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LAVERDAD/Murcia* : La Policía tiene registradas múltiples llamadas entre el concejal independiente y el empresario que impulsaba una urbanización en un paraje de especial protección «No desesperes. Voy a muerte hasta el final», le escribió en un SMS el edil que ahora entra al equipo de gobierno.
El alcalde popular de Águilas, Juan Ramírez; la consejera de Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García, y el portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, tendrían quizás que haber esperado unos días antes de bendecir con sus gestos y sus palabras la incorporación al equipo de gobierno municipal de un edil tránsfuga: Clemente García López, quien salió elegido en las pasadas elecciones por el Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) y que a finales de julio se pasó al Grupo Mixto.
Quizás, hoy, Ramírez, García y Sánchez, se habrían alegrado de haber aguardado hasta poder echarle un vistazo a las últimas diligencias judiciales del caso Zerrichera, cuyo secreto se levantó hace un mes, y haber constatado la especial relación, de práctica subordinación, que el citado edil Clemente García mantenía hacia el empresario murciano Trinitario Casanova, principal impulsor de un resort de unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en el paraje protegido de La Zerrichera.
Quizás, entonces -aunque esto no son sino suposiciones-, Pedro Antonio Sánchez no habría refrendado con su presencia las bondades del pacto alcanzado entre el alcalde y el edil tránsfuga, y la consejera de Economía quizás hubiese estado más comedida a la hora de definir a Clemente García como «un hombre honesto y honrado» y a quien dijo conocer desde la infancia.
«Lo mejor que le podido»
Y es que las numerosas grabaciones telefónicas recabadas por los agentes de la UDYCO demuestran la estrecha relación existente entre Trinitario Casanova, y el ex concejal del MASd, que en apariencia acomodaba su actuación política a la voluntad y a los deseos del empresario. Un ejemplo muy explícito se registra el pasado 18 de marzo, unos minutos antes de las tres de la tarde, cuando Clemente García Pérez telefonea a Casanova y le informa de que una votación, en la que éste último tenía gran interés, ha transcurrido en contra de los intereses del promotor.
Éste, enfadado por el traspiés, apenas quiere escuchar a su interlocutor y le insta a hablar otro día.
- Clemente: Bueno, el resultado el resultado es que hemos estado paralizando la votación más de media hora...
- Trinitario: Que tampoco lo comentemos eso. Ya cualquier día, tranquilamente tomando un café, comentaremos cosas. No, ahora no. Vamos a comer tranquilamente (...)
- Clemente: Hombre, creo que lo he hecho lo mejor que he podido. No he podido hacer otra cosa.
- Trinitario: Tranquilo, que ya hablamos tomando un café.
- Clemente: Te lo digo en serio.
- Trinitario: Tomando un café hablaremos, venga.
«Reunión con la consejera»
Más significativo es el mensaje que dos días después envía Clemente García al empresario. «Esta tarde me reúno con la consejera (en apariencia, Inmaculada García, también aguileña de origen y amiga de juventud). Parece que han reaccionado. Dios quiera. No desesperes. Voy a ir a muerte hasta el final. Un abrazo».
Por no hablar del SMS que apenas cuatro horas después le envía de nuevo: «Quiero que valores la posibilidad de que yo haga unas declaraciones a nivel regional y nacional. Con la excusa de Marina de Cope. Podemos dar a conocer a toda España el daño que se le ha hecho a Águilas. A las personas y a las empresas».
La respuesta de Casanova debió de ser positiva, pues 45 minutos más tarde, Clemente García Pérez vuelve a enviarle otro SMS: «OK. Acabo de estar con mi amigo el senador y me ha dicho que me va a ayudar todo lo que pueda para meter presión. La reunión va a ser, al final, mañana a las 11. Te mantengo informado».
«Sólo me falta el gran jefe»
Al día siguiente, 21 de marzo, cuando en apariencia se celebraba el encuentro «con la consejera», Clemente envía otro mensaje de móvil al empresario, dándole cuenta de su gestión. «La reunión ha ido bien. He visto voluntad. Sólo me falta una reunión con el gran jefe próximamente».
