ELPAÍS/Alicante* : El caso Polop se ha convertido en un episodio único de la historia valenciana. Todos los detenidos bajo la acusación de urdir el crimen del exalcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, tiroteado en octubre de 2007, están en libertad y la investigación ha derivando hacia la vida privada del que fuera regidor. A ello se une que la investigación de la supuesta corrupción urbanística -que justificó siete detenciones y la presunta orden de matar a Ponsoda, según concluyó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- se ha estancado en el juzgado tras declarar los tres imputados y otros tantos testigos sin que pueda derivarse con claridad responsabilidad alguna.
"No hay otro caso igual en España, jamás un acusado de la autoría material de un asesinato había salido de la cárcel sin acabar de cumplir la prisión condicional y sin fianza", explica uno de los abogados del caso. De un asesinato justificado por la UCO en el interés de Juan Cano, sucesor de Ponsoda, por controlar el urbanismo de Polop, se ha pasado a una simple investigación por la compraventa de tres parcelas cuando Cano ni siquiera era concejal y al seguimiento del presunto enriquecimiento ilícito del ingeniero José Vicente Martí, cuyo supuesto delito podría haber prescrito, como alegó su abogado y sospechan fuentes del caso.
Sin embargo, cuando Ponsoda fue asesinado en el Ayuntamiento de Polop había anidado la corrupción a diferentes niveles, con actuaciones supuestamente delictivas que están por investigar en el juzgado. "No parece que la juez esté por archivar el caso, pero de momento no hay material probatorio suficiente para acusar a Cano, y lo que hasta ahora se ha visto difícilmente justificaría el asesinato de un alcalde", afirma tajante un abogado vinculado a la instrucción de la causa urbanística.En la causa por la corrupción urbanística de Polop que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Vila Joiosa siguen imputados tras prestar declaración Juan Cano y un ex concejal, Jaime Narbó, ambos por tráfico de influencias, además del ingeniero del consistorio entre 1999 y 2006, José Vicente Martí, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios. Del primer asunto solo existe la acusación verbal de Juan Andrés Llorens, edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, negada por otro testigo. Y el supuesto delito cometido por Martí podría incluso haber prescrito.
Circunstancias que poco tienen que ver con la contundente conclusión a la que había llegado la Guardia Civil en febrero de 2008: el móvil del crimen podía ser urbanístico por el interés de Cano en controlar el desarrollo del plan general urbano. La policía descubrió otros tentáculos de supuesta corrupción que desde entonces están por investigar, como es el caso del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda.
En casa de Ponsoda se encontró abundante documentación de este sector de suelo, "cuando se tiene conocimiento de que el alcalde no se implicaba directamente" en estos asuntos, concluyó la Guardia Civil. En este plan se produjeron operaciones sospechosas, como que se multiplicara por cuatro el precio de una parcela en ventas sucesivas un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto de urbanización. Gisela de Mingo, la representante legal del urbanizador Brick and Tile, declaró a la Guardia Civil que recibió llamadas anónimas advirtiendo de que "pegarían un tiro al concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens" si se aprobaba el proyecto de reparcelación. Unas amenazas que no denunció.
Otro caso a investigar es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) Matet. La empresa Bahía Activos presentó en julio de 2005 el plan parcial de mejora y anexo de homologación de un suelo rústico que había comprado entre 2003 y 2004 por 3,35 millones de euros. Llegó al pleno para su aprobación, pero quedó finalmente sobre la mesa ante las dudas legales que generaba. Román Zurutuza, otro propietario de suelo rústico en la misma partida, presentó un convenio para urbanizar 700.000 metros más antes de que Cano dejara de ser concejal en 2003. De las conversaciones grabadas a Cano, la Guardia Civil descubrió citas, comidas y hasta una reunión en el Ayuntamiento con estos empresarios.
Otro tentáculo se refiere a las mercantiles de varios concejales. Tres ediles y hasta el secretario del Ayuntamiento tenían cargos en mercantiles relacionadas con el urbanismo. Los resultados de la solicitud de información tributaria de 35 personas físicas y jurídicas están incorporados a la causa urbanística, pero la investigación de los ingresos en las cuentas de las sociedades de Cano (Inversiones Puig Campana, SL y Cano Berenguer, SL) finaliza con una lacónica frase: "No se ha podido concluir la procedencia del dinero".
