Viñeta: El Roto - elpais 24.11.10
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Castilla y León.- El juez implica al presidente de las Cortes regionales en el 'caso Gürtel'
Según el magistrado, las pruebas aportadas por la Brigada Antiblanqueo permiten afirmar que durante la «tramitación» de aquel expediente, siendo Fernández Santiago consejero de Fomento, se «incurrió en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». El juez insiste en que tanto «la orden de inicio de este expediente» como la adjudicación llevan la firma de 'Toti'.
La obra fue a parar a Teconsa, una de las principales empresas implicadas en el 'caso Gürtel', que ganó el concurso en abril de 2003 y obtuvo un contrato por valor de 2.847.959 euros, sin IVA. A cambio, explica Pedreira en su resolución, la compañía repartió entre los muñidores del contrato el 3% del mismo, una vez pagado el IVA, lo que ascendió a 96.100 euros.
El fax clave
Estas comisiones fueron centralizadas por Correa, que repartió entre las personas que supuestamente habrían conseguido el contrato para Teconsa. Fernández Santiago habría cobrado en dos pagos los 39.000 euros. El ex eurodiputado Gerardo Galeote habría percibido 26.400 euros. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, se habría hecho con 18.600. Jesús Merino, ex diputado por Segovia y también consejero de Fomento desde 1991 hasta 1999, se habría embolsado 18.600. Y Francisco Correa, el 'capo' de la trama corrupta, se habría quedado con 17.500 por coordinar la operación.
Pedreira revela que la información sobre aquella operación amañada apareció en el registro del domicilio del contable de la red, José Luis López Izquierdo. Durante aquel allanamiento, simultáneo a la detención de Correa en febrero de 2009, apareció una carpeta de color azul en la que había varios documentos, entre ellos un fax de la Consejería de Castilla y León en el que se remitía la adjudicación definitiva de aquella obra, junto a la que había un desglose del 3%, las supuestas comisiones.
Junto a ese fax, y unidos por un clip, aparecieron una siglas y unas cantidades. Señala el magistrado que tras meses de investigación, y tres informes diferentes y varias pericias, la Policía Judicial certificó quiénes estaban tras las enigmáticas siglas: T.O. ('Toti'), G (Galeote), L (Bárcenas), J (Merino) y PC (Correa). A la vista de las pruebas presentadas por la brigada Antiblanqueo de la Policía, Pedreira concluye que en la «causa existen indicios bastante del cobro de una comisión» por parte de los cinco sospechosos, y en consecuencia decreta la «inhibición parcial» a favor del Tribunal Superior castellanoleonés ya que Fernández Santiago es aforado por su condición de presidente de las Cortes.
Al margen de la supuesta implicación de 'Toti', el juez se centra en las pruebas contra Merino, de quien recuerda que, aunque en el momento ya no era consejero, tenía «posible influencia y acceso a la información de concursos de la Junta de Castilla y León», como probaría el hecho de que envió al número 2 de la trama, Pablo Crespo, pliegos del concurso antes de su que éstos se publicaran oficialmente.
Gomecello
Según explicaron fuentes judiciales, el magistrado decreta la inhibición solo sobre la adjudicación de Olleros de Alba, ya que cree, como Anticorrupción, que no hay pruebas concluyentes contra otros altos cargos regionales por otros concursos que la Policía tiene bajo la lupa. El primero es la construcción de un centro de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Gomecello, que fue adjudicada por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa.
Los informes policiales sostienen que aquel concurso supuso para Correa una comisión de 600.000 euros, aunque sólo cobró una parte. Eso sí, ese porcentaje también fue repartido entre tres ex altos cargos del PP que percibieron 60.000 euros cada uno. Una cuarta persona que responde a las iniciales «CL - S» se llevó 144.200 euros. La Policía apunta que tras la sigla 'S' habría otra alto cargo de del Ejecutivo autonómico castellano y leonés, pero para el juez esta suposición no está suficientemente probada.
El otro concurso investigado es la construcción de la variante de Villanueva de Mena por valor de siete millones y que también ganó Teconsa cuando Fernández Santiago era consejero de Fomento. Tampoco en ese caso, considera Pedreira, hay pruebas suficientes, por ahora, para apuntar a altos cargos autonómicos.
Teconsa, que consiguió contratos en otras comunidades gobernadas por el +, ganó entre 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones de la Junta de Castilla y León, según los informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal.
* Norte Castilla - 30.11.10
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
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De propietario a inquilino
Los hechos son como siguen: la entidad bancaria, convencida de que el propietario no va a poder hacer frente a sus obligaciones de pago, acepta la casa como dación en pago del insolvente (figura contemplada en la Ley Hipotecaria), entendiendo como saldado el total de la deuda.
Es entonces cuando, para evitar el desahucio, el nuevo dueño alquila su vivienda por cinco años al antiguo propietario por una cantidad mensual inferior a la letra que antes apoquinaba, y con opción a compra. Según el portavoz de la Plataforma, José Coy, supone «una liberación de la cadena perpetua que implica el no poder pagar la letra y, al fin y al cabo, tener derecho a comenzar de nuevo, pero conservando el valor emocional de seguir en la misma casa durante varios años».
Pasado el contrato de alquiler, si la situación económica mejora para el interesado, «tiene la posibilidad de comprar de nuevo la casa, descontando todo lo entregado ya en alquiler». Llegados a este punto, habría que acordar nuevas condiciones hipotecarias y, en cualquier caso, pagar de nuevo los impuestos que ya se abonaron antaño.
«Es mi única salvación»
Pero claro, en muchos casos, esto no es tan fácil. Los bancos no aceptan la dación en pago si entienden que, además de la casa, el interesado debe seguir abonando una cantidad, al ser el valor de la vivienda menor que el saldo vivo de la deuda. Es el caso de Francisco Miguel Valverde, un vecino de Aljucer que quiere la dación en pago, pero su entidad no la acepta. «Es mi única salvación», asegura. La plataforma calcula que «esos picos suelen ser de 10.000, 20.000 o incluso 100.000 euros».
Este diario ha consultado con varias sucursales bancarias este nuevo procedimiento de actuación. Algunas reconocen estar realizándolo y lo argumentan como «un nuevo mecanismo de protección adicional a los que ya existen para no dejar a la gente en la calle».
Los empleados de estas oficinas afirmaron que «las entidades alargan todo lo que pueden» los expedientes de embargo «porque lo último que desean es que una familia se quede sin su casa». Y recuerdan: el sistema hipotecario en España «funciona así y es lo que hay. Cuando no pagas, nada ni nadie puede impedir que se ejecute el embargo o que se negocie una dación en pago, según los casos, con deuda pendiente».
Desde enero de 2008 y hasta el pasado verano, los bancos y cajas han ejecutado la hipoteca de 140.000 familias y aceptado casi 100.000 daciones en pago. Según las previsiones que maneja el Consejo General del Poder Judicial, este año se embargarán 180.000 casas y se abrirán unos 84.000 expedientes de desahucio.
REIVINDICACIONES DE LOS AFECTADOS
1Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación.
2Regular la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda queda liquidada.
3Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Implica que la administración compre la vivienda a precio reducido y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida.
4Realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.
5Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.
LAS CIFRAS
140.000
hipotecas han sido ejecutadas por bancos y cajas desde enero del 2008 hasta el pasado verano.
100.000
daciones en pago de la vivienda para saldar las deudas se han llevado a cabo en el mismo plazo.
180.000
casas serán embargadas este año, según prevé el Consejo General del Poder Judicial..
84.000
expedientes de desahucio serán llevados a cabo en 2010.
* La Verdad - 30.11.10
Foto: Una pareja contempla una promoción de viviendas en una imagen de archivo. :: LA VERDAD
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Calp o la teoría de que la basura se lava en casa
Algunas explicaciones se darán en los tribunales. Pero no basta. Desde que Levante-EMV sacó a la luz esta trama ha pasado de todo en la política calpina. El alcalde se apresura a sacar sus conclusiones y a culpar al PSPV, estos no aciertan con el discurso y los demás, callan. Sin embargo, algo más habrá que decir ya que el Bloc gobierna gracias a Javier Morató.