El día 28 de marzo, los agentes de la UDYCO interceptan los dos siguientes SMS, que parece venir a confirmar, una vez más, la subordinación de Clemente García a los intereses de Casanova. El primero, a las 19.53 horas: «Acaban de confirmarme la cita con el presidente para la próxima semana. Creo que deberíamos vernos antes». Y 17 minutos después, después de haber recibido supuestamente las indicaciones del empresario: «OK. No lo dudes. Tengo las ideas muy claras. Siempre se hará en los términos pactados. Buen viaje».
«Dando instrucciones»
Conversaciones telefónicas de ese tipo, que fueron debidamente registradas por los especialistas de la Policía y cuyas transcripciones están en poder de La Verdad, son las que han llevado al juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, a ir prorrogando, un mes tras otro, la intervención de los teléfonos utilizados por Trinitario Casanova.
No en vano, el magistrado destaca la estrecha relación del promotor de la Zerrichera «con personas vinculadas con el entorno de Pedro Gil, como es Clemente García Pérez, concejal y miembro del partido oportunamente fundado por Gil cuando éste abandonó o fue cesado por el PSOE». Y añade que esas conversaciones que se van produciendo a lo largo de meses, unidas a las que previsiblemente se irían sucediendo en fechas próximas, podrían ser de gran relevancia para la investigación.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 29.08.2008
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
El edil tránsfuga Clemente García, que ha dado mayoría al PP de Águilas, actuaba al dictado de Casanova
Munar infló ilegalmente en 23 millones las obras de la carretera de Manacor
ELMUNDO/Palma* : Mientras el Govern del PP modificaba al alza el presupuesto del velódromo Palma Arena en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, el Consell de Mallorca de UM hacía lo propio con su obra estrella: la carretera Palma -Manacor. Una infraestructura que, teniendo en cuenta su coste financiero, puede considerarse como la más importante de cuantas han sido realizadas en Baleares hasta la fecha.
Y si en el primero de los casos los técnicos analizan en estos momentos la legalidad de las modificaciones de manera conjunta con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, en el segundo ya existe un dictamen firme por parte de los servicios jurídicos de la institución insular que ahora preside la socialista Francina Armengol.
Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: señalan que el proceso fue "nulo de pleno derecho" al no mediar expediente administrativo alguno. "Se hizo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, por lo tanto –las modificaciones del presupuesto– están viciadas de nulidad de pleno derecho y no son susceptibles de convalidación", apostillan la jefa de servicio de Secretaría Técnica del Consell de Mallorca del Departamento de Obras Públicas, Magdalena Porcel; y el secretario general de la institución, Jeroni Mas, en un documento que obra en poder de Armengol desde el pasado 21 de febrero.
No obstante, el Govern que preside su compañero de partido Francesc Antich no ha querido hacerlo público ni tampoco ponerlo en manos del Ministerio Público para que investigue el multimillonario modificado como sí lo ha hecho con el del recinto deportivo palmesano.
El 16 de mayo de 2007 la empresa concesionaria de las obras, explotación y mantenimiento de la carretera Palma-Manacor, integrada por Melchor Mascaró; Electro Hidráulica; Aglomerados Mallorca; Obras y Pavimentaciones Man; y Sacyr remitió al Consell de Mallorca un documento en el que advertía la necesidad de ampliar el presupuesto de 145.529.298 euros previsto inicialmente para acometer el desdoblamiento de la Ma-15.
El 'interés público'
El director de las obras aludía entonces a la necesidad de que se aumentara la disposición de dinero "por razones de interés público". Ya que, siempre según él, habían surgido "circunstancias imprevistas" que habían puesto en peligro la "necesidad de mantener el tránsito con un nivel de servicio funcional, así como la necesidad de acabar las obras dentro de los plazos previstos". "Se justifica la modificación", explicaba en su informe, "en que la obra consistía en abrir una zanja del mínimo amplio posible donde ubicar la carretera desdoblada, los caminos de servicio y los diferentes accesos". "Allí también se debían ubicar los diferentes enlaces" lo que, agregaba la concesionaria, "obligaba a demoler y reconstruir todos los cerramientos y servicios ubicados en el entorno o bien hacer las correspondientes obras de adaptación en los casos de los servicios ya existentes –gasolineras, restaurantes, etc–". "Asimismo", concluía la contratista, "se debe hacer sin interrumpir el tráfico y respetando los plazos de ejecución previstos". Para llevar a cabo estos extremos y no alterar ni la circulación ni las fechas marcadas, la modificación se tenía que materializar en un «incremento total de la inversión» de 22.721.735 euros.
