GAS* : En esta segunda noticia relacionada con las infraestructuras que, por doquier, se multiplican en el suelo andaluz, trataremos nuevas agresiones y proyectos que en diferentes provincias amenazan los ecosistemas andaluces. Tanto en las provincias de Cádiz, Sevilla o Huelva, los kilómetros de vías se multiplican por doquier, causando estragos en los parajes naturales y poblaciones que atraviesan.
Se suceden proyectos de dichas infraestructuras que pasan desapercibidos para la población y que las administraciones intentan ocultar a los colectivos ecologistas, debido a su claro impacto en el medio.
En Sevilla, la localidad donde se están produciendo más movimientos es en Alcalá de Guadaíra, al sur de la capital hispalense:
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha licitado las obras de duplicación de la carretera A-392 (Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas), con un presupuesto de 37,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. La duplicación constará de 6 rotondas y dos carriles para cada sentido, que irán separadas por una jardinera. El proyecto, que incluye un carril-bici en todo el recorrido, contará con un enlace a la autovía A-376 (dirección Utrera), y diversos pasos elevados para el tránsito peatonal y las vías pecuarias Cordel de Pelay Correa y Vereda del Rayo.
Otra obra más polémica es la carretera conocida como Variante Este, en el mismo municipio de Alcalá de Guadaira, está siendo construida sin la Declaración de Impacto Ambiental, con un estudio de tráfico erróneo y sin el proyecto aprobado por Obras Públicas, situación de la que era conocedora la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Esta construcción, que se lleva dando durante más de un año por el Ayuntamiento de Alcalá y que ya ha finalizado algunas partes, unirá la carretera que va de Dos Hermanas a Alcalá (A-392) a la altura de La Hacienda La Boticaria y la que vía que conduce a Morón desde Alcalá, en el Junco.
Esta obra uniría estos dos puntos atravesando el río Guadaíra en el escarpe de los Alcores, junto a los molinos de Marchenilla, para lo cual se tendría que construir un puente.
La ilegalidad en la que está la obra se une al fallo en el estudio de tráfico. Este estudio debe asegurar que la carretera es factible y que los ciudadanos ahorrarán con su construcción en gasolina, aceite, etc. El estudio recoge que esta variante acogerá el tráfico que circula por la A-392, aunque olvida que la SE-40, ya en construcción y que será la principal alternativa, ya que es mucho más conveniente para la unión de las zonas circundantes y afectadas. Además, tiene un fallo en el cálculo de lo que se ahorraría un coche utilizando la variante. Relamente, aunque no se construyera la SE-40 es más económico no hacer la variante, pero, sin embargo sí es ventajoso para las urbanizaciones de la zona sur de Alcalá, alrededor de la zona conocida como la Pirotecnia y la Boticaria.
Además, este proyecto ya en construcción incumple diversos aspectos del PGOU de Alcalá de Guadaira, lo que hace su ilegalidad más patente. Por último, todo esto, unido a la riqueza ecológica que atraviesa, hace que sea un impacto ambiental, paisajístico y social defendido y amparado por las administraciones y sólo denunciado por grupos ecologistas de la localidad afectada.
Ambas obras son defendidas por la necesidad de contar con más infraestructuras para la zona, aunque actúan como imanes de coches y vehículos, ya que crean espacios donde el transporte privad goza de gran ventaja y predominio sobre el público, que queda relegado a una posición anecdótica, al contrario de lo que quieren hacer ver con la política del desarrollo sostenible y el respeto por la naturaleza.
Por su parte, en las provincias de Cádiz y Huelva, tras más de diez años en el silencio, de nuevo la Junta de Andalucía se saca de la manga un viejo proyecto:
La Junta de Andalucía está promoviendo la conexión por autovía de Cádiz y Huelva, lo que ha levantado las primeras protestas por parte de grupos ecologistas. La recién nombrada consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, expresó el lunes su apoyo a la conexión por autovía entre las provincias de Huelva y Cádiz, pero dejó claro que «se hará respetando escrupulosamente todo lo que es el espacio tanto del Parque Nacional de Doñana como de todo el entorno». Lo defendía asegurando que la conexión entre Huelva y Cádiz, supondrá más seguridad, alta capacidad y más cercanía entre las dos provincias, aunque no pretende perjudicar en ningún extremo ni el entorno de Doñana ni Doñana en sí.
Sin embargo, Huelva y Cádiz ya están bien conectados por carretera con la A-92 y la futura S-40, por lo que sólo haría falta una conexión marítima, siendo esta una movilidad alternativa y sostenible, al contrario que este tipo de políticas, desarrollistas y no sostenibles. De hecho, en 1992 una comisión de expertos científicos se reunió para estudiar este proyecto y determinó que no era viable, lo que, junto con las movilizaciones que se produjeron en contra de dicho proyecto, hizo que Chavés diera marcha atrás.