La oportunidad de hacer campaña
La disparatada alcaldía de Joaquim Tur tiene un epílogo a la altura. El caso Brugal le ha servido para distanciarse del PP (retiró las competencias de gobierno a los tres ediles populares implicados en la trama) sin que el PP rompa el pacto. Dice que se enteró por Levante-EMV de que la facturación de la basura supuestamente se hinchaba y se puso a indagar por su cuenta. Lo mismo se disfraza de César Borja («o césar o nada», dijo cuando pactó con el PP la moción de censura contra su socio, el PSPV) que de inspector Clouseau. Ha denunciado a Colsur por estafa. Su campaña electoral es la basura. Y ya ha comenzado.
Amortizado pero con sueldo de edil
Morató fue alcalde de Calp 12 años (lleva 16 años de edil) y amenaza con seguir en primera línea política. El caso Brugal lo ha puesto otra vez en el disparadero. La investigación concluye que pudo recibir sobornos de Fenoll por consentir la facturación inflada de la basura. Un día se declara asqueado de la política y al siguiente afirma que quiere volver a ser concejal para defenderse de los escándalos. No admite que es un lastre muy pesado para un PP roto que necesita renovarse de arriba a abajo. No ha explicado nada del contrato que firmó con Fenoll. Nada. Y Tur le mantiene el sueldo de edil.
Una oposición mal enfocada
El PSPV se enredó en extrañas estrategias cuando tenía la alcaldía y no ha escarmentado. Su problema no es que no tenga plan, sino que el plan es alambicado y no lo entienden ni ellos. Su líder, Luis Serna, a quien Tur también intenta a toda costa implicar en el presunto fraude de la basura, todavía tiene crédito para agarrar la bandera de la renovación política. Ese es el Waterloo de los socialistas y no enfrascarse con el alcalde en escarceos dialécticos e insultos. Aclarar la trama de la basura es una obligación. Y el PSPV debe exigir (y dar) todos los días explicaciones.
Implicado en el agua y la basura
El diputado provincial y concejal del PP no se priva de nada. Está imputado por el caso Aguas de Calp (supuestamente se desvió un millón de euros en las obras de la red) y ahora se le relaciona con los supuestos sobornos de la basura. Juan Roselló se lo toma con calma. Como si fuera su sino. Tampoco ha dado ninguna explicación pública. Igual que Morató, pone cara de sorprendido cuando se le habla del supuesto fraude en el pesaje de los residuos. Parece que le preocupe más que, ya destituido como concejal de Turismo, no podrá organizar la próxima participación de Calp en Fitur.
El conseguidor de contratos públicos
El cuñado de Juan Roselló también está en todas las sopas. Imputado por el caso Aguas de Calp, ahora su nombre se relaciona también con el escándalo de la basura. Fue quien gestionó el contrato del tratamiento de residuos con el empresario Ángel Fenoll, según ha revelado éste último. Ese mismo papel le reservan los investigadores de la trama Brugal. Supuestamente actuó de intermediario y recibió, por ello, comisiones. La única relación de Artacho con el Ayuntamiento de Calp es que es cuñado de Roselló. Ese parentesco parece que le sirvió para ejercer de «conseguidor» de contratos públicos.
El único capaz de marcharse
Ha aparecido implicado, sin que nadie lo esperara, en el sumario de la trama Brugal. Nunca ha sido protagonista de ningún escándalo pese haber regido la concejalía de Hacienda durante diez años. Y con el lastre económico que alcanzan, ya tiene mérito. Cuando el alcalde anunció el cese fue el primero en poner sus competencias a disposición del primer edil y sólo pidió que se le avisara con antelación para irse. No se lo concedió Tur y sin aviso, lo cesó. Se ha ido del ayuntamiento sin hacer ruido y no continúa oculto tras un sueldo. Se va para aclarar las cuentas a solas con la justicia. Un ejemplo para el resto de concejales del PP.
Pasó de puntillas por el gobierno
La trayectoria de este abogado calpino es silenciosa pero significativa. No es la primera vez que acude a los tribunales, y no sólo como abogado. El año pasado fue juzgado por un extraño tema relativo a un supuesto enriquecimiento en la compra-venta de unos terrenos de Calp en los que también participó un familiar. Con todo en contra en la sala, el resultado sorprendió y salió libre de pecado. Ahora, vuelve a aparecer en una trama vinculada a sus escasos cuatro años de gobierno en Calp. Abogado de profesión, ya consiguió sentar como testigos a medio ejecutivo calpino. Ahora, está a la espera de una citación para declarar.
Ve y calla el fraude del pesaje
El edil del PSD Antonio Romera es la sombra del alcalde. Estuvo con él en el pacto con el PSPV. Y colaboró en rescatar al turbio PP de Morató y Roselló. Pero durante todo el mandato no ha soltado la concejalía de Tratamiento de Residuos. Y ya tiene delito (en sentido coloquial) que el presunto fraude haya pasado ante sus ojos sin advertirlo. Romera sabía que los residuos reales que genera Calp eran 25.000 Tm al año. Pero las facturas de Colsur engordadas con supuestas toneladas falsas de basura no le llamaron la atención. Como poco, se le puede reprochar que ha fallado como responsable de Residuos.
* Levante - 28.11.10
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es
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Madrid.- Ópera suspende, la capilla del Obispo aprueba
En el "Catálogo de Buenas Prácticas” dado a conocer en la rueda de prensa este lunes se incluye como mejores iniciativas el Pabellón de Madrid en la Exposición Universal de Shanghai 2010, la ampliación de la estación de Atocha por el AVE Madrid-Valencia y la rehabilitación de la capilla del Obispo.
Por el contrario, entre "lo más infame que ha sucedido en Madrid durante 2010 desde el punto de vista de los grandes asuntos de carácter territorial”, figura la vigésima etapa de la vuelta ciclista a España que no tuvo en cuenta el impacto ambiental en el futuro Parque Nacional de Gudarrama, la reforma "salvaje" de la plaza de Ópera al convertir en "desierto de granito un espacio antes valorado por vecinos y comerciantes", y el hecho de que la mendicidad en las calles se haya convertido "en el nuevo mobiliario urbano".
* Madridiario - 29.11.10
Foto: Madrid, obras en Ópera - madridiario
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Feísmo - Pecados y glorias del urbanismo gallego
Los que siguen son algunos ejemplos de flagrante feísmo, de atentado contra el paisaje. En la página siguiente se mostrará el contraste, es decir, cosas que sí se han hecho bien, intervenciones que son ejemplares -que las hay-. En fin, son los pecados y las glorias del urbanismo gallego.
Un abuso habitual es la edificación fuera de escala en el entorno de las ciudades y el litoral. La macrourbanización de Miño Costa Anácara es un caso clamoroso, dice la arquitecta Ana Recuna: «Es una estructura ajena al entorno, que no respeta el paisaje y que produce un desequilibrio muy importante en las estructuras urbanas preexistentes». El reclamo de la costa es evidente. «Es un caso en que se manifiestan abiertamente sus objetivos: la especulación y el enriquecimiento rápido. Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de hábitats para las personas», zanja Recuna. Sin titubear se suma a esta percepción María Fernández Lemos, presidenta de la delegación ferrolana del COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia), que lamenta el caso de Miño y «la proliferación de extensas urbanizaciones de adosados que afean por doquier el paisaje rural».
Algo similar advierte Xan Xosé Rodríguez González, presidente de la delegación ourensana del COAG, que ve deplorable la solución de «os ranchos ubicados nos outeiros que rodean a cidade de Ourense, urbanizacións que abundan nos municipios limítrofes de Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas». Son arquitecturas deficientemente resueltas, pastiches, que «se van sempre a densidades de edificabilidade tope para maximizar os beneficios, unidades repetitivas, apiñadas, sen imaxinación, burdas», y que -insiste- al asentarse en zonas altas, en donde debiera imperar lo verde, y de gran visibilidad, agravan sus efectos negativos. Rodríguez González no quiere dejar pasar la ocasión sin mencionar el desaguisado, el fracaso que ha sido la planificación urbanística -o su falta- de O Carballiño, «un verdadeiro desastre».
