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ELPAÍS/Alicante* : La honestidad de la clase política en La Vega Baja está tocando fondo. Los cargos públicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e ilícitas relaciones entre política y negocio tejidas en las tres últimas décadas en algunos municipios. El epicentro del obsceno escenario se sitúa en el urbanismo salvaje.
La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusvalías han llevado a políticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la línea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya función supervisora del urbanismo ha sido prácticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la mañana.
Las últimas víctimas del acoso policial y judicial a la corrupción han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, ambos socialistas. La primera está en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística. Además de los dos alcaldes, el saldo de la última acometida de los jueces y la policía a las tramas de corrupción se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de policía local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.
La abultada lista se refiere únicamente a los pequeños municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupción en La Vega Baja es añejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras Públicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcaldía de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro años por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todavía tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres años de prisión.
Con el cambio de siglo, los focos de la corrupción apuntaron directamente a los dos grandes núcleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde José Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gestión urbanística y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en vía muerta, después de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y vivía en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputación le cerró el paso a la reelección en 2007, aunque su partido volvió a ganar en Orihuela.
El número de escándalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputación por una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca supuestamente con información privilegiada. Hernández Mateo revalidó el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, además, se blindó con el acta de diputado autonómico. Todo ello con el beneplácito de su máximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hernández Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, según expertos urbanistas, es el más depredador del territorio de la comarca y da cobijo, según la policía, a grupos mafiosos por su laberíntica trama.
Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos últimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polarizó la atención de los medios: los 1.200 chalés construidos en plena huerta de Catral, la mayoría en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos están imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodríguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccionó interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos años después no ha aportado una solución definitiva.
La estadística de damnificados, en función del color político, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formación se aplaude la acción de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un líder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.
En apariencia, según los socialistas, la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con distinto rasero. ¿Por qué en el caso Orihuela, con una grabación también sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ¿Por qué el caso de la finca de Hernández Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaración del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.
Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en común: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero está pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario Ángel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsión. Este sumario, bajo secreto desde hace año y medio, está a punto de empezar a caminar y seguro que engordará la lista de arrestados e imputados.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
La corrupción política anida en la Vega Baja
Tindaya: Un sablazo monumental
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LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Gobierno de Canarias encargó al escultor vasco convertir Tindaya en un referente cultural. El proyecto acabó en los tribunales con diversas demandas que fueron perdidas por el Ejecutivo. Quince años después no se ha tocado la montaña y se deben millonarias indemnizaciones.
'Sablazo: Obtención de dinero de alguien, con habilidad e insistencia, y sin intención de devolverlo'. Lo que era una excepcional idea del escultor vasco Eduardo Chillida (ya fallecido), el 'Monumento a la Tolerancia' que se pretendía construir en Tindaya, se ha transformado, con el paso de los años, en un sablazo monumental.
LA IDEA DE CHILLIDA. En 1993, el escultor vasco Eduardo Chillida, ya fallecido, recibió un encargo del Gobierno de Canarias para realizar un monumento etnográfico en la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que se convirtiera en un referente mundial.
La idea de Chillida consistió en abrir en canal la montaña majorera y hacer un cubo interno de 50x50x50 metros, con un túnel de entrada de 200 metros y dos tragaluces. Para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno de Canarias creó la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), una empresa participada al cincuenta por ciento por Saturno (empresa pública) y Canteras Cabo Verde (propiedad de Rafael Bittini), esta última adjudicataria de la explotación minera de Tindaya y Tebeto, otra montaña contigua.
Así, el Gobierno puso en las manos de PMMT 12 millones de euros que fueron transferidos a la UTE formada por FCC y Necso, a las que se les adjudicó el proyecto de la obra diseñada en su día por Eduardo Chillida.
LA DESIDIA DEL GOBIERNO. Tras los primeros pasos, el proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida cayó en la más absoluta desidia del Gobierno de Canarias. Después de que PMMT entregara 11,8 millones de euros (1.960 millones de pesetas) a la UTE adjudicataria del proyecto, el dinero se evaporó.
Lo que en un principio era una partida presupuestaria destinada a "sufragar gastos de estudio e implantación del proyecto", fue utilizado por las empresas constructoras adjudicatarias FCC y Necso para comprar a Canteras Cabo Verde S.A. los derechos de explotación minera que esta sociedad tenía sobre Tindaya.
