EuropaPress* : "La Fiscalía General del Estado advirtió ayer que se ha producido «un notable incremento» de asuntos en medio ambiente en las Fiscalías españolas, a través del número de las diligencias de investigación penal y diligencias informativas abiertas a lo largo de 2006. La Memoria de la Fiscalía 2006 relativa a asuntos de medio ambiente y urbanismo, hecha publica ayer, señala que «las diligencias abiertas en medio ambiente y urbanismo superan, por lo general, en número y complejidad a las abiertas y tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal español».
La memoria recoge las actuaciones de la Fiscalía desde que el Fiscal de Sala Coordinador, Antonio Vercher, tomó posesión el 3 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.
Sobre el número de diligencias, la Fiscalía abrió en 2006 en Valencia un 187 por cien más que el año anterior; en Asturias abrió 164 diligencias en medio ambiente, frente a las 90 del año previo, y en Huelva un 31% más, entre otras.
En conjunto, el número de diligencias abiertas por las Fiscalías del país en el 2006 asciende 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente, en las que se incorporan todos los aspectos ambientales, incendios forestales incluidos, que no sean ordenación del territorio.
Mayoritariamente dichos asuntos han versado sobre denuncias de irregularidades urbanísticas supuestamente constitutivas de delito, cometidas en distintas partes del territorio nacional aunque también llegaron denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado, caza ilegal y uso de veneno para la misma y contaminación acústica, entre otros.
En materia de urbanismo, la Memoria destaca que en Málaga, por ejemplo, se observa que el modus operandi delictivo que se ha venido expresando en Marbella «ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia en las que el turismo representa su principal fuente de ingresos» . En el interior, sin embargo, también se vienen produciendo irregularidades urbanísticas de importancia, pero más bien relacionadas con particulares que proceden a realizar la construcción de una vivienda unifamiliar, siempre en suelo no urbanizable y, normalmente, en pleno monte, añade. «Pocos son los municipios de la provincia de Málaga que, por uno u otro motivo, no han sido denunciados e incoadas» , afirma la Fiscalía, debido, en gran parte, «a que el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios .»
En Cádiz, las infracciones urbanísticas graves prescriben a los cuatro años, por lo que «algunos arquitectos técnicos y peritos han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un precio pactado- de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística, con objeto de posibilitar su acceso al registro de la propiedad y evitar el ejercicio de las facultades sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento», relata la Fiscalía.
* Levante-EMV - Sábado, 02 de junio de 2007
La Fiscalía advierte del aumento de denuncias sobre medio ambiente y urbanismo
Los pisos ilegales en Marbella pasan de 30.000 a 752 con el nuevo Plan
A.Valenzuela.- MálagaHoy* : "La presentación del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sirvió ayer para calmar los ánimos del agrio debate que se ha mantenido en el último año sobre el número de viviendas ilegales que podrían ser demolidas. Finalmente, el documento urbanístico tutelado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y la Oficina de Planeamiento regularizará algo más del 95 por ciento de las construcciones que se levantaron durante la era GIL al margen de la legalidad. En concreto, serán 18.000 las casas que podrán normalizarse siempre que los promotores compensen al Ayuntamiento con suelos para futuros equipamientos, zonas verdes y otras dotaciones, según explicó la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.
Pero a este indulto urbanístico no podrán acogerse un total de 752 viviendas y dos edificios hoteleros debido a que sus licencias ilegales son “incompatibles con el modelo de ciudad contemplado en el plan, por situarse en áreas estratégicas, ocupar el litoral o ubicarse en zonas de fuertes carencias dotacionales”, continuó la dirigente autonómica. Por tanto, serán los tribunales los que tengan que decidir el futuro de estas construcciones irregulares que se asientan sobre suelos que están destinados a espacios libres y equipamientos públicos en el nuevo PGOU.
