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ELDÍA/La Palma* : Hablan de agentes que se pasean en el yate del empresario, que usaban su bodega y de un sargento que se benefició de un descuento de 40.000 euros al comprar su vivienda. El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato, hizo pública ayer una denuncia por "graves irregularidades" en las que presuntamente están implicados altos cargos del Cuerpo Benemérito, que podrían haber dado cobertura a hechos delictivos relacionados con el urbanismo en La Palma, concretamente, encubriendo a un empresario que supuestamente ejecutó varias edificaciones irregulares.
Según relató Mato, la investigación comenzó cuando una administradora de una empresa en la Isla denunció un supuesto delito societario que propició que se desvelarán la existencia de otros presuntos delitos relacionados con el urbanismo. En las testificales de este caso se implicó a mandos en estos delitos, según planteó el responsable de la AUGC.
Al respecto, detalló que ante el gran número de irregularidades detectadas por los agentes del Seprona y relacionadas con un empresario concreto, que ha protagonizado varias denuncias urbanísticas en la Isla, estos recibieron "recomendaciones" para que no se realizase la inspección. "Todos sabemos que una recomendación en la Guardia Civil es una orden", afirmó Mato, al tiempo que insistió en su sorpresa ante esta "indulgencia" de los mandos de la Benemérita.
Insistió en que se detectaron cientos de irregularidades y se pidió que se fuese "flexible". De igual forma relató que en un principio se realizó una denuncia interna en la Guardia Civil por tales hecho, pero que los expedientes concluyeron que no se detectaban irregularidades. Pero, "le dan la vuelta a la tortilla" y "se intenta amordazar al agente del Seprona denunciante". Según Mato, "incluso se ha llegado a amenazar con un sicario sudamericano, por lo que se vio obligado a acudir a los tribunales".
40.000 euros de descuento.- Desde la Unión de la Guardia Civil, se asegura que "los altos mandos implicados no sólo pasean con frecuencia en el yate del empresario denunciado, sino que éste les presta su bodega para eventos familiares".
Además alertaron de que un suboficial "había presuntamente adquirido una vivienda del constructor por 40.000 euros menos del precio real. Existe una grabación que consta en el expediente en la que se justifica este último hecho. Sin embargo, no se ve nada extraño en que se haga un descuento tan alto y se iguala a una venta por regateo en un comercio regentado por hindúes".
Además, indicó que después del informe interno, el empresario denunció al agente por sentirse perseguido y para ello "se ha valido de información confidencial de la Guardia Civil. Alguien está dando información al constructor".
A este respecto, la abogada del denunciante, María José Castro, planteó que puede ser el mismo suboficial implicado (casado con una funcionaria de Justicia) quien esté "traficando" con la información y denunció que "se ha destruido documentación" del caso.
Investigan a varios mandos.- La letrada explicó que, "a raíz de la primera denuncia presentada en los juzgados de Los Llanos, están siendo investigados un constructor (aunque podría ampliarse a un segundo), un aparejador de un ayuntamiento del Valle de Aridane, un brigada y un sargento de la Guardia Civil y varios particulares", aunque, dejó la puerta abierta a más implicados.
Castro indicó que el proceso se comenzó en 2008, pero "el juzgado en un primer momento rechazó la investigación de oficio. No comenzó hasta que la Audiencia Provincial se pronunció en este sentido el pasado mes de diciembre". El caso está a la espera de que la Fiscalía concluya sus informes.
Pese a todo lo descrito, aseguró la abogada, "el teniente coronel de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha restado importancia a los hechos", asegurando que "se está intentando coaccionar a algunos testigos y que el defensor del Guardia Civil, un órgano relativamente nuevo en La Palma, también está siendo acosado por altos mandos y ha sido víctima de moobing".
