al que lleva a los turistas desde el puerto de Benidorm a través del servicio de excursiones marítimas, con una firma también de su propiedad. La parte más farragosa de la tramitación para poder derribar el restaurante se desarrolló hace casi tres años, en octubre de 2005. El entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, aprobó un nuevo deslinde y ordenó al Servicio de Costas de Alicante que rectificara "las situaciones jurídicas registrales contradictorias", según la orden ministerial, es decir, el derribo, que no llegó a realizarse en aquel momento debido a la polémica que suscitó la iniciativa. La inclusión de la isla en el dominio público provocó automáticamente la declaración de posesión y titularidad a favor del Estado de toda la finca, lo que negaba sistemáticamente el Consistorio, con mayoría del PP. Para Cervera, que desconocía la intención de Costas, "la cuestión quedó zanjada con un acuerdo entre todas las partes". El empresario alega que él paga un canon anual al Ayuntamiento por utilizar las instalaciones y dispone de todas las licencias, algo de lo que ni en Aperturas ni en Secretaría tienen constancia.
La gota que ha colmado el vaso para que Costas lleve a cabo la actuación ha sido la colocación de una plataforma de 50 metros cuadrados amarrada junto al embarcadero. La instalación flotante carece de permisos. Cervera alega que le ha autorizado el Ayuntamiento, lo que han negado a este periódico varias fuentes municipales. El empresario Cervera dice que el único fin de la plataforma es "facilitar el baño" a los turistas, debido al difícil acceso al agua desde las rocas.
+ ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 28/07/2008
Foto: Benidorm (Alicante), isla - flickr.com
¿Y si volvemos al tren?
ELPAÍS/Reportaje* : España no tiene petróleo, pero lo disimula bien. Funciona como si los carburantes no fueran un bien escaso y como si los precios del petróleo no se hubieran duplicado en el último año. Y funciona como si las carreteras y las autovías fueran la única forma de trasladar personas o mercancías de un punto a otro del país. Como si no se hubiera inventado el ferrocarril, como si la inversión en infraestructuras sólo luciera, social y políticamente, en forma de cintas de asfalto.
Aparentemente, el Gobierno ha caído en la cuenta. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso pronunciado en junio ante el Consejo Económico y Social (CES), adelantó su propósito de remediar la situación. "En el sector del transporte", dijo Rodríguez Zapatero, "impulsaremos el transporte de mercancías por ferrocarril y, con este propósito, antes de tres meses regularemos la separación de la actividad de mercancías de Renfe Operadora, creando una sociedad independiente y liberalizando la prestación de servicios auxiliares al transporte ferroviario". El anuncio ha provocado reacciones airadas. El sindicato CC OO, por ejemplo, se opone a la separación jurídica del área de mercancías en Renfe y la considera un paso más en el desmantelamiento de la empresa pública. Pero ese es otro debate.
Lógicamente, simular que se tiene lo que realmente no se tiene, petróleo en este caso, tiene su precio. La factura petrolera, que este año, si el petróleo se mantiene en precios de 140 dólares el barril, puede rondar los 47.000 millones de euros, en torno al 4% de la riqueza producida en un año, crece a tal ritmo que empieza a parecer insostenible. De hecho, el transporte será, previsiblemente, uno de los sectores en los que se centrarán los nuevos planes de ahorro y eficiencia energética que el Ministerio de Industria quiere anunciar mañana.
Porque lo planeado hasta ahora (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2007-2012) no es suficiente. Las importaciones de petróleo, unos 400 millones de barriles al año, convierten a España en el octavo importador mundial de crudo. Un dudoso puesto de honor en la clasificación de los menos previsores. Y los objetivos de ahorro, cuando la factura se ha encarecido en los últimos meses en 16.000 millones de euros, deben ser más ambiciosos.
Claro que ahorrar no es fácil. El 70% de las importaciones de petróleo se destina al transporte. Y de forma destacada al transporte de mercancías. Hasta tal punto, que el sector del transporte es el que más energía final consume en España, por delante de la industria. Según los expertos y el propio Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) este hecho supone una anomalía en el conjunto de la UE. Y es especialmente relevante porque el transporte origina más de un tercio aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que además crecen de forma exponencial.
Aunque no es un fenómeno sólo de España, la cuestión del crecimiento del transporte, y de cómo se afronta, sí se nota más al sur de los Pirineos. Según un estudio de la Universidad alemana de Karlsruhe (año 2004), el volumen del transporte en Europa se ha más que duplicado desde el año 1970. Con un precio muy elevado. De acuerdo con el citado estudio, que valoraba la situación en una UE de 15 países, más Suiza y Noruega, el coste total que el conjunto de los modos de transporte suponían para los 17 países considerados era de una media del 7,3% del producto interior bruto (PIB). En el caso de España, el coste se disparaba en un 30% respecto de la media y rondaba el 10% (9,56% del PIB).
Las causas de tal peculiaridad española también se enumeraban en el estudio: una mezcla del mayor peso en el país del transporte por carretera frente al ferrocarril, junto a condiciones geográficas y de modelo poblacional con un gran núcleo centralizado en Madrid. Los menores costes, siempre de acuerdo con el estudio de la universidad alemana, se daban en Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, países donde el peso del ferrocarril es mayor.
El estudio alemán ponía ya entonces el dedo en una llaga que no ha hecho sino agravarse en España en los últimos años por el olvido del ferrocarril frente a otros modos de transporte y, en especial, frente a la carretera. Algunos datos ilustran ese olvido. En 1970, el ferrocarril tenía una cuota de mercado en el transporte de mercancías del 11,8% frente al 59% de la carretera. En 2004, las cifras habían cambiado. El ferrocarril había perdido cuota, hasta el 2,6%, mientras la carretera había aumentado la suya hasta el 86,1%. En 2002, sólo Grecia superaba a España en la escasa utilización del ferrocarril como medio de transporte de mercancías.
