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IDEAL/Granada* : Las empezó a construir cuando era regidor en unos terrenos que se habían declarado urbanizables con el PGOU que terminó de aprobar su gobierno. El Juzgado de Instrucción nº2 de Loja ha paralizado las obras de la urbanización que promueve el ex alcalde de Íllora, Antonio Toral, y que -según los informes que constan en las actuaciones- invaden el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de Loja.
Las obras comenzaron cuando Toral todavía estaba al frente del Ayuntamiento. Es más, la operación urbanística se cerró definitivamente mientras él era alcalde. Por este asunto -desvelado pro IDEAL en diciembre de 2006- la Fiscalía del TSJA presentó denuncia contra el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo por los supuestos delitos de ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Cuando sucedieron los hechos Antonio Toral era administrador único de la sociedad Construcciones y Promociones Parapanda Residencial S. L., una empresa dedicada a la «promoción, adquisición y venta de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción, por cuenta propia o ajena», según figuraba en el Registro Mercantil.
Antonio Toral ostentaba el cargo desde el 30 de enero de 2006, el mismo día que inició las operaciones la sociedad. Meses antes, el 11 de noviembre de 2005, el Boletín de la Provincia (BOP) publicaba que el Ayuntamiento había admitido a trámite un proyecto de reparcelación en la pedanía de Alomartes. La operación había sido promovida por la mujer del alcalde y una socia.
Los terrenos habían sido declarados urbanizables -denuncia el PSOE- con la revisión del planeamiento urbanístico (PGOU) que se tramitó en esos años. Un plan que se aprobó definitivamente en noviembre de 2005, aunque el alcalde no participó en aquella votación.
El PSOE -que gobierna en la actualidad- había sido descabalgado a la oposición tras una moción de censura en diciembre de 2003, impulsada por el tripartito PP-PA-PSA. Según los socialistas, la urbanización contemplaba más de un centenar de casas y cuando saltó la investigación ya se habían empezado a construir y estaban casi acabadas las seis primeras, que se habían puesto a la venta al precio de 162.274 euros cada una.
La Delegación de Medio Ambiente emitió un informe en noviembre de 2006 en el que alertó sobre la posibilidad de que las casas que construía el alcalde estuvieran dentro de una cañada real. La Junta aseguraba que el deslinde de la vía pecuaria -de 75 metros de ancho- no se había efectuado.
El Juzgado accede en un auto -recurrible- fechado el 25 de junio a la petición del Ayuntamiento de Íllora, que está personado como acusación, y paraliza las obras de urbanización y de construcción, así como cualquier expediente para licencias de obra o de primera ocupación.
* Ideal - 22.07.08 - Q. CH.
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
El juez para las casas que promovió el ex alcalde de Íllora junto a una cañada real
La UE pedirá 30 millones por hoteles ilegales de Lanzarote
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ELPAÍS* : Sobre los 22 hoteles de Lanzarote declarados ilegales penden varias amenazas. No sólo la sentencia de ilegalidad y la posible demolición, sino que la Comisión Europea acaba de pedir al Ministerio de Economía todos los expedientes de los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006 para ver cuántos fueron a estos establecimientos y afirma que pedirá la devolución del dinero si, como aquí ocurrió, "fue a proyectos ilegales".
La cantidad supera los 30 millones de euros para zonas deprimidas que el Gobierno del PP concedió a estos establecimientos. Entre ellos está el hotel Playa, que José María Rosell, marido de la senadora del PP María del Mar Agüero, nunca concluyó pese a hacer recibido en 2000 1.660.000 euros para promocionar el empleo en la zona.
La semana pasada, la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía envió a la Comisión Europea el segundo gran paquete de información sobre las ayudas en Lanzarote. La Comisión le ha pedido todos los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006, en busca de un fraude masivo en las subvenciones hoteleras para zonas deprimidas. "Si los fondos europeos han ido a parar a proyectos ilegales en Lanzarote, le pediremos a España una corrección, cancelando toda o parte de la contribución de la UE", explica una portavoz de la dirección de Política Regional de Bruselas.
Al menos 10 hoteles recibieron más de 30 millones de euros entre 1998 y 2002, según la denuncia que el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein llevó al Parlamento Europeo. Se trata de ayudas destinadas a zonas deprimidas. Estos hoteles han sido declarados ilegales en un rosario de sentencias que comenzó el verano pasado. El Timanfaya Palace recibió 885.979 euros; el Princesa Yaiza 4,092 millones; el Natura Palace 3,055 millones; el Millenium, que nunca se construyó, 4,67 millones; el Meliá Volcán, 3,173 millones; el Rubicón Palace, 6,82 millones; el Riverostar Papagayo, 1,548 millones, y el Iberostar Costa Calera 1,199 millones.
