NODO50/Madrid* : El Palacio Social Okupado Malaya es un espacio expropiado a los especuladores en pleno centro de Madrid, precisamente allí donde el metro cuadrado de vivienda vale lo que muchos de nosotros no llegaremos ganar en nuestra vida de precariedad y explotación. Ha sido reapropiado para el barrio, para vecin@s, para colectivos y para los movimientos sociales madrileños. Puedes encontrar a su gente en la calle Atocha nº 49.
Si quieres colaborar puedes pasarte cualquier día por el edificio o escribir a atocha49 arroba riseup.net En su web encontrarás información actualizada sobre este espacio liberado.
Invitación a colectivos y asociaciones a participar en el Palacio Social Okupado Malaya
Desde la Asamblea del Palacio Social Okupado Malaya de la calle Atocha 49, queremos transmitir nuestro deseo de incluir nuevos proyectos dentro de este nuevo espacio liberado. Cómo muchxs sabeis, nos encontramos en un edificio de enormes dimensiones en el centro de Madrid, por lo que tenemos una oportunidad inmejorable para poder crecer en nuestra lucha contra el capitalismo, la injusticia, y por la autogestión de nuestras vidas, con nuevos proyectos y colectivos que necesiten de un espacio dónde trabajar.
La intención de nuestra Asamblea es, por un lado, ofrecer esta plataforma física a los movimientos sociales de Madrid para que desde ella puedan ofrecer su aportación a crear un barrio, una ciudad, y un mundo más justo y más humano, y por otro, crear un vínculo entre los colectivos que utilicen el espacio para gestionarlo, coordinarnos y construir iniciativas conjuntas de los que formamos el centro.
En definitiva nos gustaría compartir el edificio con todos los movimientos sociales autónomos y asamblearios de la ciudad, pero no quedarnos en lo superficial, sino crear un conjunto de personas y grupos que trabajan en diferentes proyectos dirigidos a un fin común, tomando la responsabilidad de lo que supone la gestión de un centro social okupado entre todxs por igual.
Tras un duro periodo de rehabilitación en el edificio, nos disponemos a inaugurar el 4 y 6 de Julio, para abrirnos por fin al barrio y los movimientos autogestionarios de la ciudad.
Las asambleas de gestión son los Jueves a las 20:00, dónde trataremos los temas de coordinación y necesidades logísticas. Sin más, os invitamos a participar activa y permanentemente del centro social, que esperamos sea un punto de encuentro de multitud de iniciativas que necesiten un espacio, y busquen compartir sus inquietudes con personas y colectivos que van en el mismo rumbo.
La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.
Carta para l@s vecinos, colectivos y asociaciones del barrio
Muy buenas, este texto se ha escrito a modo de presentación, de declaración de intenciones y de invitación para que conozcáis un nuevo espacio social que está empezando a abrir sus puertas: el Palacio Social Okupado y Autogestionado "Malaya", en la C/Atocha, 49 ( Antón Martín).
Se llama Malaya porque pertenece a uno de los principales imputados de la "Operación Malaya”, el escándalo de corrupción urbanística mas importante de los últimos años. Esta persona, Pedro Román, ha sido condenada y ahora mismo está en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Fue el teniente alcalde de Marbella, y se ha hecho multillonario, amasando fortunas a base del negocio del ladrillo, la recalificación y la especulación inmobiliaria.
Se llama Palacio Social porque el edificio es una construcción de 1862, de 4500 m2, en la que vivía la alta burguesía hasta hace unos años (junto con el numeroso servicio que habitaba los entresuelos y viviendas secundarias). Ahora pretende ser de uso colectivo, pretende ser del barrio y de los movimientos sociales.
Este edificio llevaba vacío 15 años, y , como no consideramos que éste sea un uso legítimo, un grupo de personas, reunidas en asamblea, hemos decidido expropiarlo y abrir en él un espacio social, con la intención de que el barrio lo haga suyo, lo utilice y lo disfrute.
Hemos dado el paso de abrir este espacio para que tod@s podamos tener un lugar en el que encontrarnos, en el que poder reunirnos, organizar actividades y proyectos, y, desde abajo, desde la base, ver qué pasa en nuestro barrio y en la ciudad.
