EL PAÍS* : "El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante. Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar". Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.
La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.
Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.
*Información de Rafael Méndez, Sara Velert, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Diego Narváez y Libertad Paloma.
*EL PAÍS - Madrid - 16/04/2007
Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas
La corrupción en Murcia supera la destapada por la "Operación Malaya"
F.M.M.- ElPlural* : "Fuentes de máxima solvencia del Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aseguran que la trama de corrupción, en concreto la referente a pelotazos urbanísticos en la comunidad murciana, “supera” con creces la destapada hace un año por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya, en Marbella, y que está llenando miles de páginas e innumerables espacios en los medios de comunicación de nuestro país, y que está dando con decenas de cargos públicos, políticos, empresarios, profesionales de despachos de abogados e “ingenieros” financieros y bancarios en los calabozos de las comisarías de policía y en Las celdas de las cárceles.
El periódico digital Vegamediapress informó de que los casos de corrupción y el entrecruzamiento de intereses políticos, urbanísticos y financieros de las tramas facinerosas de cuello blanco en la región murciana son de un “calibre” espectacular, que deja, en parte, en mantillas a la descubierta en el municipio malagueño de la Costa del Sol, aseveran las fuentes que las están investigando. Los casos ya denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, que afectan tanto a municipios de la Costa como del interior de la región, así como los que ya están siendo instruidos por jueces y magistrados de la jurisdicción murciana, como es el caso concreto de la apertura de diligencias judiciales en el caso de La Zerrichera, suponen un conglomerado de intereses de centenares de millones de euros y una red de corrupción de una magnitud colosal, aseveran las mismas fuentes.
El fiscal, desbordado e imposibilitado
Sin embargo, añaden, en la jurisdicción murciana se puede tropezar con que el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante esta envergadura que tienen las tramas en la comunidad y sus conexiones y la trabazón de intereses y amparo entre sí de los poderosos y el clientelismo que han tejido en diferentes sectores de la sociedad, entre éstos, medios de comunicación murcianos poderosos, se puede ver “desbordado” y hasta “imposibilitado físicamente”, en razón al esfuerzo que requiere, para poder llevar a cabo y culminar las pesquisas, investigación, análisis y decisiones resolutivas que acaben con la pléyade de corruptos ante los juzgados y la imposición de las medidas cautelares pertinentes.
Enorme gravedad
Es de tal envergadura, superior a la operación Malaya, se insiste por fuentes solventes de la Fiscalía murciana, el tejido corrupto organizado a través de la especulación urbanística en la comunidad de Murcia, que puede rebasar las propias fuerzas físicas de un fiscal-jefe, en cuyos hombros ha recaído una responsabilidad social y profesional de gran magnitud.
Valcárcel intenta blindarse
El nuevo fiscal anticorrupción ha sido designado desde dentro de la propia plantilla del ministerio público del TSJ de la región, y para el gran volumen de trabajo de investigación al que se precisa hacer frente, esto supone una nueva desventaja para que los esfuerzos que son precisos puedan dar el fruto y la eficacia necesarias en un campo tan complejo como el de la administración de justicia. Ahora se añade la salida del fiscal de Tráfico, Manuel Campos, de la asociación conservadora de fiscales, que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha colocado en el sexto puesto de su lista electoral, señalan algunos que para que le asesore en materia penal ante lo que se avecina. Por otro lado, el anterior fiscal delegado anticorrupción ha pasado a un nuevo destino.
Hacen falta más fiscales
Por todo ello, desde el Ministerio Fiscal del TSJ de Murcia, según las mismas fuentes, se cree perentoriamente necesaria la adscripción de entre cuatro y cinco nuevos fiscales venidos de fuera de la región, así como otros nuevos cinco miembros de las fuerzas de seguridad del Estado especializados en materias de anticorrupción, al objeto de que las investigaciones de las tramas, se insiste, más potentes y complejas que las descubiertas por la Operación Malaya, puedan continuar siendo eficaces y resolutivas.
*elplural.com - Lunes, 16 de abril de 2007
Foto: marina de Cope /Ecologistas en Acción
Aplazado el sexto juicio a Julián Muñoz por urbanismo
EFE /20minutos* : "El juicio previsto para hoy en el juzgado de lo Penal 8 de Málaga contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha sido aplazado hasta octubre por los recursos planteados por las defensas de varios de los imputados. Muñoz, encarcelado desde el 20 de julio por su implicación en el "Caso Malaya", se enfrenta a una petición fiscal de veinte meses de cárcel por conceder en 1998 una licencia de obra para una vivienda unifamiliar a la entidad "Artola Inversiones" en suelo no urbanizable.
La defensa de la ex edil María Luisa Alcalá solicitó la suspensión por la indefensión que a su juicio supone haberse hecho cargo del caso recientemente, mientras que el letrado Pablo Luna -que defiende a otros dos acusados- pidió que se dicte la requisitoria de busca y captura del concejal Juan Antonio Yagüe antes de que se celebre la vista oral.
Concedió un permiso para construir una vivienda en un terreno no urbanizable por valor de 105.799 euros
Los hechos que serán enjuiciados se remontan a febrero de 1998, cuando la comisión de gobierno concedió una licencia para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable con un presupuesto de 105.799 euros.
Posteriormente, el Ayuntamiento autorizó el proyecto de ejecución de la obra, pese a que se proyectaba en un suelo que, de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en el PGOU vigente de 1968, estaba clasificado como rústico de control urbanizable y en el plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.