Siguiendo en Andalucía Occidental, y a caballo entre Cádiz y Sevilla, las alegaciones al Proyecto de la Autovía Sur de ANEA-Ecologistas en Acción:
Ya se conoce el proyecto de la Autovía del Sur A-4 de Madrid a Cádiz, el Tramo Los Palacios y Villafranca (Sevilla)-Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo promotor es el Ministerio de Fomento. La construcción de esta autovía se da en las proximidades de humedales de gran interés natural y paisajístico, y catalogados con alguna figura de protección e incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales, lo que deja patente su importancia. En este proyecto, se está apostando desde las administraciones la aprobación de la alternativa 1.b, lo que causaría la destrucción de esta riqueza natural y la flora y fauna asociadas a ella, debido a su poco coste económico con respecto a otras posibilidades.
Estos espacios tienen un elevado interés natural, ya que, en gran parte de ellos, se desarrolla parte o todo el ciclo vital de fauna silvestre de gran interés incluidas en diversos regímenes de protección con estatus de gran importancia. Los humedales, en general, constituyen un tipo de ecosistemas de muy elevado valor ambiental, económico, cultural y social. Serían el Humedal del Pantano, importante para la comarca y Andalucía dada su proximidad al Paraje Natural del Brazo del Este y al Parque de Doñaña, y la Laguna de “Diego Puerta o Mejorada” que alberga la mayor colonia comunal de garcilla bueyera de España y acoge uno de los mayores dormideros comunales, los espacios más afectados.
Otros impactos son las importantes alteraciones socioeconómicas, pérdidas de propiedades rurales, urbanas, empleo y calidad de vida (ruido), que la construcción de la autovía puede suponer; además de los riesgos geológicos, la erosividad, fauna, paisaje y patrimonio arqueológico. También se caería en un delito ecológico al desaparecer los viñedos, setos y matorrales asociados a los mismos, el lugar de reproducción del alzacola, especie catalogada de gran interés europeo y catalogada en peligro de extinción.
De este proyecto, la alternativa del Corredor 2 AP-4 es la más aceptable según asociaciones como Ecologistas en Acción, ya que supone la sustitución del trazado actual por la autovía, no la construcción aparte de otra autovía, como se propone. Esta construcción aparte tendría un impacto como barrera física, que interrumpe el paso por los caminos históricos que cruzan el territorio, además de impedir el paso de la fauna silvestre y ahogar aún más al núcleo de Los Palacios y Villafranca, fragmentar su territorio y dificultar la relación del núcleo urbano con su medio rural.
Por último, también en Málaga los colectivos ecologistan han denunciado un caso que ya se está llevando a cabo:
El Ayuntamiento de Málaga comenzó a construir una carretera en marzo, atravesando el monte con el consiguiente destrozo de árboles y del terreno, haciendo desaparecer el bosque que ocupa el espacio de Monte Victoria, Calvario y el Cerro de San Cristóbal. La obra en cuestión: conectar la Calle Amargura y la zona de Camino del Seminario, no aparece en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Precisamente por esto es un acto ilícito, ya que se trata de un bosque calificado en el documento del PGOU actualmente aprobado como “suelo no urbanizable” de especial interés por sus valores ambientales y paisajísticos. Y por si esto fuese poco, el recientemente aprobado avance inicial del Plan Especial de Gibralfaro, lo contempla como un corredor biológico que une Monte Victoria y Monte Gibralfaro buscando el efecto de transmisión de riqueza biológica desde uno al otro.
* Grupo de Acción Social - GAS - 26/04/2008
Foto: Autopistas - arqhys.com
Las infraestructuras terrestres están destruyendo el territorio andaluz (II)
Indignación por la actitud violenta de un grupo hacia 'Banderas Negras' en el Algarrobico
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TELEPRENSA/Almería* : La Asociación Amigos de la Alcazaba quiere manifestar su indignación por la tensa situación vivida, y con riesgo de la integridad física de los participantes, esta mañana, domingo, en El Algarrobico, donde la primera parada de la actividad “Banderas Negras” ha intentado ser saboteada por un pequeño grupo de unas 100 personas, presuntamente vecinos de Carboneras...
... pero sin identificación de ningún colectivo, con amenazas verbales, impidiendo el paso de la manifestación, rompiendo algunas banderas y han llegado incluso a algunas pequeñas agresiones físicas.
“Se han vivido momentos de tensión, y no ha llegado la situación a mayores porque no hemos querido responder”, afirma Francisco Verdegay, presidente de la Asociación Amigos de la Alcazaba.
La Asociación Amigos de la Alcazaba critica que esta situación se podría haber evitado si se hubieran puesto los medios adecuados por parte de las fuerzas de seguridad, porque la presencia de la Guardia Civil ha sido mínima, pese a que estaban avisados por escrito.
“Banderas Negras” se celebra por segundo año como actividad lúdica - festiva - reivindicativa. “Banderas Negras” en esta ocasión se ha centrado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y a través de la música, teatro, historia y poesía se reivindica durante toda la jornada de hoy, 27 de abril, la defensa de los valores del patrimonio natural y cultural del parque y se informa del deterioro de algunos de estos enclaves. En esta ocasión colaboran la asociación de vecinos “La Traíña” y Ecologistas en Acción.