A la vista de esta petición el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, curiosamente ex gerente de una de las empresas concesionarias, Melchor Mascaró, acordó dar luz verde a esta petición. Lo hizo el 23 de mayo de 2007, apenas cuatro días antes de las elecciones. Asumía para justificar su decisión la necesidad que esgrimía su ex empresa de ampliar el presupuesto inicial atendiendo al referido "interés público".
El informe jurídico elaborado por el Consell de Mallorca a posteriori advierte en la actuación de los responsables del Departamento de Obras Públicas comandado entonces y ahora por Pascual, "la inobservancia de los requisitos para la modificación de los contratos de concesión de obras públicas". Y recuerda que "ni el contratista ni la dirección facultativa pueden ejecutar modificaciones sustanciales en la obra sin la debida aprobación por el órgano de contratación conforme a la Ley de Contratos". Y que "en caso de hacerlo se originan responsabilidades para el contratista, la dirección facultativa de obra y/o a los funcionarios encargados de la inspección y el control de las obras".
* El Mundo - ESTEBAN URREIZTIETA | EDUARDO COLOM - 29.08.2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Málaga: Derribo con polémica en La Virreina
MÁLAGAHOY* : Las máquinas entraron ayer en el parque periurbano de La Virreina y derribaron el antiguo caserón de recreo. El equipo de gobierno del PP justificó la actuación en el "estado de ruina inminente" del inmueble y aseguró que, pese a que carecía de protección, ha hecho los planos para reconstruirlo tal y como estaba.
Mientras, el grupo municipal del PSOE se lamentó de la pérdida de uno de los "escasos ejemplos" de casonas del siglo XIX que hay en Málaga y acusó al PP de convertirse "en el principal destructor del patrimonio histórico y artístico de la ciudad".
Qué hacer con la antigua casona es uno de los pulsos que mantienen populares y socialistas. La última propuesta del PSOE, plasmada en una moción que fue rechazada el pasado junio, fue acondicionar el inmueble como un centro de fomento empresarial, con el objetivo de contribuir a la creación de empleo en La Palma-Palmilla. El programa electoral del PP para las municipales de mayo de 2007 contenía que el caserón de La Virreina sería rehabilitado y tendría uso social.
Ayer, la concejal del Distrito, María Ángeles Arroyo, precisó que se estudiarán los "diferentes proyectos" que el Ayuntamiento baraja para la parcela y que la opción elegida será "la mejor para los vecinos". Una de las posibilidades que se estudia, según trascendió hace unos meses, es ubicar la llamada Ciudad de la Diversión, una iniciativa impulsada por la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, con un parque similar al Valle de los Seis Sentidos de Valladolid, que la edil visitó personalmente hace un tiempo.
Sobre la demolición llevada a cabo por la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio sostuvo que el estado de conservación del edificio, de titularidad municipal desde el 2000, se había agravado en los últimos meses y era "pésimo", además de que resultaba "extremadamente peligroso". "Algunas personas lo frecuentaban con el consiguiente riesgo y peligro ante posibles derrumbes y desprendimientos", dijo en un comunicado. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, recordó que el edificio no estaba protegido y que antes de la demolición se han levantado los planos para "reproducir la construcción original".
La viceportavoz municipal del PSOE, Mariluz Reguero, criticó al PP por "aprovechar" agosto, mes en que la actividad municipal es casi inexistente, para "destruir el patrimonio" de la ciudad y lamentó que no se haya dotado al inmueble de algún tipo de protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente hace un par de semanas.
Reguero sostuvo que el PP pretendía la demolición del inmueble, ya que aunque era de su propiedad desde 2000, "no se ha querido rehabilitar en ningún momento". Afirmó que hay otros edificios similares que sufren abandono "con la finalidad de que se caigan", entre los que citó la finca La Píndola, Los Remates o Soliva. Informó también de que el PSOE ha reclamado los informes técnicos sobre el estado del caserón de La Virreina y el decreto de ruina y demolición firmado por el alcalde, Francisco de la Torre.