Ver qué queremos y qué no queremos. Identificar los problemas y entre tod@s, buscar soluciones, decidir. Nuestra voz, al hacerse colectiva, deja de ser muda y empieza a coger fuerza.
Vemos necesario defender los barrios del acoso y derribo al que se están viendo sometidos, luchando contra la especulación urbanística y contra el mobbing inmobiliario, que va vaciando los edificios de vecin@s que son poco rentables para convertirlos en hoteles, viviendas de lujo... todo para que se enriquezcan las inmobiliarias y l@s propietari@s, que van cambiando nuestro barrio a su antojo. Sin que nuestra opinión pinte nada en todo esto.
También vemos necesario empezar a organizar una respuesta a las continuas redadas policiales que se están llevando de Lavapiés a decenas de vecin@s a Centros de Internamiento para Inmigrantes, por el hecho de no tener "papeles". Nosotr@s decimos que nuestro barrio no es una aduana, y que la libre circulación de las personas por el mundo es un derecho fundamental.
Sobre todo, vemos necesario defendernos de la soberbia, que tanto le sobra a la clase política y empresarial, y de la imposición, de no poder hacer nada por intentar cambiar todo esto.
Aquí tenemos un espacio, con voluntad de ser utilizado para todo esto, con intención de que lo hagáis vuestro.
La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.
::Fuente de la info: www.malaya49.org
* Nodo 50 - Sábado 26 de julio de 2008
Foto: Madrid, Palacio Social Okupado Malaya - nodo50.org
Palacio Social Okupado Malaya
Alicante: La Ley de Costas cumple 20 años sin alcanzar su objetivo en la provincia
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INFORMACIóN* : Mañana, lunes, se cumple el 20 aniversario de la Ley de Costas, una normativa que nació como respuesta a la gran presión urbanística en el litoral debido a que España ya era en 1988 "uno de los países del mundo donde la costa, en el aspecto de conservación del medio, esta más gravemente amenazada". Así lo reflejaba la propia ley en su exposición de motivos, donde se argumentaba que había llegado el momento "de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio".
Pero dos décadas después se ha demostrado, al menos en esta provincia, que el texto legal resulta totalmente insuficiente para frenar las construcciones costeras y, además, ha creado un futuro incierto para los propietarios de miles de viviendas que se vieron afectadas por los deslindes. Es más, el aniversario se ha visto empañado por la decisión de Bruselas de investigar la aplicación de la ley, a petición de la Plataforma Nacional de Afectados que preside José Ortega
Son muchos los edificios que se han levantado por toda la costa durante estas dos décadas, sobre todo en los últimos años. Por el contrario, sólo se han derribado unos cuantos edificios y sí se ha generado una gran inseguridad jurídica a quienes ya tenían una casa junto al mar.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas apuntaba que el "doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza con extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca".
Mientras la Dirección de Costas ha declinado realizar una valoración de la aplicación de la ley en la provincia, Pablo Sánchez Jerez, profesor de Biología Marina en la Universidad de Alicante, y miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la filosofía de la ley está muy bien pero, al no haberla asumido los municipios, el efecto ha sido muy pequeño". Según explica, "al depender la ocupación del litoral de los planes generales ha dado lugar a que se hayan levantado urbanizaciones de forma legal". En cambio, explica, la ley "sí está afectando a construcciones antiguas que la incumplen. Se está pagando con ellos su aplicación mientras las grandes constructoras siguen edificando, lo cual no deja de ser una aberración".
Sánchez Jerez opina que la mayoría de los ayuntamientos no apuestan por proteger el litoral. Sólo en alguna localidad como Dénia o Xàbia se ha intentado preservar la ribera, pero la mayoría de los planes generales tramitados -como El Campello, Santa Pola o La Vila- favorecen la construcción. Y esto con el beneplácito de la Generalitat.