La Asociación Amigos de la Alcazaba lamenta, sobre el incidente de El Algarrobico, que mientras personas particulares, más de 500 participantes en las “Banderas Negras”, dedican su tiempo y dinero a defender el patrimonio natural y cultural de Almería, es decir, el bien general, las autoridades no hayan sido capaces de prevenir y evitar esta situación. Porque, como explica Francisco Verdegay, “hemos tenido que solicitar permisos y autorizaciones a la Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es decir, es una actividad totalmente legal y autorizada. Sin embargo, han permitido el intento de boicot de una manifestación ilegal de un centenar de personas que nos esperaban y que podrían hacer sido disueltos antes de nuestra llegada”.
Cerca de 500 personas han participado en esta actividad de las “Banderas Negras” que con música y las banderas han llegado a El Algarrobico. Tras encontrase con la actitud violenta de los presuntos vecinos y para evitar males mayores, se ha decidido leer un manifiesto a favor de la protección del patrimonio natural y cultural del parque Cabo de Gata-Níjar, y reclamar que no se produzcan atropellos como el hotel del Algarrobico, al que se ha gritado “demolición”. No se ha celebrado la “Performance” prevista también en el acto, para evitar males mayores.
“Banderas Negras” ha visitado “El Algarrobico”, el Castillo de Los Alumbres y sigue ahora en el Cortijo del Fraile, como ejemplos de patrimonio en peligro -en el caso de El Algarrobico, peligro de deterioro del patrimonio natural de la costa-. Y también ha tenido una faceta divulgativa con parada en Mesa Roldán, donde se ha informado de la función de los faros, y en el Castillo de Los Escullos, donde se ha disfrutado de té con pastas.
* Teleprensa - 28 de Abril del 2008
Foto: Momentos de tensión en Algarrobico - teleprensa.net
Murcia: Condenan a penas de cárcel a más de cien dueños de casas ilegales
LAOPINIÓN* : Los jueces de lo Penal han condenado a penas de prisión, en los últimos cinco años, a más de un centenar de vecinos de Murcia que se habían construido casas y naves industriales en suelo no urbanizable y que fueron denunciados ante la fiscalía por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, departamento que controla en el municipio la edificación ilegal de inmuebles.
Según los datos de que dispone la concejalía de Urbanismo, los jueces han condenado a estos infractores a penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y un año de cárcel con la última reforma del Código Penal, que establece que la construcción ilegal en suelo no urbanizable está castigada con penas de prisión que pueden llegar a los dos años.
El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, explicó que estos vecinos que han promovido la edificación ilegal y que han sido condenados no han tenido que entrar en al cárcel, debido a que las penas impuestas no superaban los dos años. Además de las condenas de prisión, los juzgados que han llevado sus casos les han impuesto una multa económica y, en algunos casos ha decretado la demolición de la edificación, órdenes que han sido comunicadas al ayuntamiento de Murcia.
En el año 2001 este departamento comenzó a aplicar la disposición transitoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establecía una amnistía urbanística para las construcciones realizadas en suelo no urbanizable, que podían legalizarse presentando durante los próximo cinco años, a partir del 2001, una serie de documentación. Con este proceso de legalización, que duró cinco años, salieron de la clandestinidad unas 1.200 edificaciones, de las siete mil edificaciones ilegales estimadas.
Pasada la moratoria de los cinco años (expiró en el 2006), el Ayuntamiento dio un nuevo plazo y ahora ha vuelto a dar un ultimátum a los infractores. Hará una campaña para comunicarles que en febrero de 2009 si no han regularizado sus construcciones comenzará a demolerlas. El concejal de Urbanismo indicó que, a pesar de que el Ayuntamiento descubre cada año una media de trescientas edificaciones clandestinas, "en la actualidad no tenemos casas y naves ilegales, porque todas esas construcciones han sido localizadas por los servicios de inspecciones cuando estaban en cimientos o vallándose el solar y no han seguido adelante". Berberena añadió que "estamos haciendo demoliciones a diario de estructuras y de vallas y no dejamos que las obras sigan adelante".
* La Opinión de Murcia - 27 de abril de 2008
Foto: Viviendas clandestinas 'tapadas' por edificios - laopiniondemurcia.es
La crisis destapa fiascos urbanísticos
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ELPAÍS/Barcelona* : Todavía no han aparecido grandes Seseñas en Cataluña. Pero la crisis inmobiliaria, que las propias empresas admiten que azota más fuerte de lo previsto, ha convertido en fiascos proyectos para los que sus promotores auguraban grandes éxitos. En pleno boom, eso sí.
Las ventas se han desplomado más del 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta caída, junto a la necesidad de las empresas de echar el freno a su actividad, ha convertido en un auténtico páramo a barrios y urbanizaciones.
Roda de Barà es una localidad pequeña. Apenas tiene 6.300 habitantes, aunque en verano se multiplican al menos por cinco. En el núcleo antiguo, en el pueblo, hay multitud de pisos con el cartel de se vende. La oferta inmobiliaria abunda. Pero eso no es nada con lo que tiene que llegar. La N-340 separa el casco urbano de lo que los ecologistas de la zona, agrupados en Alternativa Baix Gaià, consideran "un verdadero monstruo". Se refieren al Francaset, una urbanización que tendrá más de 1.000 viviendas y que supondrá un crecimiento de población de entre 4.000 y 5.000 habitantes, según los cálculos del Ayuntamiento.