* El Día - EP. - 29.07.10
Foto: Los Llanos de Aridane (La Palma - Canarias) - sobrecanarias.com
El Seprona implica a mandos de la Guardia Civil en delitos urbanísticos
El Supremo anula la concesión de los terrenos que Miño concedió a Fadesa
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XORNAL/A Coruña* : El 17 de enero de 2001 se suscribió entre el alcalde de Miño y la inmobiliaria Fadesa un convenio para una urbanización en la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova. El 10 de mayo de 2002, en pleno, el Ejecutivo local decidió que las obras se harían tras la expropiación de los aproximadamente millón y medio de metros cuadrados que ocuparía la urbanización. El Plan Xeral no sería aprobado hasta tres meses más tarde, el 8 de agosto de 2002. Una sentencia del Tribunal Supremo, fallada el pasado 19 de julio, acaba de anular la concesión que el ayuntamiento dio a la inmobiliaria para los terrenos, con lo que la empresa, ahora Martinsa-Fadesa, deja de ser adjudicataria legal de todos los metros cuadrados que se expropiaron hace ocho años.
Este fallo se produce después de que tanto el concello como la inmobiliara interpusiesen un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), del año 2006, en la que ya se había anulado la concesión urbanística de los terrenos. El Tribunal Supremo, además, hace imposición de las costas procesales tanto a Fadesa Inmobiliaria como al ayuntamiento coruñés.
LOS PAGOS, DEL CONCELLO
Revés al concello de Miño y a la compañía, protagonista del mayor concurso de acreedores de la historia que, según uno de los abogados de los afectados, Jerónimo Escariz, “tendrán que hacer frente a esto de alguna manera”. Y es que, al ser el ayuntamiento quien, por acuerdo plenario, expropió los terrenos, también ha de ser la administración local la encargada de hacerse cargo de la nueva situación.
Y ésta es, ni más ni menos, la obligación de pagar un 25% más a los dueños de los terrenos de lo que habían abonado en su día. En total, y según fuentes consultadas, el concello de Miño tendrá que sufragar unos siete millones de euros a los dueños de las propiedades que se expropiaron para que la inmobiliaria se hiciese con un plan urbanístico de unas 1.200 viviendas.
Como explica el magistrado Jerónimo Escariz a Xornal, “obviamente no se pueden recuperar los terrenos, lo que requerirá una indemnización mayor” a la que decretó el jurado de valoración. “En los casos en los que se anula la concesión de una urbanización, el justiprecio es un 25% a mayores por ocupación ilegal”, explica Escariz. Ahora serán los afectados los que “tengan que reclamar”, ya que el fallo no se refiere al pago de las indemnizaciones.
Para el abogado, “el concello está expuesto claramente a ese resarcimiento”. “Miño está descubierto, difícilmente va a poder pagar esto e intentará reconducirlo”, sostiene. “Martinsa ya invirtió mucho dinero en esa urbanización”. Solo por los terrenos, la inmobiliaria había abonado en su día unos seis euros por metro cuadrado, que una sentencia elevó a más de 26 euros. En total, y con los intereses, Martinsa-Fadesa abonó unos treinta millones de euros por los 1,5 millones de metros cuadrados de la macro urbanización. El 25% a mayores que dicta el fallo del Supremo ha de pagarlo el ayuntamiento con dinero público.
POSIBILIDADES DEL CONCELLO
Debido a los problemas que Miño tendrá para abonar esos siete millones de euros aproximados, tanto el Jerónimo Escariz como otras fuentes consultadas aventuran a que el Gobierno municipal, regido por el Partido Popular, tendrá que “negociar de alguna manera”. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el fallo del Supremo es especialmente perjudicial para el concello que, no obstante, sí tendría una salida para esta situación. Dado que Martinsa-Fadesa deja de ser legalmente adjudicataria de los terrenos, sería el propio Gobierno local el que podría tener la capacidad de acabar las obras y hacer frente a las indemnizaciones. Esto sería posible, según fuentes consultadas, si Miño consiguiese que otra promotora se hiciese cargo de la urbanización, para rematar las viviendas en construcción, los viales y adecuación de la zona y, también del justiprecio que reclamarán ahora los afectados.
