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PERIODISTAS* : El periodista Chema Gil, director del digital Noticias de Murcia, sufrió la agresión de un desconocido el pasado lunes. Un hombre al que no logró identificar propinó contundentes porrazos contra su vehículo, aparcado a plena luz del día en la localidad de Torre Pacheco, cuando el periodista se encontraba dentro.
El atacante iba armado con una barra de hierro. Gil logró escapar a tiempo de su agresor, sin que le alcanzara alguno de los golpes.
La agresión se produce justo un día antes de que se ordenara libertad con cargos para el alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, implicado en un escándalo urbanístico revelado por el digital de Chema Gil. El periodista fue víctima de amenazas de muerte e intimidaciones referidas a su familia. La espiral de intimidación contra Gil –a excepción de una llamada en que era insultado, también de manera anónima-se había interrumpido hacía un mes.
Amenazas de muerte, llamadas telefónicas e, incluso, alusiones a su lugar de residencia, a su familia y a su trabajo. En ese día a día en que desde dos años atrás y hasta hace menos de un mes se movía el periodista murciano. Gil es autor de las informaciones periodísticas que llevaron a incoar el caso de corrupción urbanística en Torre Pacheco (Murcia). Un proceso que implicó al Ayuntamiento y que ahora investiga el juzgado número cuatro de San Javier en las diligencias 878/2007.
Entre quienes profirieron parte de esas intimidaciones, se cuenta el alcalde de la localidad, quien amenazó con dejar sin trabajo al periodista.
Chema Gil comenzó a desvelar asuntos escandalosos en la gestión del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el periódico La Gaceta del Mar Menor, que antes dirigía y que debió cerrar presionado por la falta de anunciantes. “Intimidados por el Ayuntamiento”, atribuye el periodista. Sus informaciones sirvieron de base para que los juzgados iniciaran la causa penal que ahora se ha puesto al descubierto. El periodista recibe desde entonces amenazas casi diarias. La mayoría, telefónicas. Algunas, de muerte. Como las que colgaron desconocidos en el foro de la página web del Ayuntamiento de Torre Pacheco o la que atendió la delegación en Murcia de la agencia EFE. Incluso han llegado a advertirle de que sabían el colegio y la hora exacta donde cursa su hija de ocho años. El periodista puso todo en conocimiento de la Guardia Civil e, incluso, consiguió recibir protección de este cuerpo durante dos días. Pero, aunque las amenazas continúan, las autoridades le retiraron el amparo “por entender que no había de qué preocuparse”, explica.
El periodista, en cambio, considera de extrema gravedad su situación y la de su familia. Pese a que tomó conciencia del cariz del asunto cuando colegas de profesión le alarmaron de la implicación del alcalde de Torre Pacheco en las amenazas. Los periodistas conocieron ese dato una vez se levantó el secreto sumarial, aunque parcial, del caso. “Ésto hay que sacarlo”, le dijeron. “Porque si mañana te fallan los frenos del coche, nadie va a saber quién está detrás”, le advirtieron. No obstante, Chema Gil denuncia la pasividad de las autoridades y los colectivos periodísticos que, ante la gravedad de la situación, “solo me recomiendan mantener la calma”. Le piden “aguantar el tipo”, pero confiesa temer por la integridad de su familia y por su propia vida. Sus recelos no pasan tanto por el alcalde o e constructor Facundo Armero. Teme, más bien, la reacción de algún “exaltado próximo a sus intereses”.
Las escuchas telefónicas ponían de manifiesto que el alcalde García Madrid encargó a una persona --“no identificada” en las investigaciones de la Guardia Civil- que diera nombres y apellidos de los familiares del periodista, según consta en la desgrabación de las escuchas telefónicas. Además, desde el teléfono móvil del alcalde, intervenido por orden judicial al edil del PP, el 22 de abril del pasado año se envió un SMS solicitando la identidad de la esposa del periodista. El titular del teléfono receptor satisfizo el requerimiento ocho horas después. En otra conversación, seis días después, el alcalde amenazaba con lograr que el periodista se quedara sin trabajo, incluyendo en la conversación que mantiene con un familiar suyo la frase: “ya verá ese”.
