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LAPROVINCIA* : Las infracciones urbanísticas detectadas en Canarias en 2007 se encuentran en los mismos niveles que hace nueve años, cuando se creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo dependiente del Gobierno autonómico para vigilar el territorio y sancionar la ocupación ilegal del mismo.
El pasado año se abrieron 1.044 expedientes por viviendas y edificaciones ilegales; nueve años antes, en 1999, los expedientes fueron 1.046. Los años en que se abrieron más expedientes fueron el 2000 (1.821), 2001 (1.407) y 2002 (1.633).
Pero las infracciones sobre el suelo y el medio natural no se limitan sólo a las edificaciones ilegales, que son las más llamativas y las que más destrozan el territorio. En el catálogo de transgresiones destacan por su volumen las vulneraciones relativas a los residuos (1.590 expedientes abiertos en 2007), las infracciones no constructivas (467), el incumplimiento de la Ley de Costas (70 expedientes) y los vertidos al mar (62).
El desorden urbanístico por la falta del planeamiento adecuado, la lentitud de las Administraciones públicas para controlar y sancionar las infracciones y las dos amnistías legales que se han aprobado en los últimos diez años han provocado que, hoy por hoy, Canarias se encuentre a la cabeza en la ocupación ilegal del suelo rústico y de la costa. Si nos atenemos a las cifras oficiales, la Agencia del Ejecutivo regional ha abierto desde que se creó en 1999 hasta diciembre de 2007 un total de 11.468 expedientes de casas y construcciones ilegales. Sin embargo, estos datos sólo reflejan una parte de esta problemática ya que la estadística oficiosa eleva las edificaciones ilegales en suelo rústico en más de 60.000 en toda Canarias y más de 2.000 en el suelo de dominio público de la costa.
RALENTIZACIÓN. El director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pacheco, reconoce que muchos de los expedientes abiertos tendrán que esperar su resolución en función del planeamiento urbanístico que realicen los ayuntamientos. El retraso que se acumula en este proceso está provocando la ralentización de los expedientes, a la espera de conocer si muchas de las viviendas que se han construido sin licencia o en suelo rústico son legalizadas mediante las recalificaciones que realicen los ayuntamientos en los nuevos planes generales.
Si el decreto de 1997 intentó regularizar las 30.000 viviendas ilegales construidas hasta entonces, con posterioridad la situación no mejoró ya que no se produjo el punto y final que se pretendía. En 2006, el Parlamento aprobó una segunda amnistía urbanística para "perdonar" a aquellos que por su situación socioeconómica construyeron una vivienda de forma irregular.
Por islas, las infracciones urbanísticas se centran en las dos islas capitalinas. Si hasta hace unos años era Gran Canaria donde existía más indisciplina sobre el territorio, ahora es la isla de Tenerife la que acumula mayor número de expedientes. También destaca por número de infracciones conocidas la isla de La Palma, debido a su importante componente rural. Tampoco Fuerteventura se queda atrás, ya que supera el millar de expedientes abiertos.
Con los datos de 2005, Canarias se situó como la comunidad autónoma con mayor número de infracciones por viviendas ilegales. Las edificaciones construidas sin licencia en el Archipiélago representan cerca el 20% de los casos del Estado, una quinta parte, lo que determina una situación preocupante por el abuso que se hace del territorio.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03.03.08
Foto: Gáldar (Gran Canaria), derribo en El Sobradillo - canarias7.es
Canarias registró en 2007 más de un millar de casas y construcciones ilegales
Alicante: Los ecologistas rechazan variar el reglamento de planes urbanos
ELPAÍS* : El colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano rechaza el proyecto de decreto de la Consejería de Urbanismo para modificar el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística (ROGTU) porque, a su juicio, no "existe suficiente motivación" y persigue dar amparo a la tramitación de planeamientos de distintos municipios que han quedado fuera de plazo, entre ello el del Ayuntamiento de Alicante.
