ELMUNDO/Madrid* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han dejado fuera del protocolo que han firmado esta mañana para la erradicación del chabolismo a la Cañada Real Galiana, situado cerca de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.
La Cañada está considerada como la mayor concentración de viviendas ilegales levantadas sobre terreno público de España y probablemente de Europa. A lo largo de 20 kilómetros de una antigua vía pecuaria se asientan más de 4.000 chamizos y casas, algunos chalés de lujo. Muchos de ellos son ilegales. En total, viven allí más de 40.000 personas.
En el acto en el que han participado los dos políticos 'populares' no se ha permitido hacer preguntas de los periodistas. El que sí ha justificado la decisión ha sido el gerente del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración social), Javier Ramírez, que ha asegurado que la Cañada Real Galiana "no es un núcleo chabolista, es un asentamiento ilegal".
Dentro del plan presentado se contemplan desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro), Las Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y Ventorro (Villaverde).
El pasado 14 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid derribó cinco infraviviendas ilegales de la Cañada Real Galiana. Desde el pasado mes de mayo, el Consistorio de Gallardón ha demolido en el ámbito de la Cañada al menos 81 construcciones, 13 infraviviendas, 1 puente y 1 nave industrial.
De todos los derribos, el que más eco tuvo fue el que se produjo a mediados de octubre de 2007. Vecinos y policía se enfrentaron en una auténtica batalla campal que se saldó con 23 policías y cuatro civiles heridos y nueve personas detenidas.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 30.10.2008
Foto: Varias personas contemplan sus viviendas derruidas en la Cañada Real. - EFE
Aguirre y Gallardón excluyen a la Cañada Real de su plan 'antichabolismo'
Andratx: El perito judicial niega que el terreno sea urbano
DIARIODEMALLORCA* : El perito judicial ha declarado que el argumento de los expertos de la defensa para demostrar que el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot no cambió ilegalmente un terreno de rústico a urbano es "capcioso" e intenta "hacer pasar por verdad lo que es falso (que el suelo es urbano)".
Así lo ha dicho durante su testimonio junto a los dos peritos de la defensa en la última jornada del segundo juicio del "caso Andratx", en el que se analiza la construcción de un restaurante en zona protegida por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo, gracias a la presunta falsificación de Massot.
El ex director general argumentó ayer, durante su declaración en la Audiencia Provincial, que cometió un error al haber certificado en 1998 y 1999 -años en los que Juan Carlos Hidalgo compró la casa- que el terreno era Área Natural de Especial Interés (ANEI), tal y como consta en diversas normas urbanísticas del Ayuntamiento.
Massot sostuvo que cambió la clasificación a urbano en 2001 porque la zona tenía todos los servicios, un extremo que han intentado demostrar los peritos de la defensa y ha negado el perito judicial y arquitecto Rafael Balaguer, director de la Oficina de Información Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares.
El arquitecto ha asegurado que, aparte de red de baja tensión, "no se ha acreditado existencia alguna de otro servicio, ni uno más" anteriormente a 1981, año de aprobación de un real decreto que permitiría su clasificación como urbano, de reunir los citados servicios y de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales.
"Por tanto, intentar desvirtuar la condición de ANEI a través de un supuesto fáctico que queda desmontado es lo que me ha parecido un auténtico sofisma", ha añadido.
Además, ha dicho que intentar demostrar lo contrario se basa en "argumentos capciosos", en los que "para hacer pasar por verdad lo que es falso, se parte de premisas válidas para desembocar en una conclusión inadmisible".
El perito ha afirmado asimismo que la Ley de Espacios Naturales de 1991 cataloga la zona como ANEI y "con la más alta clasificación", porque es un espacio húmedo y está a menos de cien metros del mar. "Entiendo que no es urbano en absoluto", ha concluido.
Previamente, los peritos de la defensa han argumentado que la citada ley excluye de ANEI los terrenos que parezcan urbanos de acuerdo con la realidad del terreno, en alusión a la supuesta dotación de servicios de esta zona propiedad de Juan Carlos Hidalgo.
Massot, Eugenio Hidalgo y su hermano Juan Carlos Hidalgo se enfrentan a penas de entre seis y medio y ocho años por los delitos de falsedad documental y prevaricación urbanística. Juan Carlos Hidalgo se enfrenta además a un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.10.2008
Foto: andratx - guides
NOTICIA RELACIONADA: Massot dice que legalizó el restaurante ya que la zona era ´más urbana que una catedral´ - Diario de Mallorca - 30.10.2008
El alcalde de Zarra permitía a su hijo construir chalés con jacuzzi bajo licencia de casitas de aperos
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LEVANTE/Valencia* : Los datos con los que trabaja la Unidad de delitos Urbanísticos de la Guardia Civil apuntan a que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, pudo otorgar 87 licencias de obra a la empresa constructora de su hijo, Sergio Rubio, para construir casitas de aperos -permitidas por la ley- en terrenos no urbanizables que al final acabaron convertidas en chalés que superaban el límite legal de construcción y que, además, contaban con piscina independiente y jacuzzi.
