ELPAÍS/Córdoba* : La Junta de Andalucía avanzó ayer las primeras cifras del estudio que realiza la Oficina Técnica de Medina Azahara, en Córdoba, entre cuyos fines está contabilizar las parcelaciones y casas ilegales que rodean a este yacimiento arqueológico. Sólo en la zona sur, la más sensible y afectada por el desordenado crecimiento urbano, la Junta ha censado 303 parcelaciones, divididas en tres urbanizaciones, con 250 edificaciones ilegales. Estas urbanizaciones se encuentran, desde 2003, en territorio de especial protección y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Fuentes de la Junta insisten en que los datos presentados ayer son sólo un avance y que el número final de parcelaciones y edificaciones fuera de la ley podría aumentar en otras zonas afectadas por el Plan Especial de Protección de Medina Azahara. Los representantes de la Comisión Técnica de Medina Azahara mantendrán en las próximas semanas una reunión con los residentes de las parcelaciones ubicadas en la zona Sur del Plan Especial de Protección del conjunto arqueológico.
La Oficina Técnica arrancó sus trabajos en junio de 2009. Los técnicos decidieron empezar por la zona que mejor conocían: los tres núcleos urbanizados de Córdoba la Vieja, Las Pitas y la Gorgoja II. La Junta informa de que en Córdoba la Vieja hay 52 parcelas, 47 de ellas edificadas, con una superficie media de 2.033 metros cuadrados por parcela. En las Pitas se han detectado 202 parcelas (165 edificadas), con una superficie media por parcela de 1.500 metros cuadrados. Por último, en la Gorgoja II, hay 49 parcelas con una superficie media de 5.837 metros cuadrados, de las que 38 están edificadas. La Junta ya tenía el ojo puesto en estas urbanizaciones. Entre 1995 y 2003, remitió 347 denuncias al Ayuntamiento, y alertó de la urbanización o construcción de casas en la zona.
Ahora ha procedido a hacer un primer estudio detallado. El inventario con el que se ha trabajado, informa la Junta, "contiene fichas exhaustivas con información de cada una de las parcelas sobre datos catastrales y de registros, superficie, usos del suelo (natural, urbano y agrario), características de las edificaciones si las hubiere, régimen urbanístico, afecciones sectoriales, e incluso, los antecedentes administrativos". Entre los objetivos del estudio se encuentra ofrecer apoyo técnico para desarrollar posibles actuaciones administrativas destinadas a la obtención pública de suelos, en caso de que sea necesaria la expropiación.
* El País - 1.07.10
Foto: Córdoba, vista_chalets_construidos_entorno_Medina_Azahara - el pais.com
La zona sur de Medina Azahara acumula 250 construcciones ilegales
Imputada de nuevo la alcaldesa de San Fulgencio
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ABC/Alicante* : La alcaldesa socialista de la población alicantina de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y su concejal de Urbanismo, Mariano Martí, ha sido citados a declarar hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela, acusados de autorizar la construcción ilegal de un complejo de bungalós turísticos en una zona de La Marina calificada como suelo no urbanizable de uso de deportivo.
Junto a ellos, también tendrán que declarar como imputados entre hoy y el próximo 14 de julio la ex alcaldesa Teresa Torres Murcia, los ex concejales José Mora, Luisa Alberola, Simone Elster y José Francisco Ballester (todos ellos del PSOE salvo Elster, que abandonó el PP para apoyar una moción de censura contra la alcaldesa popular Fina Mora). Los ediles están acusados de aprobar en el Pleno la licencia de obras presuntamente ilegal.
También han sido citados como imputados para el próximo día 14 los dos arquitectos municipales que informaron favorablemente la licencia, José Ángel Varo y José Antonio Bernabeu. Aunque la alcaldesa Trini Miró está citada a declarar hoy, podría aplazar su comparecencia alegando motivos de salud.
La regidora socialista y varios miembros de su Corporación también están imputados por el vídeo trampa que urdieron contra su ex edil de Hacienda Manuel Barrera.
* ABC - 30.06.10
Foto: San Fulgencio (Alicante), ayuntamiento -eleconomista.es
Àngel Colom: "Millet me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista"
ELPAÍS/Barcelona* : Àngel Colom, secretario de inmigración de Convergència Demo-cràtica de Catalunya, pasó ayer con mucho ruido y poca sustancia por la comisión del Parlament que investiga si hubo financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música. Se enfrentó con todos los diputados del tripartito e incluso con el presidente de la comisión, el habitualmente impasible Pere Vigo, con su tono provocador. También se explayó en su defensa acérrima de Convergència, su tercer partido tras dirigir ERC y fundar el fracasado Partit per la Independència. Más allá de los rifirrafes, poca cosa: sus explicaciones sobre el dinero que recibió de Fèlix Millet, el saqueador confeso del Palau de la Música, no convencieron a los diputados.
