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DIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha abierto dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación, para las que se ha llamado a declarar al alcalde, Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda y portavoz del PP, José Miguel Rodríguez; los ex concejales de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, respectivamente; y el ex secretario municipal, César Saiz, entre otros.
Estas nuevas causas se suman a otras abiertas en el mismo Juzgado, y aunque se desconoce a qué asuntos concretos se refieren, todo apunta a que puedan estar relacionados con los distintos reparos de legalidad dictados por el interventor municipal ante distintas contrataciones irregulares realizadas desde el Ayuntamiento.
De hecho, recientemente se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado en el que se veían "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación, durante la pasada legislatura, de las obras de mejora del túnel de Mioño y de la instalación de un ascensor en el mercado municipal. En el citado auto, ya se aludía a la existencia de más reparos similares a los que habían dado pie a este proceso.
Por el momento, el próximo jueves, 16 de octubre, se ha llamado a declarar en calidad de imputados, asistidos por sus abogados, a Concepción Carranza, concejala de Educación por el PP; José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda y portavoz del PP; Marta González, ex concejal del PRC y César Saiz, que fuera secretario municipal.
Al día siguiente, y por los mismos hechos, han sido llamados a declarar el ex concejal de Industria por el PRC, Jaime Díez Muro; el ex concejal de Obras por IU Salvador Hierro y, finalmente, el alcalde, Fernando Muguruza.
En otra causa distinta, pero también por un presunto delito de prevaricación, el Juzgado ha llamado a declarar para el 29 de octubre como imputados al ex secretario César Saiz; a los ediles José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza; y al ex concejal de Industria, Jaime Díez Muro.
Por su parte, en esta segunda causa, el 31 de octubre están llamados a declarar el ex concejal de IU Santiago Vélez, el edil de IU Salvador Hierro y, nuevamente, el regidor castreño, Fernando Muguruza.
Es decir, por ambas causas están imputados, en cada una de ellas, siete personas, todas integrantes de la Junta de Gobierno local durante la pasada legislatura, además del secretario.
Seis de ellas (el secretario, el alcalde, el portavoz del PP, los entonces responsables de Obras y de Industria y la concejala Concepción Carranza), repiten en las dos causas. Por el contrario, en la primera aparece la ex concejal regionalista Marta González, y en la segunda, el ex edil de IU Santiago Vélez.
La pasada legislatura, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, gobernó un equipo tripartito con el regionalista Fernando Muguruza al frente, en coalición con el Partido Popular, cuyo portavoz, José Miguel Rodríguez, ocupa la cartera de Hacienda; y con IU, con su portavoz Salvador Hierro al frente de Obras. La concejalía de Industria la ocupaba Jaime Díez Muro, del PRC.
Sin embargo, tras las elecciones municipales de 2007, Muguruza fue expulsado del PRC, siendo investido de nuevo alcalde, con el apoyo del PP, que sigue en responsabilidades de Gobierno, y de los ex socialistas de Acuerdo por Castro (AxC), en un acuerdo del que ya no formó parte Izquierda Unida, ahora en la oposición.
* El Diario Montañés - E.P. - 02.10.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Castro Urdiales: Abiertas dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación
El fiscal abre diligencias penales por la falta de alcantarillado en las urbanizaciones de Llíria
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LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado diligencias penales contra el Ayuntamiento de Llíria después de que el Consejo de Urbanizaciones de este municipio, una asociación formada por varios representantes vecinales, denunciase el pasado mes de julio la carencia de alcantarillados en sus núcleos de viviendas y la existencia por ello de fosas sépticas que contaminan los acuíferos del término.
El pasado 18 de septiembre, la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert informó a los denunciantes que había incoado diligencias a este respecto y designado ya un fiscal instructor de la investigación. Precisamente, los vecinos que han interpuesto la denuncia -y que también han puesto el caso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Conselleria de Medio Ambiente- son propietarios de chalés con fosas sépticas en zonas sin urbanizar.
Precisamente, el consistorio pretende que sean los propietarios de las viviendas quien asuman la urbanización de los núcleos, lo que incluiría la construcción del alcantarillado hasta conectarlo con los colectores principales, mientras que los dueños de las casas quieren que esta labor la asuma el consistorio porque es un servicio básico. Según señala la asociación vecinal en la denuncia que remitió en julio y que ahora investiga la fiscalía, la red subterránea de alcantarillado "es una competencia directa del municipio y es su obligación, según establece el articulo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, prestar este servicio a sus vecinos, ya que por el contrario se estaría vulnerando la legislación medioambiental por la contaminación directa de los acuíferos que están provocando las miles de fosas sépticas de los diferentes núcleos urbanos que existen en el termino municipal de Llíria".