La situación no quedó ahí ya que el 19 de mayo, poco después de las dos de la tarde, Daniel García, según obra en las diligencias de la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil, llamó al mismo número de teléfono al que un mes antes había dirigido el mensaje pidiendo datos de la familia del periodista. El alcalde solicita ahora la dirección del domicilio de Chema Gil. La persona que recibe el encargo saluda al alcalde con un “a sus órdenes”. Poco después le comunica la dirección. El alcalde, interpelado, responde que la necesita para enviarle un jamón al periodista. Ese obsequio nunca llegó al domicilio.
* Periodistas-es - Marta Molina - 01.05.2008
Foto: Torre-Pacheco (Murcia) - oteo (flickr.com)
El periodista Chema Gil agredido en Murcia por sus informaciones sobre corrupción urbanística
Funcionarios de Mogán alertaron de la actividad delictiva del alcalde
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ELPAÍS/GranCanaria* : El sumario del caso Mogán -la trama de corrupción en ese municipio turístico grancanario- evidencia que muchos funcionarios sabían que su alcalde, Francisco González (PP) -imputado por ocho delitos- vulneraba la ley con sus decisiones. Sus charlas grabadas revelan hasta qué punto los funcionarios llegaron a ser conscientes de que obedecer las órdenes del alcalde podía acarrear la comisión de delitos.
La investigación ha revelado supuestos delitos económicos, electorales, ecológicos y urbanísticos en la gestión de González.
PREVARICACIÓN "¿Me estás obligando a delinquir?"
La policía destaca que el secretario municipal, Ángel Sutil, "era conocedor de diversas acciones ilegales que desarrollaban los principales responsables del Ayuntamiento", incluso de su propio alcalde: "En alguna licencia, si no le suena así, habla con el arquitecto y se la conceden en la Junta [de Gobierno] y entonces que dos millones los invierta en infraestructuras de no sé qué, que los destine a una finalidad pública. (...) Pero eso tampoco es lícito. Esto puede ser apropiación indebida o malversación, yo por eso digo 'yo no sé nada', yo salgo de la junta, yo a veces he oído cosas, pero por supuesto no las digo. (...) Como le decía yo al alcalde, ¿me estás obligando a delinquir?". Sutil reveló más irregularidades: "Es una irresponsabilidad mía de la hostia meter la ratificación del decreto [de planificación urbanística, competencia del alcalde] y no haber todavía redactado el decreto".
ADJUDICACIÓN ILEGAL "Predilección por ciertas empresas"
La policía ve "claro que existió una predilección del alcalde y de Onalia Bueno [su primera teniente de alcalde]" por ciertas empresas, a las que habrían favorecido mediante "alteraciones ilícitas" en adjudicaciones de obras. Sacan esta conclusión de grabaciones en las que, por ejemplo, Onalia Bueno, primera teniente de alcalde, invocando al alcalde, ordena subir los precios en un concurso "para que se lo lleven ellos". El funcionario capta su ilegal mensaje: "Él querrá ganarle dinero ahí seguro, y como ustedes quieren que la hagan ellos, igual se va a aprovechar de eso. Porque esos precios están muy bien. ¿Que hay algunos precios que están bajos? Vale. Pero hay otros precios que están muy por encima también, ¿entiendes?".
PRECINTO SIN INFORME "Te vas a meter en un follón"
La policía interpreta que en su afán por paralizar un desmonte en una parcela, cuya legalidad refrendó la justicia, el alcalde priorizó hacer cumplir su orden al informe que la justificaba. Sospecha que su "acoso" ocultaba intereses o venganzas particulares. Tuvo que frenarlo el responsable del Plan de Mogán, Marcelino Martín, a quien el sumario atribuye la siguiente frase: "¿Y tú qué me das a cambio de que te recalifique el terreno?". Pero cuando González presionó a todos para paralizar el desmonte ("precinta hoy, sin falta", "el decreto hay que firmarlo hoy", "voy a llamar para que me haga el informe sobre la marcha", "la policía va a precintarle aquello y no le deja entrar sin orden judicial (...), decirles que paren aquello que al final vamos a ir también contra los maquinistas"), le alertó: "Te vas a meter en un follón". Y aconsejó al alcalde denunciarlo por delito ecológico para que recayese en el juzgado paralizar las obras.