Colom explicó que recibió 75.000 euros de la institución, y narró cómo, por obra de su retórica y su trayectoria patriótica, logró que Millet le diera el dinero sin conocerle, una cantidad que el Palau de la Música cifra en 150.000 euros. Las gestiones se realizaron en el año 2000, justo cuando murió por fracaso el Partido por la Independència y Colom pasó a engrosar la militancia de Convergència. "Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Él me ayudó, y yo le estuve muy agradecido", narró Colom, que reconoció que pasaba un momento "apurado" por las deudas del Partit per la Independència.
El dinero que le dio Millet de fondos del Palau, pese a que figuraban como donación a una fundación que no llegó a constituirse, sirvieron para pagar "el desaguisado económico del PI". El convenio en el que se plasmaba esta transacción se falsificó cuatro años después, imitando la firma de Colom.
¿Cómo convenció a Millet para que le diera, al menos, 75.000 euros? "Me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista", sentenció Colom tras repasar su biografía. Joan Ferran (PSC) con quien mantuvo un intenso pulso, le respondió: "No creemos que el señor Millet fuera la hermanita de la caridad de los patriotas sin norte". Colom aseguró que estaba convencido de que el dinero se lo daba el saqueador a título personal. El cheque que firmó, aportado por el diputado de Esquerra Pere Bosch, lo desmiente.
El recibo que firmó especificaba que el dinero lo pagaba la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música e iba destinado a proyectos relacionados con la inmigración de la Fundació Espai Catalunya. Nada más allá de la realidad: Colom reconoció que fueron a su bolsillo para pagar deudas del PI. Sobre que el dinero salía del Palau, dijo que no se leyó el recibo: "Con lo contento que estaba, habría firmado cualquier cosa", ilustró. Aseguró que no recordaba si el dinero pasó por Hacienda, aunque lo dio por hecho porque "nadie" le ha requerido los detalles de la operación durante estos años.
Colom dedicó gran parte de su intervención a salvaguardar a CDC de cualquier sospecha de financiación irregular y cargó contra los demás partidos por crear lo que juzgó como "un tribunal politico". "Están fijados en un objetivo, en decir que CDC es culpable. Pues no, CDC es inocente", cargó Colom. Pese a que era militante de la formación cuando Millet le dio el dinero, él mantuvo que ambas cosas "no tienen nada que ver", y aseguró en varias ocasiones que las personas que le recomendaron visitar al saqueador no eran del partido. Pese a ello, se negó a aclarar los nombres de "los amigos" que le guiaron en la senda del Palau. Colom se despidió de la comisión con una última guinda: "Yo denuncio a este tribunal porque me parece un acto triste. Me entristece esta voluntad política de un tribunal de inquisición contra CDC". Sus palabras enfadaron al presidente de la comisión, que le prohibió continuar con sus valoraciones.
La influencia que Millet quería ejercer en política no solo la puso en práctica en la Administración autonómica, sino que también jugó sus cartas en su municipio, l'Ametlla del Vallès, para lograr una recalificación de unos terrenos destinados a la construcción de 55 viviendas. Los políticos que favorecieron en 2001 esta recalificación presuntamente estaban a sueldo de Millet, que anotó pagos de 1.500 euros al mes al ex alcalde, el independiente Albert Palay y otros 900 a su teniente de alcalde de CiU, Jaume Codina.
Ambos negaron estar a sueldo del ex presidente del Palau: "Lo desmiento rotundamente. Nunca he cobrado ni de Millet ni de su entorno", aseguró Palay; Codina repitió la misma fórmula. Ambos, sin embargo, no pudieron negar que recibieron dinero de Millet para sufragar gastos de sus partidos. Palay, que encabezaba el Grup Independent de l'Ametlla, no supo precisar la cantidad recibida, aunque la juzgó escasa dado que el presupuesto de su partido no alcanzó los 12.000 euros gracias a una campaña "imaginativa". El dinero se gastó en "butifarradas, pinchos, aperitivos y paellas", apreció el ex alcalde.
Codina fue más preciso: el dinero que le dio Millet -tampoco recordaba la cantidad- sirvió para pagar 100 carteles electorales para la campaña de 1999. Pese a que está retirado de la política, Codina exhibió, como Colom, una fuerte disciplina de partido. Exculpó a CiU del dinero recibido a CiU -dijo que la federación comarcal no sabía nada- y acusó al tripartito de querer hundirle "por convergente".
