,+palacio+-+20minutos.es.jpg)
20MINUTOS/Madrid* : La Sociedad General de Autores (SGAE) ya no podrá tener su nueva y faraónica sede en Boadilla del Monte. El Ayuntamiento de esta localidad (PP) ha decidido rescindir el contrato de cesión gratuita para que la SGAE convirtiera el Palacio del Infante Don Luis en sus nuevas oficinas. Y ha tomado esta decisión porque el Tribunal Superior de Madrid va a declarar ilegales en próximas fechas las obras que tenía previsto realizar la SGAE en este palacio.
El contrato de cesión fue firmado por el ex alcalde, Arturo González Panero (imputado en el caso Gürtel), y el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, en 2006. La cesión era durante 75 años y a cambio la SGAE invertiría 30 millones de euros en reformar el palacio. Este proyecto de rehabilitación no convenció ni a los vecinos ni a la oposición (Alternativa por Boadilla) ni a la Comunidad.
El 'no' de la Comunidad
En diciembre de 2009, el Gobierno regional emitió un informe en contra de las obras propuestas por la SGAE. El plan de restauración de Bautista preveía construir 3.500 m2 más de edificio sobre unos restos arqueológicos; y construir salas de conferencias, un auditorio y una biblioteca debajo de los jardines históricos. Además, peligraban varios elementos del antiguo Palacio de las Torres, sobre el que se hizo el del Infante Don Luis. La Comunidad no permitió las obras, ya que el palacio es Bien de Interés Cultural. El plan preveía construir 3.500 m2 más de edificio sobre unos restos arqueológicos
"El PP trata ahora de apartarse de la SGAE por oportunismo, no por legalidad. Hace tres años, el proyecto era igual de ilegal y entonces el actual alcalde, que participó en la concesión, se hacía fotos con Bautista. Ahora, como saben que ya no es viable, se desmarcan", señala Ángel Galindo, portavoz de Alternativa.
Primeras denuncias en 2003
Las obras previstas por la SGAE incumplen la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla, denuncia la oposición. Ya en 2003, los vecinos de este municipio consiguieron paralizar un proyecto similar cuando el Tribunal Superior de Madrid protegió el palacio tras un proceso judicial contra el Ministerio de Defensa, que quería instalar allí la Escuela Militar Ecuestre, proyecto que también fue declarado ilegal.
* 20 Minutos - 6.05.10
Foto: El Palacio del Infante Don Luis, construido en el siglo XVIII en Boadilla del Monte. (Imagen: ARCHIVO)
Boadilla deja sin palacio a la SGAE, ya que el juez declarará ilegal su sede
Santa Cruz: Mil viviendas, mil problemas
ELDÍA/Tenerife* : Hay zonas de la capital tinerfeña donde, para sus vecinos, la sensación de sentirse como en un enclave "tercermundista" no es nada gratuito, pues como en el caso de la barriada conocida como Las Mil Viviendas, en la parte alta de La Salud, el abandono contribuye a que las condiciones de vida no sean las más adecuadas. Desde que el Plan de Mejora y Embellecimiento se paralizó a escasos cien metros de sus casas, puesto que el dinero del conocido plan de barrios no dio para más, esta zona que se ubica en la parte alta del monumento del Ancla ha entrado en una escalada de carencias, decadencia y deterioro imparables.
Los vecinos aseguran que ya no aguantan "más este olvido", pues la imagen predominante es la de la mayoría de las fachadas de los bloques con problemas de humedad y falta de pintado, incluso con trozos del enfoscado que se ha caído por falta de mantenimiento.
Isidro Rodríguez, vecino del lugar, va descubriendo, una a una, las carencias que se ven a simple vista, donde llama la atención el abandono extremo que presentan los jardines, con plantas y palmeras que se secan por falta de riego y la ausencia absoluta de cualquier tipo de vegetación ornamental en la mayoría de los jardines de los bloques.
En el espacio que se conoce como la plaza de toros -por su aspecto oval-, Rodríguez explica que es uno de los rincones más afectados por la falta de atención, donde algunos de los vecinos han tenido que asumir algún que otro arreglo para evitar el avance imparable de la humedad.
En las fachadas se aprecia que en décadas no se ha podido mejorar ninguno de sus elementos, "porque la gente es pobre o hay muchos que actualmente están en el paro". Así, los habitantes de este barrio señalan que la pregunta es: "¿Dónde está el plan de barrios". Además, también recuerdan que se mantuvo una reunión con la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, "para acometer una rehabilitación, pero, al igual que con el plan de barrios, ya nadie sabe dónde están esas promesas".