Este diario intentó, sin éxito, contactar con Rossell, presidente de la cadena Hoteles Playa, con sede en Andalucía, y que además fue presidente de la patronal turística Exceltur. Su esposa, la senadora del PP por Almería, no quiso hacer declaraciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en Lanzarote, vulneraron sistemáticamente la moratoria turística que limitaba el número de camas que se podían construir en la isla, entre otras irregularidades. Las sentencias dan la razón al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique, que querían limitar el urbanismo salvaje en la isla.
Francisco Martínez, de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, afirma que si alguien tiene que devolver el dinero será la Administración, "ya que los hoteles tienen alguna irregularidad administrativa, pero los empresarios los construyeron con permiso municipal". El caso es jurídicamente complejo, ya que los hoteleros recurrieron la moratoria y consiguieron su anulación, aunque no por ello dejó de estar vigente, a la espera de lo que diga el Supremo.
Los hoteleros pedirán que sea el Gobierno quien devuelva el dinero y dirán que cuando fueron subvencionados no sabían que los edificios fueran a ser declarados ilegales. Más difícil será el caso de Rossell, que dejó de construir su hotel por orden judicial y del que aún queda el esqueleto de hormigón junto a la playa en Yaiza.
Los hoteleros minimizan el impacto de las sentencias y niegan que pueda llevarles a la demolición, opción que sí contemplan las sentencias que los declaran ilegales. Las resoluciones judiciales han dejado en el aire hasta una gran urbanización de 1.800 viviendas y 4.500 plazas y han creado una situación de urbanismo ilegal comparable al que existe en Marbella, con miles de camas declaradas ilegales.
El Cabildo de Lanzarote, presidido por el PSOE, comenzará la semana que viene a negociar para legalizar algunos de los hoteles: "Carecen de licencia y tendrán que hacer los trámites correctamente. Hay hoteles incompatibles con la moratoria, que tienen más camas y alturas, y menos zonas verdes, y tendrán que adecuarse al plan de ordenación insular", explican fuentes del Cabildo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/07/2008
Foto: Esqueleto del hotel Playa, que fue subvencionado con 1,6 millones y no se concluyó - elpais.com
Las 303 'banderas negras' del litoral
SOITU* : Hace apenas dos meses se presentó el informe de banderas azules de nuestra costa. Ahora, Ecologistas en Acción, muestra la otra cara de la moneda a través del documento 'Banderas Negras 2008. Hipoteca costera'. Este informe muestra en su décima edición un total de 303 banderas negras y 310 puntos negros, lo que supone un incremento de 28 nuevas banderas y un nuevo punto negro en relación a 2007.
Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Jorge Sáez, portavoz del área marina de Ecologistas en Acción, nos explica que "una bandera negra se refiere a un caso irreversible, de gran destrucción permanente o de proyectos que ya han comenzado; en cambio, un punto negro hace alusión a un caso puntual o a un proyecto ya aprobado que puede representar una amenaza".
Con todo, el estudio anual de 'Banderas Negras' constituye una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. Para Theo Oberhuber de esta organización ecologista, la principal causa del deterioro de las costas españolas es la intensificación del sector urbanístico, del turístico, del pesquero y en menor medida del agrario. "Esa intensificación ha supuesto una agresión del entorno costero que pone en riesgo para los próximos años la propia actividad de estos sectores, pronto vamos a sufrir las consecuencias económicas, sociales y ambientales de este modelo económico, hemos hipotecado la costa para los próximos años", explica esta ecologista.
Balance de las banderas negras por Comunidad Autónoma:
Andalucía (46)
En esta comunidad destacan la urbanización de Málaga, la construcción y ampliación de puertos deportivos y aquellos proyectos que conllevan la privatización de importantes tramos del litoral con los consiguientes impactos ambientales. El informe señala que aún hoy hay que lamentar casos como el de la playa de Fuentebravía, en el Puerto de Santa María, donde la urbanización salvaje del litoral ha arrasado el hábitat de especies protegidas como el camaleón.