El tripartito y CiU mantuvieron un cruce de cartas relacionadas con operaciones de Millet en la Ametlla del Vallès. En ambas misivas, el saqueador confeso pedía ayuda al consejero de Política Territorial y Obras Públicas (primero Felip Puig, de CiU, y después Joaquim Nadal, del PSC), para acelerar la recalificación de unos terrenos. Nadal explicó a Europa Press que la carta pedía una modificación de los terrenos de Millet en la Ametlla que no aceptó. La práctica de enviar cartas a políticos era habitual en el saqueador.
Castells irá a la comisión de investigación por el hotel del Palau
La comisión de investigación del caso Palau tiene fijado su calendario hasta el lunes, cuando comparecerá, entre otros, el actual responsable de la Fundación de CDC, Agustí Colomines. Sin embargo, y dado que tiene tiempo de exponer sus conclusiones hasta el pleno del 28 de julio, la investigación abarcará más. Las nuevas revelaciones del caso han obligado a ampliarla: los documentos que presuntamente indican que CDC podría haberse quedado con 5,8 millones de euros del Palau procedentes de comisiones de obra pública concedida a Ferrovial hacen que el tripartito se plantee llamar a dirigentes de CDC, entre ellos los ex consejeros de Obras Públicas Pere Macias y Felip Puig.
También queda pendiente la visita de los dos saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull, prorrogada al estar encarcelados provisionalmente por el caso del Palau. La participación de la Generalitat en la operación del hotel llegará a la comisión, con la comparecencia del consejero de Economía Antoni Castells, que pidió acudir al Parlament tras declarar ante la juez. CiU, que ha insistido en cada sesión en la comparecencia, no dio tregua y criticó a Castells: "Compareció por la nevada cuando no quedaba nieve ni en el Aneto, y ahora vendrá cuando ya es insostenible", dijo el diputado Jordi Turull. La comparecencia de Castells no tendrá el formato del resto, de pregunta y respuesta, sino que el consejero y los grupos tendrán turnos de palabra sin interrupciones.
* El País - 30.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Palma.- Cinco detenidos por la operación Pasarela
DIARIODEMALLORCA* : Esta mañana se han practicado las primeras cinco detenciones en el marco de la ´operación Pasarela´. Entre los arrestados hay jefes de sección de Ibatur y responsables del departamento informático que están siendo interrogados en la Jefatura Superior de Policia. Mientras, continúan los registros en Madrid en las dependecias administrativas de las empresas Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting.
Según han confirmado a Efe fuentes de la investigación, estos registros han sido ordenados por el juez José Castro, instructor del "caso Palma Arena", quien, junto con su colega Ignacio Lope Sola, puso en marcha ayer esta nueva operación policial contra la corrupción, en la que se investigan presuntos desvíos de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).
El juez Castro se ha involucrado también en esta investigación por la relación de Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting con algunos de los supuestos delitos que instruye dentro del "caso Palma Arena", referido a la presunta malversación de dinero de la Administración autonómica en torno a la construcción del velódromo de la capital balear en la pasada legislatura.
El juez instructor ha divido esta causa en veinticinco piezas para que sean juzgadas de forma separada, una de las cuales se refiere al patrocinio de eventos deportivos por parte del Ibatur.
Los registros de Madrid, que comenzaron ayer, están siendo dirigidos personalmente por el fiscal Anticorrupción Horrach, quien también participó en la investigación del "caso Palma Arena.
Match Golf Consulting, una de las empresas escrutadas, participó durante la pasada legislatura en la organización del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en las instalaciones del club Pula -registrado ayer- y que patrocinó el Ibatur con una aportación anual de 4,7 millones de euros entre 2004 y 2007.
En cuanto a Over Marketing y Comunicación, relacionada con el "caso Gürtel", fue la empresa encargada de publicitar la "tarjeta verde", un carné de descuentos para turistas que puso en marcha el anterior Govern de Jaume Matas para reemplazar los ingresos previstos con la ecotasa, el polémico impuesto implantado por el primer Pacto de Progreso.
La tarjeta fue gestionada por la Fundación Balears Sostenible, que dirigió de 2003 a 2007 Pau Collado, imputado en el "caso Gürtel" como consejero delegado de Easy Concept, empresa propiedad del encarcelado Francisco Correa.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.06.10
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Greenpeace y EA denuncian por prevaricación al Gobierno de Congosto
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NORTECASTILLA/Palencia* : Ecologistas en Acción (EA) y Greenpeace han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia por un presunto delito de prevaricación del equipo municipal de Gobierno de Congosto de Valdavia al haber presentado su candidatura a acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares a sabiendas de que sus normas urbanísticas municipales prohíben la ubicación en suelo rústico común de "almacenes de residuos tóxicos o peligrosos o depósitos de residuos radiactivos o nucleares".