En el escrito de alegaciones remitido al departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón, el grupo conservacionista señala que la justificación incluida en el preámbulo del proyecto de decreto -entrada en vigor de la ley 9/2006 y el plan de participación establecido en el reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana- no es de rigor. Para el grupo, ese planteamiento queda invalidado a tenor de la estadística de los 28 planes generales de otros tantos municipios tramitados en 2007, de los cuales sólo 10 habían incluido el proceso de participación pública en la elaboración del estudio de paisaje y únicamente tres habían aplicado la ley 9/2006.
Ecologistas en Acción mantiene que "esta modificación del ROGTU carece de la fundamentación que aparece en el preámbulo, sino que parece una modificación ad hoc de exclusiva aplicación a planeamientos de algún municipio (como por ejemplo el de Alicante) que lleva mucho retraso en la elaboración de su plan y esos seis meses le serían vitales para empezar desde cero a elaborar el concierto previo". "Esa falta de justificación y la única explicación plausible de carácter ad hoc no serían de recibo en la tramitación y aprobación de un decreto que modificara el ROGTU", concluye el escrito de alegaciones del grupo conservacionista.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 03/03/2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
El crecimiento brutal de pisos paraliza la mitad de los PXOM
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ELCORREOGALLEGO* : Actualmente, 200 ayuntamientos de un total de los 315 con los que cuenta Galicia están realizando un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), según datos de la Consellería de Política Territorial, que siguiendo criterios de transparencia publica en su página web el listado de los ayuntamientos indicando el último trámite acontecido en aquellos concellos que iniciaron la tramitación de sus respectivos planeamientos urbanísticos, que suman 157.
De este total, 37 corresponden a la provincia de A Coruña; 36, a la Lugo; 43, a la de Ourense, y 41, a la de Pontevedra.
Así, en estos momentos 19 municipios tienen su PXOM en fase de avance, 59 han recibido el informe previo a la aprobación inicial, mientras que esta última ya la tienen 29 concellos, 25 cuentan con el visto bueno provisional, 21 planeamientos se encuentran en fase de contratación y tres han sido licitados, mientras que sólo uno ha sido denegado para su aprobación definitiva.
Respecto a las resoluciones de aprobación de los PXOM, que también figuran en la web de Política Territorial, más de la mitad no reciben luz verde por parte de la Administración debido al desproporcionado crecimiento residencial previsto en el documento de desarrollo municipal. Hay casos, como es el del Ayuntamiento ourensano de Esgos, que remitió a la Administración un plan urbanístico en el que preveía multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio en 8 años, periodo establecido para la vigencia de este planeamiento.
El departamento que dirige María José Caride vela por que los planes xerais proyecten su desarrollo urbanístico atendiendo a los principios de utilización racional de los recursos naturales y de desarrollo sostenible. Por ello, la falta de respeto de las exigencias de la Lei do Solo en este sentido hace que caigan en saco roto un elevado número de PXOM que, si bien, haciendo las correcciones pertinentes, en la mayor parte de los casos, pueden continuar su tramitación.
El exceso de la oferta de vivienda en un 43% que generaría el planeamiento remitido por el Concello de Paderne de Allariz (Ourense) obligó a Política Territorial a no otorgar la aprobación definitiva. También dieron al traste al PXOM de Castroverde (Lugo) las 700 nuevas viviendas por año proyectadas para un horizonte de 12 años, en un territorio con 3.187 habitantes y 1.426 viviendas.
El "pero" que encontró Vilanova de Arousa a que su PXOM superar el último trámite también tiene que ver con la planificación residencial, ya que pretendía reservar suelo para dar cabida a unas 21.600 viviendas, cuando su parque inmobiliario era de 4.329 casas en 2001.
EL DATO
Desproporción
Con cuatro viviendas nuevas construidas en los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Melón pretendía obtener la aprobación definitiva de su PXOM -que no consiguió- planificando doblar su actual número de casas, pasando de 820 a 1.622 .