Otra gran mole amorfa es la que conforma el barrio de Novo Mesoiro, recientemente creado en A Coruña, «un auténtico espanto, ejemplo de lo que es hacer ciudad sin sentido alguno», anota Isabel Aguirre, arquitecta y directora de la Escola Galega da Paisaxe-Juana de Vega. A su juicio, «la densidad constructiva exacerbada, la falta de calidad, la desvinculación del entorno (el monte) y del núcleo urbano del que supuestamente depende desacreditan la intervención por completo», reprueba Aguirre, para apuntar a otro de los grandes desmanes cometidos en Galicia, en la viguesa isla de Toralla, como «ejemplo de lo que es intervenir en un paisaje sin criterio alguno, con total impunidad, algo inconcebible en cualquier país europeo».
Fachadas marítimas
Preocupa sin excepción la forma en que se trata el patrimonio constructivo de las poblaciones costeras, en especial, «el destrozo de las fachadas marítimas», recuerda el arquitecto y profesor Ramón Irazu, que cita Camariñas como paradigma, «nada que ver con lo que se espera de un pueblo privilegiado de gran tradición marinera», lo que le lleva a pensar en «la degradación igualmente consentida» de Pontedeume. O lo que está ocurriendo con el abandono de Betanzos, apunta Aguirre.
Salvador Fraga, presidente de la delegación viguesa del COAG, se hace eco de un aspecto aparentemente menor, pero que se ha generalizado de forma alarmante, que «tiene que ver con la protección malentendida» y que es «muy visible en calles viguesas como Colón, Policarpo Sanz, García Barbón». Sucede, explica, que se ha permitido a los edificios históricos -como contraprestación de viabilidad para conservarlos- el añadido de alturas por encima de sus cornisas «con la consiguiente pérdida de proporción y equilibrio». Una falta de respeto que Irazu extiende al barrio ferrolano de A Magdalena o a zonas de Lugo como la calle de la Reina.
* La Voz de Galicia - 26.11.10
Foto: TORALLA, VIGO. Una desmesurada torre preside la isla, que acoge también residencias unifamiliares - lavozdegalicia
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Fórmulas matemáticas para expropiar y evitar la especulación
ELPAÍS* : No hace tanto que una Administración pública ofrecía 10 por un suelo que iba a expropiar para hacer una carretera o un hospital y el propietario exigía 100 e incluso 200. El asunto acababa irremediablemente en los tribunales porque al gobierno de turno le salía más caro expropiar el terreno que hacer la carretera. Estaba en vigor la ley del "todo es urbanizable", aprobada por el Gobierno del PP en 1998. El Gobierno trabaja ahora en la redacción de un reglamento que acote con fórmulas matemáticas un sistema de valoraciones más racional y aplicable solo en los casos de expropiación. La comisión redactora de la ley del Suelo elabora desde hace dos años un reglamento -el primero en toda la historia de España- que pretende acotar mediante fórmulas el valor de estos bienes para evitar la feroz especulación de años pasados. "Es aceptable que el valor de los suelos varíe un 15% o un 20% pero no un 1.000%", argumenta el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger, miembro de la comisión redactora en una jornada informativa organizada por el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia. Y se explica.
Desde finales de los noventa y hasta el estallido de la crisis, en verano de 2007, el suelo ha aumentado su valor, "llegando a quintuplicar la inflación y el IPC de este periodo". Esta alocada manera de valorar el suelo ha duplicado el precio de la edificación en zonas urbanas. Si antes los terrenos representaban el 20% o 30% del precio de las casas, ahora la repercusión sobrepasa el 50% y, si se trata de localizaciones céntricas, incluso el 70%.
Como argumenta Roger, padre de la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), el régimen urbanístico español es una extravagancia en todo el mundo: "El sistema se apoya sobre tres patas: Al propietario del suelo se le regala por ley el valor del negocio inmobiliario reclasificado. A cambio, los propietarios están obligados a pagar los costes anticipados de la actuación urbanística para luego acceder a los beneficios y la Administración no paga un euro y tiene derecho a participar en una parte de las plusvalías privadas".
El borrador de reglamento se envió a principios de septiembre a colegios e instituciones profesionales, organizaciones empresariales, sociedades de valoración y comunidades autónomas para que alegaran. En estos momentos se están valorando. Una vez acabe el proceso, irá al Consejo de Estado y después se aprobará. "El Ministerio (de Fomento) lo quiere disponible lo antes posible", explica Roger.
Hasta hace poco esa máxima popular de "la tierra para el que la reclasifica" daba pie a todo tipo de abusos. El dueño, al día siguiente de la reclasificación tenía garantizado el 90% del valor de su propiedad o expropiación. Un suelo podía pasar de valer seis euros el metro cuadrado a 100. "Es un sistema rígido, antimercado", opina el urbanista, que recuerda el artículo 47 de la Constitución que prohíbe especular con el suelo.
El futuro reglamento busca que los terrenos u otros bienes inmuebles sean valorados por lo que se puede medir, por lo fáctico, no por un futurible. La norma establece dos tipos de suelos; el rural y el urbanizado. En el caso de los suelos rústicos su precio se calcula por el uso que tiene o, si está en barbecho, por su renta potencial si estuviera con el mejor cultivo posible. Las autopistas radiales de Madrid son un caso paradigmático; el metro cuadrado de suelo expropiado se pagaron a menos de 10 euros, los propietarios no estuvieron conforme y recurrieron, y los tribunales fallaron que su precio debía de ser de unos 70 euros el metro cuadrado. El responsable de las expropiaciones se enfrenta a un grave problema. "Con este reglamento se frena estas diferencias", explica. En la fórmulas que se barajan influye la localización -será más caro un suelo si está pegado a Valencia que si está en el Rincón de Ademuz- o la accesibilidad. "Son modelos matemáticos que acotan las arbitrariedades", refiere.
En los suelos urbanizables se produce el efecto contrario "las plusvalías para el que las trabaja". Grosso modo, al dueño se le paga lo que vale el suelo, siempre de acuerdo con su entorno, más lo invertido por el dueño, más las mismas plusvalías que recibe la Administración Pública. "Le valoro la expectativa urbanística en proporción a lo que usted se está gastando", añade. Es un sistema más lógico y más adaptado al mercado, concluye Roger.
* El País - 29.11.10
Galicia llega una década más tarde a la ordenación urbanística del Cantábrico
Aquel mismo año, en Foz se visaron proyectos para 3.246 nuevas viviendas, y en Barreiros, para 1.149. Entre los años 2000 y 2005, antes de que el sector del ladrillo saltara por los aires, el parque gallego de segundas residencias aumentó en 55.000 unidades, casi el doble que la suma del asturiano (21.000 casas) y del cántabro (11.000).
Cuando a Asturias le llegó el reconocimiento europeo, su Gobierno llevaba 15 años trabajando en la protección del litoral. La aprobación del plan, en mayo del 2005, estuvo prologada por una fase previa de preservación de la costa, que dio continuidad a una anterior de dinamización que posibilitó la recuperación de las playas y de la fachada marítima asturiana.
Cantabria cuenta desde el 2004 con una planificación de su litoral con rango de ley. Como el asturiano, el cántabro ha sido otro modelo para Galicia. Por algo el Gobierno de Touriño reclutó como directora técnica del plan del litoral gallego a la que fue directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo de Cantabria, Miriam García, que ha mantenido con la Xunta de Feijoo la responsabilidad que le dio el bipartito. El modelo cántabro, que prologó su plan con una moratoria de dos años a la construcción en la costa, fue adoptado en Galicia con la ley de los 500 metros. Esa comunidad cuenta con directrices del territorio desde el 2001.