El Consejo de Urbanizaciones asegura que la alcaldía y la concejalía de Urbanismo no han hecho nada para solucionar el problema de las filtraciones desde las fosas a los acuíferos "bloqueando los proyectos que las diferentes asociaciones de vecinos han presentado hace varios años en el ayuntamiento y en los cuales se contempla la conexión mediante alcantarillado a la red general de colectores".
Según investiga el fiscal, al no proveer a los vecinos del servicio de alcantarillado, el ayuntamiento podría estar vulnerando la el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Urbanística Valenciana y la legislación europea sobre Medio Ambiente.
Fuentes del equipo de gobierno del PP recordaron que la Fiscalía únicamente ha iniciado una investigación y que ésta puede ir en contra del consistorio "pero también de las personas físicas que construyeron sus chalés de forma alegal y que no tienen el alcantarillado y sí una fosa séptica a pesar de que el ayuntamiento ha intentado darles una solución a esta situación".
* Levante-EMV - Voro Contreras - 02 de octubre de 2008
Foto: colector. Los colectores se están instalando pero no las alcantarillas.
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23 grupos llevan a Arrigorriaga a la Fiscalía por prevaricación en un plan urbanístico
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ELPAÍS/Bilbao* : Una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga presentó ayer ante la Fiscalía de Bilbao sendas denuncias por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrigorriaga, en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990.
El solar, de 18,5 hectáreas, se mantiene hoy como suelo no urbanizable y los denunciantes señalan que en la operación de recalificación estuvieron implicados familiares de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV).
El caso se remonta a 1990, cuando el pleno municipal de Arrigorriaga aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión para desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la alcaldesa, según el escrito presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó el cambio de uso por tres ocasiones (en 1990, 1993 y 1996), ante lo que la compañía Desarrollo y Gestión denunció al Ayuntamiento en los tribunales. El Tribunal Superior le dio parcialmente la razón en 2000, y, tras los sucesivos recursos, que llegaron al Supremo, se obligó al consistorio a pagar más de 6 millones de euros por incumplir el convenio.
Los denunciantes señalan que esa valoración económica era "totalmente desproporcionada" -el fallo sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio- y que se basó sólo en la petición de Desarrollo y Gestión. "El Ayuntamiento no ejerció su derecho de tasación".
En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, y la denuncia señala que antes de esta fecha se empezaron a comprar terrenos en la zona, "sin informar del objetivo final de los mismos y, en ocasiones, diciendo que querían poner ovejas". Con la nueva Ley de Suelo el Ayuntamiento tiene que disponer de un informe del Departamento de Medio Ambiente, que en marzo calificó el impacto de "severo" y, tras recordar que una parte de la zona tiene una protección especial, censuró la falta de medidas para preservar el aire y el ruido. El Ayuntamiento aprobó inicialmente en julio el convenio con Eroski, pero aún debe enviar el informe de impacto ambiental al Gobierno.
La denuncia incluye otro acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compran a la empresa Desarrollo y Gestión terrenos "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística" por 2,7 millones. Agrega que es un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones. El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, respondió que estudia querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportan.
18 años de intentos
- El Ayuntamiento de Arrigorriaga porfía desde 1990 por la recalificación de 18,5 hectáreas en el paraje de Bentako-Erreka, pero la Diputación de Vizcaya lo ha desestimado por tres veces al tratarse de suelo no urbanizable.
- Ahora, con la nueva ley de Suelo, y al ser un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el aval foral. El consistorio ha aprobado un convenio con Eroski para que instale una plataforma logística, pero el suelo aún no se ha recalificado.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 02/10/2008
Foto: Arrigorriaga (Vizcaya) - arrigorriaga.org
Vecinos no quieren más pisos junto al Nou Camp y piden una consulta popular
LAVANGUARDIA/Barcelona* : La coordinadora de vecinos de Les Corts comunicó a los responsables municipales y de la directiva del FC. Barcelona, que no aceptará la recalificación de los terrenos del club para construir pisos - con los que el Barça quiere financiar la reforma del Nou Camp - y piden una consulta popular sobre el plan.
Aunque la concejal del distrito, Montserrat Sánchez, tras un reunión dijo hoy que había notado un cambio de actitud de los vecinos, sobre la construcción de pisos en los terrenos del Mini Estadi - siempre y cuando se aumenten los equipamientos para el distrito - las mayor parte de los portavoces vecinales no indicaban lo mismo.
La presidenta de la Coordinadora de asociaciones de vecinos y entidades, Montse Prats, ha sido rotunda: "no queremos ni un solo piso, pedimos los equipamientos que el distrito necesita", afirmó.
El club de futbol proyecta construir cerca de 1.600 viviendas en esta zona, así como diversos establecimientos hoteleros, con los que quiere financiar la reforma del Nou Camp, proyectada por Norman Foster, que costará unos 250 millones de euros.
