I.García/A.Moriyón.- ElComercio* : "El alcalde de Ribadesella, José Miranda, ha sido imputado por prevaricación urbanística por las licencias que concedió a su esposa, Irene Vidal, para rehabilitar una cabaña y un llagar, ubicados en Sardéu, en la Reserva Natural Parcial de Covarosa. La polémica resurge de nuevo cuando apenas falta un mes para la celebración de las elecciones municipales y regionales. Al margen de que el Tribunal Superior de Justicia fallase a favor del regidor sobre este caso en julio del pasado año, por la causa iniciada a instancias del Principado, ahora es el juzgado de instrucción de Cangas de Onís el que admite a trámite la querella presentada por un particular sobre el mismo asunto.
La sala observa indicios de presuntos delitos «contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística». Por ello, dispone que se continúe con la tramitación de las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado y pide que su decisión se traslade al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que éstos formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días desde la publicación del auto, el pasado 13 de abril.
No obstante, contra la resolución judicial cabe la interposición de recurso o apelación. De hecho, Miranda, quien no quiso entrar a valorar el auto, sólo señaló su discrepancia con el contenido y aseguró que ya ha recurrido.
El auto expone que «indiciariamente» Miranda y su esposa, en calidad de promotores, como propietarios de la finca El Corberu, en Sardéu, realizaron obras en las dos construcciones existentes en ella y que, según informa la sala, se encontraban en «ruina», destinadas a levantar «una nueva construcción y a hacer trabajos mayores incompatibles con la calificación del suelo como Reserva Natural Parcial y, por tanto, no urbanizable de especial protección». En ese momento, Miranda ya era alcalde por lo que el juzgado cangués considera que «con la cooperación de su esposa, idearon el llevar a cabo dichas obras a sabiendas de su ilegalidad».
Los hechos
La instancia judicial plantea que la situación se produjo de este modo: Irene Vidal solicitó la licencia para la realización de obras menores consistentes en la reparación del tejado y los muros en la instalación auxiliar (llagar), con un presupuesto para ello de 2.450 euros. Dado que entraba entre sus competencias el alcalde «sin abstenerse de intervenir» otorgó esa licencia y, entiende el juzgado, «resolvió concederla consciente de que realmente no se realizarían tales obras menores, sino una nueva construcción, que requería un proyecto técnico, produciéndose además un cambio de uso, que tuvo un coste aproximado de 50.000 euros».
La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, recordó ayer que el Principado fue «el primero en advertir de la gravedad de estas edificaciones» y celebró que «finalmente» se haya aprobado un auto que «imputa al alcalde por delito de prevalicación». Fernández considera que el recurso anunciado por Miranda responde a «un intento de neutralizar decisiones judiciales contrarias a sus intereses personales», y dijo que se trata del «ejemplo paradigmático de falta de ética política». «Es sumamente aconsejable que los autores de estos hechos no se instalen en las instituciones públicas», espetó. La viceconsejera no quiso entrar a comparar este caso con la reciente anulación del plan urbanístico de Llanes.
*elcomerciodigital.com - 24 de abril de 2007
Foto: Las construcciones del alcalde riosellano y su mujer edificadas en Sardéu que suscitaron querellas contra el regidor. / D. E./ elcomerciodigital.com
El alcalde riosellano imputado por prevaricación urbanística
Níjar tramita una urbanización ilegal en el PN de Cabo de Gata
Ecologistas en Acción. Almería*: "El BOP del 19 de abril ha publicado un edicto del Ayuntamiento de Níjar en el que se dice que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 12 de abril, ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la mayor urbanización del Parque Natural de Cabo de Gata conocida como Marina de Agua Amarga, de 48 hectáreas de extensión. El suelo sobre el que se pretende construir la macro urbanización está calificado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) desde octubre de 1989, y LIC (ES0000046) desde enero de 1998. Los terrenos también fueron declarados “RESERVA DE LA BIOSFERA” en 1997 por la UNESCO.
Al estar clasificados los terrenos como LIC, y ZEPA, el proyecto vulnera el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 97/62/CEE, la Directiva 79/409/CEE, y la sentencia del TJCE de fecha 13-01-05 (Asunto C-441/03). La urbanización, además, se ubica dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata, en un Hábitat Prioritario. De acuerdo con la normativa autonómica, estatal y europea, el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
Este mismo proyecto ya fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en 1996 y resultó desfavorable, según publicó el B.O.P. número 95 de fecha 17-05-96. Una nueva Evaluación de Impacto Ambiental no cambiaría la anterior que anuló la urbanización por el alto valor ecológico de los terrenos y por su falta de justificación.
Por estos motivos, entre otros, Ecologistas en Acción tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo en el TSJA, con sede en Granada, los hechos han sido denunciados en la Fiscalía y la Comisión Europea tiene abierto un expediente al Estado Español.