* El Correo Gallego - MÓNICA NOGUEIRA - 03.03.2008
Foto: Vilanova de Arousa (Pontevedra) - mma.es
Los 'okupas' del Plan de Vivienda Joven
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ELPAÍS/Madrid* : Las malas noticias comenzaron hace un mes para Víctor Marquina. Había resultado adjudicatario en febrero de 2006 de una vivienda de alquiler con opción a compra promovida por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). En diciembre recibió las llaves de su piso, de unos 50 metros cuadrados y ubicado a las afueras de Navalcarnero. Pero no le dio tiempo ni a hacer la mudanza.
Un día de febrero se encontró con que su vivienda estaba ocupada. Una familia había reventado la puerta y cambiado la cerradura. De pronto su piso había cambiado de manos. Acudió a los juzgados de la plaza de Castilla e interpuso una denuncia para recuperar su piso. También se presentó en el Ivima para exigir el desalojo. Ayer su casa seguía ocupada.
Su caso no es el único en las dos promociones del Plan de Vivienda Joven de Navalcarnero. Una decena de familias, la mayor parte de ellas de etnia gitana, viven como okupas desde hace semanas en otras tantas viviendas. Y no sólo eso: además han pinchado la luz de la comunidad de vecinos. "Este mes hemos pagado 1.800 euros de luz", explicaba ayer Ana, una de las vecinas del barrio. Una gran parte de los inquilinos legítimos de ambas promociones aseguran sentir "miedo" debido a las amenazas que han venido recibiendo por parte de los okupas.
Según la Comunidad de Madrid, de la decena de viviendas invadidas, sólo tres tienen adjudicatario. El resto aún no habían sido entregadas.
"El Ayuntamiento y la Comunidad nos dicen que no pueden hacer nada, que hay que esperar una orden judicial y eso va a tardar varios meses", continúa otro de los vecinos, que prefiere mantener el anonimato. Los problemas, según él, no se acaban en la ocupación de las viviendas: "se han producido robos en los garajes, destrozos de cerraduras, desperfectos en las instalaciones de la luz... No sé adónde vamos a llegar".
Mientras tanto los okupas dibujan un panorama distinto. "Esas viviendas estaban vacías. No había nadie", reclama Valeriano. En los primeros días de febrero se metió en un bajo junto con su mujer, Pilar, y sus tres hijos de 6, 12 y 14 años. "Yo estaba de guardia de las obras de estos pisos y, como no tenía dónde ir, vivía en la caseta de obra con mi familia, en ocho metros cuadrados", explica. Decidió ocupar un piso cuando vio "que otros lo hacían". Ahora, asegura, sólo quiere "legalizar la situación y pagar como todo el mundo lo que tenga que pagar". "Hemos hablado con el alcalde y nos dice que no nos va a dejar en la calle, aunque aquí no nos podemos quedar", concluye Valeriano. Para él no existe ningún problema de convivencia en los bloques.
A pocos metros de allí, una patrulla de la Policía Local vigila la zona las 24 horas del día. "Dan más seguridad, pero creemos que cuando pasen las elecciones los van a quitar de aquí", insiste otro vecino.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 02/03/2008
Foto: "Okupas" en Navalcarnero- SANTI BURGOS, elpais.com
El Cabanyal o la lucha más larga
PÚBLICO/Valencia* : Esta es la historia de una resistencia a prueba de calendarios. Esto es el barrio de El Cabanyal, una de las caras del mar en Valencia, pueblo de pescadores que fue, municipio independiente hasta 1897. Tenía un nombre como sacado del relatorio último de la lírica del mar: “Poble Nou de la Mar” -El Pueblo Nuevo del Mar-.