* Málaga Hoy - E. Codina - 29.08.2008
Foto: Una máquina ultima, ayer, el derribo del caserón de La Virreina./malagahoy.es
La denuncia que ha acabado en los tribunales la presentó ¡Abusos Urbanísticos No!
LEVANTE/Valencia* : La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) mostrado ayer su satisfacción por la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. El presidente de AUN, Enrique Climent, explicó el recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia por la posible infracción de directivas de contratos públicos "tuvo su génesis en las denuncias de 2004 de AUN".
"Nos causa una magnífica sensación este acontecimiento y esperamos que tenga buen final" ha añadido su portavoz, quien ha reiterado que "ya no existirá la influencia ni los intereses de los partidos políticos porque el tema ya lo lleva el Tribunal Europeo". Por tanto, continuó, "al estar el asunto en manos del Tribunal Europeo, los grupos políticos ya no tienen nada que decir", en alusión a los apoyos y criticas dados a las normas urbanísticas valencianas desde el PP y PSPV.
Por su parte, Veïns de Parcent espera que "Europa aplique toda su fuerza para defender a sus ciudadanos". En esta población de la Marina Alta, de poco más de 1.000 habitantes, la tramitación de tres polémicos PAI (que hubiera incrementado su población a 5.000 almas) ha provocado un cambio de gobierno, una sentencia del TSJ-CV contra uno de los proyectos (que hizo escuela y generó la doctrina Parcent) y, ahora, tiene enfrentados a los promotores con el actual equipo de gobierno que reniega del crecimiento desenfrenado que proponía el anterior equipo del PP, dirigido por Maria del Carmen López.
Ayer, el concejal de Urbanismo de Parcent, Joan Carles Poquet (Coalición Democrática de Parcent-CDP), calificó de "interesante" el proceso y ha apuntado que "las leyes que rigen a los ciudadanos deben adaptarse a las leyes europeas".
* Levante-EMV - Efe/L. B. B., Alicante/Valencia - 29 de agosto de 2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Cientos de personas viven alegalmente en comercios del Turó de la Peira
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ELPAÍS/Barcelona* : La calle de Travau es, a las seis de la tarde, un hervidero de niños latinoamericanos que juegan por la acera a perseguirse. Es también una sucesión de persianas metálicas a medio abrir. Ya no hay comercios. Han desaparecido. Ahora, tras las persianas bajadas que alguna madre vigila desde su silla plegable, se esconden hogares a pie de calle.
En el Turó de la Peira, un barrio de origen obrero en el distrito de Nou Barris, un centenar de locales se han convertido de forma alegal en vivienda. En cambio, según datos del distrito, en cinco años solamente se han solicitado ocho peticiones de licencia de cambio de uso: tan sólo cuatro se han concedido.
Así es como la estructura comercial del Turó ha muerto progresivamente coincidiendo con la llegada de la inmigración. Pocas tiendas quedan de lo que había sido una zona comercial en ebullición hace ocho años. En el año 2000, el número de licencias de comercio era de 1.200. Cinco años más tarde, la cifra retrocedió hasta las 1.106, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes del Consistorio aseguran que, con la eliminación del IAE, hoy no hay datos públicos objetivos para contabilizar el número de locales comerciales en la ciudad. Sólo hay encuestas valorativas de los propios comerciantes, que en el caso de Nou Barris reflejan la preocupación por su futuro.
El gerente del distrito, Josep Garcia Puga, y su director de servicios técnicos, Albert Bassas, afirman desconocer la alegalidad en la que se encuentran un centenar de familias, gran parte de las cuales provienen de Ecuador y República Dominicana. Así mismo, anuncian que abrirán una investigación y aseguran que, de confirmarse, "sería muy grave". Sin embargo, restan importancia a la proliferación de locales-vivienda.