El Ayuntamiento de Níjar tiene perfecto conocimiento de la ilegalidad del proyecto por lo que es de aplicación el artículo 78 de la Ley 7 /85 de Régimen Local. De acuerdo con esta Ley, son los concejales que han votado a favor del proyecto los que deben indemnizar al promotor una vez se anule el proyecto o se proceda a demoler lo construido.
El arquitecto del proyecto y copropietario de los terrenos fue quien elaboró la planimetría de las Normas Subsidiarias municipales y lógicamente incluyo como urbanizable su finca. Este mismo arquitecto estuvo relacionado con Luis Roldán cuando era Director General de la Guardia Civil y aparece como socio de su testaferro, Jorge Esparza, en la mercantil RAMANSIPA.
Este polémico proyecto ilegal se ha tramitado urgentemente, en vísperas electorales, ante el riesgo de que cambie el equipo de gobierno municipal. La Junta de Gobierno se celebró el día 12 de abril y sólo ha tardado siete días en ser publicado el edicto en el B.O.P.. Además, como sucede habitualmente con los asuntos polémicos, el edicto no lo firma el Alcalde de Níjar sino el “Alcalde Accidental”, D. Manuel Rodríguez Montoya.
Hechos similares se produjeron en anteriores elecciones, baste recordar la compra con dinero público por parte del Ayuntamiento de Níjar del hoy demolido Edifico de Genoveses, convertido en mirador. El acuerdo de compra se aprobó también en vísperas electorales ante la incertidumbre de su resultado y para evitar que los concejales que votaron a favor de la licencia ilegal tuvieran que desembolsar de su bolsillo la indemnización a los propietarios que habían construido el edificio con permiso municipal.
*Ecologistas en Acción.- Almería - 23 de abril
Foto: Aguamarga /parquenatural.com
Piden juzgados especializados en corrupción urbanística para la Costa del Sol
EFE. Málaga* : "El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, pidió la creación de juzgados especializados en la lucha contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. Arroyo Fiestas, que presentó la memoria sobre la actividad judicial de la Audiencia en 2006, apostó por órganos independientes en esta materia, al igual que en la Fiscalía existen departamentos para delitos contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.
En este sentido, señaló que los "macrojuicios" por los casos "Malaya", "Ballena Blanca" e "Hidalgo" destapados en Marbella tendrán que celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en lugar de la Ciudad de la Justicia, por el elevado número de imputados y su duración.
Añadió que en este tipo de juicios, que pueden prolongarse más de un año, se deberían constituir secciones bis, de forma que tres magistrados se ocuparían del caso y otros tres del resto de procedimientos penales pendientes.
Sobre la actividad judicial en Marbella, manifestó que "en esta ciudad se ha hecho casi todo lo que se tenía que hacer", sin perjuicio de que continúe la investigación o sucedan otros hechos puntuales, y confió en que "se tranquilice la situación" en un plazo breve, porque "cada vez va a ser más difícil darle una respuesta desde los tribunales de justicia" por la sucesión de asuntos.
El magistrado insistió en la formación de los jueces para afrontar los casos de corrupción, a través de cursos -algunos ya se han desarrollado- en materia de inspección de hacienda y auditorías, con el apoyo de agentes internacionales para detectar paraísos fiscales y las unidades policiales dedicadas al crimen organizado.
No hay colapso en la Audiencia Provincial
En cuanto a la actividad de la Audiencia de Málaga en 2006, aseguró que los datos indican que "no hay colapso" ni en la jurisdicción penal, donde la media de resolución de los casos son dos meses, ni en la civil, con un tiempo medio de cuatro meses.
No obstante, reconoció que las cuatro secciones penales soportan una carga de trabajo un treinta por ciento superior a la recomendada por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), y que se necesitaría una nueva con cuatro magistrados para atender el volumen de asuntos ingresados.
En cuanto a la situación judicial en la provincia, subrayó que serían necesarios urgentemente un juzgado nuevo en Estepona, otro en Vélez-Málaga, en Fuengirola y Coín, municipio donde ha aumentado notablemente la conflictividad judicial.
En Marbella, faltarían uno nuevo de Instrucción, otro de Primera Instancia, además de órganos especializados en violencia doméstica, aseguró.
A este respecto, indicó que el CGPJ prevé para Málaga la creación de juzgados comarcalizados centrados en malos tratos en el ámbito familiar, que funcionarían como los partidos judiciales.
En principio, se espera que entren en funcionamiento dos en Marbella y otro en Fuengirola, aunque se ampliarán en otras comarcas.
Por otro lado, los casos penales de la Audiencia de Málaga que quedaron pendientes de resolver al final de 2006 aumentaron un 45 por ciento, dado que los ingresos crecieron un diecinueve por ciento, mientras que se dictaron un 19 por ciento más de resoluciones que en 2005.
