VEGAMEDIA* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado a trámite una denuncia del abogado Diego de Ramón en la que solicita una moratoria urbanística para la Comunidad. Hace unos meses, la organización Greenpeace denunciaba, en su informe anual sobre la situación del litoral español, que en la Región de Murcia está proyectada la construcción de 330.000 viviendas visadas por el correspondiente Colegio de Arquitectos, en una franja que no llega a los 300 kilómetros de longitud, lo que supondría el levantamiento de 1.135 viviendas por kilómetro de costa. Una cifra increíble si se la compara, por ejemplo, con las 50 del litoral en Asturias.
Así lo cuenta el periodista Juan Antonio Marín en el diario gratuito Nueva Línea.
Además de estos datos, las sospechas de corrupción urbanística han salpicado a varios ayuntamientos en los últimos años, y los tribunales de Justicia estudian casos en catorce municipios sobre los que planea la sombra de la corrupción.
Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada ante esta institución por el abogado y presidente del partido Unión Democrática de la Región de Murcia, Diego de Ramón Hernández, en la que advierte sobre la situación del Levante murciano y solicita, por este motivo, una moratoria urbanística, al entender que los futuros desarrollos, tales como La Zerrichera y Lo Poyo, los de Polaris en el Mar Menor y Nueva Cartago y Zincsa en Cartagena, provocarán una “gran concentración” de viviendas y de población “en tan sólo unas decenas de kilómetros de la costa mediterránea”.
Además, el letrado señala, en su petición, que siempre fomentan financieramente “de forma monopolística” en estos proyectos las mismas entidades financieras de teórico objetivo y fin social (Caja Murcia, Caja Mediterráneo, la ‘Kutxa’Caja de Ahorros de Guipúzcoa), a las que acusa de beneficiarse sin repercutir proporcionalmente en las inversiones sociales a las que están obligadas por ley las cajas de ahorro.
Por ello, la petición reclama la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico de la Región de Murcia.
El abogado murciano solicita también que la Unión Europea fiscalice las ayudas que concede, para que “no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental”.
Por último, Diego de Ramón, pide la creación de una plataforma de países mediterráneos de la Unión Europea para ordenar el crecimiento urbanístico en la costa y la fijación de directivas que “controlen dichos desarrollos desproporcionados”.
El precedente valenciano
Pero no es la primera vez que la Unión Europea investiga la situación urbanística en una comunidad autónoma española. El año pasado varios europarlamentarios visitaron en diversas ocasiones la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, y el pasado 21 de julio la Eurocámara aprobó una resolución en la que reclamaba a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que “reconozcan los derechos legítimos de los particulares a la propiedad legalmente adquirida y establezcan, por ley, criterios definidos con más precisión, para evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales”.
También pidió a la Comisión Europea que examine las “posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE” a los ciudadanos afectados por la “urbanización extensiva”.
Cuestionó asimismo “los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos” atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios. Además, reclamó la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pidió “la creación de comisiones administrativas especiales”, en las que participen los defensores del pueblo locales y los habitantes, y que cuenten con “servicios independientes” de investigación y de arbitraje para dirimir las demandas de afectados por abusos.
La resolución también añadía que “cuando deba compensarse la pérdida de propiedad inmobiliaria”, ésta se calcule en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta resolución, en la que el Eurocámara expresaba su condena a los proyectos urbanísticos descontrolados, ha sido ahora adjuntada a la aceptación a trámite de la petición que el ex-candidato a la Asamblea Regional por UDeRM ha presentado ante el Parlamento Europeo.
* Vegamedia Press - 11/10/2007
Foto: "Murcia No Se Vende" ya advirtió sobre la corrupción urbanística
La Eurocámara pide que se investigue el urbanismo de la Región de Murcia
La juez embarga las cuentas del concejal de urbanismo de La Línea
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DIARIODECÁDIZ* : Carmen Longo, titular del Juzgado número uno de La Línea, dictó un auto en el que ordena el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero, incluidas cajas de seguridad, hasta el límite de 2.893.270 euros, cuya titularidad corresponda a Carlos Ruiz Calama, concejal de Urbanismo linense e imputado en el caso Roseworld. Aunque el citado auto tiene fecha del pasado martes, fue notificado ayer a las partes y al Ministerio Fiscal.
La juez fundamenta su resolución en los indicios de comisión de un delito de cohecho por parte del edil que se desprende de la investigación realizada en las Diligencias Previas 1.557/2006, “ya que consta en el procedimiento que esta persona ha recibido a través de una empresa privada llamada Lineatrans unas cantidades dinerarias de otra empresa denominada Laxmi Developments, respecto de la cual es administrador otro imputado llamado Anil Thakurdas”, señala, para advertir que “ninguno de los imputados ha justificado documentalmente el origen de estas operaciones”.