El precedente más inmediato para la ordenación gallega de la costa es el vasco, en vigor desde el 2007. Pero la pieza clave son las directrices, aprobadas en 1997, que se desarrollan en 15 planes parciales y varios sectoriales, como los dedicados a la implantación del AVE y la energía eólica.
Galicia también es la última comunidad costera española que pone orden en su litoral.
* La Voz de Galicia - 28.11.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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Colectivos de Orihuela instan a castigar en las urnas al corrupto
La Policía Local inmovilizó el vehículo que la anunciaba por megafonía, y el Ayuntamiento amenazó con llevar a los tribunales a las emisoras de radio que difundieran unas cuñas "absolutamente manipuladas" que contenían titulares de prensa relacionados con la corrupción publicados durante los últimos meses. Pese al boicot del PP, el frío y la lluvia decenas de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento, algunos disfrazados de presos, otros de payasos. En las pancartas se leía: Imputados del PP dimitid pitando o Yo pago, tu pagas, el paga y ellos roban. En la protesta se radiaron algunas conversaciones telefónicas entre empresarios y políticos del PP incluidas en el sumario judicial. En el discurso, que leyó Guadalupe Sánchez, portavoz de la plataforma, exigieron la dimisión de los cargos imputados, la creación de una comisión de investigación y fomentar una regeneración de la vida pública. Además, mostraron el "rechazo al contenido repugnante de unas grabaciones que ponen de manifiesto operaciones mafiosas" que presuntamente han realizado empresarios y políticos afines.
Mientras esto ocurría en la puerta del Ayuntamiento, su alcaldesa, Mónica Lorente, del PP, se dio un baño de multitudes reuniendo a un millar de deportistas y aficionados para inaugurar un polideportivo en la zona de la costa.
* El País - 28.11.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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Canarias.- La corrupción salpica a diez grandes empresas
En este amplísimo grupo se cuentan, entre grandes y pequeños, a medio centenar de empresarios. La mayoría continúa arrastrando la situación de imputado en unos turbios asuntos que siguen pendientes de ventilarse mediante juicios. Vistas que aún no tienen fecha.
El último golpe dado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado bien a las claras que la presunta comisión del delito de cohecho, el más extendido, no es una cuestión reservada para los inversores de menor enjundia, los que estén atravesando una situación más delicada.
La primera empresa de categoría que se vio salpicada en una operación de este tipo fue Hidrocantábrico, sociedad de la que era intermediario Enrique Guzmán, uno de los imputados en el caso Eolo. Su sumario, que ha dejado tras de sí una media docena de encartados, bucea en un intento de amaño en la adjudicación del concurso para la construcción de parques de aerogeneradores en las islas. Éste será el primer caso que se cierre con una vista oral que algunos sitúan en la Audiencia Provincial al inicio de 2011.
Tras Eolo llegó Faycán. En Telde han sido cuatro las compañías de reputado prestigio que se han visto relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras, contratos y servicios por el Ayuntamiento de Telde entre 2004 y 2006. A saber, las constructoras Dragados y Mazotti -con su ex director regional, Abelardo Martínez y su administrador Alejandro Navarro a l frente- la empresa Cobra (Antonio Nadal) y la cooperativa Grupo Europa (José Manuel Antón). A todos ellos se les acusa de cometer sobornos con la edil fallecida Toñi Torres para hacerse con proyectos o construir viviendas en el municipio.
El doblete de Grupo Europa
La instrucción de Góndola, en Mogán, sirvió para añadir al listado el nombre del empresario canario Santiago Santana Cazorla, en el punto de mira de la Justicia por haber construido una depuradora en un lugar inadecuado. En esta causa repite nominación la cooperativa Grupo Europa, que aspiraba a levantar, como en Telde, promociones de casas de protección oficial en el sur de la isla.
Sin salir de Gran Canaria, también se contabilizan una serie de casos de presunta corrupción de segunda nivel -Doramas, Paraíso y Brisan- en los que los empresarios implicados se emplazarían en un segundo escalón por su 'modestia', a excepción de Mazotti, que repite en San Bartolomé de Tirajana.
Por último, en Lanzarote se encuentran las citadas Urbaser y FCC -con Jacinto Álvarez y su libreta como elementos claves en las indagaciones y otros seis empresarios de estas sociedades- y en Tenerife son Antonio Plasencia e Ignacio González los que representan la cuota del empresario potentado en el caso Las Teresitas, con un buen puñado de tomos por desvelar.
* La Provincia - 29.11.10
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - infolabtelde.blogspot.com
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Guipúzcoa.- La obra inconclusa de Urbancasa
Por la Audiencia de Guipúzcoa han pasado a lo largo de las dos últimas semanas testimonios desgarradores de acusados, que sobrellevan el caso como pueden: algunos con resignación y otros con abatimiento. La mayoría de los episodios, en ocho localidades, siguen un mismo patrón. Los estafados ven en una revista un anuncio de una promoción urbanística. Se interesan por ella y Crespo y Ferrer -a quien la defensa y el presunto estafador han tratado de presentar como simple parte firmante- les enseñan el terreno, una casa piloto y les prometen que disponen de todas las licencias. Los afectados entregan un dinero en concepto de reserva y otro como anticipo.
Pasan los meses y las obras no comienzan; muchos timados reclaman su dinero y otros aceptan edificar su casa en otro lugar. En todo momento, Crespo y Ferrer aseguran que hay problemas, pero siempre concluyen diciendo que la casa se construirá. Finalmente, las obras no comienzan y sólo es devuelta una parte del dinero y, además, en algunos casos.
En la salida de la Audiencia de Guipúzcoa, un joven consuela a su novia, que llora por impotencia. Es, según los letrados, el caso más "sangrante" de la estafa. La pareja decidió cambiar su residencia y trasladarse a vivir a Lesaka (Navarra), en un lugar tranquilo. Él, cocinero, y ella, administrativa, solicitaron un préstamo de 150.000 euros para afrontar los pagos de reserva y anticipo, que sumaban 124.000 euros. Tras varios meses, Crespo y Ferrer desaparecen y, aún hoy, siguen sin haber recuperado su dinero. Por el contrario, tendrán que pagar una hipoteca durante los próximos 38 años. "Mi intención es seguir devolviendo el dinero cuando salga de la cárcel, comenzando por el caso de Lesaka", asevera Crespo a la conclusión del juicio.
Pasan las sesiones, comparecen los acusados, los afectados y varios testigos. Incluso, se conoce que Crespo pagó desde la cárcel 18.000 euros a un comisionista francés. El fiscal, que opina que los presuntos estafadores tienen el millón de euros a su disposición, eleva su petición de pena al máximo aplicable a una estafa continuada, ocho años por considerar que, en muchos casos, los estafados querían adquirir las casas como primera vivienda.
Las acusaciones, por su parte, piden diferentes penas. Algunas solicitan un castigo como el que demanda el fiscal, pero otras consideran que se debe considerar cada timo un hecho diferenciado, con lo que las penas podrían llegar a ser de 64 años, ocho por cada localidad.
La defensa, que solicita la libre absolución para los acusados, sostiene que en los contratos queda claro que los inmuebles que los estafados pretendían comprar no son viviendas. "Firmaron a sabiendas de lo que firmaban", remarca. En todo caso, el letrado indica que, en caso de aceptarse la petición del fiscal, deben aplicarse los atenuantes de dilaciones indebidas y de proporcionalidad punitiva de la pena, al haber sido ya condenados por la Audiencia de Navarra. Si esto fuera así, descontando los cuatro años que se les impuso y los tres que han pasado en la cárcel, ambos quedarían libres en 2011. Los afectados, sin embargo, difícilmente recuperarán su dinero.
Los testimonios
- Crespo: "Si no estuviera en la cárcel, habría podido pagar las deudas".
- Ferrer: "No entiendo mucho de estos temas. No sabía que estaba haciendo nada malo".