"Una porquería"
En este recorrido por Las Mil Viviendas, Paula responde de manera inmediata y contundente cuando se le pregunta por el estado del barrio: "Esto es una porquería, porque cuando se empezaron a arreglar otras zonas con el plan de barrios, pensábamos que también se iba a hacer algo aquí, pero, por lo que se ve, de esta zona se han olvidado", y recordó que ya han pasado varios años desde que se acondicionaron los edificios de la zona baja.
Paula señala que, "como todos los vecinos de Santa Cruz, pagamos los impuestos, pero aquí no no han dejado rampas de acceso y los jardines están peor que antes". Confiesa que tanto para ella como para las personas mayores y con problemas de movilidad "estas escaleras que nos han adecuado nos dificultan mucho salir y entrar de nuestras casas".
Isidro asegura que "todos los barrios están todos abandonados, y los políticos sólo están para ir a las fiestas, pero se olvidan de nosotros. Aquí pagamos lo mismo que en el centro, pero, sin embargo, las consecuencias con nosotros es que los responsables públicos se comportan como unos pasotas".
Los males de estas viviendas, que son de protección oficial, una vez que los ahora propietarios superaron el periodo de alquiler durante años, no sólo se centran en las estructuras, sino, como comentan algunos vecinos, "también está el problema de las ratas, que se cuelan por los huecos que han quedado de las obras inacabadas".
En Las Mil Viviendas habitan más de 3.000 personas, y según explican algunos de los que se concentran en la plaza central, "les recordamos a los políticos, de todos los partidos, que aquí los estamos esperando cuando vengan por las elecciones, para recordarles que hace ya muchos años nos quedamos fuera del plan de barrios y que desde esa época se han olvidado, sometiéndonos a una marginación que no nos merecemos".
* El Día - 6.05.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, vista - rinconcitocanario.com
Piden tres años de cárcel para el alcalde de Ponga por arreglar pistas sin permiso
+-+spainonline.com.jpg)
ELCOMERCIO/Asturias* : El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, pide una condena de tres años de prisión, el pago de una multa de 9.720 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años para el alcalde de Ponga, Cándido Vega, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito de prevaricación y un delito continuado de desobediencia. Solicita además que pague una indemnización a la Administración del Principado de Asturias de 37.185 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Ponga.
El fiscal acusa además a dos operarios municipales, M. C. V. y E. R. M. de un delito continuado de desobediencia, y pide para ellos diez meses de prisión. El Gobierno del Principado está personado en la causa como acusación particular.
En sus conclusiones, el fiscal explica que el 5 de febrero de 2008 el alcalde solicitó a la Consejería de Medio Ambiente autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del caserío de Ventaniella hasta el puerto del mismo nombre y de La Guaranga a Arcenorio. Cuatro meses después, y al no haber obtenido respuesta, el Pleno aprueba a proposición del grupo de Cándido Vega que el propio Ayuntamiento ejecute los trabajos, siempre que se cuente con los permisos correspondientes.
El 31 de julio, la Consejería de Medio Rural comunica al Ayuntamiento que es enecesario un documento de evaluación medioambiental para saber si es necesario realizar un estudio de impacto previo a las obras, pero según el fiscal, pese a saber que no contaba con la autorización que él mismo había solicitado y que era necesario el estudio de impacto, Cándido Vega ordenó la ejecución de las obras.
El seis de agosto, un guarda de la Consejería de Medio Ambiente observó que se estaba ejecutando una obra en el puerto de Ventaniella, por un trabajador municipal. Éste ordenó al palista que detuviese los trabajos y levantó acta de la circunstancia. El trabajador se negó a detenerse porque él «sólo recibía órdenes del alcalde de Ponga». En los días siguientes, hasta el día 20, las obras continuaron a pesar de que la guardería había advertido al alcalde de la ilegalidad de los trabajos, al encontrarse éstos dentro del Parque Natural de Ponga.
Similar circunstancia se vivió en las obras de la pista entre La Guaranga y Arcenorio, donde también se ensanchó el vial por medio de una pala excavadora. De nuevo se ordenó al palista el día 18 de agosto que cesase en sus trabajos, aunque en este caso el trabajador sí abandonó el lugar. Sin embargo, con posterioridad los guardas comprobaron que, a pesar de haber advertido de nuevo al alcalde, los trabajos habían avanzado. Y el 23 de agosto de aquel año, sucedió de nuevo lo mismo en el camino de Calviado a Solafoz.