Tenía el Mediterráneo a sus pies, unas calles ordenadas en forma de retícula, y unas casas de dos alturas gobernadas desde ventanas y balcones. Se trata de una arquitectura ecléctica con resabios de las casas de otras mares, una forma de entender la edificación a veces entregada a la fantasía. El barrio fue declarado Conjunto Histórico Protegido. Una parte del barrio es Bien de Interés Cultural. Una frase pronunciada hace unos días acaba con cualquier asomo de romanticismo: “Si perdemos, 1.200 familias serán expropiadas”.
Lo dijo Faustino Villora, profesor, portavoz de la plataforma Salvem El Cabanyal -Salvemos El Cabañal-, vecino del barrio, hijo y nieto de vecinos del barrio. Faustino Villora es desde hace 10 años una de las caras visibles de la pelea del lugar.
Sucede que la administración municipal de Valencia, con la popular Rita Barberá al frente, planea dar salida al mar, a través del Cabanyal, a una de las grandes avenidas de la ciudad, la Blasco Ibáñez. La reforma se llevaría por delante 1.200 casas de las que buena parte están en la zona del barrio considerada Bien de Interés Cultural. Y terminaría con el barrio como tal, con su estructura rectilínea, singular y antigua. Aún dejando de lado el debate sobre la necesidad de dotar a Valencia de esa nueva salida al mar -hay opiniones para todos los gustos sobre ese tema-, el hecho es que esa avenida trazaría una navajazo el corazón del pueblo marinero en forma de retícula que un día fue El Cabanyal.
Para el Ayuntamiento, la construcción del vial permitirá además desarrollar acciones que permitan la recuperación de toda la zona. Y es que hay lugares en el barrio que se caen a pedazos.
Porque El Cabanyal quedó excluido del Plan General de Ordenación Urbanística en 1988. Y porque desde entonces se acabaron las inversiones en una zona de futuro incierto. En 1998, el Ayuntamiento de Valencia -ya entonces en manos del PP- propuso abrir la salida al mar. Y hasta hoy. Así que ahora hay palabras graves en el discurso del portavoz vecinal Faustino Villora: habla de amenazas, de coacción, de resistencia. Dice que están dejando que el barrio se venga abajo para hacer que los vecinos salgan de allí, que cedan, que vendan sus casas o que abandonen una estrategia jurídica que hasta ahora, y a falta de una sentencia que se conocerá en las próximas semanas, ha evitado las expropiaciones.
Para el abogado José Luis Ramos, experto en urbanismo, vecino del barrio, encargado de la estrategia jurídica de Salvem El Cabanyal, el Ayuntamiento de Valencia quiere que la salida al mar de Valencia a través del Cabanyal sea la obra por la que le recuerden, su Ciudad de las Artes, un suponer.
Y es que nadie duda de que una intervención en la zona podría dar lugar a un bonito desarrollo arquitectónico. Lo que se pone en cuestión es el ataque al patrimonio arquitectónico y la situación en la que quedarían las familias desalojadas. Habla el portavoz vecinal Faustino Villora: “Aquí vive gente muy mayor que nació en el barrio y se quedó toda la vida. Con el dinero que ofrecen cuando hablan de expropiación no llega para nada”.
* Público - PANCHO TRISTÁN - Valencia - 02/03/2008
Foto: Una de las calles del barrio del Cabanyal /publico.es
Sanxenxo burla el veto de los 500 metros con 1.100 viviendas en obras en el litoral
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ELPAÍS/Pontevedra* : En febrero de 2003, con Telmo Martín sentado en la butaca de alcalde, el Ayuntamiento de Sanxenxo aprobaba su nuevo plan general. Elaborado en tiempo récord, apenas dos años, el documento urbanístico se impuso a las protestas vecinales y se aprobó con informes favorables de la Xunta de Fraga. Cinco años después, sus consecuencias comienzan a dejarse notar. Casi 2.400 viviendas están ya en obras; la mitad de ellas, a menos de 100 metros del mar.