La juez subraya que el artículo 127 del Código Penal dispone que toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, “así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.Y añade que “los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquiridio legalmente. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho”.
En el caso Roseworld, la instructora apunta que Calama “ha tenido una serie de ganancias (2.893.270 euros) que pueden presuntamente tener su origen en las comisión de un delito de cohecho”, por lo que cree necesario su embargo por si se dictase sentencia condenatoria contra el edil.
Carmen Longo ha autorizado a los agentes de la Udyco central de Madrid a recabar cualquier otra información o soporte documental con los productos financieros de Ruiz Calama ya localizados.
Se trata de la segunda medida cautelar, tras la retirada del pasaporte, que la juez adopta contra el concejal de Urbanismo linense.
Por su parte, Calama manifestó que hoy acreditará ante el juzgado la procedencia “absolutamente legal” de la cantidad percibida, la cual asegura es de una venta de terrenos situados en La Línea llevada a cabo el 13 de noviembre de 2004.
En esa fecha Lineatrans S.L., de la que es representante legal, vendió un terreno propiedad de la citada sociedad mercantil, situado en el Zabal con una superficie de cuatro hectáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque al tomo 250 folio 206, por un precio total de 1.742.934 euros, que fueron pagados. “Esta cantidad consta debidamente percibida y su beneficio declarado a la hacienda pública, tanto en el impuesto del valor añadido como en el de sociedades”, añadió el edil, que aclaró que dicho negocio nada tiene que ver su cargo público ni mantiene vinculación con el Ayuntamiento, por lo que se siente “sorprendido” por el auto.
* Diario de Cádiz - J.J. González, LA LÍNEA - 11 de Octubre de 2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com
Tras el Pacto, la Ley de la Vivienda
ELPAÍS/Cataluña* : Semana intensa en las políticas de vivienda. Después de la firma, el lunes, del Pacto Nacional por la Vivienda, el Parlament aprobó ayer en comisión la Ley del Derecho a la Vivienda, la del polémico artículo 42.6, que prevé la expropiación del usufructo de viviendas vacías para convertirlas en alquileres sociales. La misma ley por la que ni CiU ni el PP se sumaron al consenso del Pacto y la misma que llevarán al Consejo Consultivo.
La deliberación de este organismo formado por juristas, que no es vinculante, retrasará todavía más una ley que se presentó hace más de tres años y medio. Teniendo en cuenta que mañana es fiesta, yendo todo muy deprisa, la ley no entrará en ningún caso antes de un mes en el pleno del Parlament. Un mes es el plazo que el consejo tiene para emitir un dictamen.
Durante la comisión de ayer, la ley fue aprobada con los 12 votos que suman los partidos del tripartito. Votaron en contra los seis diputados de CiU, los dos del PP y uno de Ciutadans. La oposición recordó, una vez más, que llevará el texto al Consultivo "para determinar", dijo el diputado de CiU Carles Sala, "la legalidad de algunos artículos".
Sea como sea, la redacción final del artículo 42.6 poco tiene que ver con el inicial. La suavización de la idea del alquiler forzoso de pisos vacíos es más que notable si se lee el primer borrador del texto. Está fechado en septiembre de 2005. Entonces, el texto se refería al alquiler forzoso en tres artículos distintos (6, 46 y 50). El 6 era el más directo de todos: "El abandono de una vivienda", su "desocupación permanente" o la ausencia del "deber de conservación constituyen el incumplimiento de función social del derecho a la propiedad". Ese incumplimiento "puede dar lugar a la expropiación forzosa". Aquella redacción no hablaba de "expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros", como el 42.6 definitivo, sino de "expropiación" a secas.
Además, la última redacción matiza los condicionantes que llevarían a la Administración a actuar y especifica que la medida está restringida a "ámbitos de demanda residencial fuerte", que el propietario es advertido durante un plazo de dos años, que se le "indemniza por el usufructo temporal", que la Administración costea la gestión del alquiler y las reformas si son necesarias y que transcurridos cinco años (la duración de los contratos de alquiler), se recupera la propiedad.
La diputada de ICV y ponente relatora, Dolors Clavell, defendió el artículo 42.6 argumentando que el tripartito "está en el Gobierno para cambiar las cosas y no dejarlas como están, y ha querido apuntar alto". "Como todos los procesos innovadores, éste comienza con conflicto, pero el tiempo pone las cosas en su sitio", añadió, y recordó que varios países europeos tienen medidas parecidas.