En los tres casos considera el fiscal que los trabajos se desarrollaron en zonas sensibles desde el punto de vista natural, pudiendo afectar a la flora y la fauna del lugar. Además, explica que las obras suponen un cambio en las condiciones de uso de los caminos, pasando de ser caminos estrechos y, en ocasiones, empedrados a pistas por las que puede circular un todoterreno, afectando a los hábitats de osos y urogallos, entre otras especies.
El juicio aún está sin señalar, y el alcalde de Ponga, Cándido Vega, prefirió ayer no hacer declaraciones, a la espera de estudiar con sus abogados la postura que adoptará a partir de ahora. El regidor pongueto siempre defendió que había realizado las obras ante la pasivididad del Gobierno regional, y que esos trabajos eran necesarios para los ganaderos del concejo. El enfrentamiento entre ambas administraciones es constante desde hace tiempo, y Vega hasta amenazó con un abandono del Parque Natural por parte del concejo. El regidor reclama compensaciones, más inversiones y facilidades para ejecutar obras en su territorio, que forma parte íntegramente del territorio protegido.
* El Comercio Digital - 6.05.10
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com
Armilla: Los peritos auguran un colapso del tráfico y abogan por el derribo parcial del Nevada
+centro+comercial+Nevada+(archivo)+-+granadahoy.com.jpg)
GRANADAHOY* : Los expertos calculan que sólo se han destinado a zonas verdes 4.000 metros cuadrados: 18.000 menos de los que debería tener un centro comercial de esas dimensiones que lo sitúan entre los 5 más grandes de Europa. Zonas verdes escasas, sótanos por encima del suelo y calles estrechas que provocarán un colapso diario de tráfico. Éstas son algunas de las irregularidades del Centro Comercial Nevada de Armilla que ayer resaltaron los peritos judiciales durante la octava sesión del juicio, en la que ratificaron todos los puntos del informe que emitieron por encargo del juez que instruyó la causa, Miguel Ángel del Arco.
Fue uno de los expertos, José Luis Gómez Ordóñez, catedrático de Urbanismo en la Universidad de Granada y Premio Nacional de Urbanismo en dos ocasiones, quien hizo de portavoz, exponiendo sus consideraciones con claridad y contundencia. La más importante de ellas: para restaurar la legalidad urbanística vulnerada por el Nevada habría que llevar a cabo "una demolición parcial".
Y es que aunque en su informe los peritos también plantearon la posibilidad de un derribo total, hay que tener en cuenta, como resaltó el portavoz, "la inversión realizada" y "las expectativas públicas de empleo" generadas, así como el indudable impacto que tendrá en la economía granadina un centro comercial de sus características.
Así, para los expertos, una reducción de la construcción sería un bien colectivo. "El Nevada no es una tarta que se pueda cortar con un cuchillo, pero un buen proyecto arquitectónico, que hiciera atractivo el edificio, podría perfectamente cortar zonas que dejen su parte útil", apostilló.
Aunque no llegó a especificar cuánto habría que demoler, el portavoz recordó que en la primera fase del Nevada -aprobación del plan parcial C- se preveía construir sólo 70.000 metros cuadrados y finalmente han sido 275.000. Una parte importante de lo construido son sótanos que están por encima del suelo, una circunstancia que suscitó la siguiente consideración del perito: "El plan parcial B (el de la segunda fase del Nevada) no puede aprovecharse de la laxitud de las normas para no computar 80.000 metros cuadrados que están por encima del suelo; no se puede llamar sótano a algo que está encima del suelo".
A juicio de los expertos, la actuación que se haga para legalizar el Nevada debería tratar especialmente de recuperar zonas verdes, pues sólo se han reservado 4.000 metros cuadrados de los 22.000 que "como mínimo" debería tener una superficie comercial de su dimensiones (el Nevada es uno de los cinco centros comerciales más grandes de Europa). Un eventual bulevar, tipo Paseo del Salón, podría ser una buena opción para la zona, opinaron.
Sobre el tráfico, sólo hay que imaginar un sábado a hora punta. Tratarán de acceder al centro comercial vehículos de la capital, del Cinturón y de provincias vecinas, con lo que se podrían concentrar en los accesos alrededor de 3.000 coches, una cifra de vehículos "que llenaría absolutamente la Gran Vía de Granada". En este contexto, el portavoz recordó que debió hacerse un estudio previo y vaticinó que si el centro abre sus puertas en las circunstancias actuales, "las rotondas estarán colapsadas" y habrá "graves problemas de tráfico" debido a la estrechez de las calles circundantes, que además tienen espacio reservado al Metro ligero.