La pérdida progresiva del mercado del tren frente a la carretera, que ahora se intenta paliar, se explica por un conjunto de circunstancias. Entre ellas, la focalización de las inversiones hacia la alta velocidad y el dinamismo del sector del transporte por carretera, que en los últimos años se ha revelado eficiente, flexible y con precios bajos. Aunque las bases del boom del transporte por carretera hayan sido también la competencia feroz y la subcontratación brutal. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, por las carreteras circulan 5,1 millones de camiones y furgonetas y 61.000 autobuses. De ellos, 573.000 -los únicos que precisan licencia- están habilitados para transportar mercancías por encima de 3,5 toneladas.
Si a los precios atractivos del transporte por camión se une, además, un acceso deficiente del ferrocarril a los puertos -en un país en el que más del 50% de las importaciones llegan por vía marítima- y a las instalaciones industriales, se comprende la agonía del ferrocarril. Puertos fundamentales (los más importantes son Barcelona, Valencia y Algeciras) que en algún momento de la historia tenían vías de ferrocarril hasta los muelles son hoy puro asfalto. Una cuestión difícil de solucionar.
España tiene, además, problemas añadidos. Los trenes de mercancías en Europa -sin llegar a las dimensiones de los de Estados Unidos- son pesados (de 1.000 a 2.000 toneladas), largos (hasta más de 700 metros), lentos (18 kilómetros-hora de media) e impuntuales. En España, con cuotas de mercado ínfimas, los trenes se enfrentan al problema de dimensiones de andenes y apartaderos (cortos) y a velocidades ínfimas, de en torno a 12 kilómetros por hora de media. La pesadilla de cualquier encargado de logística.
Es cierto que se intenta poner remedio y que el futuro pasa por la mejora del transporte ferroviario. Pero queda mucho por hacer. El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) 2005-2020 apuesta por el ferrocarril. De los 241.400 millones de euros de inversión prevista, el 50% aproximadamente se destina al desarrollo del ferrocarril y "sólo" el 27% a la carretera. Aunque dentro del plan hay un cambio importante. Si hasta 2004 la inversión ferroviaria estaba centrada en la alta velocidad, ahora se tiene en cuenta también el transporte de mercancías.
La red ferroviaria española cuenta con 13.700 kilómetros de vías, de los cuales, unos 1.600 kilómetros son de altas prestaciones. Ahora se trata de aprovechar más las vías convencionales para transportar mercancías y abrir también la posibilidad de usar las líneas de altas prestaciones para trasladar productos de un punto a otro.
"El ferrocarril ha demostrado su gran capacidad para transferir viajeros y mercancías de un modo de transporte a otro", asegura el gerente de Medio Ambiente de Renfe, Santos Núñez. El ejemplo es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que registra una alta ocupación y ha "robado" clientes al puente aéreo. "La línea", asegura Núñez, "ahorrará al año unas emisiones de gases de efecto invernadero de 200.000 toneladas". El equivalente a las emisiones de una ciudad como Zaragoza.
El secretario de la Federación de Transportes de UGT, Miguel Ángel Cillero, también ha mostrado públicamente la apuesta del sindicato por el ferrocarril. "En la red convencional van quedando surcos vacíos por la alta velocidad que se pueden aprovechar con un buen mantenimiento", señaló en un acto celebrado en Andalucía hace unos meses. Se trata, dijo, de potenciar el transporte de mercancías por tren, lo que también "puede servir para reducir el impacto medioambiental del sector productivo que tiene el mayor consumo energético y emite más gases de efecto invernadero en el país".
Y es que el ferrocarril, en un momento de carestía del petróleo y de preocupación por el medio ambiente, es un modo de transporte comparativamente limpio. El sector ferroviario es menos contaminante porq ue utiliza para su funcionamiento un 72% electricidad y sólo el 28% de diésel. El 90% de la energía que consume la destina a la tracción de los trenes y está en condiciones de hacer esfuerzos adicionales. Por ejemplo, Renfe, que consume al año dos teravatios-hora de electricidad y alrededor de 100 millones de litros de gasóleo, se ha comprometido a reducir el consumo energético en un 9,1% para el año 2009. El objetivo es el mismo que el Plan de Ahorro y Eficiencia en vigor establece para el conjunto del sector del transporte, pero tres años antes.
Como, según se supone, se avecinan tiempos mejores para el transporte de mercancías por ferrocarril, Renfe parece decidida a prepararse. La compañía ha invertido 237 millones de euros en 100 nuevas locomotoras eléctricas que permitirán dar un salto cualitativo muy importante en fiabilidad y capacidad de tracción. Las primeras unidades estarán listas después del verano. Paralelamente, continúa el proceso de transformación de las 28 últimas locomotoras diésel de un total de 91 que permitirá aumentar sus prestaciones. En cuanto a recursos de carga, Renfe ha decidido aumentar la inversión en nuevos vagones hasta alcanzar 72 millones de euros. A los 288 que ya se encuentran en proceso de fabricación (100 porta-automóviles, 78 tolvas, 60 vagones cisterna y 50 vagones plataforma) se sumarán aproximadamente otros 200 vagones cuyas características está terminando de configurar la compañía.
Industria, como coordinador de la media docena de ministerios que deben proponer medidas de ahorro efectivas, no lo tiene fácil. Para lograr ahorros significativos en el sector del transporte se precisan medidas regulatorias, medidas de gestión y mejora de las infraestructuras. Un reto.
* ELPAIS.com - SANTIAGO CARCAR 28/07/2008
Foto: Imagen de la estación de Múnich- REUTERS