El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados denuncia que la aplicación de la ley "mantiene en una situación de indefinición, en el limbo jurídico" a 800 propietarios de los Arenales del Sol desde hace 11 años. "Costas está dando mucha prisa en deslindar, pero cuando tramita las operaciones debe regularizar las situaciones patrimoniales y no lo hace". En su opinión, "las líneas se fijan de forma arbitraria" ocupando en ocasiones viviendas pero no viales y, por ejemplo, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se desafecten los terrenos de Rocafel, "se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene el anterior", dejando fuera de ordenación parte de estos edificios.
ALICANTE
El contraste entre Cala Cantalar y Rocafel
Mientras los vecinos de Rocafel ven sus futuro inseguro, en cambio cerca de allí, en Cala Cantalar, se han construido viviendas y se ha urbanizado un paseo de forma legal a pocos metros del mar por arte y gracia del PGOU de 1987, que lo calificó como suelo urbanizable. También Alicante del antiguo hotel El Cabo sólo queda su estructura ya que la ley de Costas impide autorizar su reconstrucción. Y en Tabarca los nuevos bungalows enfrentaron años atrás al Gobierno central con la Generalitat y el Ayuntamiento porque una vivienda invadía incluso la servidumbre de paso. Actualmente la vivienda sigue estando al pie del acantilado.
ELCHE
Ochocientos afectados en Arenales del Sol
En la playa ilicitana de Arenales del Sol, cerca de 800 viviendas situadas en primera línea están afectadas por el deslinde marítimo terrestre surgido tras la Ley de Costas. Los propietarios de unos inmuebles vieron como, tras el deslinde, ocupaban unas viviendas que tienen una concesión de 30 años, prorrogable a otros 30. Iniciaron desde ese momento una batalla legal en los tribunales para intentar anular ese deslinde y, aunque recurrieron a todas las instancias, no lo han conseguido.
Lejos de claudicar en la batalla, hace meses volvieron a iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de la sentencia judicial. Para ello solicitaron al Ayuntamiento que adoptara los acuerdos plenarios necesarios para instar a que los pisos queden excluidos de la afección de dominio público y los terrenos vuelvan a ser declarados urbanos.
De este modo, el Ayuntamiento ilicitano presentó el pasado mes de febrero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente. El recurso nació a raíz de que el Estado no había contestado en el plazo legal de tres meses al requerimiento realizado desde Elche para que fuera revisado el deslinde de Costas aprobado en mayo de 1997 para Arenales del Sol.
El Consistorio ilicitano coincide con los vecinos en que el deslinde de 1997 no era correcto puesto que existía uno anterior, del año 1974, que dejaba fuera de la afección esa primera línea de edificios. Pero, por ahora, los inmuebles afectados siguen inmersos en la concesión administrativa de los 30 años prorrogables otros 30.
VEGA BAJA
Veinticinco chalés derribados y van más
En la Vega Baja el deslinde de Costas afectaba y afecta especialmente a más de un centenar de pequeños chalés en pleno dominio público habitados al pie de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. Veinticinco han sido derribadas. El resto correrá la misma suerte con algunas excepciones de vecinos que han decidido tramitar y pagar una concesión y por 30 años más. En este caso el procedimiento se inició en 1995 y está cuajado de denuncias públicas de vecinos, procedentes del interior de la comarca, que acusan a la Dirección General de Costas de no usar con ellos el mismo rasero que con las construcciones de mercantiles.
Otra área donde el expediente de deslinde se eterniza es el iniciado hace dos décadas entre La Mata y Cabo Cervera de Torrevieja. 2.600 casas invaden la servidumbre de protección mientras que tan sólo una docena están en dominio público y deberán ser derribadas si no obtienen la concesión de 30 años.
Las implicaciones legales de estar en servidumbre de protección son importantes desde el punto de vista económico. Esta situación permite la compra venta de sus inmuebles y no está sujeta a ninguna concesión con plazo, pero exige la autorización de Costas, al margen de la que se solicite al Ayuntamiento, para acometer obras, y además -en teoría- impide que se aumenten las edificabilidades de lo ya construido. También se anota en el registro de la propiedad.
En esta zona está pendiente desde 2005 el derribo del edificio de nueva construcción Montegira, mientras que los funcionarios de Costas -sin explicación aparente, según el resto de vecinos afectados- excluyeron del dominio público en 2001 al inmueble del Lloyd´s Club (sólo afectado ahora por la servidumbre de protección) a pesar de que se edificó después de 1988 sobre la zona arenosa de la playa.