LICENCIA A DEPURADORA "Podéis estar prevaricando"
El alcalde, según la policía, ocultó vertidos sin depurar y autorizó una depuradora ilegal. El secretario del Ayuntamiento lo diagnosticó así: "Podéis estar prevaricando por acción si concedéis una licencia sin ajustarse al planeamiento y sin tener la calificación territorial, porque está en suelo rústico; y podéis prevaricar por omisión, siendo cómplices de un delito ecológico al seguir manteniendo... [los vertidos]". La jefa de disciplina urbanística, Patricia Hernández, lo respaldó: "No se puede informar la puesta en funcionamiento. Ningún técnico ha dicho favorable, ha dicho estos son los problemas; si usted quiere aprobarlo en Junta de Gobierno en estos términos, pues es un problema de la Junta de Gobierno". Su oposición a la depuradora que, finalmente, autorizó el alcalde viene reforzada por el hecho de que el responsable del Plan General, Martín, le presionaba en nombre del regidor: "Mira a ver si le puedes resolver el tema al alcalde. Te estoy hablando por boca del alcalde. Lo lógico es que le busques una solución al problema del vertido". Un vertido que el alcalde y la primera teniente de alcalde ordenaron ocultar al funcionario que les dio la alerta.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 01/05/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
La justicia paraliza la ejecución de la línea eléctrica Soto-Penagos
LAVOZ/Asturias* : Casi 19 años después de que Red Eléctrica Española (REE) solicitara permiso para construir una línea de 400 kilovoltios entre Soto de Ribera y Penagos, el futuro de la misma continua siendo incierto. El pasado viernes la justicia asestó el último golpe a la operadora eléctrica. Una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Madrid anulaba la antigua resolución que daba luz verde a la red de alta tensión.
En concreto, se trataba de un acto dictado el 28 de junio del 2000 por el que la dirección general de Política Energética y Minas autorizaba a REE a llevar a cabo la línea de 400 kilovoltios entre Asturias y Cantabria y que ahora es declarado nulo.
Desde entonces, ha pasado de todo: importantes movilizaciones vecinales, paralización de obras, acuerdos entre la compañía y algunos ayuntamientos y varias modificaciones de trazados. Algunas de estas variantes al trazado original incluían un estudio de impacto ambiental. Otros tramos, no. Y aquí es donde se agarró el ayuntamiento de Piloña en su día para presentar su recurso contencioso administrativo, presentación que tuvo lugar en junio del año 2004. Entonces solicitaban que se anulara de pleno derecho la resolución recurrida o al menos retrotaer el procedimiento al momento en el que se presente el estudio de impacto ambiental correspondiente.
Los tribunales dan la razón al ayuntamiento asturiano. La sentencia dictada el viernes declara nula la autorización del año 2000 y declara que debe emitirse ese estudio de impacto ambiental con carácter previo a la aprobación del proyecto. El abogado de consistorio de Piloña, Carlos González-Antón, del despacho EcoUrban Consultores, lo explica así: "Ahora mismo, el proyecto está parado. REE no tiene autorización para seguir adelante con la línea Soto-Penagos, aunque la sentencia aún no es firme, la compañía eléctrica puede recurrir al Tribunal Supremo". Para González-Antón, esta vía no sería la más conveniente. "Un recurso al TS podría tardar cuatro años en resolverse, y es muy improbable que le diera la razón a REE", ya que la sentencia actual se refiere a una falta procesal. "No han hecho algo que la legislación contempla como obligatorio: el estudio de impacto ambiental para toda la línea", explica.
A Red Eléctrica Española le queda otra salida: comenzar, como quien dice, desde el principio. González-Antón comenta que "tendrían que presentar el estudio, un proyecto concreto de todo el trazado, un estudio de impacto ambiental completo y someterlo a información pública. Luego podrían obtener una nueva autorización por parte del ministerio de Medio Ambiente y de Industria". Parece un proceso largo, pero probablemente sea mucho más rápido que el recurso al Tribunal Supremo.
LA REACCION EN PILOÑA. Por otro lado, en Piloña, ayer la satisfacción era absoluta respecto a la trascendencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No es para menos en un municipio que vió como hasta un total de cinco parroquias y cientos de sus vecinos se vieron afectados por un tendido que, en un primer momento, iba a discurrir muy cerca de sus viviendas, con más de treinta casas que iban a quedar a menos de cuarenta metros del tendido, y que también afectaba a elementos como la propia Cueva del Sidrón o la iglesia románica de Lodeña del siglo XII, a menos de treinta metros de una de las torres de alta tensión.