Con respecto a la diferencia de alturas de las calles, los expertos consideran que la rasante se debió haber fijado en la esquina entre las calles Darwin e Hipócrates "e ir haciendo escalones", algo que en a su parecer "no hubiera sido difícil", pues "el edificio tiene recursos de arquitectura para solucionar este problema". Y es que la fijación que se hizo ha provocado, por ejemplo, que haya una calle que esté más baja que el suelo del sótano, o que el techo del sótano esté a la altura de un segundo piso.
Al final de su intervención, Gómez Ordóñez dijo, a modo de conclusión, que durante la tramitación del Nevada se produjo "una adaptación de las normas al proyecto, y no del proyecto a las normas". "En sus inicios, se modificaron las Normas Subsidiarias de Armilla para que se pusiera en marcha el proyecto, cuando se ideó que tenía que ocupar el doble de superficie, se volvieron a modificar y ahora el nuevo Plan General se está elaborando para hacer legalizable el Nevada", concluyó.
La sesión de ayer comenzó con algo de retraso porque hubo que acoplar en la sala a todos los integrantes del equipo de peritaje -siete profesionales de reconocido prestigio- y ubicar una gran pantalla para ilustrar con planos sus explicaciones. El juicio continúa hoy.
* Granada Hoy - 6.05.10
Foto: Imagen de archivo del Centro Comercial Nevada.- granadahoy.com
El ex alcalde de Haría entra en la cárcel
+-+flickr.com.jpg)
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, ingresó ayer pasadas las diez de la noche en la cárcel de Tahíche para cumplir una pena de tres años y medio de prisión por falsedad en documento público al añadir cláusulas de manera fraudulenta a un contrato de arrendamiento al margen de lo aprobado en la sesión plenaria. La pena le acarrea también diez años de inhabilitación para cargos públicos. Ramírez, que también fue senador por la Isla y director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, había recibido el requerimiento para su presentación voluntaria en el plazo de un día en el centro penitenciario a las nueve y media de la mañana del lunes.
Su encarcelamiento es la culminación de un proceso penal que arrancó con la denuncia de prácticas irregulares alrededor de un caserón denominado Villa Dolores, situado en el pueblo de Haría. El pleno aprobó alquilarlo a su propietario por 900 euros al mes y por un periodo de cinco años para utilizar la vivienda y su parcela como mercado de artesanía, parque público y aparcamiento. Posteriormente, Ramírez y Pedro Rafael Perdomo, condenado a dos años de cárcel en la misma causa, añadieron dos cláusulas que establecían la posibilidad de prorrogar el contrato otros veinte años y, además, establecían un pago mensual de 3.000 euros. Los hechos se remontan al año 1995, con Ramírez de alcalde.
Los acusados fueron absueltos por la Audiencia Provincial, pero la Fiscalía decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que declaró el año pasado culpables tanto a Ramírez como a Perdomo. El actual regidor municipal, José Torres Stinga, retiró por decreto el acta a Ramírez, que ahora milita en el CCN (también ha pasado por las filas del PSOE, Coalición Canaria y Asamblea Conejera, fundada por él mismo). Ramírez recurrió esta decisión, que fue avalada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También solicitó el indulto por el caso Villa Dolores al Consejo de Ministros, que decidió denegárselo el pasado 16 de abril. Ahí se abrieron para él las puertas de la cárcel.
* La Provincia - 5.05.10
Foto: Haría (Lanzarote) - flickr.com
Condenan a Muñoz y a Roca a pagar 18 millones a Marbella
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella podrá recuperar otros 18 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha condenado a varios ex concejales del Ayuntamiento y a antiguos responsables de la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación a devolverle a la ciudad esta suma. Entre ellos, al ex alcalde Julián Muñoz y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La sentencia, que no es firme, responde a una reclamación concreta englobada en el ´caso Monteverde´. Este procedimiento judicial investiga el desvío de 42 millones de euros desde las arcas públicas de Marbella a empresas relacionadas con el arquitecto madrileño Carlos Monteverde Gavilanes, en concepto de proyectos que nunca llegaron a ejecutarse.
Facturas. "La primera parte de los proyectos, que nunca se realizaron pero que se cobraron, se empezaron a facturar y a cobrar con cargo a esta sociedad", explicó ayer el portavoz municipal, Félix Romero. Posteriormente, los cargos se cobraron directamente al Consistorio, añadió.