También está sujetas a expediente de deslinde sin terminar las orillas de las lagunas de Torrevieja y La Mata. En la Punta La Víbora, de la laguna torrevejense, el Ayuntamiento se apuntó a la arquitectura espectáculo y encargó el edificio de un balneario o parque de relajación al arquitecto japonés Toyo Ito. Lo hizo sin concesión de Costas y acogiéndose a la legislación autonómica. Costas mantiene paralizada la estructura en espiral del balneario desde hace años.
También en la costa oriolana los propietarios de las viviendas de Mil Palmeras en la urbanización Vistamar están en teoría afectados por la zona de dominio público. Este sector B-1 de Orihuela se construyó por la vía de los hechos consumados. La mayoría de los bloques fueron habitados a principios de los noventa por 600 propietarios, tres fueron derribados por la Administración autonómica socialista, que asumió -en una decisión inédita y cargada de conflictos legales-, las competencias ejecutivas del Gobierno central en esta materia.
El pasado mes junio las retroexcavadoras procedieron a demoler las estructuras de los edificios de La Torre de la Horadada paralizados a principios de los noventa por no cumplir con la legislación. Un acuerdo urbanístico con la empresa infractora ordenó urbanísticamente la zona en 2000 y la empresa ha iniciado la obras de demolición y construcción de otra urbanización dejando diáfana la primera línea de costa.
MARINA BAIXA
Las torres de Punta Llisera siguen adelante
En la Marina Baixa apenas hay dos conflictos con sendos edificios afectados por esta ley, aunque sólo uno de ellos está relacionado directamente con la ley. El deterioro progresivo de la construcción no finalizada del edificio Ánfora de Finestrat provocó que la Corporación local reclamase en numerosas ocasiones el derribo del mismo. Tras fijar las cantidades por la expropiación surgieron los desacuerdos con algunos propietarios que no estaban de acuerdo. En los últimos días Costas y el Ayuntamiento han emplazado a único propietario que quedaba por avenirse a que acepte la cantidad estipulada o se procederá a derribar en un mes, sin posibilidad de volver a levantarlo.
En Benidorm, mientras tanto continúa la construcción de las dos torres, Gemelos 25, en Punta Llisera. El Gobierno pretende recuperar ese lugar afectado por la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, pero se ha encontrado con que las licencias de la constructora, Edificaciones Calpe, están en regla y avaladas por la justicia en diversas sentencias. El Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación, levantó acta notarial de lo construido, pero las obras han seguido, así como la venta de los pisos tras la última sentencia favorable. La indemnización a pagar, en cualquier caso, será muy cuantiosa para las arcas públicas. La empresa, mientras, afirma que sólo un juez le puede obligar a paralizar el proyecto.
MARINA ALTA
Pendientes del deslinde en dos playas de Dénia
La aplicación de la Ley de Costas en la Marina Alta tiene un punto principal de conflicto. El litoral norte de Dénia, en concreto su tramo más meridional. Varios kilómetros de costa, en especial los de las playas de l'Almadrava y les Deveses, están todavía pendientes de la aprobación del deslinde definitivo, que supondría la ampliación en seis metros de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y ello colisiona con edificaciones y otros elementos existentes (vallas, escaleras, etcétera) en la zona. En concreto, según un informe elaborado por Costas, son un total de 242 los "elementos" que invadirían la zona pública.
Los vecinos han reaccionado con preocupación y aseguran que las consecuencias allí de la aplicación de la Ley de Costas serían mucho más drásticas.
A principios de este mismo año, constituyeron la llamada Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, cuya primera medida ha sido presentar al Parlamento Europeo una queja por lo que consideran "aplicación abusiva de la Ley de Costas". Y es que, según sus estimaciones, la aprobación del deslinde definitivo afectaría a 600 propietarios.
El asunto del deslinde también ha llegado a los tribunales. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón al Ayuntamiento de Dénia que rechazó el recurso de una promotora a la decisión municipal de desclasificar terrenos del nuevo deslinde en la zona de mayor valor ecológico del litoral norte. En concreto, en el único tramo que queda virgen de dunas y vegetación en primera línea de playa.