- Afectados: "Me decían que 'esa casa te la hago por mis cojones". "Sabían lo del crédito y que no dábamos más de sí. Nos quedamos sin dinero y sin casa. Aún nos quedan 38 años de préstamo por pagar". "Fue todo un cúmulo de mentiras. Siempre daban largas, nos decían que estuviéramos tranquilos, que no había prisa". "En vez de casas, había olivos plantados".
* El País - 28.11.10
Foto: Guipúzcoa, urbancasa - accióncontralaespeculación
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El precio del urbanismo en la Axarquía
Algunos de estos alcaldes tienen además pendientes otros procedimientos que todavía no han sido resueltos, como es el caso del alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, condenado por la Audiencia Provincia a nueve años de inhabilitación después de haber sido absuelto. Además, al menos otros seis alcaldes y ex alcaldes y un número no determinado de concejales y ex concejales están siendo investigados o están inmersos en diversos procesos judiciales todavía no resueltos también por presuntos delitos urbanísticos relacionados con la ejecución de viviendas en el campo.
Este es el caso del ex regidor de Sayalonga, José Luis Navas, que renunció a la Alcaldía del municipio tras ser condenado por un juzgado, pero posteriormente la Audiencia de Málaga revisó la sentencia y decidió absolverle. Lo mismo sucede con el alcalde de Riogordo, Francisco Alarcón, al que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión.
En la misma situación están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández; el ex alcalde y actual portavoz del PSOE de Torrox, Francisco Muñoz, por la aprobación de cinco proyectos de actuación, o el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Marín Alba, imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capital, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
Preocupación
La situación preocupa no sólo a los regidores y ediles, sino también a los dirigentes socialistas y populares, ya que consideran que se está pagando un alto precio. «Son buenos alcaldes que no podrán repetir como candidatos porque han sido condenados a inhabilitación», señala el secretario provincial de Organización del PP, Francisco Salado.
«Estos pueblos deben tener el mismo trato que ha recibido Marbella en cuanto a la legalización de las viviendas, pero al final están siendo los que están pagando el pato, cuando la Junta de Andalucía ha estado mirando hacia otro lado», dice Salado, cuyo partido está teniendo problemas para completar las listas y tener candidatos en algunos pueblos como Salares debido a lo sucedido con el ex regidor.
Aunque desde el PSOE nadie quiere hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, la preocupación se palpa en el ambiente, ya que está en juego es el gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
CONDENAS
Cómpeta. Leovigildo Pérez (ex alcalde del Partido Popular), siete años de inhabilitación y 12 meses de multa.
Arenas. Victoriano García (ex regidor de IU), ocho años de inhabilitación. La misma condena para el ex edil de Urbanismo José Antonio Alcoba (PP).
Salares. Jorge Luis Fernández, (ex alcalde PP), un año de cárcel y ocho de inhabilitación.
La Viñuela. Juan Millán, alcalde (PSOE), quince años de inhabilitación y multa.
Canillas de Aceituno. José Manuel Aranda, alcalde (PSOE), nueve años de inhabilitación y 12 meses de multa. Tiene pendientes varios procedimientos más, algunos de los cuales afectan también a los concejales que apoyaron las licencias
Canillas de Albaida. Antonio Gregorio Díaz (PP), siete años de inhabilitación.
Procesos judiciales pendientes. Contra el ex alcalde de Sayalonga y siete ediles; contra el ex alcalde de Torrox y nueve ediles; contra el máximo regidor de Colmenar, contra el alcalde de Riogordo, contra el ex alcalde de Alcaucín y contra el ex alcalde de Benamocarra y su equipo de gobierno, entre otros.
* Sur - 28.11.10
Foto: El urbanismo descontrolado en el suelo no urbanizable de la Axarquía pasa factura a los alcaldes. :: SUR
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Lugo.- Un auto judicial crítico que ve indicios de omisión del deber y prevaricación
Indicios serios y contundentes de un posible delito
«A la vista de las diligencias de investigación practicadas puede afirmarse que existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...) así como la posible comisión de otras infracciones penales (falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos)».
Constructores, funcionarios y políticos, en el punto de mira
«Pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística (...) parecer haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales, encargados precisamente de proteger el suelo público, y una promotora particular, para, actuando en contra de los intereses generales, beneficiar injustamente a dicho promotor, firmando, informando y aprobando el convenio urbanístico, Peri, proyecto de equidistribución y licencias, que desde el punto de vista de esta instructora, incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo».
Reprimenda al alcalde y la infracción «más flagrante»
Para la jueza, la firma del convenio urbanístico entre el alcalde y el promotor en julio de 2005, sin contar con otro propietario, y la posterior exclusión de su parcela pasándola de la CS-5 a la CS-9 «constituye una infracción grave de la Louga». Además, considera que «la infracción más flagrante, la que lleva a adoptar sin más dilación las medidas cautelares», se ha cometido al faltar los preceptivos informes previos de la Consellería de Cultura al estar afectados los terrenos por las termas romanas, un bien de interés cultural, y el hospital García Portela, un edificio catalogado.
Un informe del Seprona que «llama la atención»
«No puedo dejar de llamar la atención sobre el informe emitido por el Seprona, que al entender de esta juez, incurre en manifiestos errores de índole jurídico, cuando menos, sorprendentes y, en todo caso, contradictorios» con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, así como con informes anteriores de la Consellería de Cultura. Añade el auto que «contrariamente a la actuación del Seprona», la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sí efectúa las mediciones para concluir que la CS-5 está en suelo urbano consolidado a 165 metros de las termas y a 30 del sanatorio.
* El Progreso - 27.11.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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La corrupción ¿bien de interés cultural?
La tradición, en primer lugar. Desde El Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, sabemos que la corrupción es una de nuestras más arraigadas costumbres. Nobles y villanos, reyes y presidentes, han saqueado las arcas públicas y privadas durante centurias. España puede acreditar una gran tradición en esta práctica, y es sabido que nuestro país tiene un amor por sus tradiciones sin parangón. La corrupción es, pues, "un signo identitario del pueblo español".
Nacidos para la gloria. Los corruptos, como los toros de lidia y como los toreros, gozan de una vida singular, muy superior a la de sus congéneres. Reciben un trato exquisito. Y, a diferencia de los astados que mueren ensangrentados y de los diestros que pueden salir malparados, nuestros corruptos a gran escala suelen salir casi indemnes de las cogidas. Para ello existen expertos y caros abogados prestos al quite, el reglamento con sus lagunas y humana aplicación, la cuadrilla en apoyo solidario, la afición que les admira. De hecho, muchos españoles llevan un corrupto dentro, tanto o más que un torero.
Valores estéticos. La corrupción española también es una mezcla de danza, arte y virilidad. A lomos de coches de lujo y embutidos en trabillas italianas, oro y gualda perpetuos, presuntos corruptos bailan ante nuestros ojos, marcando sus soberanos genitales. Sus capoteos mediáticos nos embelesan, nos turban.
La trascendencia. Contemplar la corrupción sirve para descargar colectivamente sentimientos positivos y negativos que relajan el espíritu. Y en esa lucha, casi religiosa, entre el bien y el mal, vemos -irritados algunos, complacientes otros- el triunfo del mal y aprendemos la realidad de la vida.
Así que, una vez declarada la corrupción de interés cultural, turístico y patriótico, habría que aplicarse en su explotación económica. Convertir España en un gran parque temático y registrar la franquicia para exportarla a tantos países que nos siguen los pasos daría trabajo a incontables guías que llevarían a los turistas a contemplar los ladrillos del litoral que han edificado millonarias fortunas particulares, el cemento que embellece el interior, los campos de golf allí donde de natural no hay agua, los vertederos de basuras y escombros por doquier, un castillo con subvenciones fantasma, la noria de los eventos con comisiones dudosas, la montaña rusa del blanqueo de dinero negro o las administraciones de lotería donde se compran boletos premiados para eludir impuestos. Además de las infraestructuras necesarias -que reactivarían el sector de la construcción-, se crearía una industria del souvenir: talonarios, sobres bajo mano, material de espionaje, camisetas, jarras y llaveros con la efigie de las estrellas de la corrupción.