“Las partes recurrentes –el ayuntamiento y la inmobiliaria– debían tener ya en la cabeza que la sentencia iría por aquí”, creen fuentes jurídicas. Para los afectados, por contra, queda probado que la concesión de los terrenos fue un “amaño entre el alcalde y Fadesa”, con una licencia previa a la aprobación del PXOM y carente de un plan parcial de obra.
“Téngase en cuenta que la nulidad del acuerdo del pleno del 10 de mayo de 2002, respecto de la elección del sistema de actuación –por la expropiación– se produce por falta de información pública y de citación a los propietarios”, dice el Supremo parafraseando la sentencia del 2006 del TSXG.
SORTEAR EL FALLO
El fallo del Supremo considera, además, que “si bien el recurso de casación se sustenta sobre la infracción de normas de Derecho estatal, su invocación reviste un carácter meramente instrumental intentando sortear, o simplemente desbordar, los límites legalmente establecidos”.
* Xornal - 29.07.10
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
Un tercio de los vecinos de Santa Cruz, con sus casas fuera de ordenación
CANARIASAHORA* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife calcula que son 95.350 los vecinos que verían sus casas fuera de ordenación si la Comisión de Ordenación de Territorios y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) le da finalmente el visto bueno. La Plataforma ha elaborado un catálogo de las viviendas que se verían afectadas por esa figura urbanística que supone una merma de derechos para sus propietarios, en contra de lo que defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Gerencia de Urbanismo, que insisten en que el fuera de ordenación “no tiene consecuencias jurídicas”.
Este catálogo se hará público este jueves por la Plataforma a las puertas del Consistorio. José Ramos Arteaga, miembro de la Plataforma, afirmó este miércoles en Radio Club Tenerife que las fincas afectadas son 1.904 en diez distritos, del 38.001 al 38.010.
“Hemos calculado cinco plantas por finca y dos viviendas por planta, lo que supone que son 95.350 las personas en Santa Cruz cuyas casas quedarían fuera de ordenación”, dijo Ramos Arteaga quien expresó su confianza en los técnicos de la COTMAC para que el PGO no se apruebe “con un fuera de ordenación masivo que afecta a un tercio de la ciudad, plagado de irregularidades que hemos denunciado”.
“Sabemos que ha habido presiones políticas sobre los técnicos de la COTMAC para que aprobasen el PGO como fuera antes de julio, pero no ha sido así”, añadió José Ramos.
Por su parte, el abogado y portavoz de la Plataforma contra el PGO, Felipe Campos, explicó a CANARIAS AHORA que ese catálogo de viviendas “era obligado que lo hubiese elaborado el Ayuntamiento de Santa Cruz, a lo que se comprometió el 22 de diciembre pasado, pero no ha hecho nada”.
Campos agregó que gracias al catálogo elaborado por la plataforma “más de un tercio de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife podrán saber que les han intentado robar su patrimonio de forma silenciosa y canallesca”.
* Canarias Ahora - 28.07.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife , manifa contra Plan General (archivo) - canariasaldia.com
Cáceres.- El Icomos recuerda que se puede perder el título de Patrimonio de la Humanidad
HOY* : A miles de kilómetros de Extremadura, en Brasilia, comienza hoy, 25 de julio, la XXXIV reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, encargado de elegir los lugares que recibirán el título de Patrimonio de la Humanidad, y de revisar también el estado de aquellos sobre los que se cierne algún tipo de amenaza. Por ejemplo, Sevilla, donde una torre de 178 metros proyectada por el arquitecto César Pelli puede tener un impacto negativo sobre el Alcázar, la catedral y el Archivo de Indias. Icomos ya ha dicho que «existe la posibilidad de que en Brasilia a la zona monumental de Sevilla se le retire la catalogación de Patrimonio de la Humanidad».
En Brasilia probablemente no se hablará de Cáceres, pero puede que suceda en próximas reuniones, cuando llegue la polémica sobre las obras del hotel Atrio en la Ciudad Monumental, muy cuestionado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (más conocido por sus siglas anglosajonas de Icomos), órgano consultivo de la Unesco.