La entrada a la urbanización, una rotonda en la N-340, es casi desértica. Pero también lo es el nuevo desarrollo en sí. En la calle principal, donde todavía se están haciendo los acabados de algunas casas, hay numerosos carteles de agencias y promotores inmobiliarios. "Es cierto, no vive demasiada gente, las ventas están paradas y eso hace que parezca un pueblo fantasma. Además, las obras van más lentas. Espero que al menos las terminen", asiente la primera teniente de alcalde de Roda de Barà, Maite Huerta (PSC).
A lo largo de la zona hay varias zonas urbanizadas (con calles asfaltadas, aceras y farolas), pero sin edificios. Huerta, que en septiembre será alcaldesa después de que el PP y el PSC presentaran una moción de censura contra el anterior gobierno local de CiU, afirma que es un proyecto "heredado". ¿En qué se parece a Seseña? "Está mal planificada. No se tuvieron en cuenta los servicios, ni tiendas donde ir a comprar una barra de pan, salvo un supermercado. Estaba mal comunicada. Había dos líneas de farolas en la carretera que funcionaban a pesar de que allí no había casi nada, por lo que hemos quitado una...", lamenta. "Es cuestión de ir remontando e incorporar servicios", se resigna Huerta.
Una de las agencias inmobiliarias que comercializan los pisos de obra nueva es Finques Compte. Su propietario es el anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte (CiU). En la campaña para las últimas elecciones municipales el urbanismo fue una de las armas que usó la oposición. Denunció que el gobierno local estaba copado por un agente de la propiedad inmobiliaria (API), dos constructores, la propietaria de una empresa de excavaciones y otra de una firma de seguros. "Resulta al menos extraño que el alcalde vendiera los pisos. Siempre queda la duda de si ha habido algún tipo de privilegio", dice Huerta.
Compte quiere despejarla. Asegura que el proyecto ya venía "del mandato anterior" a su llegada, y dice claro que él siempre se ha dedicado a la intermediación inmobiliaria. "La oficina fue de mi padre, ahora es mía y mi hijo también se dedicará a la profesión", sostiene Compte con rotundidad. "Soy API de toda la vida", remacha. Además, asegura que sus familiares administraron y se ocuparon de la agencia mientras él ejerció de alcalde.El anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte, sí admite la crisis que atraviesa el mercado de segunda residencia. "Dicen que las ventas han caído el 40% en Cataluña. Aquí mucho más, porque hay mucha segunda residencia. Con el parón inmobiliario han quedado bastante paradas [las ventas del Francaset]". A las cinco de la tarde, la urbanización está completamente dormida. "La calle de ahí está acabada, pero hay muy poca gente", dice el trabajador de una obra. Donde él trabaja, en la calle de Dolores Ibarruri, no hay nadie.
No sólo la segunda residencia sufre el parón. La vivienda habitual, también. Varias fuentes consultadas señalan zonas concretas: los nuevos desarrollos de Sant Cugat, que supondrán la salida al mercado de más de 4.000 viviendas en los próximos años. De momento, el gremio de promotores y constructores del Vallès asegura que en esta localidad hay cerca de 2.000 pisos en existencia; es decir, que no se pueden vender.
En los nuevos barrios de Sant Cugat las comunicaciones parece que deberían ser más fáciles que en Roda de Barà, puesto que hay proyectada una estación de tren. El nuevo barrio de La Guinardera ya ha tomado forma, pero es inóspito. Parece un gran salón inmobiliario en un gran escenario de cartón piedra. No hay gente por la calle, ni tiendas, ni apenas equipamientos. Sólo grandes carteles de se vende o se alquila, anuncios enormes de ofertas inmobiliarias y casetas de promoción. Están las grandes empresas: Colonial, Osuna, Reyal Urbis...
Carme, que acaba de llegar al barrio, dice que la zona le gusta. "Es verdad, no hay apenas gente. En mi escalera viven familias, pero fuimos de los últimos que compramos sobre plano. El resto está vacío", asegura. Aun así, está ilusionada porque dice que "un día" el Ayuntamiento creará un centro cívico y una calle con tiendas. "¡Ah! Y ahí, en el edificio de Colonial, sí habrá tiendas. Una chica creo que quiere abrir una peluquería", recuerda. "Dentro de dos o tres años espero que haya más vecinos", remata.
En uno de los bloques ya terminados hay seis carteles de inversores que quieren desprenderse del piso que adquirieron para especular. "Nos hacen la competencia, porque algunos los vendimos en paquetes, con descuento, y ahora los despachan a un precio inferior al nuestro", afirma un promotor que pide no ser identificado. Esto explica que haya diferencias entre precios. Un piso de tres habitaciones, con los mismos metros cuadrados que otro, en la misma finca vale 440.000 euros en un caso y 380.000 euros, en otro.
Las inmobiliarias del barrio se vuelcan en el comprador. Inmobiliaria Osuna, por ejemplo, debe entregar un edificio en junio. Como muchos compradores potenciales están pendientes de vender su antiguo piso, deja que el cliente entre más tarde -y empiece a pagar entonces- y que se acoja a la figura del alquiler con opción a compra durante un tiempo. En otra promoción de viviendas, un comercial que está en una caseta admite que al cliente le echa para atrás la soledad del barrio. Y, añade, tampoco le resulta muy agradable enseñar piscinas comunitarias que no se pueden llenar por la sequía.