Asimismo y en un comunicado, fuentes de las dos organizaciones precisaron que de ser probados los hechos, los cinco ediles municipales que aprobaron por unanimidad, el pasado 28 de enero, presentar la candidatura del municipio para acoger el ATC podrían quedar inhabilitados para empleo o cargo público por un periodo de entre siete y diez años.
Además, se ha solicitado al Ministerio de Industria que retire "de forma inmediata" la candidatura de Congosto de Valdavia del proceso de selección de un emplazamiento para el ATC.
"Este es un claro ejemplo de que el proceso emprendido por el Ministerio de Industria es erróneo dado que al tentar a los alcaldes con dinero público fomenta las irregularidades que, como demuestra el caso de la candidatura de Congosto de Valdavia, pueden ser constitutivas de delito", aseguró la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato.
A su juicio, lo más sensato sería que el Ministerio de Industria diera por nulo un proceso de selección que, desde el principio, "ha adolecido de evidentes carencias de transparencia y participación democrática" para, a continuación, reiniciar uno nuevo "más sosegado, justo y consensuado que evite este tipo de comportamientos caciquiles y presuntamente corruptos que han tenido no sólo ésta, sino todas las candidaturas de Castilla y León".
Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción criticaron que la candidatura de Congosto de Valdavia para acoger el cementerio nuclear es "nula de pleno derecho" y que ésta debería haber sido invalidada por el Ministerio de Industria cuando tuvo conocimiento de este hecho.
Además, según las mismas fuentes, la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento del ATC, en los dos únicos informes (1) de análisis del término municipal de Congosto de Valdavia, hechos públicos el 9 de marzo y el 29 de abril, omitió cualquier mención a la incompatibilidad de las normas urbanísticas municipales vigentes en esta localidad con el proyecto mientras que estos mismos informes citan expresamente que "cualquier otra restricción derivada de la normativa local deberá ser considerada".
* El Norte de Castilla - E.P. - 30.06.10
Foto: Imagen de archivo de una protesta por la candidatura den ATC en Congosto. Borja Barba / El Norte de Castilla
'Caso Gürtel'.- "El Bigotes entregó sobres o dinero a cargos públicos del PP"
ELPAÍS/Valencia* : El juez Antonio Pedreira, en un auto del pasado 28 de junio, deniega a Álvaro Pérez, El Bigotes, la retirada de las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomienda. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se transcribe un durísimo informe de la Fiscalía donde señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa.
Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contrato, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, al que consideraba "amiguito del alma". El Bigotes llenó de regalos a la cúpula del PP valenciano en forma de trajes y otras dádivas.
El Fiscal señala en el auto notificado hoy por Pedreira: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los delitos de blanqueo, contra la administración y contra la hacienda pública y además los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 han acreditado la entrega de sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios".
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente".
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado".
* El País - 30.06.10
Foto: Álvaro Pérez enseña su moto a un amigo frente a la sede del PP de Valencia - elpais.com
El pisito
ELVIRA LINDO* : No es que España gastara por encima de sus posibilidades, es que se ha comportado con una insensatez en el gasto público superior a países más productivos que el nuestro. Cuando hablo de gasto público me refiero, por supuesto, al injustificado, al caprichoso, al sistema que se sacó de la manga la necesidad de miles de asesores, que multiplicó los coches oficiales, que permitió que un alcalde ganara más que un ministro o que el mismo presidente, que sufragó gastos de expediciones absurdas al extranjero para llevar una política exterior dispersa y disparatada y subvencionó o transformó (para mal) todas las fiestas populares convirtiéndolas en el escaparate del partido de turno. En fin, en esa carrera del gasto superfluo España fue campeona y cada lector puede añadir un elemento más de despilfarro.
Dicho esto, no me parece justo achacarle a las clases trabajadora y media responsabilidad en esa deriva hacia país de nuevos ricos que tomó el nuestro. La clase política, con su ejemplo, demostraba que vivir por encima de las posibilidades era asumible y productivo, y los bancos, por su parte, estimulaban el gasto de aquellos que no tenían dinero. Ese ha sido el ambiente. Teniendo en cuenta que el mercado de pisos de alquiler es lamentable y que nos hemos educado en la creencia de que no se alcanza la paz de espíritu sin un piso en propiedad, es irreprochable que los ciudadanos acudieran como locos a la miel de las hipotecas fáciles. A estas alturas la mayoría sigue cumpliendo (a duras penas) con sus plazos y es el sistema financiero quien exige ser tratado con mimo para que no seamos todos víctimas de su codicia.
Dejando a un lado que, ingenuamente, nos creyéramos que las vacas iban a estar siempre gordas, ¿qué culpa tenía el trabajador que aspiró a tener su pisito? El pisito fue siempre el paraíso de los pobres.
* El País - Opinión - 30.06.10