Ya son seis los juicios por urbanismo
Hasta la fecha el ex alcalde marbellí ha sido juzgado en cinco ocasiones por estas cuestiones, le pesan dos condenas firmes, una por el caso Banana Beach y otra por Proinsa, y tiene pendiente la revisión por parte de la Audiencia Provincial de Málaga de su absolución por el denominado caso Moansa.
Las causas penales contra Muñoz por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los 18 meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
En el mes de mayo tendrá otros dos juicios por casos urbanísticos, en uno de los cuales estará acompañado del ex asesor de Urbanismo en Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción inmobiliaria, Juan Antonio Roca.
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*20MINUTOS.ES - 16.04.2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
Costas de ladrillo
*EL PAÍS- Editorial : "Un informe de dos europarlamentarios, aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, describe con detalle el urbanismo salvaje que se ha adueñado de muchas zonas de España, pero en particular del litoral mediterráneo. Dicen los autores -el polaco Marcin Libicki y el británico Michael Cashman- que los habitantes de la costa mediterránea están sufriendo el "expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el enladrillado del litoral, la destrucción de la flora y la fauna y el enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la mayoría".
A este desarrollo canceroso del cemento en el borde de España se suma, según el informe, la angustia de las personas que adquirieron allí de buena fe un inmueble y se encuentran ahora con que el mismo Ayuntamiento que autorizó las contrucciones puede declararlas ilegales.
Esta pesadilla de corrupción e incompetencia que denuncia el informe es totalmente verosímil, puesto que todos los días aparecen indicios de corrupción que se llevan a los tribunales. El último de una larga cadena es la imputación de cinco altos cargos del Gobierno de Murcia (Partido Popular) supuestamente implicados en una recalificación fraudulenta para construir 4.000 viviendas en un paraje de especial protección ambiental. Forma parte además de ese infierno inmobiliario la práctica fraudulenta de construir promociones de viviendas sin agua y otros servicios básicos, como la electricidad. Las confederaciones hidrográficas denuncian que unas 300.000 viviendas de nueva construcción no tienen garantizado el suministro de agua, circunstancia que es desde cualquier punto de vista un engaño al comprador.
El informe comunitario avanza que la corrupción inmobiliaria que está destruyendo la costa se origina en "la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los cantos de sirena de promotores inmobiliarios". Es una descripción que encubre además otras causas conocidas, aunque de dificil solución a corto plazo. Una de las más importantes es la financiación insuficiente de los ayuntamientos, obligados a buscar en la revalorización del suelo los ingresos que no pueden o no saben obtener a través de impuestos o gestión razonable de deuda. Lo mismo cabe decir de la financiación de los partidos políticos, excesivamente vulnerables a los cantos de sirena, es decir, comisiones, procedentes de los pelotazos inmobiliarios.
Pero estas razones, y otras como la ausencia de controles efectivos de las decisiones de los ayuntamientos, son conocidas de antiguo, sin que las administraciones públicas sean capaces frenar la corrupción inmobiliaria que ya ha destruido la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales y amenaza con enfangar la credibilidad en otras instituciones democráticas. Por si fuera poco, presenta a la sociedad española ante el resto de Europa como consentidora de la recalificación fraudulenta, la construcción salvaje y la destrucción ambiental. Un auténtico patio de Monipodio, recalificado y alicatado hasta el techo.
*ELPAIS.com - 16/04/2007
Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Madrid
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F.MERCADO.- EL PAÍS* : "La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, cometió, como mínimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su función. Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian.
La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE con base en los artículos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.
Una llamada de EL PAÍS para consultar por las gestiones que hizo Porto para desbloquear dicho plan, provocó el fulminante relevo del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, en octubre pasado.
El estudio de este caso por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función".
Según este artículo, "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años".
Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Cañada, no es cierto.
Tres funcionarios habían forzado el aplazamiento de la aprobación de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo; la responsable jurídica, Cristina Navajas, y la responsable técnica, la arquitecta Norma Pérez-Huerta.
Las dos últimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector seguía vulnerando la legalidad, pues seguían sin subsanarse tres anomalías denunciadas en su informe de un año antes, por lo que su aprobación, según su testimonio, debía seguir suspendida.
El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupción, según personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Cañada que Porto elevó para su aprobación y han desbaratado el argumento presentado por un alto cargo fiel al ex director general de que era normal que se desoyeran o ignoraran estos informes.
Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo insólito de la actuación personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha razón, el documento definitivo llevaba su rúbrica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecían la firma de ninguno de los técnicos. Lo rubricó Porto, junto con un alto cargo, su subdirector.
Si a la intervención de Porto en este plan, que dejó trazas tan fáciles de seguir por Anticorrupción, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones públicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores.
Porto, junto con sus socios privados, poseía 22.000 metros cuadrados en el sector 1 de Villanueva de la Cañada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los técnicos a sus órdenes le plantearon en septiembre de 2004 que debía mantenerse la suspensión para edificar en dicho sector porque no se habían corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisión de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoyó y enterró el informe de sus técnicos. En su lugar, elevó un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias.
La comisión de Urbanismo, con presencia de Porto, sólo conoció el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisión nunca conocieron el informe contrario de los técnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan poseía terrenos en esa zona.
La comisión aprobó el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revalorizó tanto sus terrenos que Porto lo incluyó en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho".
En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones de euros, cuando los habían comprado por apenas 87.000 euros antes de su recalificación, en 1999, que también fue obra suya como autor del planeamiento municipal.
* ELPAIS.com - Madrid - 16/04/2007
Foto: Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de varios proyectos /20minutos.es