Según el alcalde piloñés, el socialista Camilo Montes, el fallo judicial "da la razón" a los planteamiento del Ayuntamiento de Piloña después de que en 2004 presentase un recurco contencioso administrativo en contra del trazado de Soto Penagos. Montes quiso dejar claro ayer que su equipo de Gobierno respeta la variante de trazado negociada y pactada por el anterior equipo de Gobierno en el concejo y por los vecinos afectados con Red Eléctrica Española. "Que cada palo aguante su vela, será Red Eléctrica quien tenga que volver a realizar la evaluación de impacto ambiental", manifestó el alcalde.
Por su parte José Luis Fernández Muñiz, presidente de la asociación Piloñeses Afectados por Soto Penagos y otros tendidos (PASPOT), se mostró satisfecho con una sentencia que, en su opinión, "demuestra que no pedíamos nada que se saliera de lo normal". A este respecto Fernández añadió que el fallo judicial supone "un espaldarazo muy fuerte" a la variante de trazado pactada con REE y que, añadió "creo que ya es algo irreversible".
Más que la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para el presidente de PASPOT quizás el momento clave que ha permitido evitar la construcción del tendido inicialmente previsto y que, añadió "200 o 300 vecinos de Piloña quedasen bajo el paraguas de los campos electromagnéticos" fue la paralización cautelar de las obras dictada en su momento por la Justicia.
El exalcalde piloñés Juan Roberto Pérez Rodríguez, del Partido Popular, fue el encargado en su momento de decidir la interposición del recurso contencioso administrativo en contra del trazado de 400 kilovoltios de Soto-Penagos y ahora ha sido atendido por los tribunales. "El fallo judicial nos da la razón", comentó Pérez, quien explicó que la presentación del recurso "nos respaldó a la hora de negociar una variante del trazado".
* La Voz de Asturias - 30/04/2008 J. G. CASO / J. SANTAMARTA
Foto: Una de las torres de alta tensión, a escasos metros de una iglesia/ J. G. CASO, lavozdeasturias.es
El Tribunal de Cuentas investiga el uso de 14 millones en tres municipios
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ELPAÍS/Andalucía* : La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento para esclarecer el uso que los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar dieron al dinero que ingresaron por convenios urbanísticos y venta de suelo en el año 2004 (14,4 millones de euros entre los tres).
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió en febrero la apertura del procedimiento tras examinar un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que entendió que se reflejaban hechos "de los que se pueden derivar la existencia de responsabilidad contable".
Este tipo de procedimiento, para el que sólo tiene competencias el Tribunal de Cuentas y no las cámaras autonómicas, que sólo pueden fiscalizar, tiene por objeto último el resarcimiento de los daños que se hayan podido causar al erario público.
La Cámara de Cuentas auditó por encargo del Parlamento autonómico el uso que 16 ayuntamientos andaluces dan a los ingresos que obtienen por la gestión del suelo, algo que resultó imposible en los casos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar porque "carecen de un control específico de los mismos", lo que infringe la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Las cantidades sometidas a investigación coinciden así con los ingresos que en el año 2004, el ejercicio fiscalizado, tuvieron estos ayuntamientos por convenios urbanísticos y venta de suelo. La mayor cuantía, 11 millones de euros, corresponde a Torremolinos, gobernado como ahora por el popular Pedro Fernández Montes.
Benalmádena, que entonces tenía de alcalde al independiente Enrique Bolín, ingresó en aquel ejercicio tres millones de euros, mientras que el de Níjar, donde en 2004 gobernaba el PSOE, recibió 388.518 euros.
El informe de la Cámara de Cuentas constató un "incumplimiento generalizado" por parte de los ayuntamientos andaluces de los usos que la normativa obliga a dar a los ingresos obtenidos por la gestión del patrimonio público de suelo. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) determina que deben emplearse en la compra de terrenos para VPO, la construcción de éstas, conservación, mejora y urbanización del suelo público y rehabilitación de zonas degradadas y edificaciones en la ciudad consolidada.