En Sant Cugat y Roda de Barà, las obras, al menos las de primera fase, han empezado, que ya es mucho. En Malgrat de Mar (Maresme), por ejemplo, hay terrenos urbanizados, con las calles asfaltadas, las farolas y las aceras. Pero no hay viviendas. En su lugar, en las manzanas donde deberían alzarse edificios, crece la mala hierba. "Es un paisaje un poco molesto, porque queda justo al lado del Pla de Grau [la zona de los campos]. Y llevan tiempo así", dice Maria Rosa, una vecina del municipio.
En este desarrollo, mucho más modesto que el de Sant Cugat, se pueden levantar 307 viviendas, explica una portavoz del Ayuntamiento. Este municipio turístico se acerca a los 18.000 habitantes, sobre todo por la llegada de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que primero tenían en la localidad su segunda residencia y luego decidieron quedarse. Ahora, en esta zona nueva sólo hay terminados dos inmuebles, uno de 28 pisos y otro de 38. Hay otras dos licencias pedidas, una para un chalet y otra para 10 viviendas adosadas. "Tienen un plazo de 10 años para construir. Si se hace antes, vamos mal. Pero si hace después, también", asegura la portavoz.
El caso es que, dada la crisis de ventas, la inmobiliaria que debía levantar los pisos ha renunciado a hacerlo. Fuentes del mercado que conocen la operación aseguran que la inmobiliaria ha renunciado a las casas y que ahora vende las parcelas, de unos 157 metros cuadrados, para que cada comprador se las construya él mismo. El panorama, el que arroja la crisis en otras tantas localidades: desolador.
Enojados por las ofertas
C. H. compró con su pareja en febrero de 2007 un piso de la enorme promoción de Vilamarina que Sacresa está levantando en Viladecans. Se hicieron con uno de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, plaza de garaje y trastero por 480.000 euros. Llevaron el piso donde estaban a una agencia de la propiedad, que les garantizaba que si cuando llegara octubre de 2008 no lo habían vendido, se lo quedaban. Todo arreglado, podían asumir el pago del piso.
"Hace un mes nos llamaron de la agencia para decirnos que no podrían hacerse cargo de ese contrato tal como estaban las cosas, porque los precios habían bajado mucho y los bancos no concedían hipotecas", cuenta C. H. El abogado les aconsejó no ir a juicio, puesto que podían perderlo. Acudieron a Sacresa para ver si podían "ayudar". "Cuando entramos en la oficina de ventas nos encontramos un cartel muy llamativo en el que un piso igual que el nuestro se anuncia por 90.000 euros más barato y otros salen incluso por 100.000 euros menos que los que vendieron por nuestras fechas", explica.
Sacresa admite los descuentos, pero matiza. "Era una promoción como las que hacen todas las promotoras para vender ocho pisos que quedaban de la primera fase", explica un portavoz. "Algunas compraron hace unos meses, cuando los precios estaban en máximos, pero ahora todas las empresas tratan de vender con ofertas. Y nosotros hemos hecho una coincidiendo con el día de Sant Jordi", insiste.
Pero C. H. no está sola. Se ha puesto en contacto con otros vecinos de la promoción igual de enfadados por las rebajas. "Ahora comentan que están estudiando hacer una compensación a los primeros compradores, que somos unos 120", asegura. La compañía afirma que ha mandado una carta a sus clientes para "buscar soluciones" en el caso de que el comprador tenga dificultades, por ejemplo, para venderse su piso. "Conclusión: teníamos pensado solicitar una hipoteca de 240.000 euros y si tenemos que bajar el precio de nuestro piso tenemos que pedir 300.000. No nos salen los números", lamenta C. H.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 28/04/2008
Foto: Roda de Barà (Tarragona) - mma.es
El alcalde de O Pino logró en seis horas seis informes para el polígono
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ELPAÍS/Santiago* : La cronología de las decisiones adoptadas por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, el 21 de junio de 2007 servirá al juzgado de Arzúa para determinar si el regidor del PP infringió la ley o, simplemente, aceleró los trámites para agilizar el polígono industrial que la inmobiliaria Fadesa promueve en este ayuntamiento cercano a Santiago.
Dando por buena la versión del regidor, a primera hora de ese jueves -el mismo día en que expiraba el plazo de exposición al público del proyecto de urbanización-, el servicio de Correos entregó en el registro municipal tres alegaciones distintas de particulares contra el parque industrial. Y a partir de ese momento, según las diligencias previas instruidas por el juez, el Ayuntamiento de O Pino, con problemas de personal y escasez de técnicos funcionarios, se convirtió en un modelo de eficacia administrativa poco frecuente en la gestión municipal.
En apenas seis horas, entre las nueve y las tres de la tarde, el gobierno de O Pino requirió al equipo redactor del plan, la consultora Singla Ingeniería SL, con domicilio en A Coruña, un informe que esta empresa remitió, según el alcalde, a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento elaboró otro dictamen por escrito que avaló la viabilidad del polígono. Y la Secretaría Municipal emitió tres veredictos más, todos favorables al proyecto de Fadesa. Como los anteriores, un sexto informe externo encargado al bufete Roibás Vázquez abogados, también con fecha 21 de junio, desestimó las alegaciones vecinales.