Lejos de retroceder ante las voces que cuestionan la credibilidad y solidez del informe adelantado hace ocho días por este diario, Icomos hizo público en la tarde de ayer un extenso comunicado en el que recrimina a Cáceres no haber informado a la Unesco de las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en la plaza de San Mateo, tal y como es su obligación siempre que haya «obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el valor universal excepcional del bien», en este caso, la parte antigua.
«No se tiene constancia de que las autoridades responsables del patrimonio mundial de la ciudad de Cáceres enviasen en su día dicha información previa a la Unesco», reprocha la presidenta del comité español de Icomos, María Rosa Suárez-Inclán, que va más allá y recuerda que el ser Patrimonio de la Humanidad «no es un derecho imprescriptible», es decir, que no es para siempre.
Por el contrario, subraya que «la Unesco se reserva la opción de inscribir el bien en la Lista del Patrimonio en Peligro si existen amenazas de cualquier tipo que impliquen la pérdida de los valores por los que fue reconocido con el título». Si así fuera, la Ciudad Monumental tendría el dudoso honor de ser el primer bien español inscrito en esta lista, que es un paso previo a una decisión más drástica: «Si las amenazas (naturales, sociales, presiones especulativas o intereses de cualquier tipo) se hicieran efectivas, la Unesco se reserva también el derecho de retirar el bien de la Lista del Patrimonio Mundial».
Hasta la fecha, la expulsión sólo se ha materializado con el santuario del órix árabe, en Omán, y, en 2009, con la ciudad alemana de Dresde por la construcción de un puente de cuatro carriles.
El Icomos también ha amenazada a Oviedo con retirarle la distinción si mantenía el proyecto de rascacielos de 113 metros de Santiago Calatrava, y ha elaborado informes negativos sobre actuaciones en muchas de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad.
Imparcial
El organismo también quiso subrayar ayer la imparcialidad de sus informes. En el caso concreto del referido a Cáceres y el hotel Atrio, Suárez-Inclán defiende que no se dé a conocer el nombre de su autor «para salvaguardar esa imparcialidad», al mismo tiempo que niega que su actuación vaya «dirigida a perjudicar la candidatura de Cáceres 2016», como se ha interpretado por el momento en que se ha hecho público el informe, casi tres años después de su aprobación.
Por el contrario, la presidenta del Icomos lamenta el «sesgo político que se está queriendo dar a este caso».
Para este organismo, el haber modificado el Plan Especial que regula las actuaciones urbanísticas en la parte antigua de Cáceres para permitir las obras del hotel Atrio «incumple todas las prácticas de conservación de cascos históricos», y deja la «posibilidad abierta» a que en otros puntos de la Ciudad Monumental «se actúe de la misma manera». Es decir, que no ve la actuación de la plaza de San Mateo como un hecho aislado, sino con un «plus de gravedad» cuyas consecuencias están por ver.
ARGUMENTOS DEL ICOMOS
1Cáceres ha incumplido con su obligación de velar por el patrimonio al no comunicar a la Unesco las actuaciones en San Mateo.
2El ser Patrimonio Mundial «no es imprescriptible». Hay una Lista del Patrimonio en Peligro e incluso se puede retirar el título.
3Los informes de Icomos son «imparciales» y se basan en la doctrina internacional de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco.
4Lamenta el sesgo político que se está dando.
* Hoy - 25.07.10
Foto: Cáceres, hotel Atrio denunciado por Icomos - hoy.es
Canarias.- El canódromo
TROMPULGA Y CHICHAPIÉ JOSÉ A. INFANTE BURGOS* : Cuando se adopta la grandilopata y se juega a la preponderancia, escondida detrás de ella muchas veces aparecen los errores de bulto como, por ejemplo, la pista de atletismo en el frío estadio de Siete Palmas (¿palacio de hielo?), "el p? más grande que el c?"; o lo que es peor, las fundadas sospechas sobre la existencia de manos negras que, arropadas en el pico del pollo y tras el simplón mensaje del "todo por Gran Canaria", arramplan en las peonadas oscuras de los tejes y manejes interesados y tal cual por todo lo que se critica a Tenerife. "Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Parece que una tasación excesiva, extraordinaria o excepcional, según los diferentes autores, y que para sorpresa de jueces y políticos actuales no aparece por ningún lado, puede ser la clave del petardeo.