Aunque la responsable de Obras Públicas eludió decir cuales son las 14 construcciones que no encuentran su lugar en el planeamiento, este periódico pudo saber que entre ellas destaca el complejo Banana Beach, símbolo durante estos años de las barbaridades cometidas desde el Consistorio; una promoción de viviendas situadas junto al Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y unos chalés construidos en las desembocaduras de Río Real y del arroyo Las Cañas. Sólo la mitad de esos 752 inmuebles están ocupados por sus propietarios.
En cuanto al aparente e importante descenso que ha experimentado el número final de construcciones ilegales consolidadas –durante meses Obras Públicas las cifró en más de 30.000– la responsable de la consejería lo justificó aclarando que 11.368 de las que estaban en el punto de mira nunca fueron finalizadas ni habitadas, “gracias a las impugnaciones de la Junta de Andalucía y a las suspensiones cautelares de los tribunales”. Gutiérrez destacó que de ese grupo de viviendas 3.953 fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o precintadas por la comisión gestora, mientras que en los casos de otras 7.415 ni tan siquiera se iniciaron las obras.
Pero el avance del PGOU no se queda anclado en el pasado. Una de las apuestas más fuertes que hace el documento, redactado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, es la construcción de viviendas de bajo coste para los jóvenes, el colectivo que más dificultades tiene para acceder a los precios del mercado. Por este motivo, de las más de 27.000 casas que se contemplan en las previsiones del PGOU y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT), 10.178 (que representan un 36,8 por ciento del total), deberán tener precios asequibles. Además, se recoge la rehabilitación de 8.802 inmuebles existentes a través de ayudas que ya están puestas en marcha.
La consejera de Obras Públicas apuntó que todas estas medidas se desarrollarán a través del Plan Municipal de la Vivienda, que debe elaborar el equipo de gobierno que presidirá Ángeles Muñoz (PP), para evitar así situaciones como las vividas durante los últimos años.
Otro aspecto interesante del nuevo PGOU hace referencia a que un 40,5 por ciento del término municipal (4.742 hectáreas) aparece como espacio protegido en distintas categorías, es decir, cuenta con la calificación de suelo no urbanizable por sus valores ecológicos o ambientales.
Gutiérrez, que estuvo acompañada en el acto de presentación por el presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes (PSOE), destacó que otra de las principales líneas de actuación del PGOU persigue corregir las desigualdades territoriales que existían a lo largo de la ciudad por la falta de sistemas de espacios libres y equipamientos. A ese respecto, el PGOU supervisado por Obras Públicas prevé una ratio de 60 metros cuadrados de suelo de espacios libres por habitante, lo que significa casi multiplicar por cinco los existentes. Si se consiguen finalmente estas cifras, Marbella sería comparable a una ciudad europea como Londres, aseguró la responsable autonómica, quien comentó que el municipio “recuperará zonas verdes en todos los barrios para que sus pulmones no se ahoguen”.
Algo similar está previsto con los equipamientos, que con un ratio de 20 metros cuadrados por habitante, sitúa a la ciudad cinco puntos por encima de la media europea. En concreto, 3.209.205 metros cuadrados para nuevos equipamientos, lo que supondrá multiplicar por cuatro los existentes.
A partir de ahora, el avance del PGOU deberá ser estudiado con detenimiento por la nueva corporación, a la que también se le devolverán las competencias urbanísticas el próximo 18 de junio. Gutiérrez recordó que el gobierno de Ángeles Muñoz tiene la potestad de aprobar el documento y mejorarlo, porque “no me cabe en la cabeza de que se pueda empeorar, ya que es el mejor plan para el futuro de Marbella”. No obstante, señaló que la aprobación definitiva depende de Obras Públicas, que estará pendiente de que el documento cumple la legalidad y de que los procesos de normalización de las viviendas ilegales se han cumplido conforme a ley.
Como muestra de que pretende enterrar el hacha de guerra que se utilizó contra el gobierno de Marisol Yagüe, la consejera ofreció públicamente a la alcaldesa electa que la Oficina de Planeamiento siga trabajando en la ciudad hasta septiembre.
* Malaga Hoy - Sábado, 2 de Junio de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
