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LAVERDAD/Murcia* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento , el abogado Cesáreo Gil de Pareja por su presunta pertenencia a una trama de corrupción, informaron fuentes de la investigación.
Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El martes pasado ya se detuvieron al funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra en excedencia desde ese año; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B.; y Francisca G. Con estas tres detenciones se elevan a ocho el número de arrestos en el marco de la misma operación.
Según las fuentes consultadas, los indicios que han provocado las tres detenciones de hoy han sido hallados por los investigadores en las últimas horas, entre la documentación incautada en la primera fase de la operación.
La Guardia Civil registra las viviendas de los detenidos
Agentes de la Guardia Civil están efectuando registros en los domicilios del primer edil de Librilla, José Martínez, del PP, del teniente de alcalde detenido y del asesor jurídico del ayuntamiento.
El alcalde ha acompañado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que efectuaron el registro de su vivienda, una casa antigua en planta baja de la calle Luis Melendreras de esta población, durante más de tres horas. Pasadas las cinco y media de la tarde, los agentes abandonaron el domicilio con dos cajas con diverso material que se incorporará a las diligencias de la investigación.
Según fuentes de la investigación, los registros se llevan a cabo en Librilla y en Murcia, donde reside el abogado implicado.
Un alcalde veterano en el cargo
Martínez, alcalde de Librilla desde 1991 a excepción de una legislatura socialista entre los años 2003 y 2007, está acusado de presuntos cobros de comisiones ilegales, al igual que su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y de un asesor jurídico del ayuntamiento.
El primer edil, dueño de una administración de lotería de la localidad, también acompañó el pasado martes, durante cuatro horas, a la Guardia Civil en el registro que ésta efectuó en la sede consistorial a raíz de la detención de los primeros cinco implicados en esta supuesta trama de corrupción urbanística.
Ese día, el alcalde aseguró a los periodistas que había colaborado "voluntariamente" con la justicia, y que "en ningún momento" había estado detenido.
Librilla , de casi 4.000 habitantes, es un municipio agrícola situado a las faldas de Sierra Espuña y su ayuntamiento está integrado por seis concejales del PP y cinco del PSOE.
Abogado urbanista y profesor de la UCAM
El asesor jurídico detenido hoy en Librilla,Cesáreo Gil de Pareja Otón, es profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y abogado especialista en urbanismo, con despachos en Alicante, Murcia y Cartagena.
Fuentes de la investigación informaron de que Gil de Pareja fue detenido en la segunda fase de la operación desarrollada en Librilla contra una presunta trama de corrupción urbanística.
Este abogado fue contratado por el ayuntamiento de Librilla para asesorar al equipo de gobierno en temas urbanísticos.
* La Verdad - E.P. - 20.11.2008
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
Detenidos el alcalde, un teniente de alcalde y un asesor del Ayuntamiento de Librilla por corrupción
Elda: El TSJ ordena al Ayuntamiento la ´inmediata paralización´ de las 1.000 viviendas del Sector 9
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha infringido un severo correctivo al Ayuntamiento de Elda por permitir que las obras de urbanización y edificación del Sector 9 continúen a pesar de que un auto del mismo tribunal ratificó, hace tan sólo dos meses, la suspensión cautelar de este controvertido plan parcial.
Ayer la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ notificó a las partes del litigio una resolución en la que ordena al equipo de gobierno popular a "la inmediata paralización de las obras en cumplimiento del auto de suspensión dictado". En la providencia, contra la que el Ayuntamiento puede recurrir en un plazo de cinco días, se indica que "es obvio que las resoluciones judiciales no pueden ser ignoradas por la administración municipal y obligan a todos".
Esta medida, que puede prolongarse hasta que en marzo se emita la sentencia, impide seguir con los trabajos para crear calles y dotar de servicios a la principal zona de expansión urbana de Elda pero también bloquea la construcción de las 1.000 viviendas de protección oficial programadas, muchas de las cuales se encuentran en una fase muy avanzada e incluso vendidas.