Según consta en una sentencia que tumbó la demanda civil de devolución de los 11,8 millones de euros que reclamó entonces el Gobierno de Canarias, fue el propio Ejecutivo regional el que "impuso y aceptó condiciones de complicado cumplimiento", tanto a los propietarios de la montaña como a Eduardo Chillida.
De esta forma, sostiene la sentencia que data de febrero de 2008, la Administración pública "hizo inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor". A raíz de ahí, comienza el declive judicial.
NI POR LO CIVIL NI POR LO PENAL. El propio Gobierno de Canarias decidió ir a los tribunales para intentar recuperar los casi doce millones de euros invertidos, pero le salió el tiro por la culata. De esta forma, se inició en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria una causa penal que, años más tarde, fue archivada por no apreciar indicios de delito.
El archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial de Las Palmas tras un recurso de Ben Magec Ecologistas en Acción. Mientras, continuaba la vía civil abierta, con la intención de recuperar el dinero. Pero en enero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria tumba también la demanda civil del Gobierno, le obliga a devolver a las empresas la garantía que depositaron para llevar a cabo la obra (2,1 millones de euros) y le condena a pagar las costas procesales, que en un procedimiento de mayor cuantía, como éste, pueden llegar a superar los tres millones de euros.
TEBETO: 92 MILLONES MÁS. Mientras caminaban en los juzgados los pleitos civil y penal emprendidos por el Gobierno de Canarias, el propietario de Canteras Cabo Verde S.A., Rafael Bittini emprendía, también ante la Justicia, los derechos que creía que le correspondía. Sólo así se entiende el fallo judicial consumado esta semana y que condena al Ejecutivo a pagar 92,3 millones de euros de forma inminente.
El pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, data de principios de los noventa, cuando Cabo Verde solicitó al Gobierno la licencia de explotación minera tras una concesión que había obtenido en 1982. El Ejecutivo regional consideró que las concesiones habían caducado y Bittini acudió a la Justicia. El TSJC le otorgó la razón y el Supremo se la confirmó, pero cuando por fin se le habían concedido los derechos de explotación minera, había entrado en vigor el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que prohibía la extracción minera en Tindaya y Tebeto.
Fue entonces cuando Cabo Verde, al verse perjudicado por las decisiones del Gobierno, inició una reclamación patrimonial, cuya tesis fue aceptada por el TSJC, que cuantificó el perjuicio en 92,3 millones de euros. Bittini solicitó entonces la ejecución provisional de la sentencia y el TSJC la aceptó. Y el Gobierno ahora debe pagar.
Y SIN MOVER NI UNA SOLA PIEDRA. Mientras las sentencias perdidas aumentan las indemnizaciones a la velocidad de la luz, lo más curioso de todo es que de la Montaña de Tindaya no se ha movido una sola piedra. Todo lo más, unas catas para estudiar la viabilidad de la idea de Eduardo Chillida.
Sin embargo, el "Monumento a la Tolerancia seguirá adelante", dijo en febrero pasado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien aseguró que existe un acuerdo escrito con las empresas mediante el que se comprometen a defender únicamente sus intereses legales en los juzgados, y no interferir en la construcción de la obra.
Así las cosas, desde que el Gobierno le propuso el proyecto a Chillida, allá por 1993, han pasado tres lustros de película: Se han evaporado 12 millones de euros; ha muerto el escultor; se han perdido las causas civil y penal iniciadas por la Administración; y se tienen que pagar 92,3 millones más de indemnización.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 2.11.2008
Foto: Montaña de Tindaya. LA PROVINCIA /DLP
Más pruebas de la presunta prevaricación en O Pino
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ELPAÍS/Santiago* : Las dos últimas comparecencias en el juzgado de Arzúa que investiga al alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, acusado de prevaricar en la gestión administrativa del polígono industrial que Fadesa promueve en el municipio coruñés, han desbaratado los argumentos del regidor popular.
La cronología de sus decisiones durante la mañana del 21 de junio de 2007 confirma la apresurada tramitación del proyecto urbanístico y la inconsistencia de algunas de las tesis de su defensa.