Garcia Puga afirma que "pudiera ser que, en algunos casos, los propietarios, ya viejos, decidieran quedarse a vivir en el local; o bien que, sin mala fe y desconociendo los procedimientos legales, hubieran alquilado su local como vivienda a inmigrantes". También admite el gerente que, en otros casos, alguien pudiera aprovechar para hacer negocio fuera de la ley.
Una pareja se interesa en una inmobiliaria del barrio por un local en la esquina de la calle de Travau con Aneto para convertirlo en vivienda. "El alquiler va de los 300 a los 400 euros, la venta sale por unos 90.000 más las reformas", afirma el vendedor. El alquiler medio de un piso en Barcelona ronda los 800 euros.
Visitan un local de 33 metros cuadrados con dos estancias a diferentes alturas, cuatro escalones que las unen, una ventana que da al patio interior y techos que apenas llegan a los dos metros de altura. Luego visitan otro local, éste en la calle de Beret, también de unos 35 metros cuadrados. La estancia ya tiene tabiques que la dividen. Al entrar está el comedor, luego un dormitorio sin ventana, un pequeño lavabo, una cocina y otra habitación con una ventana que da a la calle. El local está plagado de humedades. Ambos, por supuesto, no cumplen las condiciones de habitabilidad. "Esto puede quedar muy chulo, he visto locales así y luego ves cómo han quedado y no parecen lo mismo", explica el vendedor.
Albert Bassas, director de servicios técnicos del distrito, afirma que el propietario puede ser procesado si hay evidencias de que conoce la alegalidad que se está cometiendo en su local alquilado. "Si los requisitos básicos de habitabilidad se incumplieran, podrían darse casos de sobreocupación e infravivienda", añade.
Para hacer habitable un local y conseguir la licencia de cambio de uso, un arquitecto debe presentar un proyecto de obra al Ayuntamiento. Si el proyecto cumple con los requisitos, el Consistorio, tras una inspección in situ, concede la licencia y la obra puede proceder. Posteriormente, para acceder al suministro de agua, luz y gas, y poder optar a las subvenciones que concede el Estado sobre vivienda, el inquilino tiene que conseguir la cédula de habitabilidad. Debe, para ello, recurrir de nuevo a un arquitecto que revise si, una vez más, el espacio es habitable. Así pues, en este último trámite, el Ayuntamiento no interviene y, por tanto, reconoce no saber si se producen estafas. "Si tienes los contactos, con dinero puedes conseguir la cédula, -dice el vendedor de la inmobiliaria mostrando una de ellas-, no sé cómo se lo hacen, pero la consiguen".
Locutorios, tiendas de alimentación regentadas por paquistaníes, peluquerías y algún bar son los únicos negocios que aún se mantienen. Lo cierto es que la mayoría de los viejos comerciantes -familias que abrieron su local en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, y cuyos hijos han abandonado el Turó por zonas más céntricas- se han jubilado. Es el caso de la pastelería Pons, en la calle de Cadí con Aneto, así como decenas de otros comercios, entre ellos carnicerías, pollerías, librerías, tiendas de ropa, videoclubes y mercerías. Sobre las causas, según el distrito, una zona, los pisos construidos por Sanahúja, que aún no ha sido capaz de rehacerse del duro golpe de la aluminosis.
La asociación de vecinos reconoce estar muy atenta a la sobreocupación en los llamados pisos patera. Pese a ello, su presidente, Antonio Silva, que remienda los zapatos de los vecinos desde hace más de treinta años, asegura no tener noticia de irregularidades en estos locales-vivienda. Sin embargo, reconoce que ha habido una transformación evidente en el barrio y que, en general, el cambio ha sido más que positivo. "El Turó se ha rejuvenecido gracias a los inmigrantes, las tiendas habían cerrado y ahora hay más vida en la calle", explica mientras tornea la suela de un zapato viejo.
Más allá de las alegalidades, desde el distrito no ven con malos ojos esta transformación. Y aseguran que es una tendencia que progresa en muchos barrios de Barcelona con características parecidas, como Poblenou, Barceloneta, Horta o Gràcia, debido a la crisis del pequeño comercio y la demanda de metros cuadrados a bajo precio.
* ELPAIS.com - CRISTINA GARDE - Barcelona - 29/08/2008
Foto: Barcelona vista - Sergi Larripa (wikimedia)