Como se sabe, fue la promotora Gydos la que solicitó al TSJ la suspensión del Sector 9, que fue aprobado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en junio de 2005. Con anterioridad Gydos presentó un proyecto para urbanizar la zona pero finalmente el Ayuntamiento, gobernado entonces por un PSOE en minoría, decidió adjudicar la actuación a los propietarios del suelo constituidos en una Agrupación de Interés Urbanístico. Las obras de urbanización comenzaron en agosto de 2007 pero los pronunciamientos judiciales siempre le han dado la razón a Gydos al entender que existen "ilegalidades". La vulneración del Plan sobre Prevención de Riesgo de Inundabilidad de la Comunidad Valenciana y la falta de autorización de la CHJ garantizando el suministro de agua son las principales.
A pesar de ello el Ayuntamiento ha permitido que las obras continuasen para no estrangular el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, tras esta última resolución del TSJ, el equipo de gobierno que dirige Adela Pedrosa podría cambiar de criterio. En caso contrario el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción establece "la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.502 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o la sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". En virtud del mismo artículo y según ha explicado el gabinete jurídico de Gydos, también se podrían exigir responsabilidades penales a la alcaldesa por desobediencia a los mandatos judiciales.
La tranquilidad del equipo de gobierno del PP
El concejal popular Francisco Muñoz señalaba en julio, tras recurrir el primer auto del TSJ que suspendía cautelarmente la ejecución del Sector 9, que en el peor de los casos una sentencia contraria "no va a hacer que la tierra de este plan parcial desaparezca, por lo que el Ayuntamiento siempre tendrá la posibilidad de redefinir la zona". Así lo indicó en rueda de prensa al tiempo que transmitía tranquilidad a los afectados, en este caso constructoras, promotoras, propietarios de terrenos y de pisos. "Esta actuación -comentó entonces- sigue su curso con normalidad y en esta cuestión todos los grupos políticos vamos a apoyar y a defender a la gran cantidad de ciudadanos que han comprado sus viviendas en la zona". Un mensaje que no parece haber generado mucha confianza entre los eldenses. De hecho, varios constructores reconocían semanas atrás que la incertidumbre jurídica que se ha creado en torno al Sector 9 les ha hecho perder muchos clientes.
* Información - PÉREZ GIL - 20.11.2008
Foto: El controvertido Sector 9, la principal zona de expansión de Elda con 150.000 metros junto a la avenida de Ronda - JESÚS CRUCES, diarioinformacion.com
Los jueces ya han ordenado en Sevilla más de 25 sentencias que incluyen demoliciones
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ELPAÍS* : El número de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en distintos parajes de la provincia de Sevilla, supera ya la cifra de 25 resoluciones, tras una primera etapa en la que los jueces condenaban por la construcción ilegal, pero no incluían la obligación de devolver el paraje a su estado primitivo. Aún así, no todos los condenados llevan a cabo tales demoliciones.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha instado a los jueces a que sea la Junta quien derribe las construcciones ilegales si no lo hace el interesado, una vez que sea firme la condena y para "garantizar el cumplimiento de la orden judicial". La Fiscalía sevillana está instando a los jueces de lo Penal "a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico".
En esta materia, la Audiencia Provincial de Sevilla está revocando desde 2006 las sentencias que no ordenan la demolición "como único modo de restaurar el orden vulnerado por el delito". En 2008 ya se han dictado cinco sentencias en ese sentido.
Las últimas sentencias dictadas se refieren a chalés levantados en el paraje Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, donde la Fiscalía denunció en 2005 a cientos de propietarios por construir en zona forestal no urbanizable.