La llamada a declarar como testigos a varios propietarios ingleses de chalés en Zarra en la causa abierta contra el alcalde del municipio, Juan José Rubio, y su hijo -detenidos desde el martes por un delito contra la ordenación del territorio y otro de malversación-, ha hecho saltar todas las alarmas entre la colonia inglesa de El Valle.
Los titulares de ayer sobre la detención del alcalde y sobre la construcción de sus chalés en suelo rústico sentó como un jarro de agua fría entre los propietarios de estos inmuebles, la mayoría ingleses, que los habían adquirido a través de inmobiliarias también inglesas que llevan operando desde 2002 en la comarca.
Las reacciones no se hicieron esperar y a primera hora de la mañana algunos propietarios acudieron a Ayora histéricos para pedir explicaciones a las inmobiliarias y defender que compraron los chalés "pensando que todo estaba ok".
En Zarra, y dado que la mayoría de británicos sólo siguen la prensa internacional o las publicaciones propias que edita en la comarca la colonia inglesa, muchos se enteraron ayer a primera hora de los ocurrido cuando algunos vecinos de la población les enseñaron los titulares de los periódicos con las palabras "ilegal", "chalé" y Zarra.
Robert y su familia compraron hace cuatro años una de las villas que construyó en medio de la huerta la empresa del hijo del alcalde de Zarra y hoy no sabía nada de lo ocurrido hasta que alguno de sus vecinos los han avisado. "No teníamos ni idea, pagamos todo y tenemos todo en regla, nadie nos dijo nada cuando nos pusieron la luz, el teléfono o el agua", comentó este propietario.
Como el de Robert, los casos se repiten en los cinco sectores en los que se han construido estas villas que responden a un mismo modelo de vivienda. Unos 120 metros cuadrados de casa principal, un garaje independiente y una pequeña piscina junto a una zona verde.
Los británicos pagaron entre 120.000 y 150.000 euros y ahora descubren que quizá sus casas son ilegales y no saben muy bien qué va pasar a medida que avance la investigación.
"No estoy preocupada porque no tengo casa aquí, yo la tengo en Casas de Madrona,-decía otra súbdita inglesa- pero mis amigos sí y hoy se han enterado de todo".
Según ha podido averiguar Levante-EMV, un grupo de propietarios de estas promociones ya estaba al tanto de la situación y también han denunciado la situación ante los tribunales. "Querían construir otra casita en el jardín y entonces no les dieron licencia de obras porque no se podía", explicaron ayer algunos vecinos.
Desde las inmobiliarias inglesas que operan en el Valle, sus responsables -que también tuvieron que acudir a declarar como testigos- insistieron ayer en que todos los propietarios que han adquirido viviendas en Zarra "cumplen con sus obligaciones y pagan todo lo que se les ha pedido, como el catastro, y todos los impuestos".
A última hora de ayer, los agentes seguían realizando las entradas y registros, especialmente en el ayuntamiento. Mientras tanto, el juez tomaba declaración a algunos de los denunciados, a la espera de localizar a todos los propietarios, la mayoría residentes británicos y que en algunos casos siguen viviendo en Alicante porque todavía no estaba acabada su casa en Zarra.
Irregularidad previas
Un matrimonio de residentes británicos explica en la página web de una inmobiliaria cómo decidieron comprar una casa y establecerse en Zarra. En la primavera de 2003, contactaron con Ann y Alison, de la inmobiliaria "Hills and Valley". Compraron un terreno y, al día siguiente, ya tenían una casa diseñada "con la ayuda de Sergio, de Telyzán SL, un constructor local recomendado por Ann y Alison".
Al febrero siguiente regresaron y sufrieron un "shock" al ver que su casa aún estaba a medias. Una mañana llegó un coche de la policía con el arquitecto municipal de Teresa y la Guardia Civil para informarles de que debían parar las obras porque estaban en el cauce de un río y podía inundarse. Les faltaba la licencia municipal.
* Levante-EMV - Íñigo Roy/Regina Laguna - 30.10.2008
Foto: una tras otra. Vista general de varios de los chalés que la empresa del hijo del alcalde construyó en las huertas de Zarra. - josé ferrer, levante-emv.com
Imputado el presidente del Consell de Ibiza por el caso Eivissa Centre
EFE* : El magistrado del juzgado de instrucción nº2 de Ibiza, José Espinosa, ha emitido hoy un auto imputando al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés en el marco de la investigación de un presunto cobro de comisiones en la remodelación del centro de la ciudad, en el caso Eivissa Centre.