En la oposición, Carles Sala aseguró que la postura de su partido ha sido "flexible" y que la comisión sólo ha considerado 80 de las 144 enmiendas presentadas. Santiago Rodríguez, diputado del PP, se mostró de acuerdo con "utilizar fórmulas novedosas". "Pero no podemos pasar por alto el marco jurídico", dijo. Por último, el diputado de Ciutadans Albert Rivera criticó al Gobierno por "no ceder en un artículo que el mismo tripartito ha explicado que es muy difícil que llegue". "Si tan difícil es, ¿por qué no se suprime?", apuntó.
El texto aprobado ayer introduce otras medidas como el derecho de tanteo y retracto -compra preferente por parte de la Administración-; fija cesiones de suelo para viviendas sociales; establece que en 20 años, en los municipios medianos y grandes el 15% de su parque de viviendas será de protegidas; prevé un registro único de solicitantes y obliga a tener licencia si se quieren alquilar pisos turísticos.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 11/10/2007
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El urbanismo del PP de La Vila creó "inseguridad jurídica"
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ELPAÍS/Alicante* : El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un informe en el que rechaza el trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para reordenar el plan parcial Cales y Atalaies, en el litoral del municipio, donde también se ubica el hotel Atrium Beach (complejo legalizado por el Consell pese a exceder en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada). El dictamen del CJC, sin aludir directamente al Atrium, asegura que el trámite general seguido por el Consistorio, entonces en manos del PP, "crea inseguridad jurídica".
El dictamen del Consell Jurídic emitido el pasado 26 de julio a petición del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, analiza la legalidad del trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa sobre la ordenación urbanística del plan parcial del Sector Cales i Atalaies, y más en concreto sobre la tramitación del denominado Refundido del Plan Parcial del Mejora 2 del Sector PP-1 Cales i Atalaies con el PRIM (Plan de Reforma Interior de Mejora)[parcela donde se levanta el hotel Atrium] y el PRIM TI-13 M-20, aprobado por la corporación el pasado 15 de febrero.
En ese sector, además del Atrium, hay construidas ya otras 5.000 viviendas. El representante legal de la promotora del hotel Atrium señaló ayer que el dictamen del CJC "no afecta en nada" al proceso para reparar la infracción urbanística. "El PRIM del Atrium es una parcela de suelo urbano ya consolidado en el PGOU de 1999, y aprobado con anterioridad, como refleja el dictamen, al refundido del plan parcial", dijo el letrado.
"Motivos de seguridad jurídica conducen a considerar que deberá expresarse claramente que instrumento de planeamiento urbanístico está siendo objeto de tramitación e informe y, en su caso, aprobación, como disposición reglamentaria municipal, e igualmente si la refundición dejará subsistentes o como parece ser, sin efecto, los dos planes de Reforma Interior de Mejora a los que se ha hecho referencia, el PRIM 19bc y el PRIM TI-13 y M-20, por haberlos incluido completamente en el documento refundido", señala el máximo órgano consultivo del Consell en materia jurídica. "Que en el estado actual de la instrucción no procede pronunciarse sobre el fondo del asunto sino retrotraer al momento en que se acordó realizar el trámite de información pública", concluye el CJC.
La tramitación del plan parcial Cales i Atalaies se remonta a 2002. En enero de 2003 se elaboró un plan parcial de mejora, que posteriormente, el 27 de junio de 2006, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, alegando que comportaba una modificación del Plan General y no se había aprobado por la mayoría cualificada legalmente exigible. El 20 de julio del mismo año el pleno subsanó este defecto de forma y lo aprobó provisionalmente con los votos necesarios, pero la Comisión Territorial de Urbanismo detectó "graves contradicciones", al haber sufrido el sector en los últimos años otros trámites de planeamiento urbanístico que afectaban a dos parcelas, una de ellas la del hotel Atrium.
El Consell Jurídic apunta que con el plan parcial de mejora inicial y con el refundido actual de tres planes "se pretendió modificar, aunque sea puntualmente, el Plan General sin haberlo anunciado de forma expresa al público en general", lo que requiere las consultas con los municipios colindantes, entre otros asuntos. Por este motivo, de un lado pide retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se acordó someter a información pública el plan parcial de mejora aprobado en enero de 2003 y alerta de que si no se hace "puede acarrear la nulidad de la resolución que se dicte en el procedimiento urbanístico".
Otro de los aspectos que pone en duda el Consell Jurídic es la referente a la alteración de zonas verdes en este sector. Sin entrar en el fondo de este asunto, el órgano asesor apunta a un asunto que podría tener todavía mayor calado, ya que cuestiona que en el planeamiento urbanístico se considera zona verde a todo el parque público litoral, y un informe de Costas de abril de 2002 duda de "la aptitud" de tales terrenos como zona verde.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/10/2007
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), edificios ilegales en la cala - ROSA FUSTER (El País)