Entre estos casos más recientes, una pareja condenada por construir una vivienda ilegal en Las Minas derribó su inmueble tras el requerimiento de un juzgado sevillano, de manera que ni el Ayuntamiento ni la Junta ni el Seprona tuvieron que intervenir en el asunto. Los dos acusados, R.C.C. y J.G.A., habían comprado en enero de 2005 la parcela en Las Minas, en la que posteriormente construyeron una vivienda de 80 metros cuadrados, que fue detectada a comienzos del verano de 2005. Por tal circunstancia, el juzgado de lo Penal 9 de Sevilla condenó a la pareja a derribar su inmueble, algo que, según las mismas fuentes, "normalmente" suele ser desatendido.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo sostiene que una condena que no ordene demoler lo ilegal contribuye a "consolidar el daño" y es un "efecto llamada" a que otros ciudadanos se vean tentados a cometer los mismos excesos.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Sevilla - 19/11/2008
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
Escorca: El juez suspende cautelarmente la licencia que permite 105 viviendas en Es Guix
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DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de lo contencioso - administrativo nº3 de Palma emitió el pasado martes un auto judicial mediante el que acuerda la suspensión cautelar del decreto de alcaldía del ayuntamiento de Escorca del pasado 8 de septiembre de 2006 por el que se concedió licencia de obras a la entidad Marina de Portitxol (actualmente Urnova S.L.U.) para la construcción de 105 viviendas, locales y garajes en la urbanización de Es Guix, en Escorca, con un presupuesto de 7,6 millones de euros.
La suspensión cautelar dictada por el juez es una consecuencia del recurso interpuesto por el Consell de Mallorca el pasado mes de abril contra la decisión del ayuntamiento de Escorca de otorgar licencia de construcción a la urbanización de Es Guix. El juzgado todavía no ha dictado sentencia respecto al citado recurso del Consell, aunque ha considerado la necesidad de evitar un daño "irreparable" en un espacio de gran interés medioambiental hasta que no haya una resolución firme.
El juzgado considera que, en caso de estimarse el recurso del Consell contra la licencia de obras y tener que ejecutar la demolición de lo construido, "el daño producido al entorno ambiental y paisajístico ya se ha producido con la destrucción propia que toda edificación y construcción supone" y que "los valores ambientales y ecológicos, absolutamente vulnerables por la acción del hombre, han de ser motivo de especial protección y son fuente de riqueza per se, por lo que un impacto en ellos ha de ser cuidadosamente analizado cuando se trata de la posibilidad de una edificación cuya legalidad de la licencia de obra es cuestionada por una Administración interviniente en su tramitación (Consell) para la concesión por parte de la Administración competente para ello (Ayuntamiento)".
El Consell de Mallorca argumentó en su recurso contra la licencia de obras que la declaración de los terrenos de Es Guix como suelo urbano conforme a las Normas Subsidiarias de 1993 no se ajustaban a la legalidad al no contar con los servicios exigidos y que la licencia es ilegal al faltar la autorización previa vinculante de la Comisión de Patrimonio Histórico.
Reacciones políticas
La consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, expresó ayer su "satisfacción" por el auto y destacó que los argumentos judiciales coinciden con los del Consell. El Bloc también celebró en un comunicado la suspensión cautelar de la urbanización de Es Guix.
El alcalde de Escorca, Antoni Gómez (PP), aseguró que el auto no le produjo ninguna sorpresa. A su entender, "era de esperar, ya que es una decisión cautelar en cuanto no se resuelva el pleito planteado". Gómez destacó que el auto judicial "no prejuzga nada y es un tema menor", a pesar de que "Dubón lo vea como un triunfo del Consell". El primer edil añadió que el Ayuntamiento estudiará con sus servicios jurídicos si presenta recurso.
* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA - 20.11.2008
Foto: Fotomontaje que ilustra las viviendas proyectadas en Es Guix, ahora paralizadas de forma cautelar - diariodemallorca.es
Ciempozuelos: Dos ex alcaldes del PSOE cobraron varios millones de constructoras
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ELPAÍS/Madrid* : Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro nunca cobraron de la promotora Esprode los 40 millones de euros que figuraban en el falso contrato que presentaron en un banco de Andorra en 2006 para justificar el ingreso de un millón de euros. Pero aquel ingreso sospechoso les supuso una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que acaba de detallar sus supuestas mordidas, que suman varios millones de euros.