Con toda esa documentación en su poder, el visto bueno del equipo redactor del planeamiento y los avales de la secretaría municipal y el arquitecto contratado por el ayuntamiento, el alcalde de O Pino acordó esa mañana la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono industrial. Y fue minutos después, según el propio regidor, cuando éste recibió una orden de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura que anuló el permiso -que este mismo organismo había dictado meses antes-, imprescindible para convalidar el plan parcial del polígono. La resolución de la Xunta, que Taboada dijo haber recibido después de estampar su firma en el proyecto de urbanización -lo contrario implicaría un delito de prevaricación- reclamaba una prospección arqueológica para comprobar si el espacio delimitado para las naves industriales invade la traza original del Camino de Santiago.
Hasta que los técnicos de Patrimonio determinen la ubicación exacta de la ruta, las obras quedaron finalmente suspendidas en una parcela de 400.000 metros (del millón que ocupará el polígono industrial), tras aceptar parcialmente la consellería un recurso presentado por el ayuntamiento. Con el permiso municipal en vigor, las máquinas trabajaron desde entonces en los otros 600.000 metros cuadrados hasta que, a principios de abril, otra orden de Medio Ambiente decretó la paralización de los trabajos, tras una denuncia del Seprona que reveló desvíos en cauces de arroyos como consecuencia de las obras. A la espera de los recursos presentados por el gobierno local contra la Xunta, el proyecto permanece estancado.
Pero el acondicionamiento de las parcelas de O Pino había comenzado mucho antes incluso de que la obra contase con la preceptiva licencia municipal. Entre enero y junio de 2007, Fadesa acometió la tala indiscriminada de cientos de árboles sin permiso del ayuntamiento.
La deforestación de cerca de un millón de metros cuadrados la explicaron ante el juez el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el representante de Fadesa en el noroeste de España, José Antonio Suárez Fernández. Cada uno a su manera. En su declaración como imputado, el regidor alegó que la inmobiliaria no había hecho una corta masiva, sino "labores de desbroce en el marco de un convenio con Medio Rural para evitar incendios, dada la cercanía del aeropuerto".
En su comparecencia también como imputado en el juzgado de Arzúa, el directivo de Fadesa sí admitió la tala de masas arbóreas, encargada a una subcontrata y que, según el directivo, "no tuvo relación alguna" con la prevención de fuegos. El representante de la constructora reconoció además que Fadesa no pidió permiso al Ayuntamiento, tal y como obliga la ley del suelo, y que pese a ello, nadie del gobierno local le pidió paralizar las obras.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 28/04/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Ibiza: Los Juzgados tramitan 80 casos por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
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ÚLTIMAHORA* : Los Juzgados de Eivissa tramitan actualmente alrededor de 80 casos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico artístico e incendios forestales.
Según explicó el fiscal especializado en estos temas, Antoni Torres, muchos de estos asuntos tienen una «gran complejidad» -caso Cretu, Parques de es Cubells o contaminación de pozos en Santa Gertrudis- y en un gran número de ellos están involucrados cargos públicos y técnicos municipales, con aparición de conductas relativas a presuntos delitos contra la Administración pública.
Sólo durante el año 2007 este fiscal incoó una veintena de expedientes de personas o administraciones que se dirigieron directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos. Sin embargo, sólo se celebraron cinco juicios por delitos medioambientales y urbanísticos.
Torres se queja de que la investigación de estas materias se hace «larga y difícil», no sólo por la necesidad de practicar pruebas periciales complejas y caras, sino también por la falta de especialización de los jueces, que implica que la mayoría de las instrucciones tengan «que ser impulsadas por el ministerio fiscal». «Ojalá se especializara un juzgado de instrucción en esta materia», expresó Torres, que indicó que si ya la Ley de enjuiciamiento criminal tiene más de 900 artículos, con la normativa urbanística y medioambiental «se podría llenar una biblioteca».
Otro problema son los peritajes necesarios para investigar este tipo de temas. A los peritos se les paga al final del procedimiento judicial, lo que hace que muchas veces sean reacios a participar. Es algo que podría haber ocurrido por ejemplo con el tema de la tierra de las autovías, donde la Conselleria de Medi Ambient se negó a hacer una pericial para ver si hay restos de asfalto contaminantes, aunque finalmente el Consell se ha ofrecido a adelantar el dinero para realizar esta prueba. «Sería extremadamente beneficioso contar con asesoramiento de profesionales (biólogos, arquitectos, químicos, etc.), ya que el sistema actual ralentiza la investigación y no permite decidir, a priori, qué actuaciones son las procedentes en cada caso», explica Torres en la memoria del año 2007 que ha entregado al fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar. Según el fiscal, si se pudiese contar antes con este asesoramiento especializado probablemente se evitaría que numerosos asuntos desembocaran en los juzgados.
A estos problemas hay que unir el volumen de trabajo que tiene la Fiscalía de Eivissa, donde la mitad de las plazas suelen estar ocupadas por fiscales sustitutos. Por eso, Torres consideraría conveniente que se incentivara la permanencia de los fiscales en Eivissa.