Apuntemos también la posibilidad de levantar escuelas y universidades de corrupción con todas sus materias específicas (cohecho, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, oratoria demagógica). Y academias o seminarios para quienes solo desean aprender los mecanismos de la "economía sumergida", como cobrar facturas sin IVA y otras menudencias que detraen para el bien común casi el 25% de los ingresos del Estado.
Si consiguiéramos que hasta fuera protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la corrupción española homologaría a los grandes malversadores y especuladores mundiales. Agradecidos, dejarían de atacarnos.
Así que supongo que estarán de acuerdo en que se impone subvencionar -más aún- a los artistas de nuestra corrupción, no dejar que la fiesta muera. Sin apoyos, estos bravos ejemplares desaparecerían. España sería otra: honesta, responsable, culta. Irreconocible, en una palabra.
Cierto es que casi todos los organismos internacionales han constatado la correlación entre corrupción y deterioro de la democracia, y han llamado a atajar lo que, dicen, no puede contemplarse en ningún caso como comportamientos individuales desviados, sino como putrefacción del ordenamiento social. A gran o pequeña escala, afirman esos organismos, se roba el dinero de todos. Incluso aquí hay enemigos de tradición tan acrisolada. "La corrupción es incompatible con la democracia, hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema", afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción. Pero ¿a quién le importan todas estas jeremiadas?
En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de un "infierno de los vivos" y sus dos formas de afrontarlo. Una, "volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo"; la otra, "buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio". En esas está España: ¿parque temático u honestidad? No me discutirán que hay razones poderosas para optar por lo primero.
* Rosa María Artal es periodista y escritora.
* El País - Opinión - 27.11.10
Viñeta: El Roto, corrupción - 8.03.10 - elpais.com
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PSOE y PP de Jaén regularizan 5.000 viviendas ilegales
Se trata de 5.000 chales, la mayoría de segunda residencia, construidos en las últimas décadas "con el amparo pasivo de las Administraciones", como señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López, que admitió que este problema había entrado "en un callejón sin salida" con la nueva normativa urbanística.
La inclusión de estas viviendas en el nuevo PGOU ha contado con la complicidad de la Junta, que el mes pasado confirmó el indulto de 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había determinado su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Ayer, sin embargo, la alcaldesa, Carmen Peñalver, defendió la inclusión de las casas en el nuevo PGOU "para evitar la especulación y dar seguridad a las familias" Los socialistas contaron ayer, sorprendentemente, con la sintonía del PP, que ya en la anterior legislatura intentó, sin éxito, legalizar los chalés. El portavoz popular, Manuel Peragón, justificó la alianza con los socialistas "por responsabilidad", aunque les advirtió de que la negociación aún no ha terminado: "Tienen que luchar con la Junta para dar a las viviendas el mayor estatus de legalidad".
IU no discrepaba del proceso de legalización, pero sí con la fórmula elegida por su socio de gobierno, el PSOE. Al calificar la zona como suelo urbano consolidado los vecinos no tendrán que asumir los gastos de urbanización de la zona ni ceder ningún aprovechamiento al Ayuntamiento. "Es una carta blanca a todo tipo de especulación y un asalto al PGOU", dijo la edil Isabel Mateos, que acusó a socialistas y populares de entablar una lucha "por la conquista de los votos" de estos vecinos.
* El País - 26.11.10
Foto: Ayuntamiento Jaén
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"La ciudadanía no quiere dar su opinión sólo cada cuatro años"
-¿Se ha perdido el sentido de la democracia?
-Sí. La democracia cada vez parece algo más alejado de los ciudadanos. Se ve en el aumento de la abstención.
¿El absentismo preocupa a la clase política o sólo se ve como un problema cuando afecta a sus fieles?
Llega un momento en que incluso los fieles en cuestión no votan.
En Vitoria, por ejemplo, se tiene la percepción de que se vota más al candidato que al partido.
Un partido funciona en base a sus estrellas. Antes se votaba por un programa, pero ya no. Se ha pasado del ciudadano al que hay que convencer al ciudadano que hay que seducir.
Usted es de aquellos que afirman que la democracia es el sistema político menos malo.
Sí [categórico].
Cada día en el Ayuntamiento de Vitoria están más presentes las elecciones municipales. ¿Ahora, por las críticas y las promesas, es cuando la democracia se pone a prueba?
Claro, claro. La época de elecciones es época de críticas y programas. Sin embargo, si hicieras una encuesta a la gente sobre esos programas, habría una minoría de respuestas coherentes.
Usted también es muy crítico con los medios de comunicación.
Hay muchos problemas en el periodismo actual. El primero, el tecnológico. La información se ha acelerado, pero esa instantaneidad no da tiempo a la reflexión. Además, los medios han aumentado su competencia y se han multiplicado, sobre todo a través de Internet...
Aumenta la cantidad, pero no la calidad.
Exactamente. Nunca ha habido tantos rumores, manipulaciones e información oculta como hoy en día.
Si queremos ciudadanos que participen en los asuntos de la ciudad, ¿ese mensaje no puede paralizarles?
Los ciudadanos deben participar conscientemente. Igual les compensaba quedarse en casa viendo un partido de fútbol pero, si lo hacen, luego no podrán quejarse porque se implante esto o aquello. De todas formas, creo que no hay que tener miedo a participar.
Sin embargo, participar se asocia más a crítica que a debate.
Es verdad. La participación no es sencilla. Pero ahora, en todo el mundo, la gente no quiere que sólo le pregunten su opinión una vez cada cuatro años. Eso no funciona. La democracia no es fácil; es algo más que ser un dictadorcito durante cuatro años. Por eso debe haber diálogo.
Sin embargo, el concejal gasteiztarra de Urbanismo ha acuñado ya una frase, ante las dudas sobre los proyectos estratégicos: "Si consultáramos a la gente por cada cosa que hacemos, no haríamos nada".
Es posible, es posible.
Entonces, ¿sobre qué hay que consultar a los vecinos y sobre qué no?
La clave está en cumplir tu programa y, luego, consultar sobre otras cuestiones no incluidas en ese programa. Pero la participación no sustituye a la responsabilidad de los electos. La política no es una ciencia exacta. Hay que asociar las decisiones lo más que se pueda a la población, pero lo importante es que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para participar, si es que quieren hacerlo.
* Noticias de Álava - 27.11.10
Foto: Vitoria, entrevista I.Ramonet - noticiasdealava
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Cantabria.- ARCA dice que Mazón ha confirmado que derogan PORN para no acatar sentencias
La asociación ha aclarado que no está en contra de la modificación de este plan, pero ha criticado que los trámites iniciados por el Gobierno regional supongan su derogación y cambiar los límites con criterios, a su juicio, "exclusivamente políticos".
ARCA ha lamentado que "al frente a la ordenación del territorio y del urbanismo esté una persona que desprecia el imperio de la ley y que ha dedicado toda la legislatura a desmantelar los históricos logros de su antecesor en el cargo", ha dicho en referencia a José María Mazón.
Y al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo le ha achacado que no se esté tramitando el Plan Regional de Ordenación del Territorio, se "recorte" el Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas.
* ABC - EFE - 27.11.10
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
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Las Palmas.- Un ex edil de Soria pactó la compra del Canódromo un tercio más barata
Pero pasaron ese año 1998 y el siguiente, terminó el mandato y Pascual Mota no pudo presentarse a la reelección. Era uno de los cuatro concejales díscolos de Soria, como se les denominó entonces a él y a los también ediles del PP Rafael Viñes, Tino Montenegro y Julio Aldaz, por bloquear la aprobación del Plan General. Tras los comicios, con mayoría absoluta de los populares, se retomó el planeamiento urbanístico y se conoció la operación del Canódromo, con otros vendedores -Inprocansa, inmobiliaria propiedad del empresario Eduardo Fernández, que participa en Lifeblood, que acaba de conseguir un polémico contrato millonario con la Consejería de Sanidad-, y a través de un convenio urbanístico de por medio que planteaba la permuta de parcelas.