También hay en la investigación un apartado de infracciones urbanísticas. El concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 aportó a la Policía la lista de las sanciones propuestas por infracciones urbanísticas, entre las que había una de 175.000 euros, otras de 71.600 euros con una orden de demolición y siete más por encima de 30.000 euros. Pero cuando se cometió el asesinato de Ponsoda en octubre de 2007, ninguna había sido comunicada a los infractores.
Además, en junio de 2006 desapareció el Libro de Resoluciones de la Concejalía de Urbanismo con los datos desde 1996 hasta enero de 2003. Justo las que corresponden al periodo de Cano al frente del urbanismo local.
También hay grabaciones. Antes de la confección de la lista electoral del PP de Polop en 2003, el entonces presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, convocó al alcalde Ponsoda y sus concejales a una reunión para decirles que debían excluir a Cano y Joaquín Montiel porque había tenido conocimiento de unas grabaciones en las que ambos aparecían pidiendo dinero a un empresario a cambio de una licencia. Sin embargo, ni el empresario, ni la dirección provincial del PP ni los regidores populares presentaron denuncia alguna.
Por otro lado, Llorens contrató varias veces con el Ayuntamiento siendo regidor. La empresa Expertia Asesores, SL, de la que Llorens era administrador solidario, recibió un contrato menor de 11.878 euros. Fue descubierto, pero devolvió el dinero cobrado y continuó de edil. También aseguró a través de su correduría varios coches municipales, a los niños de un colegio y hasta un grupo electrógeno del Ayuntamiento.
Siendo edil de Hacienda modificó el contrato de la basura con FCC, que pasó de cobrar 4.000 a 30.000 euros mensuales "por hacer exactamente lo mismo". Luego la empresa estuvo un año sin cobrar. Cuando Ponsoda fue asesinado, Polop debía a FCC 420.733,53 euros.
Otro punto del caso se refiere a una permuta. En 2004 Llorens quiso permutar un terreno contiguo al Ayuntamiento para un aparcamiento, que finalmente compró la mercantil de Benidorm TZ Promoin Levantinas, SL. En 2006 lo ofreció en permuta al consistorio a cambio de cuatro parcelas municipales que los técnicos tasaron en un millón, muy por encima de su valor. "El principal interesado y promotor de la permuta de terrenos resultó ser Juan Andrés Llorens", según la Guardia Civil.
* El País - 28.03.11
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
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ALTOARAGÓN* : En la asamblea anual celebrada el sábado en Zaragoza, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVAragón), aprobó "casi por unanimidad" trece resoluciones entre las que destacan las que hacen referencia a la defensa de la Sanidad Pública, la petición de cierre de la central nuclear de Garoña, y el rechazo de la Ley Sinde. Así mismo, la asamblea se manifestó a favor del "reconocimiento institucional del movimiento vecinal aragonés; por la pronta construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel; por unas infraestructuras al servicio de los intereses vecinales en Aragón, y por unas ciudades con una movilidad sostenible y un tráfico pacificado".
Reclaman, además, "un urbanismo racional y la vertebración del territorio aragonés", defienden la agricultura y ganadería, en especial ecológica, se manifiestan por "la preservación de las Cajas de ahorros como instituciones financieras de carácter social", denuncian la "antisocial" subida en las tarifas de la luz, y se pronuncian contra "los desahucios por impago de las hipotecas" y por la "defensa de las pensiones públicas".
En la asamblea participaron unos 50 vecinos y vecinas en representación de las tres Federaciones aragonesas: Osca XXI de Huesca, FABZ de Zaragoza y San Fernando de Teruel, así como asociaciones procedentes de Senegüé, Sorripas, Ejea de los Caballeros, Villanueva de Gállego, Pinsoro y Alcañiz.
