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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable.
Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.
Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.
Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.
En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.
En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.
En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.
Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.
Informes favorables
Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.
Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.
La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.
* Sur - 31 marzo 2008
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos
Urbanismo salvaje en Gran Canaria
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Tras pasar unos días en las isla de Gran Canaria he sentido indignación e impotencia por la destrucción de una zona de la costa sur de la isla entre Maspalomas y el puerto de Mogán que hasta hace muy poco eran parajes casi vírgenes. Os envio estas imágenes para que podáis juzgar por vosotros mismos. Una pena.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RICARDO CORDERO - Gran Canaria - 26/03/2008
El alcalde de O Pino intercedió ante los vecinos para favorecer a Fadesa
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ELPAÍS/A Coruña* : "Esto no es Marbella, señores", advierte el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo (PP), en la nota de aclaración que ha colgado en la web de este ayuntamiento coruñés. Nada más abrir la página, antes que el habitual saludo del regidor, aparece, subrayada en rojo, su valoración sobre las "zancadillas que instituciones y particulares" han puesto al polígono industrial de O Pino, pegado al aeropuerto de Santiago, y al "progreso económico y poblacional" del municipio.
En su artículo, el alcalde denuncia el "repentino interés de algunos por la Ruta Jacobea", que ha llevado a la Consellería de Cultura a paralizar una parte de las obras del parque empresarial hasta que se determine si éstas invaden o no un trecho del Camino de Santiago. Esas supuestas trabas que Taboada denuncia en virtud de "intereses políticos escondidos" chocan directamente con su gestión en favor del parque empresarial, cuatro años de trámites -algunos dudosos- que han desembocado en doce de procesos judiciales todavía por resolver.
Según él mismo admite, antes incluso de convocar formalmente el concurso para adjudicar el proyecto, que contempla 200 parcelas para naves industriales y un hotel -con una superficie urbanizable total de 473.000 metros cuadrados-, el regidor visitó a los responsables de Fadesa para presentárselo. Y cuando la promotora coruñesa obtuvo la adjudicación del parque empresarial -concurriendo como única oferta a un concurso público abierto- un informe del arquitecto contratado por el ayuntamiento avaló la tasación de la inmobiliaria por las fincas: seis euros por metro cuadrado para unos terrenos que lindan con el aeropuerto de Lavacolla, a 15 minutos de Santiago y que estarán conectados con la autovía que pronto unirá Lugo y la capital de Galicia.
Para vencer la resistencia de algunos vecinos, el alcalde allanó el camino de la inmobiliaria y dirigió un escrito a los propietarios que se negaban a vender. La carta, del 26 de septiembre de 2005, firma del regidor y membrete municipal, cifraba el valor catastral de las tierras en 5,21 euros por metro.
Mutuo acuerdo
Taboada precisaba que "Fadesa, después de varias reuniones con el gobierno local, se comprometió a mantener el precio de 6 a 8 euros por metro cuadrado, para las adquisiciones de mutuo acuerdo que se formalizasen antes de presentar el proyecto de urbanización y expropiación". Por si quedaban dudas, durante esas fechas el alcalde puso a disposición de la empresa el ayuntamiento, para que explicase el trato a "todos los afectados".
Medio centenar de propietarios aceptaron el precio en los días posteriores, y fueron cerrando acuerdos con Fadesa a través de convenios a cuatro partes por la inmobiliaria, los propios interesados, el secretario del ayuntamiento y el alcalde. Los 52 expedientes que aglutinan en total 400.000 metros cuadrados determinan el importe máximo que la promotora abonó a los dueños de las fincas: seis euros por metro cuadrado más el valor de la madera de los árboles talados. Las escrituras de la compraventa revelan sin embargo que Fadesa pagó hasta cinco precios diferentes por las tierras. Seis euros por metro cuadrado en la mayoría de contratos, dos propietarios que recibieron 5,95 euros por metro cuadrado, otro que percibió 5,41 euros e incluso una vecina que vendió su parcela a la inmobiliaria -como muchos otros antes de que Fadesa firmase el contrato con O Pino- y que sólo recibió 4,11 euros por cada uno de sus 1.262 metros cuadrados.
Otros 70 propietarios que reunían 600.000 metros cuadrados, más de la mitad del suelo del polígono, decidieron no firmar y plantear un contencioso administrativo contra las condiciones de compra. El alcalde despachó sus reclamaciones alegando que se habían producido fuera de plazo. El conflicto lo estudia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de A Coruña. Mientras, el Jurado de Expropiaciones de Galicia, dependiente de la Consellería de Política Territorial, ha encontrado ya un precio justo: 17,53 euros el metro, una cantidad que casi triplica lo que Fadesa pagó a los vecinos que decidieron vender bajo recomendación del alcalde. Como la firma de los contratos fue voluntaria, no podrán reclamar. Los propietarios de la otra mitad de la superficie del futuro parque empresarial (600.000 metros cuadrados) aguardan la resolución del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña para reclamar a Martinsa -el grupo inmobiliario que adquirió Fadesa- 10 millones y medio de euros por sus terrenos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 30/03/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