En cuanto a la calidad de las aguas, el documento apunta a que el riesgo de que se produzcan mareas negras es cada vez mayor en las provincias de Huelva y Cádiz, debido al trasiego de sustancias peligrosas y contaminantes en las costas de estas provincias. En concreto Huelva, tiene el "peor caso de contaminación industrial" de toda Europa, según Sáez.
Asturias (28)
La costa asturiana ha sufrido en los últimos años la construcción masificada de nuevas viviendas. Sólo en la zona oriental se han levantado más de 30.000 nuevas viviendas con el deterioro medioambiental que esto conlleva.
Baleares (36)
El 'boom' turístico llegó hace años al archipiélago balear. En especial, Mallorca ha sufrido durante los últimos 40 años una gran presión urbanística en su litoral y diversas zonas con un gran interés natural y ecológico han sido urbanizadas. Actualmente el plan territorial de Mallorca incrementa el suelo edificable con unas previsiones urbanísticas de 5.000 hectáreas en 10 años, todo ello, según los ecologistas, en un territorio ya de por si bastante saturado.
En cuanto a la problemática de los campos de golf, actualmente en la isla de Mallorca funcionan 18 campos y se está tramitando la construcción de 16 más, muchos de los cuales van asociados a complejos residenciales y hoteles.
Canarias (31)
La compensación que se está dando en forma de permutas a hoteles en parques naturales es uno de los problemas más graves de este archipiélago. Esta situación permite ampliar las concesiones administrativas como es el caso del Oliva Beach y el de Tres Islas, a cambio de la propiedad de Lobos. Otro tema importante es la depuración de aguas: el informe indica que las islas canarias suspenden en esta materia. Canarias ha asumido una importante sobrecarga territorial en las zonas litorales de sus cuatro islas más turísticas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.
Cantabria (23)
Una de las mayores amenazas que sufre el litoral de Cantabria es su excesiva, continuada y acelerada urbanización. Prueba de ello es que actualmente existen 23 sentencias de derribo de diferentes urbanizaciones que afectan a 532 viviendas de cinco municipios costeros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo.
Además, los ambientalistas explican que se ha aprobado un Plan de Puerto e Instalaciones Portuarias que contempla grandes actuaciones en Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Comillas y San Vicente de la Barquera y cuyo objetivo es generar 2.750 atraques nuevos para embarcaciones de recreo, actuaciones que generarán graves impactos ambientales sobre las zonas que se sitúen.
Cataluña (36)
La costa catalana es quizás la costa de la Península Ibérica más desconfigurada y desnaturalizada. Los ecologistas señalan que más del 50% de su superficie está urbanizada y hay un grado de contaminación importante frente a las costas de Barcelona y Tarragona ciudad consecuencia de su importante actividad industrial.
El documento también resalta los graves problemas de erosión costera provocados por los espigones de protección de los puertos, que interrumpen y modifican la dinámica de sedimentos y de corrientes en la costa, y además denuncia que el nuevo plan de puertos, que habilitará 6.000 nuevos amarres, no ayuda en nada a solucionar este problema.
Ceuta (1)
La Playa de la Ribera ostenta la bandera negra al estar gravemente afectada por una actuación de "regeneración" que llevó a cabo la Dirección General de Costas hace cuatro años.
Euskadi (12)
Algunas de las zonas más afectadas por la construcción residencial de baja densidad cerca de las zonas de playa son, según la publicación de los ecologistas: el entorno del estuario del Barbadún y la playa de la Arena (Muskiz y Zierbena), el tramo costero de Getxo a Plentzia, los proyectos urbanísticos en Bakio, la Reserva de la Biosfera de Urbaibai y el Estuario del Oka.
De la misma forma, el documento hace hincapié en la presión industrial que recibe la costa vasca, con casos como: la refinería de Petronor, en el estuario del Barbadún, el superpuerto de Bilbao, el astillero de Murueta, la presión industrial en el interior de los valles gipuzkoanos sobre las cuencas fluviales (Deba, Oria, Urola, etc.), las emisiones y vertidos procedentes de la central térmica de Pasaia y otras industrias, el Puerto de Pasajes (en proyecto), y la construcción de nuevos puertos deportivos o de amarres deportivos en puertos tradicionales (Santurtzi, Getxo, Armintza, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Zumaia, Orio, Hondarribia,...).