"Yo no puedo acusar a nadie y no tengo pruebas, pero cuando salí de la política y vi aquello, con las torres previstas en la esquina, no me encajaban las cosas y sospecho que hubo algo raro", comentaba ayer Mota. El ex concejal considera ahora, once años después de abandonar el Ayuntamiento, que de haber continuado él con la negociación las cosas habrían sido distintas. "De lo que estoy seguro es de que si hubiese salido mi idea, nadie se habría llevado un duro de más", abunda.
Pascual Mota, eso sí, jamás supo qué empresa era Inprocansa -que creó luego Urbacan, promotora de la operación del Canódromo- ni conoció a Eduardo Fernández. "Nunca oí hablar de ellos, pero tampoco Jorge Rodríguez me contaba nunca nada sobre cómo iban las negociaciones. Simplemente, después de aquel día que le conté mi propuesta a Soria, nunca más supe del asunto. Hasta creo que fui yo quien les abrí los ojos con lo que se podía hacer allí", recuerda.
* La Provincia - 25.11.10
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es
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Anticorrupción pide al juez de la 'Gürtel' que se actúe ya sobre los aforados de Castilla y León
El presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, habría recibido 24.000 euros. Habrían cobrado también el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; Gerardo Galeote, ex eurodiputado y ahora asesor de Rajoy en temas europeos; y el ex diputado Jesús Merino. Correa se habría reservado para sí una parte del total pagado por Teconsa a cambio de conseguir la construcción de la citada variante.
Los informes policiales emitidos desde que en febrero de 2009 estalló el caso ya señalaban al presidente de las Cortes castellano-leonesas y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, como perceptor de cobros.
Otros informes también implican a la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pero el escrito entregado ayer por la Fiscalía no la incluye. Hay dos contratos bajo sospecha, ambos adjudicados a la empresa Teconsa. El primero se refiere a la ya citada construcción de la variante de Olleros del Alba (León) y el segundo, a la planta de residuos de Gomecello (Salamanca).
Salvo viraje de última hora, el juez Pedreira decidirá a comienzos de la próxima semana si accede a la petición de la Fiscalía, aunque todo indica que dará su conformidad dictando un auto de inhibición. El inminente levantamiento de las actuaciones que aún permanecen secretas en el sumario Gürtel obliga a adoptar una decisión rápida sobre lo ocurrido en Castilla y León.
La nueva inhibición de Pedreira se producirá así, previsiblemente, antes de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se pronuncie sobre si acepta o no investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.
El precedente valenciano, cuyo tribunal superior ha estado mareando la perdiz durante más de un año, extiende sombras de duda sobre cuál será la actuación del TSJ de Castilla y León.
* Público - 26.11.10
Foto: Castilla y León, presidente Cortes Jose_M._Fernandez_Santiago - elpais
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El Ayuntamiento de Orihuela boicotea un acto contra la corrupción
La Plataforma por la Transparencia, integrada por una quincena de colectivos cívicos, partidos y sindicatos, contrató un vehículo profesional para que emitiera por las calles unas cuñas con algunos titulares de prensa referidos a los casos de corrupción que han salpicado a ediles del PP, e instando a la ciudadanía a participar en la concentración de hoy. Según denunciaron ayer en una improvisada rueda de prensa Agustina Ballester, Nuria Iniesta y Guadalupe Sánchez, representantes de la plataforma, el vehículo con la megafonía salió el jueves a la calle y a los pocos minutos fue detenido por agentes de la Policía Local, que le pidieron un permiso especial. El conductor argumentó que cada semana hacía lo mismo para anunciar otras actividades o comercios.
Miembros de la plataforma acudieron al Ayuntamiento a solicitar la autorización, y por la tarde el vehículo volvió a circular. A los pocos minutos, una patrulla policial lo volvió a detener y ordenó su "inmovilización" porque lo que tenían era una solicitud de permiso, y no el definitivo. "Nos hemos quedado sin propaganda por las calles", admitía ayer resignada Sánchez, quien aseguró que los agentes amenazaron con sancionarla. Pero sus problemas no acabaron ahí. La campaña de cuñas en las radios locales apenas llegó a emitirse por "presiones y amenazas de la alcaldía", según Lucas López, de la plataforma.
Las advertencias del Ayuntamiento no fueron verbales, sino por escrito y remitidas a la Cadena SER, Onda Cero y Punto Radio. Las dos primeras emisoras no emitieron las cuñas, y la última, con sede en la vecina localidad de Guardamar del Segura, radió unas pocas el jueves, y luego dejó de hacerlo. David Costa, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento, en un escrito con membrete de la alcaldía y dirigido a los directores de las radios, avisó de que emprenderán acciones legales contra los medios que difundan estas cuñas.
El PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Orihuela desde 1986, está muy molesto con el contenido de las cuñas, que considera "absolutamente manipulado". El texto de los anuncios radiofónicos mezcla titulares de prensa del caso Brugal con comentarios sobre las deficiencias en educación, servicios sociales y trabajo que sufren los oriolanos. La concejal Josefa Ferrando salió en nombre del PP para defenderse de "las calumnias y mentiras" del "tripartito", en alusión a la oposición municipal del PSOE, Centro Liberal y Verdes, "que se esconden tras una plataforma inexistente para arañar un puñado de votos".
David Costa, en la carta a los medios, advertía de que "no se va permitir que se realicen manifestaciones de contenido claramente injurioso, calumnioso o directamente falso" y amenazó a "todo aquel que traspase la línea de la crítica política a que responda de sus actos ante los tribunales". El PP asegura que el Ayuntamiento no debe ocho millones de euros a sus proveedores, que el empresario Ángel Fenoll no pagó la campaña electoral de la alcaldesa, Mónica Lorente, y que ella tampoco adjudicó contratos a la empresa de su hermano.
"Es increíble lo de las amenazas y lo que nos está pasando", se lamentaron las representantes del colectivo censurado. "Lo único que hemos hecho ha sido poner en unas cuñas lo publicado en los periódicos. Eso no es delito y, además, dicen lo que la mayoría de la gente intuye", aseguró Guadalupe Sánchez. Ayer, la plataforma entregó a los directores de las emisoras una carta responsabilizándose directamente del contenido y de la difusión de las cuñas, aunque las radios no las emitieron.
Más de 15 colectivos cívicos, sindicatos, asociaciones culturales y partidos políticos pretenden sumarse hoy a mediodía a la concentración en la puerta del Ayuntamiento bajo el lema Por la transparencia y contra la corrupción. La plataforma tiene previsto leer un comunicado y luego emitir por megafonía las grabaciones a políticos hechas por Fenoll e intervenidas por la Policía en el caso Brugal. Los abogados del PP pidieron al juez que prohibiera la emisión pública de estas grabaciones, y el magistrado ha dado traslado del caso a la fiscalía, que se pronunciará el lunes.
Por otro lado, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, del PP, ordenó ayer a la Policía Local el desalojo de un joven del pleno municipal, que trataba de urbanismo, después de que empezara a grabar con una videocámara. El joven alegó que ejercía un derecho constitucional y desde el PSOE, su portavoz, Antonio Martos, denunció "el abuso de autoridad de la alcaldesa".
Los anuncios que no se emitieron
- Cuña 1:
- El Ayuntamiento de Orihuela debe más de ocho millones de euros a proveedores.
- El 'caso Brugal' destapa que Fenoll está detrás de la millonaria contrata de basuras y pagó la campaña electoral de Mónica Lorente.
- El fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa de Orihuela en la contratación de las basuras.
- Detenidos tres concejales del equipo de gobierno que ayudaron a Fenoll a crear una tapadera de empresas.
- Cuña 2:
- El 'caso Brugal' alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela.