La ley de medidas urgentes de la Xunta, que paraliza los desarrollos urbanísticos en la franja litoral de 500 metros, llega tarde a Sanxenxo, donde el modelo del ahora presidente del PP local de Pontevedra y socio de la inmobiliaria Construcuatro le tomó la delantera. "A Telmo Martín le impulsaron el plan sus amigos de la Xunta de Manuel Fraga, y ahora comenzamos a pagar las consecuencias", relata el portavoz municipal del BNG, Roberto Fernández Lores.
En un municipio como Sanxenxo, con una población de 16.914 vecinos a 1 de enero de 2006, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el plan de Telmo Martín preveía la construcción de 11.351 viviendas. Muchas de ellas, mediante el desarrollo directo de los denominados suelos urbanizables, una figura de ejecución directa implantada en el planeamiento. Cuatro de ellos se sitúan a sólo cien metros de la costa. Suponen el 48% del total de viviendas en construcción. "Cuando todo esto tome forma, nos vamos a llevar las manos a la cabeza", advierte Lores.
El impacto en el litoral ya ha dejado de ser una amenaza vislumbrada en los planos para convertirse en una realidad a simple vista. Basta con entrar en Sanxenxo por la carretera de la costa procedente de Pontevedra. En cuanto se atraviesa el límite municipal con Poio, comienza el paisaje de grúas y maquinaria pesada. Allí han comenzado los movimientos de tierra de los dos polígonos de A Granxa, de 562 y 407 viviendas cada uno, que ocupan una superficie total de 183.587 metros cuadrados.
Recalificaciones
El resto de las viviendas en la franja litoral en construcción se encuentra en lugares como Noalla o Foxos-Lanzada, que suman 144 viviendas. Pociñas (125 viviendas), Major (175), Montalvo (38), Cabicastro (30), Canelas (70) y Festiñanzo (260) completan los suelos urbanizables costeros en tramitación. El último de ellos, en los límites del tiempo: con la prohibición de los 500 metros aprobada, pero antes de que entrara en vigor, el ayuntamiento impulsó la urbanización de lujo, que se llevará por delante 122.662 metros cuadrados entre dos playas, las de Area de Agra y Areas, que eran suelo forestal antes de que el plan general lo recalificara.
La Consellería de Política Territorial admite su impotencia ante el furor constructivo en la costa de Sanxenxo. "Son actuaciones en marcha antes de que entrara en vigor la ley de los 500 metros", señalan fuentes del departamento que dirige María José Caride. El de Medio Ambiente, en cambio, ha dictado órdenes de paralización contra tres urbanizaciones costeras, las de Montalvo, Telleiro-Lanzada y Major, por carecer de informe de evaluación ambiental estratégica. La alcaldesa, Catalina González, del PP, ha hecho oídos sordos a la consellería.
"La costa va a quedar destrozada", advierte el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La alcaldesa de la localidad guarda silencio. "No quiere hablar de urbanismo, está cansada de que sólo se hable de Sanxenxo para criticar", explica una portavoz. Tampoco la Consellería de Política Territorial desea escarbar en el asunto. "No es un debate que nos interese", se justifican fuentes próximas a la conselleira, María José Caride.
De la playa al monte
Si la mitad de las viviendas en construcción están a una distancia menor de 100 metros del mar, la proporción aumenta considerablemente si la franja se ensancha a los 500, a los que afecta la paralización de la Consellería de Política Territorial. La polémica no termina en la franja costera. Uno de los suelos urbanizables más conflictivos no está frente al mar, sino en medio del monte. Se trata de Monte Faro, con dos actuaciones que suman 2.783 chalés de lujo alrededor de un campo de golf. La actuación contó con el beneplácito de la Xunta de Fraga pese a informes que alertaban del impacto paisajístico. Para vertebrar la urbanización, el plan general dibujó una ronda también contestada por los vecinos.