El fiscal ha comprobado, tras dos años de investigación, el "cobro por Torrejón, amparado por la actuación de Elena Berrio [su esposa], de cantidades importantes de dinero incompatibles con su posición de alcalde de Ciempozuelos, a las que habría tenido acceso, en mayor o menor medida, Tejeiro". Los pagos irregulares procederían "bien de sociedades constructoras con intereses en el municipio de Ciempozuelos [Esprode y Bitango], bien de contratistas del Ayuntamiento que presidía, como los derivados de Alfonso Méndez y sus sociedades". Tales cohechos se abonaron u ocultaron a través de una red de "testaferros como Francisco Javier Marazuela y los responsables de Urbego y Comernet Green, Juan Ángel Muñoz García y Manuel Ramón Martín Peña". Las constructoras pagaban a firmas intermediarias, singularmente de Marazuela, y el dinero acababa en sociedades que el fiscal considera tapaderas patrimoniales de Torrejón o Tejeiro. La policía ha registrado estos días sedes de los testaferros en busca de pruebas.
- Comernet Green. Abonó 5.391 euros en 1999 a Tejeiro, que poseía en su casa una visa de dicha firma y extractos bancarios. La esposa de Torrejón recibió 6.000 euros de dicha empresa en 1999. Ese año, esta firma cobro 193.000 euros de Ecocedes, del contratista municipal de basuras, Francisco Méndez. Copias de tales facturas fueron halladas en casa de Tejeiro.
- Urbego. Recibió en 2005 de Frangest, firma de Marazuela, 1.920.000 euros. Y cobró 860.000 euros en 2006 por asesoramiento a la inmobiliaria Bitango. Tales facturas fueron halladas en el ordenador de Tejeiro. El total percibido en 2006 de dicha constructora se eleva a 1.574.000 euros. Igualmente, cobró en 2006 a Frangest 228.872 euros. Y recibió 1.719.000 euros en 2005 de Comernet Green. Urbego hizo pagos en 2005 a Viajes Sanitur, de Marazuela, de la que percibió ingresos entre 2000 y 2002 la hija de Torrejón.
- Pradogest. Asesoría que administra la esposa de Torrejón y de la que él es apoderado. Ecocedes, empresa del contratista Méndez, le abonó 8.588 euros en 1997. En 2005 cobró 141.240 euros de Urbanges y 6.060 de Viajes Sanitur, ambas de Marazuela. En 2004, cobró de Viajes Sanitur 3.000 euros, y otros 2.100 de Ischadia Bus, también de Marazuela, pagos que se repitieron en 2005. También vendió en 2003 por 3.606 euros dos pisos en Madrid a Sugessa, vinculada a Esprode. Pradogest cobró sumas de otra firma del contratista Méndez (GD Maquinaria): 70.000 euros en 1999; 41.830 en 200 y 16.383 en 2001.
- Bitango Promociones. Esta constructora hace los siguientes abonos a sociedades de Marazuela: 264.480 euros a Ischadia Bus y 4.228.118 euros a Frangest, ambas de Marazuela, pagadora de las firmas con las que supuestamente Torrejón blanqueaba dinero (Comernet Green y Urbego). También pagó directamente 1.574.002 euros en 2006 a Urbego, unos 600.000 euros a Urbanges y otros 454.000 a Frangest, ambas de Marazuela. Urbanges, por otro lado, le compró a Torrejón un piso en Almuñécar por 222.000 euros en 2005 que el ex alcalde adquirió dos años antes por sólo 180.000 euros.
- Frangest y Urbanges. Ambas son de Marazuela. El fiscal las considera intermediarias de los pagos de las constructoras al ex alcalde. Frangest cobró tres millones de euros en 2005 de Bitango y pagó casi dos millones a Urbego.