- El fiscal Anticorrupción considera que Mónica Lorente adjudicó el servicio de jardines en Orihuela Costa a su hermano Jorge Lorente.
- El director de gabinete de Mónica Lorente, imputado por delito electoral.
* El País - 27.11.10
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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La joya de la corona a la venta: ¡no a la privatización del Canal de Isabel II!
MATTEO GUAINAZZI* : Si Usted fuera dueña de una empresa que ha generado 98.5 millones de Euros de beneficios (después de impuestos) en 2009 y prevería un resultado neto de 61 millones en 2010; una empresa con 2200 trabajadores altamente cualificados; una empresa con más de 150 años de experiencia, que ofrece un servicio de calidad muy apreciado por los ciudadanos; una empresa cuyos resultados netos han permitido financiar la construcción de un nuevo teatro (100 millones de Euros), líneas de metros, carreteras, acontecimientos deportivos y culturales, además de su misión de servicio público; si usted fuera dueña de esta joya industrial-financiara, ¿qué haría?... A esta pregunta la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contesta: ¡venderla! Esto es lo que puede pasar con el Canal de Isabel II (CYII), la empresa pública que gestiona los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua en la Comunidad de Madrid.
Dos artículos en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales del 2008 prevén que la empresa pública será remplazada por una sociedad anónima, el 49% de cuya acciones se pondrá a la venta. “Una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños del su empresa de agua”, afirmó la Aguirre. Pero, ¡un servicio público ya pertenece por definición a tod@s l@s ciudadan@s! Sin embargo, el interés mostrado por grandes transnacionales como Agua de Barcelona para hacerse con el control del Canal demuestran que las acciones acabarán presumiblemente a grandes inversores, no a los pequeños ahorradores. La ley pretende además transferir a la sociedad que se cree todos aquellos bienes patrimoniales que no sean imprescindibles para garantizar el abastecimiento y saneamiento. Se trata de una gran cantidad de suelo, instalaciones y inmuebles con un enorme valor de mercado: ¡una ganga para los compradores!
Envuelto en un total secretismo, sin ni comunicaciones a su Consejo de Administración, el proceso ha seguido su lenta marcha en estos dos años. El Gobierno Regional contrató en Avril de este año sendos informes al Banco BBVA, a Rotschild y a Cuatrecasas sobre las condiciones de salida al mercado. Como desvela Morales de Urioste en un reciente articulo en “Rebelión”, “se están sustituyendo puestos de trabajo internos […] por […] subcontratación, […] eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apena se sacan oposiciones […] para sostituir los puestos vacantes.”
Un amplio abanico de asociaciones vecinales, movimientos sociales, partidos y sindicatos, reunidos en una plataforma ciudadana en contra de la privatización, expresa su más firme oposición a este proceso, ya qué:
* conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento como consecuencia de la previsible reducción de la plantilla de trabajadores e incremento de la precariedad laboral con el fin de reducir costes
* supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera
* prácticamente desaparecerían las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental
* desaparecerían además las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, ya qué serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos
* produciría el desplazamiento de la población hacia el consumo de agua mineral embotellada, por el previsible deterioro de la calidad del agua, lo que incrementaría el gasto mensual por familia
* La quiebra de una empresa privada dueña del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro adecuado de agua potable para la ciudadanía.
Todavía es posible parar los pies a quienes quieren hacer del agua – elemento básico para la vida y la dignidad de la personas y derecho humano básico según Naciones Unidas – un jugoso negocio. Pero, hace falta una fuerte movilización de l@s trabajadores y los ciudadan@s. Sin movilización, sus garras se apoderarán del agua que es, todavía, de tod@s.
* Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II
* Otro Madrid - Opinión - 21.11.10
Arenas propone un gran acuerdo para regularizar 300.000 viviendas «alegales»
En esta línea, aseguró que se trata de «un problema importante y real» que afecta a «muchas personas que han venido de fuera a vivir en Andalucía» y que, por tanto, «procede» abordar «con todas las consecuencias» una situación que afecta a «una gran fuente de riqueza y también de creación de empleo». «Tenemos que aprovechar cara al futuro que la región es la mejor zona residencia de Europa y no cargárnosla mediante la inseguridad y la desconfianza que genera la normativa jurídica», subrayó.
Arenas arremetió así contra lo que calificó de «diarrea legislativa» de la Junta de Andalucía que ha venido, en los últimos años, a «complicar el panorama» en materia urbanística al tiempo que avanzó que, desde el PP-A, van a impulsar «modificaciones» en torno al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -«que hasta el nombre tiene feo», ironizó- y a la «famosa» Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido «tan eficaz que su reglamento que ha tardado diez años en desarrollarse».
Sobre la necesidad de promover un «gran pacto social y político» para dar solución a las viviendas «alegales» e impedir situaciones «terribles e impensables», trasladó que no es una iniciativa «ni singular ni extraña» e hizo referencia a acuerdos similares que se han alcanzado en Madrid, Extremadura, Cantabria, Aragón o la Rioja.
Recordó, al hilo de esto, que se han dado «pasos muy importantes» en algunos municipios grandes como Marbella, Jaén o Chiclana y señaló de vital ese acuerdo en municipios pequeños «con muy poco asesoramiento». «Hay que dar respuesta a las víctimas, a aquellos compradores de buena fe», concluyó.
* Ideal - EP. - 27.11.10
Foto: Arenas mantuvo ayer un encuentro en Almería con representantes de residentes británicos en la Comarca de Almanzora. :: EFE
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El TSJA desestima el recurso de Nerja contra el Plan Comarcal del Territorio
Entre otras cuestiones que afectan al planeamiento urbanístico del municipio, este documento anuló la clasificación como suelos urbanizables de los terrenos del campo de golf de La Coladilla, que el Ayuntamiento vendió cuatro años antes a la multinacional Medgroup por quince millones de euros. Estos suelos estaban reconocidos como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la propia Junta de Andalucía aprobó en el año 2000.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el Ayuntamiento nerjeño denunciaba que la aprobación del POTAX era contraria a derecho ya que «fue anterior al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, por desconocer el derecho de participación y audiencia de la actora y por omisión en su tramitación del trámite de evaluación ambiental», según recoge el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, el Consistorio nerjeño, gobernado con mayoría absoluta por el PP desde 1999, entiende que el plan urbanístico de la Junta «desconoce asimismo la autonomía de los municipios al proceder indebidamente a la clasificación de suelo, vulnerando igualmente la legislación sobre dominio público», según se recoge en la sentencia.
Sin embargo, el alto tribunal andaluz va desmontando, a lo largo de las doce páginas que componen este veredicto, los argumentos municipales, con alusiones a normativas regionales, nacionales, y europeas, así como a diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el apartado séptimo, el TSJA se centra en la demanda del Ayuntamiento acerca de que el POTAX cambia la calificación de varias zonas del PGOU nerjeño, en concreto «Los Tablazos, Maro, Sanguino o en el sector del suelo urbanizable SUNP-RDT, que en la aprobación definitiva del documento pasaron a estar contempladas como tales zonas de interés territorial». A este respecto, el TSJA sostiene, citando la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989: «En relación entre el interés local y el supralocal es claramente predominante este último». «Es más, en ámbitos estrictamente urbanísticos, propios de la intervención local, las atribuciones no sólo en materia de ordenación del territorio sino en otras como el medio ambiente o incluso el urbanismo, autorizan también la actuación autonómica», señala también el TSJA.
Pleito con Medgroup
El alto tribunal asegura que el POTAX respetó la autonomía local constitucionalmente garantizada. En el fallo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), dijo ayer a este periódico que no tenía constancia oficial de este fallo, pero que cuando lo tengan estudiarán si se puede recurrir. La sentencia podría sentar un precedente judicial en el pleito que mantiene Medgroup contra el Ayuntamiento, al que le reclama los 15 millones pagados al no poder ejecutar el campo de golf.
* Sur - 27.11.10< Foto: nerja - hotel-construido-en-dominio-publico - google
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