La Cámara constató que el 52% de los 174 millones de euros ingresados en 2004 por los 16 ayuntamientos auditados, entre los que se incluían las ocho capitales, tuvieron un destino diferente a éstos. En su mayoría fueron a parar a inversiones generales, algo que el órgano fiscalizados recordó que "no se puede hacer por muy loables y razonables que sean". Pero el problema en el caso de los tres ayuntamientos sobre los que el Tribunal de Cuentas ha abierto investigación es que no hay constancia del destino dado al dinero.
La ley estipula que los ingresos por suelo deben depositarse en cuentas restringidas y contabilizarse de forma independiente al patrimonio general de los municipios.
En el año de referencia, el Ayuntamiento de Torremolinos ingresó más de 11 millones de euros por gestión de suelo, de los que casi todos, 9,7 millones, fueron por la venta de dos parcelas de 1.500 y 890 metros cuadrados. Según el informe de la Cámara de Cuentas, este consistorio "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio de suelo, incumpliendo el artículo 165.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales".
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 01/05/2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Urbanismo por encargo
LLORENÇ RIERA/Mallorca* : Entre escándalos, manipulaciones, pelotazos directos con pocos escrúpulos y peticiones argumentadas de modificación, -como la del ayuntamiento de Palma, para poder atender a las demandas de viviendas de protección oficial- el Plan Territorial de Mallorca está ya a estas alturas considerablemente tocado y parece responder a todo menos a su definición natural. Los hechos que le afectan le han convertido en un instrumento de presión y en una gran marioneta con excesivos hilos de intervención política y empresarial mirando mucho más al bolsillo que al interés o el beneficio colectivo.
Poco le queda ya al Plan Territorial de buen instrumento o gran esperanza para regular y equilibrar, de una vez por todas, el urbanismo compatible con el respeto al medio ambiente en el conjunto de la isla de Mallorca.
Las informaciones que publica hoy este periódico sobre el pelotazo que un testigo ha descrito ante el juez contando como el PP impuso la recalificación de la finca de es Crevers, es un hecho que no se puede amagar por real y contundente, pero que a la vez constituye un nuevo mazazo sobre una sociedad demasiado castigada por políticos y gestores que no saben y probablemente no quieren estar en su lugar ni atender con nitidez a las funciones que les corresponden. No resulta exagerado decir que estos días cunde una cierta sensación de cansancio y agobio colectivo entre tanta sucesión de escándalos. No salimos del caso Rodrigo de Santos, para entrar en el Bitel II o las manipulaciones del Plan Territorial. Urge regenerar el comportamiento político y el las actuaciones, simplemente normales. Tampoco es pedir demasiado.
En es Crevers que nos ocupa hoy hablamos de un pelotazo que, para decirlo en propiedad, propició unos beneficios directos, en forma de plusvalías, cifrados en trescientos millones de euros. Las informaciones describen como el PP impuso a UM la reconversión, dentro del Plan Territorial de Mallorca, de una finca de Alcúdia que, con el tiempo, informaciones privilegiadas y presiones, ha dado lugar al pelotazo de es Crevers en Marratxí. La finca era propiedad de Vicenç Grande, presidente del Mallorca, hasta que en 2004 fue adquirida parcialmente por Mateo Sastre. En este ámbito nos movemos.
Dado que tienen a bastantes de sus cargos imputados por la Justicia o en el punto de mira de la fiscalía anticorrupción, sería deseable, para acabar con los sobresaltos, que el PP y UM salieran de una vez por todas a la palestra y explicaran de forma comprensibles y sin rodeos, qué hicieron con el Plan Territorial de Mallorca. Asumir responsabilidades y dar explicaciones es una buena manera de reconducir las cosas y un modo adecuado para dejar a cada uno en su lugar evitando que cunda la especie equívoca según la cual todos los políticos son iguales. Hay que separar el grano de la paja y en estos momentos, para hacerlo, sólo cabe la transparencia y la exigencia de responsabilidades.
En estos momentos Balears tiene a demasiados cargos o ex cargos públicos salpicados por la corrupción y demás sucedáneos perniciosos. Su modo de actuar ha delatado presuntas malversaciones de fondos públicos por una parte y por otra nos instala en la convicción de que, con excesiva frecuencia, se practica un urbanismo por encargo particular y beneficio directo.
* Diario de Mallorca - Opinión - 30 de abril de 2008