Los juicios sobre delitos medioambientales y urbanísticos celebrados en 2007 fueron el de Puig d'en Serra por prevaricación urbanística contra el alcalde de Sant Josep y varios concejales en el que se dictó sentencia absolutoria por prescripción del delito; el de la presunta construcción ilegal del establecimiento hotelero Las Dunas de Formentera, que está pendiente de sentencia, y el referido a la explotación de una cantera de arena en zona ANEI en Formentera, también pendiente de sentencia. Se celebró otro juicio por la ampliación de una vivienda en el área periférica del parque de ses Salines en el que se condenó a la promotora, el arquitecto y el constructor y que está pendiente de recurso de apelación (en esta mansión veraneó el ex presidente Aznar) y otra vista oral por la edificación de una vivienda de grandes dimensiones en suelo especialmente protegido cuya sentencia fue absolutoria.
La Fiscalía también presentó en 2007 escritos de acusación en el caso ses Torres, pendiente de juicio y en el que está imputado por prevaricación el ex alcalde de Santa Eulària; en el caso de los pozos de Santa Gertrudis y en otro por delito de incendio.
De la veintena de diligencias incoadas por el fiscal en 2007 hay muchas que se refieren al municipio de Sant Josep. Entre ellas el convenio urbanístico presuntamente ilegal que firmó el ex alcalde de Sant Josep en Cala Pinet; el incumplimiento de sentencias firmes de derribo, el caso del asfaltado del negocio del ex alcalde, la concesión de licencia a la carpintería Alba donde se investigan delitos de prevaricación y tráfico de influencias o la «irregular práctica» denunciada por el Colegio de Arquitectos de tramitar como estudios de detalle verdaderas modificaciones de las áreas de actuación sin comunicación al Consell, lo que podría suponer prevaricación urbanística. Otra denuncia se refiere a un posible delito contra el medio ambiente por la construcción de la depuradora en Cala Tarida.
* Última Hora Digital - CLAUDIA ROIG - 27.04.2008
Foto: En los Juzgados se investiga por presunta prevaricación al ex alcalde de Sant Josep por dar licencia a esta carpintería/ ultimahora.es
Corrupción intensiva
JOSÉ E. IGLESIAS/Mallorca* : Decenas de políticos en activo acusados de corrupción y cientos de millones de euros del erario público balear traspasados a bolsillos privados, bien monetariamente, bien en especie, bien mediante la especulación concertada sobre nuestra materia prima esencial: el territorio. Este es el balance, grosso modo, de la realidad insular a comienzos del siglo XXI. Un resumen escalofriante nada coyuntural. Estamos ante un profundo problema infiltrado en las arterias de la estructura social que empieza a convertir nuestra democracia en una farsa.
La italianización de Balears es evidente, incluso puede que más certero sea invertir esos términos. Por acción u omisión, la esfera política se ha instalado en la permanente sospecha debido al sinnúmero de casos investigados por los tribunales de justicia. Andratx, Rodrigo de Santos, Son Oms, Ayudas a asociaciones de UM, Bitel, Plan Territorial y no sé cuántos más que transitan rutas ya abiertas por el caso Calvià, Túnel de Sóller, Brokerval, Mapau.... Y lo que es más tremendo e ilustrativo: apenas en una quincena de años. Signos de corrupción intensiva.
La piel ciudadana se ha endurecido, fruto de la impotencia y también de esa condescendencia tan mediterránea expresada en el menfotisme, una variedad radicalizada del vive y deja vivir. No hace falta que les traiga a colación la época o las épocas del contrabando que tanta admiración y complicidad causaba en pueblos y ciudades. Echenle un vistazo al último libro de Pere Ferrer Guasp, "Contraban, república i guerra", para tener una visión somera de lo dicho. Por pura causalidad, entre capítulo y capítulo cayó en mis manos la denuncia de la fiscalía sobre los pelotazos del Plan Territorial de Mallorca (PTM). Ni una ni otra actividad tienen nada que envidiarse en cuanto a las complejidades sociales de sus tramas.
De todo lo citado, lo más escandaloso es lo del PTM, o cómo la supuesta corrupción escala hasta el rango de ley, que es algo así como el colmo de los colmos de la perversidad. Denunciamos en su día que la norma del suelo representaba un urbanismo a la carta inconcebible y de una opacidad inadmisible en una sociedad sensible al deterioro del territorio. Si entonces olía mal, hedía, hoy debemos señalar que el PTM está muerto, al menos para la gente de la calle. Las leyes, para cumplirse, deben ser creíbles y esta, tras las duras acusaciones de la Fiscalía, ya no lo es. Que haya partidos que lo sigan defendiendo ahonda en su descrédito y en la sospecha.
El que sin embargo está muy vivo es el caso Bitel, que los periodistas nos hemos apresurado a titular como II, cuando no existe más que uno, el original. Si quien salvó a Jaume Matas de ser enjuiciado por piratear los correos electrónicos de Urbanismo del Consell es el detenido ahora por malversar fondos públicos, el escándalo es un continuum con diferentes escalas. No es aventurado asegurar que aquel expediente judicial podría haberse cerrado en falso, al ponerse en duda la fiabilidad del perito exculpatorio.