Las ocho secciones contabilizaron el año pasado un total de 9.737 asuntos nuevos, de los que 6.316 fueron penales y 3.412 de jurisdicción civil.
*MalagaHoy - 23/04/2007
Viñeta: Máximo /El País
La Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el banquillo de los acusados
MaríaCuenca.- ÁvilaDigital*: "La polémica urbanización de la Ciudad del Golf en Las Navas llega a los tribunales esta semana. Cuatro cargos del PP declararán como imputados y varios técnicos de Medio Ambiente lo harán como testigos. El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortés, cree que hay indicios de delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio y de prevaricación.
Según la asociación ecologista Centáurea, la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto.
La ronda de declaraciones se abrirá este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila a las 10 horas. Como pidió la asociación Centáurea, comparecerán ante el juez en la prueba testifical Sabas Yagüe Bosch, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos y en la actualidad jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora; Alfredo Martín Ramírez, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Para el miércoles a las 10,30 horas, atendiendo la petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, el juez ha citado a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez García, presidente de la Sociedad Montes de Las Navas; el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega Bermejo; el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo Nieto; y el director general de Medio Natural, Mariano Torre Antón, todos ellos consejeros de la sociedad Montes de Las Navas, constituida para la compra de los terrenos, cuando ocurrieron los hechos.
A José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería de Medio Ambiente, se le ha llamado a declarar como testigo también el miércoles a las 9,30 horas.
Además de las declaraciones de imputados y testigos, el juez solicitó las actas de la Ponencia Técnica de Urbanismo y de la Comisión Territorial de Urbanismo en Ávila, los expedientes relativos a la modificación puntual número 7 de las Normas Subsidiarias de Las Navas, aprobadas definitivamente por la Comisión el 10 de mayo de 2001, y el expediente relativo a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas aprobadas el 30 de abril de 2003.
Pidió también el expediente del Plan Parcial del Sector Ciudad del Golf, aprobado el 31 de marzo de 2004, y la consulta realizada por el Ayuntamiento de Las Navas a la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila con fecha 4 de marzo de 2002 sobre la viabilidad del anteproyecto en terrenos de este municipio.
Centáurea: "La Ciudad del Golf se negoció con el promotor antes de adjudicarse el proyecto"
La construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto, según Centáurea.
Tras analizar los documentos de las distintas fases del proyecto, la asociación ecologista cree que “con carácter previo a la adjudicación a Residencial Aguas Nuevas S.L. del proyecto, se efectuaron negociaciones privadas con el promotor, en las que se llegó a suscribir un preacuerdo de compraventa del que resultaron decisivas sus prescripciones para el pliego del posterior concurso, en el cual evidentemente resultó beneficiaria Residencial Aguas Nuevas”.
En este sentido, manifiestan que “el contrato de compraventa consiguiente añadió una cláusula penal, no contemplada en el concurso, que perjudicaba con más de 3 millones de euros a la sociedad Montes de Las Navas en el caso de que no fuese viable el proyecto”.
La Ciudad del Golf empezó con la creación, en el año 2000, de una sociedad anónima (Montes de las Navas, S.A.) destinada a la compraventa de terrenos con representantes de todas las administraciones (70% el Ayuntamiento de las Navas del Marqués, 20% la Junta de Castilla y León y 10% la Diputación Provincial).
En un comunicado, Centáurea destaca que Montes de Las Navas era “la plataforma desde la que se habría diseñado un sistema de especulación urbanística, al margen del objeto que movió a la Junta de Castilla y León a participar”.
Decisión anterior a las normas urbanísticas
Según explican, los documentos estudiados de las diferentes fases del proyecto “demuestran que la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”.
En cuanto a los presuntos responsables, señalan que “llegaron a intervenir hasta en tres órganos decisorios en varios momentos de la tramitación: en la sociedad Montes de Las Navas, en el Ayuntamiento y en la Comisión Provincial de Urbanismo”.
El proyecto, promovido por Residencial Aguas Nuevas, S.L. preveía la construcción de 1.600 viviendas, varios hoteles y cuatro campos de golf en un pinar protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y refugio de la cigüeña negra, en peligro de extinción, entre otras especies.
Paralización del proyecto con una sentencia del TSJ
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en septiembre de 2006 el proyecto, al considerar “no urbanizable de protección natural” el suelo donde pretendía construirse.
A pesar de ello, y tras conocer la sentencia, el promotor de la Ciudad del Golf inició la tala de miles de pinos a principios de octubre pasado; unos trabajos que fueron paralizados por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, que determinó la adopción de medidas cautelares, después de que nueve organizaciones ecologistas presentaron una denuncia por las presuntas ilegalidades.