Galicia (26)
Para los activistas de Ecologistas en Acción, el desarrollo urbanístico e industrial descontrolado, las inexistentes políticas de ordenación del territorio y un equivocado concepto utilitarista del progreso se ha traducido en la destrucción de grandes partes del litoral gallego. En la actualidad se prevé la construcción de 300.000 nuevas viviendas en la próxima década, un 75% más de las que ya existen hoy, la mayor parte de ellas concentradas en la costa. Además, están previstos 17 campos de golf y 24 nuevos puertos deportivos. De esta forma, Galicia pasaría de tener 816.000 viviendas en la costa a 1,4 millones en diez años, siendo el 60% segunda vivienda.
Los asentamientos humanos e industriales actuales carecen en su mayor parte de las medidas mínimas de gestión de vertidos y depuración de aguas. El informe detalla que esta situación significa que más de 650.000 habitantes vierten sin tratar sus aguas residuales a las rías gallegas, vertidos no sólo domésticos, sino también industriales (más de la mitad).
Melilla (2)
La primera bandera negra está en la playa de Horcas Coloradas linda con un vertedero al mar y está gravemente contaminada todo tipo de residuos; y la segunda, en la playa de ensenada de Galápagos, inutilizada por la gran cantidad de residuos sólidos flotantes que hay en sus aguas.
Comunidad Valenciana (33)
El análisis de los ecologistas concluye que cerca de la mitad del litoral valenciano se encuentra actualmente urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. El desarrollo urbanístico del litoral supera en ocasiones la capacidad de acogida del medio y la saturación de lugares de ocio como las playas. Ligado a estos desarrollos urbanísticos se realizan una serie de actuaciones que faciliten su uso turístico, en muchos casos con un grave impacto ambiental. Un claro ejemplo son los paseos marítimos: estas obras costeras logran romper la dinámica litoral, impiden la autoregeneración de la playa y suponen una barrera ecológica para el ecosistema costero.
Además, el informe añade que más de un tercio de las playas de esta comunidad presentan diversos problemas de erosión por diferentes causas: la modificación de la geomorfología con espigones, los aportes artificiales de arena, la construcción de infraestructuras como aparcamientos que provocan colapsos de tráfico y vertidos de aguas residuales o de otros tipos. Asimismo, la construcción de puertos deportivos y comerciales o su ampliación es otro de los factores que más está afectando de forma negativa al medio marino y litoral en los últimos años.
Región de Murcia (32)
El litoral murciano presenta graves agresiones provocadas por la minería (la destrucción y contaminación de la bahía de Portmán es el caso más emblemático), el desarrollo industrial (por ejemplo, la bahía de Escombreras) y urbanístico (del que La Manga del Mar Menor constituye un triste ejemplo). Pese a ello, los ecologistas recuerdan que la Región de Murcia sigue albergando algunos de los tramos de costa de mayor valor natural y mejor estado de conservación del Mediterráneo.
Informe completo (en pdf)
* Soitu.es - ALMUDENA MARTÍN - 22.07.2008
Foto: Banderas y Puntos negros en el litoral español 2008 - Ecologistas en Acción
El TSJA impide la expropiación de la mayor bolsa de suelo de Sevilla
ELPAÍS* : Nuevo varapalo a la expropiación de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas) y donde el Ayuntamiento prevé crear un parque periurbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el gobierno municipal contra una sentencia de un juzgado de Sevilla que dio la razón al propietario de Arenal 2000, que había recurrido la decisión municipal de expropiar la dehesa.
La sentencia dictada ayer por la sala de lo Contencioso Administrativo tumba el segundo intento del Ayuntamiento de acometer la expropiación. Los argumentos de los jueces son parecidos a los de la primera resolución: el gobierno municipal no ha justificado suficientemente las razones de la expropiación. No obstante, los magistrados del TSJA son más intransigentes de lo que lo fue el juez de primera instancia. Consideran que las finalidades del gobierno municipal son "lícitas y plausibles", pero "exceden" de los "específicos que pueden avalar las reservas de terreno".
El expediente municipal de expropiación al que se refieren los jueces está redactado antes de la aprobación definitiva del nuevo PGOU, por lo que el fallo judicial se basa en el plan urbanístico anterior, de 1987. No obstante, para salvar las reticencias del TSJA a la expropiación, el Ayuntamiento va a tener que trabajar el nuevo expediente más allá de la mera adaptación al nuevo plan y a la ley estatal del Suelo aprobada el año pasado. Los jueces cuestionan incluso la idoneidad de reservar para un parque una bolsa del tamaño de la de Tablada: "Consideramos que es absolutamente desproporcionado llevar a cabo una reserva de terrenos de casi 350 hectáreas sin delimitar cuántas de ellas irán destinadas a esa finalidad", advierten.