Me quedé corto cuando alguna vez califiqué el mandato de Matas como el cuatrienio de la revancha y el exceso. Quien hoy disfruta de su exilio dorado, sin dar explicaciones a nadie sobre la responsabilidad política de todas las trapacerías que están apareciendo, llegó a hacer de esta, su finca, como vemos, un auténtico patio de Monipodio. No puede calificarse de otra manera lo que hoy está trascendiendo. En esto desemboca aquella soltura y esmero que con tanto desparpajo premiaba adhesiones y represaliaba las críticas.
Desde la razón no suelo dar a la alternancia política en sí misma un valor necesario. ¿Por qué habría de retirarse un gobierno que fuera transparentemente bueno para sus ciudadanos? Esto es la teoría. En la práctica estamos impelidos a defender la alternancia en las altas esferas de gobierno como medida de seguridad para la defensa de los intereses públicos. Lo que estamos viendo en la actualidad es fruto de esa alternancia. Si no existiera, no duden que ninguna de las pesadillas que hoy nos atribulan hubieran aflorado, para mayor gloria y disfrute de la delincuencia de cuello blanco.
* Diario de Mallorca - Opinión - 27 de abril de 2008
"¡No a la Gran Stafa!"
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ELPERIÓDICO/Aragón* : Si el Pignatelli hubiera sido tres veces más grande, habría habido el suficiente número de personas como para abrazarlo para protestar por el gran parque de casinos, hoteles y campos de golf que Aliaga, Biel e Iglesias pretenden instalar en Los Monegros.
Un heterogéneo grupo de personas organizó una cadena humana en torno a la sede del Gobierno de Aragón para exigir la inmediata salida del Ejecutivo autonómico del complejo de Gran Scala. Más que una sola cadena, fue triple, ya que el número de personas críticas con el modelo de desarrollo que se quiere para la comarca y con el pasado turbio de algunos de los promotores del complejo superó las expectativas.
Los manifestantes, al grito de "Marcelino dimisión", también solicitaron la ruptura inmediata del protocolo firmado entre ILD (la empresa promotora) y el Gobierno autonómico, así como el cese del vicepresidente, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga. Con el grupo de batuka Escola de Samba da Praça animando la festiva reivindicación, así como de un grupo de animadores disfrazados de la España de pandereta berlanguiana, un buen número de personas se acercó desde la plaza del Justicia hasta el Pignatelli.
El comunicado
Rosa Arqué, una fragatina profesora de francés y miembro de la plataforma Stop Gran Scala en Monegros y Bajo Cinca, leyó un aplaudido comunidado. Algunas de las frases sonaron con contundencia: "Denunciamos desde aquí la participación activa de altos cargos del Gobierno de Aragón: el vicepresidente Biel ha actuado como portavoz y avalista de ILD (lo sigue haciendo), el consejero Aliaga como agente inmobiliario del montaje que está manchando con sus actuaciones el nombre de nuestras instituciones. Este vodevil está convirtiendo a Aragón en el hazmerreír del país, es la manifestación de una forma de gobernar basada en la prepotencia y en el todo vale. El affaire Gran Scala debe servir para la recuperación de la capacidad crítica en la sociedad aragonesa y para mejorar la salud general de nuestras instituciones". Arqué acabó exigiendo en las tres lenguas de Aragón la marcha del Gobierno de este proyecto "de perfiles fraudulentos" y que calificó como una "locura". Arqué hizo ver que en Los Monegros también hay gente que se opone y rechazó que Gran Scala sea un problema únicamente de esta comarca, sino que afecta a todo Aragón.
A pesar de que las voces que intentan minimizar el efecto opositor relacionándolo con oscuros y paranoicos intereses catalanistas y que consideran que quien se opone a Gran Scala niega el bienestar a los habitantes de Monegros, lo cierto es que en el acto hubo una destacada presencia de monegrinos. Pero también hubo representación de las comarcas turolenses.
Los organizadores calcularon que asistieron más de 3.000 personas, pero esa cifra seguro que variará hoy según los ojos que los cuenten. Lo que destacaron algunos responsables de la plataforma es que cada día crece más el número de personas que se oponen a un proyecto que calificaron de "insostenible", "fraude" y "Gran Stafa". Hubo militantes de partidos (sobre todo de IU y CHA) y los tradicionales integrantes de organizaciones y asociaciones de izquierdas y ecologistas. Pero nadie lo hizo amparado en unas siglas concretas, sino a título personal. Todo discurrió bajo el humor y la ácida crítica. Y con el canto de los célebres versos del pueblo de Villar del Río, el mejor flash-back para ilustrar el proyecto de Gran Scala:"Americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío. Villar del Río, traerán divisas pá quien toree mejor corría, y medias y camisas pá las mositas más presumías".
Mientras, las ventanas del Pignatelli estaban cerradas, aunque había algún coche oficial en la parte de los jardines. En la Misericordia, justo al lado, una corrida de toros.
* El Periódico de Aragón - 27/04/2008 A. IBÁÑEZ
Foto: Humor ´Bienvenido Mr. Marshall´, presente/ FRANCISCO RAMOS, elperiodicodearagon.com