Ese presunto valor de más del suelo del canódromo, fijado en el informe técnico, permitió al concejal de Urbanismo del momento firmar, durante el último mandato de D. José Manuel en la Alcaldía, un convenio con la empresa Urbacan (que obtuvo un beneficio de 9 millones de euros) para la cesión de los terrenos al ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, entre ellas, un solar en las dos Torres del Mar.
Un inciso: la historia de las carreras de galgos no se podría escribir sin la figura del marqués de Villabragima, en Valladolid, no lejos de Soria. Era hijo del conde de Romanones, líder del partido conservador y en bastantes ocasiones jefe de Gobierno del rey Alfonso XIII. El marqués era lo que se conocía en aquellos tiempos como un "gentleman" que practicaba y propiciaba el deporte. A finales de los años 20, en uno de sus viajes a Inglaterra conoció las carreras de galgos y decidió implantarlas. Siguiendo el ejemplo se construyó uno en Carabanchel -ahora es un campo de fútbol- y dos canódromos más: el de Valencia y el de Palma de Mallorca, convertidos en zona verde. En 1936 se inicia la Guerra Civil habiendo canódromos en ambos frentes. En la zona controlada por la República funcionan los de Madrid, Valencia y Barcelona. En la otra zona, aparte del de Palma se abren en Zaragoza, Tenerife, Sevilla y Las Palmas.
Aquí es donde se encuentra el culebrón que sustancia, ya cerca de las elecciones, uno de los polémicos divorcios que se van a reproducir masivamente, el de Dña. Nardy Barrios (que considera que lo ocurrido con el convenio del canódromo "es un caso idéntico al de La Favorita", "otro pelotazo con el que ganaron los intermediarios y con el que la ciudad perdió dinero" con una parcela de 20.000 metros que hoy es el parque más grande de Schamann) y D. Jerónimo Saavedra. Lo cuenta al detalle Dña. Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos Avecalta y promotora de las denuncias: "Queremos saber por qué la ciudad no obtuvo el beneficio que se llevaron los intermediarios". En términos económicos, lo que el ayuntamiento nunca vio fueron esos 9 millones de euros en los que cifró el beneficio la empresa Urbacan. Porque todos los planes generales de la ciudad siempre dibujaron un parque en ese solar, pero nunca hubo acuerdo hasta que llegó su último propietario. El concejal de Urbanismo de entonces fue el encargado de la negociación y de la firma. El precio quedó fijado en noviembre del mismo año 2000; el convenio final se firmó el 2 de abril de 2002, y en junio se había pagado el primero de los plazos; la parcela registrada con el número 52.103, ubicada en Las Torres (junto al hospital Doctor Negrín) y hoy urbanizada como Mirador de la Pradera. El ayuntamiento la tasó en 3 millones de euros, y seis días después de que Urbacan la inscribiese a su nombre, la vendió a Realia por 7,5 millones de euros; obtuvo 4,5 millones de plusvalías.
El segundo pago siguió un proceso simétrico; en diciembre de 2003, cuando ya era alcaldesa Dña. Pepa Luzardo, se inscribió a nombre de Urbacan la finca registral número 77.838, la llamada Esquina del Canódromo, donde hoy se levantan Las Torres. Estaba valorada en 2,5 millones, pero apenas un mes más tarde se vendió también a Realia por el triple (7 millones). El beneficio, otros 4,5 millones.
Canarias por encima, bastante iguales, fuera lo malo y quede lo bueno.