Según los magistrados, el gobierno municipal tampoco ha demostrado que la dehesa esté en peligro como para que se justifique su expropiación. "Ni siquiera se nos dice, ni se justifica ni prueba, hasta qué extremo los terrenos de Tablada sufren una degradación tal que imponga una actuación pública".
Tampoco les vale el carácter inundable de los suelos, argüido por el gobierno para justificar su expropiación. Según los jueces, no sólo no sirve para avalar la intención municipal, sino que es un motivo de más para rechazarla. "Si los terrenos son inundable [...] lo serán para todo uso [...] incluida la de ocio y disfrute de los ciudadanos", sostienen.
La jurisprudencia en la que se centran los magistrados es una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que concluye que los ayuntamientos sólo pueden reservar para incorporar a su patrimonio suelos urbanizables, no los clasificados como no urbanizables, como es el caso de Tablada. Esta premisa legal podría poner en duda todo el proceso de expropiación. Fuentes municipales apuntan a que si esto fuera así, se podría abrir la puerta a la construcción del parque en suelo privado ya que el futuro de la dehesa como zona verde periurbana "no tiene marcha atrás" porque está en el PGOU.
Urbanismo confía en salvar el plan, aunque con demora
La sentencia del TSJA sobre Tablada no ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento. El gobierno municipal contaba con que los jueces tumbarían el segundo expediente de expropiación, como ya hicieron con el primero, por lo que la Gerencia de Urbanismo tiene preparado desde hace más de un año un nuevo expediente cuyo inicio fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal. El expediente ha estado guardado desde hace meses a la espera de que el alto tribunal diera por muerto el anterior.
Fuentes municipales adelantaron ayer que el Ayuntamiento probablemente no recurrirá la sentencia y se lanzará directamente a la presentación de ese tercer expediente de expropiación, que cuenta con dos bazas: el nuevo PGOU, aprobado en 2006 y que contempla Tablada como zona no urbanizable; y el exhaustivo estudio de parque periurbano elaborado por la Universidad de Sevilla, que definió y situó en el mapa desde un inmenso parque botánico a pistas deportivas.
La consecuencia más negativa de la sentencia del TSJA, según las fuentes consultadas, es que retrasará al menos otros 18 meses, la ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento. En el mejor de los casos, el pleno municipal podría aprobar el nuevo expediente en otoño, pero el gobierno da por seguro que los propietarios de los suelos volverán a recurrir, por lo que habrá que esperar otra vez a que los jueces se pronuncien.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 22/07/2008
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Roca admite que sobornó al juez De Urquía a cambio de posibles favores judiciales
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SUR* : El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama urbanística desarticulada a través de la 'operación Malaya', Juan Antonio Roca, admitió hoy ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haber cometido cohecho en la causa desglosada en la que también se juzga al que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº2 marbellí Francisco Javier de Urquía...
... extremo que ha motivado que las defensas del magistrado y del galo Arnaud F. A. hayan reclamado un receso para evaluar el nuevo escenario.
Después de que las declaraciones de los tres acusados, Roca, De Urquía y F. A., quedaran aplazadas a hoy al abstenerse de participar en la vista el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Roca ha sorprendido a la sala al admitir "parcialmente" la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica como cooperador necesario de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.
En concreto, y después de que el fiscal detallara su acusación, Roca ha admitido haber cometido cohecho, pero ha expresado su disconformidad con "cómo ha narrado los hechos" el Ministerio Fiscal, alegando su insatisfacción con el artículo del Código Penal esgrimido por el Ministerio Público. De cualquier manera, Roca ha reconocido haber entregado al juez De Urquía 70.000 euros para recibir ayuda en materia judicial y, cuestionado acerca de los asuntos judiciales que entonces tenía en mente, ha admitido que sólo esperaba acudir a la Justicia para emprender acciones legales contra Cristóbal del Toro a cuenta del programa de televisión 'Operación JAR', dedicado especialmente a su persona.
La declaración de Roca ha despertado la sorpresa en la sala hasta el punto de que ha sido necesario decretar un receso para que las defensas de De Urquía y el francés evalúen la nueva situación.
* Sur - Málaga - MARÍA JOSÉ CRUZADO - E.P. - 22.07.08
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