Miguel Ángel Mallén, presidente de CAVAragón, valoró el desarrollo de la asamblea, ya que durante la jornada "se han cumplido todos los objetivos previstos. Se han aprobado las cuentas y el informe de gestión del año 2010, así como el plan de trabajo y presupuestos para el 2011; se ha decidido por unanimidad la entrada de CAVAragón en la cooperativa de servicios financieros, Coop57 Aragón, entidad con criterios éticos y al servicio de los colectivos sociales aragoneses; se han compartido experiencias prácticas de participación vecinal como las "vecinales" de El Cajicar (en Senegüé y Sorripas) y los procesos de participación ciudadana en Alcañiz (para alcanzar su propio Plan de Participación y el Plan de Infancia y Juventud)", han informado desde CAVAragón.
PONENCIA DE NOEMÍ NEGREDO
A partir de la ponencia de Noemí Negredo, la asamblea debatió sobre modelos autonómicos de participación ciudadana.
"Una vez más -han explicado desde la Confederación vecinal aragonesa-, las vecinas y vecinos de Aragón han coincidido en demandar más procesos participativos que acerquen a los ciudadanos a las administraciones públicas, la formación para utilizar herramientas que permitan una intervención "de tú a tú" en las distintas instituciones y órganos disponibles y, en definitiva, trazar las sendas hacia una democracia más madura y desarrollada".
* Diario Alto Aragón - 28.03.11
Foto: Imagen de la mesa que dirigió la asamblea, con la oscense Carmen García a la izquierda - altoaragon
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ELPAÍS/A Coruña : El Ayuntamiento de Ferrol se dispone a expropiar aquellos solares abandonados y ruinosos que afean el casco histórico de la ciudad "hasta las últimas consecuencias". Un paseo por los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello descubre en pocos pasos decenas de edificios en ruinas, inmuebles deshabitados consumidos por la carcoma o viviendas a medio rehabilitar. Para demostrar que la batalla contra la dejadez urbanística es inminente y decidida, la corporación ferrolana aprobó por unanimidad el Registro Municipal de Solares y Edificaciones, una herramienta administrativa que agiliza los procesos expropiatorios y persigue a los titulares que abandonen terrenos y edificios a su suerte.
La nueva ordenanza del gobierno socialista, un documento de diez páginas, se aprobó en el pleno del pasado 24 de febrero, tras casi tres años atascada en los despachos, y contó con el inusitado respaldo de PP, Izquierda Unida, BNG e Independientes por Ferrol. Los cuatro grupos en la oposición sumaron así sus votos al PSdeG del alcalde, Vicente Irisarri, en minoría, para blindar el centro urbano contra la especulación y el abandono.
Contener la ruina, favorecer la regeneración urbanística y obligar al propietario a cuidar de su patrimonio es el triple objetivo de este reglamento, que reemplaza a una antigua ley de ordenación urbana de 1956, y equipara a Ferrol con otras grandes ciudades gallegas que ya cuentan desde hace años con un reglamento similar. Sin embargo, ningún otro municipio de la comunidad autónoma ha aplicado la norma hasta sus últimas consecuencias.
Desde el gobierno ferrolano garantizan que la voluntad política es "actuar para evitar que se especule con el suelo". Como ejemplo, señalan una parcela que lleva décadas bajo un manto de maleza en un lateral de la céntrica plaza de Amboage, o un edificio a medio terminar en la calle de la Iglesia. Es más que probable que los primeros expedientes expropiatorios revisen con lupa el estado y la titularidad de estas parcelas. En la teoría, el reglamento favorece las expropiaciones si se comprueba que su dueño, aun teniendo posibilidades económicas, ha incumplido reiteradamente su obligación legal de cuidar su patrimonio."No se trata de ponerle a nadie una soga al cuello, pero sí de apremiar a los propietarios que tienen recursos para que se apliquen", asegura el concejal ferrolano de Urbanismo, Ángel Mato. Explica que su departamento analizará "con mucho detalle" las circunstancias de la propiedad, "porque habrá casos de todo tipo, e incluso personas sin recursos ni posibilidades de hacerse cargo".
"La expropiación será la última consecuencia, pero estamos decididos a dar pasos en esa dirección y ejecutarla si es preciso en casos extremos y concretos", apunta Mato, consciente de que esos procesos se pueden atascar varios años en la vía judicial.
El texto de la ordenanza describe el libro de solares y edificios como un "mecanismo rápido y eficaz", que obliga a edificar o reconstruir a fin de evitar una situación "perjudicial para el interés público, y en algunos casos, con fines altamente especulativos". Pauta la edificación o rehabilitación forzosa cuando "se incumpla el deber urbanístico" en los plazos establecidos para intervenir en solares desiertos, casas abandonadas, construcciones paralizadas o edificaciones ilegales, y excluye a los edificios públicos.