Detrás de Monte Faro hay apellidos ilustres. Vicente Cotino Ferrer y Vicente Cotino Escribá, hermano y sobrino del ex director general de la Policía y consejero del Gobierno de Valencia, Juan Cotino, del PP. El gobierno local que entonces presidía Telmo Martín les eximió de la obligación de construir vivienda social, que sustituyeron por una cantidad de dinero. Su empresa, Mirador de Sanxenxo, no es la única con apellidos ilustres que se han sumado a la ejecución del plan general de Sanxenxo, con grupos empresariales como el de Nino Mirón.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 03/03/2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), zona nueva urbanización - farodevigo.es
Jóvenes de Madrid se manifiestan por los incumplimientos del Plan de Vivienda de Aguirre
KAOSENLARED* : Afectados de varias localidades madrileñas por irregularidades en dicho plan se han concentrado el sábado 1 de marzo frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Los participantes han llamado “mentirosa” a la presidenta autonómica y denuncian, entre otras cosas, precios muy por encima de las condiciones publicadas.
Miembros de diversas plataformas de afectados por el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid se han manifestado el sábado 1 de marzo por la mañana frente a la Oficina de Vivienda de la CAM. Los manifestantes, procedentes de toda la Comunidad de Madrid, denuncian continuas irregularidades y engaños en el Plan de Vivienda de Esperanza Aguirre.
En la concentración pudieron escucharse gritos como “mentirosa, mentirosa”, en referencia a la presidenta autonómica. En las pancartas se podían ver fotos de Esperanza Aguirre y leer consignas como “Derecho a techo a justo precio” o “Queremos el precio de las viviendas por escrito”, en referencia a la incertidumbre sobre el precio final de adquisición en las viviendas de alquiler con derecho a compra.
Además, según los manifestantes, de las 79.000 viviendas prometidas por Aguirre y de las que alardea la propaganda de la Comunidad de Madrid, no se han entregado ni un 10%.
Dentro de ese 10%, los adjudicatarios de Rivas Vaciamadrid denuncian que la gestión de sus pisos se ha dejado en manos de promotoras privadas como Inpafer o Bigeco, que han entregado condiciones diferentes a las del plan para obtener un mayor beneficio, sin que desde la Comunidad de Madrid se haya hecho nada por evitarlo.
Entre las irregularidades, se han adjudicado a familias con dos o tres hijos pisos de un solo dormitorio, se otorgaron pisos de 70 m2 y ninguno pasa de los 50 m2, y los adjudicatarios deben pagar por viviendas en alquiler IVA y recibos de comunidad (práctica tremendamente inusual y que ni siquiera existe en otras promociones públicas de la CAM). La consecuencia: inquilinos del plan de la Comunidad de Madrid pagan 600 euros mensuales por pisos de entre 40 y 50 m2. Es decir, alquileres supuestamente públicos a precios por encima del mercado. Hay que recordar que el plan ofrecía pisos de 70 m2 por 390 euros mensuales.
Por su parte, los manifestantes procedentes de Vallecas denuncian que tenían como fecha de entrega el mes de mayo de 2007 y a día de hoy no saben nada de cuando podrán recibir sus viviendas, sin recibir respuesta alguna de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Los adjudicatarios de Navalcarnero denuncian la presencia de ocupantes ilegales en el edificio, por la falta de vigilancia del mismo y la desidia por parte de la Comunidad de Madrid. Además, el edificio no cuenta con transporte público por lo que es imposible acceder a él sin coche.
Para la Plataforma por una Vivienda Digna, organización a nivel nacional que defiende desde 2003 el derecho a una vivienda accesible de forma sostenible, el Plan de Vivienda Joven de Esperanza Aguirre es un “engaño a los jóvenes”, prima los intereses de promotores y constructores frente a los adjudicatarios, ofrece viviendas a precios disparatados para ser públicas y falsea las estadísticas, apuntándose promociones de diferentes ayuntamientos de la Comunidad como propias.