Según el alcalde, esa mañana en que expiraba el plazo de exposición pública del plan, el Ayuntamiento recibió alegaciones de tres grupos de propietarios de los terrenos expropiados que desestimó poco después en virtud de seis informes firmados por funcionarios y organismos externos, antes de aprobar el plan. Todo, antes de que el Gobierno local recibiese el decreto de paralización de la Xunta. Los últimas diligencias practicadas por la juez constatan que la redacción de los seis dictámenes del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados y la consultora de ingeniería que elaboró el plan, sólo pudieron redactarse en cuestión de minutos.
Lo que dijo la cartera
Según la subdirectora general de Protección de la Consellería de Cultura, la orden de Patrimonio "se entregó en las dependencias del registro del concello entre las 9.30 horas y las 10" del 21 de junio. Ese decreto suponía el fin de la tramitación del polígono. En este contexto cobra especial interés la declaración de la empleada de Correos que entregó las cartas certificadas con las alegaciones vecinales. La comparecencia de la cartera aclaró que el Ayuntamiento recibió la notificación de la Xunta entre las 9 y las 10.30 de la mañana, hora en que se cierra la oficina.
Taboada apunta a que ese día recibió primero las alegaciones, luego encargó los seis informes que la secretaria, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento, el bufete de abogados externo y la consultora de ingeniería independiente habrían entregado rematados en menos de una hora, y finalmente aprobó el proyecto de urbanización. Según él, fue después cuando llegó la orden de Patrimonio de cesar la tramitación. Lo contrario, seguir con la tramitación obviando las instrucciones de una administración superior, constituiría el delito de prevaricación que un grupo de vecinos imputa a su regidor.
* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 02/11/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Urbanismo da luz verde al segundo PAI con golf de Sant Jordi con el voto en contra de la CHJ
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LEVANTE/Castelló* : La Generalitat sigue aprobando poco a poco planes urbanísticos con oferta de golf en la provincia de Castelló. La Comisión Territorial de Urbanismo dio ayer luz verde a un PAI en Sant Jordi con campo de golf y 2.200 viviendas. La Confederación Hidrográfica del Júcar votó en contra por no estar garantizado el suministro hídrico.
Sant Jordi Golf ocupará una extensión de 1,9 millones metros cuadrados y contará con 2.200 viviendas, de las que 220 serán de promoción pública. El campo de golf abarcará una superficie de 792.579 metros.
Es el quinto proyecto con golf aprobado este año por el Consell. En este ejercicio la Comisión de Urbanismo ha dado luz verde a planes en Sant Rafael del Río, Xilxes(2) y Sant Jordi (La Carrasca). La Generalitat ha relanzado en esta legislatura la tramitación de la decena de PAI con golf presentados en la provincia. Castelló sólo dispone de tres instalaciones de este tipo (Borriol, Sant Jordi y Castelló) y ya han pasado 15 años desde que se construyera el último. Los promotores y el mismo presidente de la diputación, Carlos Fabra, han criticado en los últimos tiempos la demora del Consell en aprobar los proyectos urbanísticos de Castelló. Ahora parece que el Gobierno valenciano ha puesto el pie en el acelerador, aunque de momento no se han iniciado las obras de ningún campo. Tampoco de los tres proyectos que fueron aprobados en la pasada legislatura, como Benicàssim Golf, Sant Gregori en Burriana y Doña Blanca en Torreblanca.
El secretario general de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló (Apecc), Fernando Calpe, subrayó la aprobación del campo de Sant Jordi. También destacó el visto bueno a la ampliación del campo de fútbol El Madrigal en Vila-real. "Ambos proyectos significan un importante valor añadido para el turismo y desarrollo de nuestra provincia que ayudarán a situarla en el mapa a muchos turistas extranjeros", afirmó.
Por otra parte, la comisión suspendió el plan general del municipio de Ludiente por no prever reserva para VPP.
* Levante-EMV - J. Mestre - 1.11.2008
Foto: panorámica. Sant Jordi dispone ya de un campo de golf. - levante-emv
La ampliación de la M-30 es ilegal
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid es contundente: la ampliación de la M-30 se hecho vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. La sentencia (de 41 páginas) recoge todos los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción* y hace suyos los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta instancia judicial comunitaria, resultando demoledora para las tesis defendidas por el Ayuntamiento y su alcalde.