Centáurea, WWF/Adena, SEO/BIrdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Grama, Cantueso y CCOO consideraron entonces que podrían haberse cometido delitos contra la ordenación del territorio, contra la protección de la fauna, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En atención a esta denuncia, el fiscal jefe de la Audiencia pidió al juez que llamara a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de la Vega; al ex delegado de la Junta, Félix San Segundo; y al director de Medio Natural, Mariano Torre.
Con estos argumentos, Centáurea y el resto de las organizaciones denunciantes han expresado su confianza en que la actuación judicial obligue a depurar responsabilidades.
*aviladigital.com - Martes 24 Abril de 2007
Foto: tala en las Navas del Marques /Centaurea-ae.org
Del declive a la regeneración
SALVADOR VICENTE MARTÍNEZ*.- El País**: "No digo ninguna barbaridad, ni descubro nada nuevo, si digo que el urbanismo valenciano se ha desmadrado en estos últimos dos lustros. Que la presión urbanística ha primado sobre lo público, cediendo el interés general en favor de intereses puramente crematísticos. En este periodo hemos salido de la lentitud agobiante de los procesos de urbanización, conducidos por tranquilos propietarios especuladores al paso de tortuga de las "Juntas de Compensación", al exceso de velocidad, en la puesta en marcha de demasiados proyectos de urbanización sobre un territorio limitado que, inevitablemente, acabarán saturando el mercado, desbordarán la capacidad de respuesta de los servicios y de las infraestructuras públicas, y lo que es peor, que están hiriendo al territorio y al medio ambiente de forma irreparable y quizás innecesaria.
Y, todo ello al servicio de los intereses meramente recaudatorios del municipio -por falta de financiación- y de unos promotores, constructores y agentes urbanizadores puestos de acuerdo a través de unos comisionistas legalizados: expertos en el rescate de las plusvalías urbanísticas recalentadas. Lo lamentable es que este exceso de velocidad en la ocupación del territorio, que conlleva el uso abusivo del Derecho, con la consiguiente destrucción del paisaje tradicional valenciano, o la preferencia o mezcla de los intereses privados sobre los generales, parece que no tiene fin. La mentalidad de acumular grandes masas de dinero: de hacernos rápidamente ricos... por supuesto legalmente, pero a costa de los intereses de todos los ciudadanos y de las generaciones venideras, es más importante que nada en este mundo globalizado en el que habitamos. Así son las cosas y así nos luce el pelo.
La preocupación social que suscita la ocupación masiva de suelos reclasificados y el deterioro del medio ambiente natural sano, evidentemente constituye, en la actualidad -y con razón-, una de las áreas de las ciencias sociales más apasionantes y vivas, pues como sostiene la doctrina legal más solvente no sólo de la misma depende el logro de una vida colectiva digna, al establecer el marco físico que ha de servir de base para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, sino también en gran medida, la misma conservación de la especie humana, que en su fase actual de relación con el espacio amenaza con destruir la biosfera terrestre, con llegar al planeta vacío. El cambio climático que hoy padecemos no es más que la consecuencia lógica de nuestros propios actos, acelerando el proceso. A este ritmo, el mundo será una ruina y la Comunidad Valenciana un "socarral" en menos de 20 años.
Sin duda, no hay fórmulas "mágicas" para resolver el complejo mundo que nos hemos montado en torno al Urbanismo, desde su concepción como Obra Pública por excelencia que defendió Ildefonso Cerdá y que estuvo vigente entre nosotros hasta 1956. La racionalidad, la cultura, el sentido común, y sobre todo la generosidad con el paisaje, los espacios públicos abiertos, el oxígeno, el sol, el agua... la vida. Deben primar a la hora de concebir el diseño de nuestros pueblos y ciudades, en el momento de elegir nuestra forma de vivir.
Por ello, pienso que estamos a tiempo de hacer una reflexión a fondo del sistema, sobre su situación actual, el origen de los problemas, sus implicaciones políticas y regenerar el Urbanismo valenciano en una sociedad democrática avanzada de Derecho, para que de una vez por todas -por seguridad jurídica- se dé el adecuado tratamiento legal al fenómeno urbanístico y medioambiental en el que estamos involucrados a nivel europeo. Que satisfaga plenamente los principios constitucionales vigentes sobre el uso racional del suelo como recurso natural, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y la puesta en servicio de medidas que impidan, de manera efectiva, la opacidad en el mercado del suelo y, por ende, eviten la especulación de este recurso natural limitado: que es la única "especulación" taxativamente prohibida por la Constitución.
No en vano, el sabio Dr. Villamarín -hoy ya jubilado- ex vicepresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, me dijo un día que "el Urbanismo era un dogma de fe". Y como siempre, voy a acabar dándole la razón.
En fin, no es necesario un hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento.
*Salvador Vicente Martínez Ferrer es titulado en Estudios Avanzados de Derecho Público y técnico Superior de la Generalitat.
**ELPAIS.com - 12/04/2007