* Información - 27 de julio de 2008
Foto: Benidorm (Alicante), construcción torres punta Llisera - diarioinformacion.com
Balears: Aluvión de denuncias ante el fiscal por urbanismo ilegal y corrupción
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía superior de Balears ha recibido en los últimos meses un auténtico aluvión de denuncias por presuntos casos de corrupción y/o urbanismo ilegal, según fuentes de dicha institución. Este aumento de los casos a investigar, junto a la complejidad y elevadísima carga de trabajo de los asuntos ya abiertos ha hecho que se plantee la conveniencia de duplicar la actual plantilla de fiscales anticorrupción de Balears, dotada con tan sólo dos fiscales.
La posibilidad de denunciar ante la fiscalía la comisión de un presunto delito ha existido desde tiempo inmemorial. Sin embargo, hasta hace unos años, los ciudadanos, entidades privadas o instituciones cuando tenían conocimiento de hechos aparentemente delictivos lo comunicaban a los cuerpos policiales o directamente al juzgado de guardia.
Hará unos cinco años empezó, tímidamente, un nuevo cauce para la interposición de denuncias en Balears: acudir a la fiscalía como paso previo a los juzgados. Inicialmente los más asiduos a esta nueva manera de denunciar fueron los políticos, que, en vez de dirigirse a los jueces, optaron por dejar en manos del ministerio público la papeleta de valorar si los hechos eran o no presuntamente delictivos.
De los políticos e instituciones la vía de la fiscalía pasó a ser usada por los ciudadanos de a pie y algunas entidades cívicas, como por ejemplo el Grup Ecologista de Balears (GOB). Así empezaron a llegar más denuncias a los despachos de la fiscalía, entre las que destacó en su día, por la ulterior trascendencia, la de un grupo de ciudadanos de Mallorca, encabezados por Ignasi Ribas, Ferrán Gomila, y los hermanos Carbonero, contra los responsables de los vuelos de aviones de la CIA que pasaron por Balears.
El punto de inflexión en las denuncias dirigidas a los fiscales de las islas fue la llamada Operación Voramar, desatada el 27 de noviembre del 2006 contra una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Andratx, presidido por Eugenio Hidalgo (PP).
El caso Andratx tuvo como precedentes las denuncias de algunos concienciados vecinos de la localidad, entre ellos la edil Isabel Alemany y el policía local Juan Enseñat. A partir de entonces se unieron en la lucha contra la corrupción el nuevo ayuntamiento de Andratx, el Consell de Mallorca, y decenas de particulares que han informado a la fiscalía de numerosas irregularidades urbanísticas en todas las islas, especialmente Mallorca.
El GOB también ha seguido colaborando con la fiscalía y ha aportado importantes datos y valoraciones sobre otros casos de presunta corrupción, como el llamado del Plan Territorial de Mallorca.
El Govern de centro-izquierda se ha convertido en otra instancia denunciante por descuadres o irregularidades atribuidas a los anteriores gestores autonómicos del PP. Cort ha cursado ante fiscalía por lo menos 3 denuncias, 2 relacionadas con el ex edil conservador Rodrigo de Santos y la tercera por supuestas irregularidades de dos técnicos.
La fiscalía superior planea asignar dos fiscales más a anticorrupción, dado que Carrau y Horrach están desbordados de trabajo. Los refuerzos están supeditados a la disponibilidad de efectivos en una muy corta plantilla que ronda los 50 fiscales para toda Balears.
Los cambios ya se han extendido a otras dos fiscalías especializadas la delitos urbanísticos y antidroga. Adrián Salazar, anterior fiscal de delitos ecológicos, ha pasado a desempeñar un papel protagonista en la fiscalía antidroga.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 27 de julio de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
La propuesta del Ministerio de Vivienda de comprar suelo a las inmobiliarias no tiene justificación
Ecologistas en Acción* califica de injustificada la propuesta del Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.
La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se determine por la oferta que hagan los vendedores.
Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que no está claro.
En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras 700.000.
A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población y un problema para las familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en pocos años.
En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.
Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo privado.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción - 25 de julio 2008