Tarrés, que ha atendido a los medios después de conocer la noticia, ha explicado que el juez le imputa "porque no tiene más remedio" ya que, según el presidente insular, no puede ser testigo en la causa.
El presidente del Consell, diputado autonómico y ex alcalde de Vila (Ibiza), que deberá declarar ante el juez el próximo día 2 de febrero, ha declarado su intención de "ir lo antes posible ya que esperar hasta esa fecha es casi cruel".
Tarrés ha insistido en que el juez no le "acusa de nada" y ha afirmado: "Simplemente tengo que ir a explicar lo que sé".
El presidente del Consell no se ha mostrado sorprendido por la imputación ya que ha asegurado que "es normal que el juez quiera escuchar a uno de los acusados y que en aquel momento era el alcalde de la ciudad".
Tarrés era alcalde de Ibiza en el momento que en el ex secretario general de PSOE de las Pitiüses, Roque López, grabó las cintas en las que presuntamente se demuestra el cobro de comisiones por parte de altos cargo del partido socialista de Vila.
El ahora presidente del Consell ibicenco ha manifestado que no tiene intención de dimitir y ha insistido en que "según el auto el juez no cree que haya indicios de criminalidad".
"Ir imputado quiere decir simplemente que tengo que ir con mi abogado", ha insistido.
Tarrés ha afirmado que su imputación no tiene nada que ver con otros casos de presunta corrupción política que se investigan en estos momentos en Baleares, como el llamado caso Ordinas, acerca de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) la pasada legislatura.
El presidente ibicenco ha asegurado en relación a dicha causa que él no tiene "ninguna lata de Cola-cao en el jardín", como la hallada por la Fiscalía Anticorrupción en la vivienda de la ex gerente del CDEIB Antónia Ordinas, por indicaciones de la propia acusada.
"Puedo decir con orgullo que nadie me ha dado un duro nunca", ha concluido Tarrés.
El caso Eivissa Centre comenzó tras la denuncia realizada hace veinte meses por el ex secretario general de los socialistas de Ibiza y Formentera y ex concejal, Roque López, quien en los pasados días anunció que solicitaría "una nueva ampliación de la querella por falsedad documental contra Xico Tarrés".
López interpuso una querella contra el equipo de gobierno de Vila, encabezado entonces por Tarrés, por presunta corrupción urbanística, para lo que presentó varias grabaciones de conversaciones telefónicas.
Según López, tras el inicio del edificio Joan XXII se llevó a cabo una declaración de obra nueva certificada ante un notario, que no se correspondería con la realidad y en la que Tarrés declaró ante notario que se habían construido 36 viviendas en un inmueble de cinco plantas más el sótano, cuando ya se habían construido 160 viviendas.
* Soitu.es- EFE - 29.10.2008
Foto: Ibiza, eivissa centre - flickr.com
Adeje: Lucha contra la construcción de un supuesto Centro Comercial
CANARIAS24H* : La Asociación de Vecinos de Playa Paraíso en el Municipio de Adeje lleva luchando mucho tiempo contra la intolerable construcción de un supuesto Centro Comercial, en el extremo de la punta más bonita y simbólica que linda al mar en esta Zona.
Este proyecto recibió las bendiciones de las distintas Administraciones, a pesar de que no sólo destrozó el paisaje al edificarse en pleno dominio marítimo terrestre levantando un muro de protección para el edificio cuyos escombros estuvieron años, sino que acabó impidiendo acceso al mar y el tránsito por el litoral a todos los vecinos.
En realidad, este proyecto de Centro Comercial no era tal, sino que se trataba, y actualmente lo sigue siendo, de un edificio en el que la mayor parte de sus apartamentos son viviendas de lujo actualmente vendidas en su mayor parte a extranjeros.
Además se construyó una planta más sobre el proyecto presentado, y todo ello sin cumplir la Ley de Costas que impide edificar residencias en esta franja del Litoral.
Los vecinos hemos presentado numerosas quejas no solo por el atropello urbanístico, sino porque también interrumpió el acceso a una punta costera donde nuestros niños jugaban en los charcos y muchos de nosotros íbamos a pescar.
Lo único que conseguimos es que la Demarcación de Costas autorizara una pequeña escalera portátil para acceder al mar, ya que teníamos que pasar por una tortuosa vereda al estar herméticamente cerrado el paso por un muro que defiende del mar el edificio.
El supuesto "Centro", que permaneció un tiempo precintado por incumplir manifiestamente la Ley, fue legalizado.
La Asociación de Vecinos ante tal injusticia y el constante silencio de las Autoridades no ha tenido más remedio que llevar este asunto a los Tribunales encomendándoselo a la Letrada, Sra. Palliser.