De acuerdo con el reglamento, los propietarios disponen de un plazo de dos años para edificar a partir de la declaración de ruina o de la notificación formal que les obliga a rehabilitar. Cumplido ese tiempo, hay otros seis meses para el cruce de las resoluciones que preceden al proceso expropiatorio. Desde ahí, el Ayuntamiento de Ferrol podrá decretar la edificación o rehabilitación forzosa directamente o por medio de un particular que denomina "agente edificador".
Este periodo de dos años y medio puede acortarse si hay riesgo de ruina inminente o en función de la importancia del inmueble a proteger. Si el municipio no edifica antes de 18 meses, el propietario sancionado también puede solicitar que se revierta el proceso y recuperar así su vivienda o solar.
La necesidad de reforzar las competencias del Ayuntamiento en materia urbanística se constató en abril del 2008. Un edificio deshabitado y ruinoso situado en la calle Magdalena, justo enfrente del consistorio, se desplomó a media tarde sobre la vía pública y sepultó un coche bajo un aluvión de piedras y cascotes.
Este primer derrumbe hizo saltar las alarmas vecinales sobre el mal estado de conservación de los edificios. En Ferrol, se da la circunstancia excepcional de que tres personas, dos de ellas conocidos promotores urbanísticos, poseen más de 240 inmuebles en el municipio, prácticamente el 20% de las viviendas históricas, algunos de los siglos XVIII y XIX.
En los cuatro últimos meses se han producido otros dos desplomes parciales de cierta importancia en las calles Cataluña y Real, y el último desprendimiento de cascotes se registró el pasado viernes en un edificio de la calle Lugo.
Urbanismo apura el final del mandato para poner en marcha otra herramienta paralela y complementaria a la ordenanza de solares, el Patrimonio Municipal del Suelo. Se trata de un censo de las propiedades urbanísticas del ayuntamiento, desligado del censo municipal ordinario, que permitirá acelerar la tramitación de los expedientes de sanción y contempla la posibilidad de permutas, explica Ángel Mato, que confía en presentar este inventario en pocas semanas.
El reglamento de las Inspecciones Técnicas en los Edificios y un convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia para supervisar el estado de los inmuebles más antiguos, completan el paquete de medidas puesto en marcha en los últimos meses para atajar la ruina urbanística que consume buena parte del patrimonio de la ciudad.
* El País - 27.03.11
Foto: Ferrol (A Coruña), agonía barrio antiguo - lavozdegalicia.es
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LAOPINIÓN* : En sólo dos años, 2008 y 2009, la concejala Teresa Porras, como responsable del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, adjudicó 28 contratos directos para instalación y suministro de parques infantiles en la capital a dos empresas vinculadas a la militante del PP Virginia Vallejo Castro, que es miembro de la dirección del PP de Campanillas, y a su socio Jorge Peláez Pelaez, lo que supuso un gasto total de 245.000 euros. Porras, según avanzó ayer la Cadena Ser, adjudicó los contratos a través de dos empresas, Jopeva y Roro Park, cuyos socios en ambos casos eran Jorge Peláez y Virginia Vallejo. La primera de ellas, Jopeva, se ubica en la capital, en la barriada de La Fresneda de Campanillas, mientras que Roro Park tiene su domicilio social en Torrox-Costa.
Gracias a los 28 contratos adjudicados estas dos empresas han construido diversos parques infantiles como los de las barriadas de Sixto, Dos Hermanas, en las calles José Iturbi, Espacio, o en Carril del Pato. Los diversos contratos, según las facturas presentadas, oscilan entre los 10.000 y los 49.000 euros.
Según las facturas consultadas, las dos empresas están vinculadas, ya que uno de los socios, Jorge Luis Peláez, aparece tanto en los contratos adjudicados a Roro Park como a Jopeva. Las factura presentadas van en su mayoría a nombre de Jorge Peláez. Los contratos eran adjudicados indistintamente a Jorge Peláez o a Virginia Vallejo, según las órdenes de compras firmadas por la concejala.