* Kaos en la Red - Plataforma por una Vivienda Digna - 02.03.2008
Foto: Madrid, Plataforma por una Vivienda Digna
La Marina de Elche se levanta contra el urbanismo salvaje
LASPROVINCIAS/Alicante* : Un millar de vecinos de La Marina se manifestaron ayer para exigir al Ayuntamiento que paralice la construcción de 1.600 viviendas previstas en la pedanía ilicitana. Los afectados protestan por el derribo de sus casas y exigen al equipo de Gobierno socialista un crecimiento urbanístico sostenible. Amenazan con adoptar medidas “mucho más drásticas” si el Consistorio no paraliza las tres urbanizaciones proyectadas.
Ruido de silbatos, sirenas, cacerolas y otros objetos acompañaron ayer la manifestación con la que los vecinos de la pedanía ilicitana de La Marina mostraron su rotundo rechazo al proyecto de urbanización de los sectores MR-3, MR-5 y MR-10, en los que se pretende construir unas 1.600 viviendas. Una gran pancarta, en la que podía leerse Por un crecimiento de La Marina sostenible. No al derribo de las casas, se situó por delante del cerca del millar de participantes que recorrió la avenida de la Alegría, dejando constancia de que no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
La manifestación se desarrolló con absoluta normalidad. Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local se colocaron a lo largo del recorrido con el fin de controlar el desvío del tráfico de la zona. Fueron testigos de excepción del poder de convocatoria de los afectados por las urbanizaciones.
A un lado una pancarta decía No somos ocupas, somos propietarios. Algo más atrás otra decía Crecimiento de La Marina sí pero respetando las casas. Al lado se portaba otra en la que se leía Cases amb licencia sense infracció urbanistica, derribades, y había quien llevaba algunas en las que se aseguraba Los Alejandros nos están fallando, en alusión al alcalde de Elche, Alejandro Soler, y al concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez.
La Marina fue un clamor contra la política urbanística municipal prevista para la pedanía. Y se corroboró en la lectura de un manifiesto a cargo de Eduardo Boix, portavoz de los afectados del sector MR-3. Dejó patente la "preocupación y malestar" ante lo que plantea el Ayuntamiento para la pedanía, "que no respeta las viviendas construidas donde residen muchas familias".
Insistió en que "tenemos derecho legítimo a decidir como queremos vivir y a defender nuestras viviendas. Estamos ante un desarrollo urbanístico abusivo que sólo beneficia al constructor especulador". Del mismo modo hizo alusión a circunstancias que, como aseguró, "no se han tenido en cuenta, como la escasez de agua", y volvió a requerir al Ayuntamiento "la paralización de las bases de los diferentes sectores".
El manifiesto concluyó dando un plazo de quince días al equipo de Gobierno municipal para que reflexione y cambie de postura. El día 15 volverán a reunirse y no descartan adoptar medidas "mucho más drásticas".
Reuniones
Mientras los participantes en la manifestación de ayer se retiraban a sus casas y recogían las pancartas, junto a la entrada al centro social de la pedanía un cartel anunciaba la reunión que la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Mercedes Alonso, tiene previsto mantener con los vecinos de La Marina esta misma tarde. Alonso acude a la cita en calidad de candidata popular al Congreso de los Diputados.
Ayer mismo, el portavoz del equipo de Gobierno de Elche, Alejandro Pérez, se comprometió a reunirse a lo largo de las próximas semanas y "de forma individualizada con cada uno de los propietarios del suelo para recabar información sobre sus expectativas y propuestas". El Ayuntamiento ofrece ahora "diálogo y colaboración" con los vecinos de La Marina afectados.