Este tremendo correctivo legal se une a las informaciones recientemente conocidas sobre el verdadero coste de esta obra megalómana (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento) que hipotecará los presupuestos municipales durante 35 años.
En buena lógica democrática, a partir de esta sentencia el Sr. Ruiz-Gallardón debiera extraer evidentes consecuencias políticas y personales, toda vez que la obra más emblemática de su anterior legislatura ha sido declarada ilegal y sus argucias leguleyas puestas en evidencia.
La sentencia es de una tremenda rotundidad contra el Ayuntamiento de Madrid. El juez acoge “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento junto al cauce del Manzanares.
Antes de emitir su sentencia, el juzgado elevó una cuestión prejudicial a la más alta instancia judicial de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, quien, en julio de 2008, fue también muy contundente contra el Ayuntamiento [1]. Ahora, el pronunciamiento y los argumentos del Alto Tribunal Europeo han sido incorporados a la sentencia del tribunal madrileño, por lo que son muy difícilmente cuestionables.
Varapalo sin precedentes para el Ayuntamiento y su alcalde
El juzgado admite todos los argumentos de la organización ecologista y rechaza la totalidad de los defendidos por el Ayuntamiento. Así, concluye que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, que no es de recibo el “troceado” en diversos proyectos para eludir este procedimiento y que el hecho de que sea una vía urbana, o no, (reiterado “argumento” del Sr. Gallardón, de ahí lo de “Calle 30”) resulta irrelevante, puesto que en todo caso su reforma –y más si es del calibre de la que se realizó– tenía que someterse a este precepto legal.
Connivencia culposa de la Comunidad de Madrid
La sentencia tampoco olvida la connivencia culposa de la Comunidad de Madrid. El juez declara que “se ha constatado la infracción de una norma imperativa del derecho interno español, contenida en una ley autonómica”, refiriéndose a la vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que obliga taxativamente a la evaluación de impacto ambiental previa a todo proyecto que afecte a un Bien de Interés Cultural, como era el caso de las Terrazas del Manzanares afectadas por las obras.
Las componendas de última hora no pueden justificar actos administrativos que desde el principio son nulos
El Ayuntamiento ha venido presentando como éxitos judiciales algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien consideraba que, aunque se evidenciaban numerosas ilegalidades, resaltaba la dificultad de parar las obras próximas a su finalización y entendía que las irregularidades podrían ser compensadas con el compromiso contraído por el Ayuntamiento con la Comisión Europea de realizar una evaluación ambiental a posteriori.
Pero, finalmente, estos argumentos no son de recibo para el Juzgado Contencioso-Administrativo 22, el cual, citando numerosa jurisprudencia, deja claro que no se pueden alegar componendas posteriores para justificar un acto administrativo (en este caso, la adjudicación de los proyectos) que resultaba nulo desde el principio.
Lentitud judicial: indefensión del medio ambiente y de la calidad de vida
Ecologistas en Acción se congratula de esta sentencia, pero no puede sino constatar cómo nuestro sistema judicial no permite en la práctica la defensa del medio ambiente, ni de la salud y bienestar de la población. A pesar de que los recursos han sido interpuestos antes del inicio de las obras, no se ha podido evitar la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años (en los que muchos llegaron a abandonar sus viviendas) por la forma en la que se realizaron los trabajos (ruidos nocturnos, zanjas, vallas, afecciones respiratorias, etc.).
En definitiva, y como ha venido repitiendo Ecologistas en Acción desde el principio, la ampliación de la M-30 era ilegal. Pero no sólo se trata de una obra que ha vulnerado diversas leyes y normativas. También ha supuesto una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los problemas de movilidad siguen siendo los mismos, los atascos persisten, la contaminación del aire continúa por encima de los límites legales, los jardines prometidos brillan por su ausencia… Ahora, además, mientras las deudas aumentan y los impuestos suben, las ilegalidades se ponen en evidencia.
La responsabilidad política de este descomunal despropósito recae, nadie lo duda, en el Alcalde, Ruiz-Gallardón: ¿asumirá sus responsabilidades políticas?
* Ecologistas en Acción de Madrid - 29.10.2008