El Informe del Perito Judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia es contundente y advierte que el edificio invade totalmente la servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Por ello queremos salir a la opinión pública y manifestar que deseamos que las Autoridades apliquen con el mismo rigor y contundencia la Ley de Costas contra este tipo de inversiones especulativas que infringen la Ley, dado que la misma es igual para todos y parece ser que nuestras Autoridades no tienen la misma vara de medir y son mucho más condescendientes con este tipo de construcciones que verdaderamente constituyen un atentado al medio ambiente y a nuestro modo de vida.
Asociación de vecinos de Playa Paraíso
* Canarias 24H - 27.10.2008
Foto: Adeje, urbanismo insostenible - canarias.indymedia.org
M-30: 18 meses después, un pozo sin fondo
REBELIÓN/Madrid* : Los ciudadanos madrileños tendrán que pagar 864.000 euros al día, hasta 2040, por una obra que no ha resuelto ningún problema estructural relacionado con la movilidad, la contaminación atmosférica o la articulación urbana de la ciudad. Gallardón intenta aprovechar la confusión de la crisis general para evadir responsabilidades.
La Plataforma M-30 No Más Coches y el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, a las que pertenece Ecologistas en Acción, denuncian que a pesar de los reiterados intentos del Ayuntamiento para ocultar la verdadera magnitud del coste de la ampliación de la M-30 y de la deliberada desinformación a la que nos ha venido sometiendo al respecto desde que se iniciaron las obras, poco a poco los ciudadanos vamos conociendo la verdad y el verdadero alcance de la hipoteca económica y social que nos va a suponer durante más de treinta años a todos los madrileños.
Diez mil cuatrocientos millones
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la vía del 26 de marzo de 2007 – y que sólo hemos podido conocer más de un año después -, “el coste final de la M-30 será de diez mil cuatrocientos millones de euros”. En este documento, la Comisión desmiente rotundamente todas las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando el alcalde y su equipo, quienes, incluso con posterioridad al mismo, han seguido minimizando la importancia de la deuda contraída con las compañías constructoras y los bancos, llegando a falsear descaradamente las informaciones públicas sobre las cifras comprometidas (nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros).
El acta de la Comisión avala las previsiones que desde el primer momento formulamos en la Plataforma M-30 No Más Coches, que siempre ciframos el coste total por encima de los 10.000 millones, mientras que un chequeo pormenorizado del estado de la autovía avala la pertinencia y seriedad de nuestras denuncias sobre el despropósito de esta obra faraónica.
Atascos y contaminación en aumento
Un año y medio después de su inauguración, se puede comprobar que la ampliación de la M-30 no ha resuelto ningún problema estructural de movilidad en Madrid (tanto en la ciudad como en la propia autovía persisten –con tendencia al alza– los mismos atascos en hora punta que en 2004), mientras la contaminación atmosférica se mantiene un mes tras otro superando los límites legales.
Por su parte, los túneles presentan deficiencias que pudieran resultar gravemente peligrosas (contaminación muy elevada, ventilación insuficiente, inundaciones periódicas, señalizaciones confusas, etc.), mientras que el proyecto “Madrid Río” está estancado y los terrenos “recuperados” en superficie se han convertido en un erial inhóspito e insalubre.
La madre de todas las deudas
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de “el fuerte incremento de la deuda en el periodo 2003-2007” por causa de la ampliación de la M-30, advirtiendo que existe “un 30% de posibilidades” de que la solvencia ahora calificada, y la nota que le otorga la agencia, se vean rebajadas aún más “en los próximos dos años”.
La crisis general ha destapado con mayor antelación de la que seguramente preveían los gestores municipales la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que tendremos que pechar durante los próximos 35 años. En estas circunstancias, al Sr. Gallardón no se le ocurre otra cosa que intentar eludir sus responsabilidades, como pésimo gestor que es, culpando al gobierno central del déficit municipal y ordenar una subida generalizada de los impuestos.
Falta de fiabilidad y transparencia municipales
Una conclusión que, en cualquier caso, debiéramos extraer de todo lo anterior es la cada vez más ineludible necesidad de saber la verdad completa sobre todos los aspectos económico-financieros de la M-30, así como sobre su seguridad, lo que exige ordenar sin demora que se hagan las auditorías necesarias bajo los criterios de máxima publicidad y transparencia, contando con la supervisión directa de todos los grupos municipales y huyendo de los informes conocidos hasta el momento los cuales, en tanto que han sido realizados a petición de parte interesada, carecen de la necesaria fiabilidad.
Se trata de que, si ya es imposible eludir la deuda de la M-30, al menos se eviten más engaños a la ciudadanía y de que, si al final las deudas municipales nos van a ahogar a todos, como mínimo sepamos por qué.
* Rebelión - 28.10.2008