* El Día - Opinión - 29.07.10
La agonía del corazón ferrolano
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LAVOZ/A Coruña : Cuando Ferrol no podía ni imaginar el desarrollo ilustrado que en el siglo XVIII convertiría su centro en una tableta de chocolate urbanística, un pequeño distrito anexo crecía pujante seis siglos antes. Era el origen medieval de una urbe, nacida por y de cara al mar. Hoy, aquel barrio marinero lo es menos, pero aún conserva su esencia y continúa siendo el principal punto de entrada a la ciudad naval. Al agitado tránsito en la bocana de la ría lo ha sustituido la marea de coches que desembocan a través de la AP-9 y que se diluye en pleno barrio de Ferrol Vello.
También lo hacen sus casas y sus calles, sus plazas y recovecos, en un deterioro que las sucesivas Administraciones y gobiernos locales no han sabido o no han querido frenar. Su laberinto de callejuelas muestra históricas casas seculares cayéndose a pedazos. Unas ruinas que, además, no se pueden recomponer. El Concello no concede licencias porque la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mantiene paralizada cualquier tipo de intervención en el barrio mientras no finalice el proceso de su catalogación como bien de interés cultural (BIC): ni reparación de cubiertas, ni cambiar ventanas ni corregir humedades. Nada. Simplemente, no hay permisos. A la espera del BIC, se mantienen paralizadas, oficialmente, 13 licencias.
Así desde hace casi un año. La Xunta deberá resolver el expediente en un plazo máximo de 20 meses que se agotarán en noviembre. Pero los problemas de Ferrol Vello no son tan recientes. Sus casas hablan de un deterioro que comenzó hace décadas y que el tiempo no ha hecho sino acrecentar.
Más de 40 casas en ruinas
El corazón de la ciudad sufre un infarto de consecuencias fatales. Y de momento, sin desfibrilador. Un recorrido por el interior del espolón triangular que asoma a la ría sobrecoge al paseante. Hay tramos completamente en ruinas. Como el trazado de la Carmen Curuxeiras, una calle muerta urbanística y poblacionalmente. Se cuentan con los dedos de una mano las viviendas habitables y sobran varios de la otra para anotar las que están en proceso de rehabilitación. Oficialmente, según el Concello, trece inmuebles en esta vía están al borde de la ruina. Pero a ambos lados, más de una treintena de edificios ofrecen una estampa no muy distante de un escenario de guerra. El Concello de Ferrol tiene contabilizados 41 edificios que, por su avanzado estado de deterioro, presentan riesgos de desprendimientos en el barrio.
Ferrol Vello sobrevivió a un incendio que arrasó casi por completo el barrio y acabó con su arquitectura medieval en 1568. A partir del siglo XVII recompuso su figura y los balcones marineros comenzaron a convivir con las galerías de las casas burguesas. Ahora históricos edificios se vienen abajo. Las causas tienen origen demográfico y social. La demolición en 1974 del antiguo barrio de Esteiro derivó población conflictiva a la zona y asentó allí el núcleo de la prostitución y, durante unos años, arrastró también drogadicción. Muchos vecinos iniciaron el éxodo y abandonaron sus casas. Con el tiempo, y superada ya esta difícil etapa, ha cundido la añoranza. Algunos de aquellos nostálgicos han vuelto a intentar repoblar Ferrol Vello. Sin éxito. «No nos dejan hacer absolutamente nada», dice una de las aspirantes a vecina del barrio. No puede hacer habitable el edificio que ha comprado. Por eso, muchas viviendas continúan vacías.
La esperanza de este barrio reside ahora en la rehabilitación. En el 2001, Ferrol Vello y A Magdalena se convirtieron en área de rehabilitación integral (ARI), es decir, proclives a recibir ayudas de la Xunta. Sin embargo, desde el año 2002 solo se atendieron en este conjunto histórico un 14% de las solicitudes, 231. Las restauraciones acometidas y la incipiente recuperación comercial demuestran que Ferrol Vello tiene futuro. Pero de momento el presente se cae a pedazos.
* La Voz de Galicia - Rocío Pita Parada - 6.03.2010
Foto: Esta casa anexa a la Praza Vella, el espacio central del barrio, y que da al paseo de la Marina, una de las calles principales de Ferrol, está en ruinas, un estado que comparte con otras 40 en el barrio.