Por parte del club, asistió a la reunión el vicepresidente de Patrimonio, Joan Franquesa, y dijo que algunos vecinos parecían dispuestos a aceptar la construcción de pisos si conllevaba más equipamientos para Les Corts.
El portavoz de la coordinadora vecinal, Alfonso Huescar, ha dejado un pequeño resquicio a la negociación sobre la viabilidad de que se construya "algún piso", aunque siempre vinculado al aumento de los equipamientos.
Huescar, "seguro de representar el sentir mayoritario de los vecinos", ha adelantado a Efe que planteará a los abogados de la coordinadora el poder reclamar al consistorio un referendo en el distrito sobre este proyecto urbanístico, al igual que el que se baraja en el conjunto de la ciudad para la reforma de la Avenida Diagonal.
"No nos da miedo ninguna consulta, porque los vecinos están en contra", ha añadido Andreu Gripè, representante de la asociación vecinal Avenida de Chile, quien apuntado que "cuando el Real Madrid hizo una operación similar, aquí se dijo que era un pelotazo inmobiliario, y esto lo es también, sin duda, porque generará una plusvalías desmesuradísimas".
Antes de la reunión, el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, aseguró que la operación "nunca" supondrá un "pelotazo", y que las plusvalías que se obtengan deberán invertirse en las instalaciones deportivas y no servirán para "hacer fichajes".
* La Vanguardia - EFE - 1.10.2008
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es
Demolición exprés en la Cañada
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ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid derribó ayer ocho casas del Sector IV de la Cañada Real sin una orden judicial, la autorización indispensable para desalojar y demoler una vivienda. Un portavoz del Ayuntamiento reconoció la ausencia de la orden pero explicó que ésta no era necesaria porque las casas estaban inhabitadas.
"Algunas estaban sin terminar de construir. Tenemos la seguridad de que allí no había nadie", señaló el mismo portavoz.
Efectivamente, a la hora en la que comenzó el derribo, pocos minutos antes de las nueve de la mañana, no había nadie en las casas. Todas ellas pertenecen a marroquíes y en ese momento se encontraban rezando en la mezquita con motivo del último día del Ramadán. Incluso uno de los propietarios estaba en Marruecos y aún no se ha enterado de que su casa ha sido demolida.
Los vecinos consideran que la actuación del Ayuntamiento es ilegal y que podrán acreditar que vivían en esas casas en los próximos días. "Tenemos la seguridad de que al menos cinco personas estaban empadronadas en algunas de las viviendas que se han derribado y lo vamos a demostrar", comentó ayer Lidia, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV.
Sobre las nueve de la mañana, decenas de policías antidisturbios y agentes de la Policía Municipal llegaron a la parte madrileña de la vía pecuaria, en Vicálvaro, y cortaron los accesos a las calles. Cuatro máquinas excavadoras se emplearon en derribar las viviendas hasta las 12.30. Los policías permitieron entonces la entrada de los vecinos a lo que quedaba de sus casas. Esta vez no hubo incidentes como los que se produjeron hace un año en el Sector V. En aquella ocasión, los desalojos terminaron con 27 heridos durante los enfrentamientos a pedradas entre la policía y los habitantes de la Cañada Real. Ayer no hubo piedras. Sólo algún insulto a los policías por haber montado las barricadas que no dejaron a los vecinos acceder a las calles y cierto enfado por haber derribado en el último día de fiesta del Ramadán.
Ayad, un marroquí de 52 años que vivía en una de las casas derribadas, se lamentaba ayer de lo ocurrido: "No nos han dejado entrar", comentó poco después de que excavadoras y policías hubiesen dejado la Cañada. "¿Adónde vamos a ir ahora? Puedo irme tres días con alguien, pero no más. ¿Qué vamos a hacer?".
El asunto de la orden judicial es lo que tiene a los vecinos preocupados. Los derribos de algunas de las viviendas de la Cañada Real Galiana se han hecho siempre según el auto de un juez. Los vecinos sienten ahora miedo por la demostración de poder del Ayuntamiento. Éste se ha propuesto acabar con este asentamiento ilegal, el más grande de España, con 2.000 casas y unos 40.000 habitantes. Los problemas causados por las lluvias hace dos semanas en este poblado, con zonas anegadas por completo, y el peligro de riadas, son las razones que esgrime para defender el desalojo del poblado. El Consistorio avisa: "Lógicamente, las más fáciles de derribar serán aquellas en las que no vive nadie".
"¿Y cómo saben ellos que no vivo aquí? Tengo aquí mis cosas, mis muebles. He vivido aquí con mis hijos. ¿Dónde dice que yo no resido aquí?", se preguntaba ayer Ayad.
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 02/10/2008
Foto: Derribo en la Cañada Real- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