El fallo judicial establece una condena de 12,8 millones de euros, que considera defraudados a esta sociedad. A esta cantidad, hay que sumarle otros cinco millones, en concepto de intereses generados durante la resolución de la causa.
El montante global, cercano a los 18 millones, es la cantidad que deberán abonar en total –además de Muñoz y Roca–: el abogado Modesto Perodia, el ex contable Antonio Callejas y los ex ediles Esteban Guzmán, Francisco Javier Lendínez y María Luisa Alcalá Duarte, entre otros, detalló.
Todos ellos "tenían a su disposición" los fondos de la sociedad municipal cuyo desembolso "no quedó debidamente justificado de acuerdo con la resolución judicial", afirmó el representante del gobierno municipal del PP.
Para recuperar este dinero, el Ayuntamiento de Marbella tiene previsto recurrir a la lista de bienes embargados en los distintos procedimientos judiciales que afectan a la localidad malagueña. Como pueden ser el ´caso Saqueo´ o la operación ´Malaya´.
"Comenzaremos la traba de embargos de bienes localizados para lograr satisfacer ese dinero", señaló Romero. Eso sí, "siempre que no exista recurso por parte de los condenados", aclaró. Sobre esta sentencia cabe recurso de apelación.
Con o sin recurso, el gobierno municipal del PP mantiene un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria para saldar la deuda pública de la ciudad, que asciende a 280 millones de euros.
En virtud de este pacto, el Ayuntamiento cedía los derechos de cobro de todas aquellas sentencias que le resultaran favorables a sus intereses. Esta última es un claro ejemplo.
El portavoz municipal recordó que tanto la Seguridad Social como Hacienda cuentan con más medios para garantizar el cobro. No obstante, "hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles", concluyó.
* La Opinión Málaga - 5.05.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Castellón: Patrimonio en la cuerda floja
,+recinto+amurallado+en+peligro+-+levante-emv.com.jpg)
LASPROVINCIAS* : No están todos los que son. Pero la lista roja del patrimonio elaborada por Hispania Nostra ofrece una pincelada de algunos de los monumentos más significativos del patrimonio castellonense que están en riesgo de desaparición. Cinco bienes de la provincia forman parte de un listado que «aspira a recoger aquellos elementos del patrimonio histórico español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores», informa la asociación sin ánimo de lucro a través de su página web.
La Lista Roja del Patrimonio, que se actualiza periódicamente, incluye los castillos de Almonecir, Azuébar y Montornés (en Benicàssim), la ermita del Calvario de Canet lo Roig y el recinto amurallado de Torralba del Pinar. Todos estos bienes están en grave deterioro y progresivo riesgo de desmoronamiento a excepción del Castillo de Almonecir, cuyas obras de rehabilitación se ajdudicaron en marzo de 2008.
El de Azuébar, catalogado desde 2006 como Bien de Interés Cultural, presenta un estado de «ruina» y sufre «un abandono y progresivo desmoronamiento», según Hispania Nostra. El castillo de Montornés, cuyos restos dominan el valle de Miravet, en Benicàssim, también está en ruina.
La ficha de la ermita del Calvario de Canet lo Roig advierte de que «parte de la cúpula y de un muro se han hundido» y que el exterior presenta «una grieta de grandes dimensiones» por lo que el inmuebe, un ejemplo de la arquitectura ilustrada barroca valenciana del siglo XVIII, «amenaza ruina». Del recinto amurallado de Torralba del Pinar, del que apenas quedan vestigios, indica que está catalogado como BIC desde 1998.
En el otro extremo de la cuerda se encuentra el monasterio cartujo de Vall de Crist, en Altura, que se retiró de la lista roja y pasó a la sección de patrimonio restaurado o en restauración tras la consolidación de los muros perimetrales, tratada la fachada y recompuestos arcos de la iglesia en 2007-2008 con cargo al 1% cultural.
Hispania Nostra cuenta con la colaboración de más de una decena de entidades y asociaciones y numerosas personas a título individual interesadas en la defensa del patrimonio que contribuyen a la elaboración de esta lista roja.
La asociación nació en 1976 con motivo de la celebración del Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo y en sintonía con la organización Europa Nostra, para la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español. La entidad presidida por Alfredo Pérez de Armiñán ha desarrollado multitud de programas con las asociaciones y entidades relacionadas con el patrimonio cultural; conferencias y ciclos para concienciar a la sociedad.
* Las Provincias - 21.02.10
Foto: Torralba (Castellón), recinto amurallado en peligro - levante-emv.com