A su vez, los pagos autorizados por la intervención municipal iban también indistintamente a nombre de Virgina Vallejo o de Jorge Peláez.
Virginia Vallejo es secretaria de la dirección local del PP de Campanillas, ha sido interventora en las elecciones europeas de 2009 a cargo del PP en Campanillas y a su vez fue vocal suplente del grupo popular en las juntas del distrito en el 2002.
Teresa Porras ha protagonizado un caso similar al adjudicar al menos 25 contratos a dedo a la empresa Ideacua Arte Urbano en los últimos cinco años, algunos de los cuales suman 448.448 euros.
Se trata de trabajos de esculturas y ornamentos urbanos, como las letras escultóricas que anuncian las playas de La Misericordia o La Malagueta o las jardineras que adornan la calle Larios. Entre los trabajos está la contratación de estructura de sombra para la Feria de 2005, por importe de 94.648 euros; las letras para las playas de la Malagueta y La Misericordia por 41.713 y 56.480 euros, respectivamente; la estructura de sombra de la Plaza de la Constitución en 2006 por valor de 79.730 euros, y las estructuras ornamentales del Carnaval de 2007 por importe de 29.000 euros. Cuando IU le pidió explicaciones en el pleno, Porras afirmó que realizó dichas contrataciones a la misma empresa porque le gustaban a ella.
* la Opinión Málaga - 26.03.11
Foto: Parque infantil en Campanillas.- laopinion
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ELMUNDO* : Las ejecuciones hipotecarias continúan aflorando con fuerza y batiendo récords. A pesar de que su número 'sólo' creció un 0,32% en 2010 con respecto a 2009, éste vuelve a situarse próximo a los 100.000. En concreto, se produjeron en total 93.622 procesos el pasado ejercicio, casi cuatro veces más de las que se registraban al inicio de la crisis, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2007, la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008 y 93.319 en 2009, a las que se suman las del año pasado. Las demandas de ejecución, que solicitan sobre todo las entidades financieras, y que afectan tanto a particulares como a empresas, por impago de hipotecas permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.
No obstante, el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha avisado en repetidas ocasiones que las estadísticas no dan la "idea real" de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados. La única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que "puede ser todavía más alarmante el incremento detectado".
Durante 2010, el incremento de las ejecuciones hipotecarias se ralentizó trimestre a trimestre. Entre enero y marzo se registraron 27.561 ejecuciones, con un incremento interanual del 17,7%, mientras que en el segundo trimestre se produjeron 24.533 de estos procesos, un 3,4%.
En el tercer trimestre, los expedientes volvieron a moderarse hasta los 19.358 procedimientos, con un crecimiento del 0,6%. Si bien, ya en el cuarto trimestre, se produjo un descenso del 17,8%, hasta las 26.941 ejecuciones.
A pesar de esta moderación, las cifras revelan que, aunque España comienza a dar sus primeros en la senda de la recuperación, las altas cifras de desempleo siguen dificultando el pago de muchas hipotecas, lo que lleva a las entidades financieras a ejecutarlas.
12 comunidades 'respiran'
Por otro lado, al contrario de lo ocurrido en 2008 y 2009, el número de ejecuciones hipotecarias en 2010 no ha aumentado en todas las comunidades autónomas. En 12 se ha reducido. Así, el número de solicitudes subió en Andalucía (0,8%), Cataluña (0,3%), Valencia (11,1%), Extremadura (32,3%) y Murcia (8,3%).
En el lado opuesto, se redujo en Aragón (-14,2%), Asturias (-13,9%), Baleares (-13,9%), Canarias (13,2%), Cantabria (-6,8%), Castilla y León (-0,7%), Castilla-La Mancha (-0,8%), Galicia (-5,4%), Madrid (-3,6%), Navarra (-8%), País Vasco (-7,5%) y La Rioja (-10,5%).
Por otro lado, los embargos descendieron en 2010, pasando de los 176.211 a los 145.955 expedientes, un 17,1% menos. Sólo en el cuarto trimestre, los embargos se redujeron en un 30,5%, con un total de 32.580 expedientes.
* El Mundo - 25.03.11
Foto: Un empleado de Caixa Cataluña comercializan pisos embargados o ejecutados - elmundo
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