* Las Provincias - Elche - J. C. ROMERO - 02.03.08
Foto: Centenares de afectados por la construcción de 1.600 viviendas en la pedanía ilicitana de La Marina durante la manifestación de ayer /lasprovincias.es
La competencia en materia de Urbanismo: Antecedentes
CIENLADRILLOS* : Si preguntásemos hoy 100 ciudadanos en la calle, al azar, sobre quién tiene la competencia en materia de urbanismo en nuestro país me temo que el resultado sería descorazonador. Y eso a pesar de de ser un pais enladrillado, con una íntima relación con el sector inmobiliario. Ya no es que no siquiera nos hayamos leído la Constitución ¿cuantos tienen un ejemplar en casa? es que ni siquiera conocemos como funciona legalmente la piedra angular del PIB nacional. Tiene delito.
Y todo ello a pesar de que desde múltiples vértices somos bombardeados con información al respecto: que si la mala marcha del sector, que si los numerosos casos de corrupción urbanística con sus tramas rosas, que si los nuevos proyectos legislativos….pero, ¿quién regula el sector en España?, ¿quién tiene la competencia? Para ello partamos de la lectura de la Constitución Española, artículo 148.3:
"Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias…..Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
Es decir las Comunidades Autónomas pueden, y lo han hecho, asumir como competencia exclusiva las materias citadas, tanto en su vertiente legislativa como ejecutiva. Queda claro que la competencia es de las Comunidades Autónomas. O no.
En el 90, bajo Gobierno Socialista, se promulgo una nueva Ley del Suelo, la 8/90. El Gobierno entendía que a pesar del artículo citado, tenía competencias para legislar en la materia conforme a las competencias que la Constitución le daba en materia legislación civil, marco básico del derecho de propiedad privada, planificación económica, regulación administrativa (procedimientos, expropiaciones, etc…), legislación básica de medio ambiente, etc…Las Comunidades Autónomas, por el contrario, consideraban que se invadía su esfera competencial, pues ya habían comenzado a adecuar la vieja Ley estatal del Suelo del 76, cada una a su manera, algunas con normativa más rompedora y otras con una mera aceptación de la misma como normativa propia con pequeños ajustes (recordemos que la Ley estatal era supletoria).
El choque de trenes acabó en el TC. Este, en la Sentencia 61/97 da la razón básicamente a las Comunidades y se carga 3/4 partes de la Ley del Suelo. Fundamentalmente, le reconoce al parlamento Español únicamente la facultad de legislar unos derechos y obligaciones básicos, un mínimo común denominador muy muy pequeño, pero que carecen de sentido si no son desarrollados convenientemente. Y eso sólo les compete a las Comunidades Autónomas. Dicha linea jurisprudencial ha sido remarcada posteriormente con la Sentencia del TC 164/01, que mutiló la Ley 8/90. Aunque no es aquí el lugar para hablar de ello, a propósito de esto ultimo, es falso que se haya producido bajo el Gobierno Aznar ninguna liberalización del suelo, muy a mi pesar.
Pero no podemos olvidarnos de otro sujeto fundamental en materia de urbanismo como son los municipios. La Ley de Bases de Régimen Local señala como competencia municipal la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, en el marco de la legislación estatal y autonómica. Es decir, pueden diseñar su futuro a través del planeamiento general del municipio (aunque la aprobación definitiva no es exclusiva suya), y ademas pueden aprobar planeamiento de desarrollo, tomar medidas de disciplina urbanística, etc….
Por este post es suficiente. Hemos presentado a los principales actores administrativos del asunto urbanístico en España. Como resumen podemos decir que las Cortes Generales y la Administración Central tiene un papel muy limitado (eso si, para lo poco que pueden tocar, cuándo tienen ocasión lo estropean todo, por ejemplo, con Ley del suelo del año pasado), el peso fundamental recae en las Comunidades Autónomas y que los Ayuntamientos disponen de una esfera propia muy importante. En un segundo post explicaré como este reparto competencial, conjuntamente con otros factores, ha traído una serie de consecuencias.
* CienLadrillos - IC - 15 febrero 2008