- Format y Cosulting. La gestiona Juan Ángel Muñoz, asesor fiscal de Torrejón. En 2004 recibió 200.000 euros de Esprode, con los que compra ese mismo día una finca a Kimuso en Ciempozuelos. Una firma ejerció una opción de compra sobre dicha finca y seis más, a cambio de un millón de euros. Curiosamente, Format paga con dinero de Esprode a una vendedora, Kimuso, de la que es accionista dicha constructora. Y, como recibe 200.000 euros en señal de tal opción de compra, no sólo le sale gratis, gana dinero sin haber puesto un euro, según la investigación.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 20/11/2008
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org
La CHJ inicia los derribos en el delta del río Palancia bajo la vigilancia de la Guardia Civil
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LEVANTE/Valencia* : Las palas excavadoras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzaron ayer los derribos de las más de 200 construcciones, en su mayoría ilegales, del delta del río Palancia.
Y todo bajo la estricta vigilancia de un amplio despliegue de la Guardia Civil que desde las seis de la madrugada tomaba literalmente toda la desembocadura, impidiendo el acceso a los propietarios que poco a poco comenzaron a congregarse al final del paseo marítimo del Port de Sagunt.
La indignación de los afectados era palpable. Especialmente entre aquellos que tenían animales en sus parcelas y no podían acceder a las mismas para alimentarlos. "Entre perros y ovejas tengo más de treinta animales y están sin comer ni beber desde ayer", se lamentaba uno de los propietarios. "Si hace falta esta tarde les acompañarán uno a uno para que entren y se los lleven", trataba calmar los ánimos un guardia civil. Igualmente, se destacaba que en el operativo participaban veterinarios para atender a los animales.
Pero sobre todo los congregados se quejaban de la total desinformación sobre qué era lo que estaba pasando realmente. Y es que el bloqueo del lugar era total. De hecho, algunos propietarios que intentaron acceder por pequeños caminos y sendas, fueron inmediatamente localizados e interceptados por los agentes de la benemérita que mantenían herméticamente cerrado el recinto. El dispositivo se mantuvo hasta pasadas las 18,30 horas. Precisamente, el férreo control de la Guardia Civil centraba las protestas. "No se nos ha dejado entrar a nuestra propiedad", denunciaba uno de los presentes. "Están impidiendo el paso por una vereda que es de tiempos de la Mesta y hasta en Madrid tienen que dejar abierta para el ganado", comentaba otro. Además, censuraban que el CHJ estaba entrando en sus parcelas sin supervisión de los afectados. "Se nos impide el derecho constitucional al libre tránsito", criticaban.
De hecho, los reunidos hicieron que un notario levantara acta del bloqueo de la Benemérita de los caminos y a lo largo del día fueron presentando denuncia de los hechos en el juzgado.
* Levante-EMV - J. M. Rambla, Sagunt - 19.11.2008
Foto: demolición. Las palas excavadoras comenzaron los trabajos de derribo en el delta del río Palancia - tortajada, levante-emv.com
Regular la desregulación
GERARDO ROGER* : Afortunadamente, comienza a haber un cierto consenso sobre las causas y las salidas a la más grave crisis que ha vivido la actividad inmobiliaria en los últimos tiempos. Conviene recordar que el sector inmobiliario español, como locomotora del desarrollo económico, produjo en el periodo 1997-2006 más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas, lo que paradójicamente para algunos gurús del neoliberalismo, ocasionó un incremento especulativo de los precios no conocido hasta entonces: un 150% para la vivienda y un 500% para el suelo.
Pero tal como argumentaban los responsables de entonces, no había que preocuparse, ya que si se construían tantas viviendas y tan caras era porque los ciudadanos las compraban.
Pero como la historia económica nos enseña, a los ciclos expansivos les siguen ciclos recesivos, siendo éstos tanto más profundos, cuanto aquellos fueron más desproporcionados. Adicionalmente, el escenario español se remata con la crisis de las sub-prime y financiera y sus graves afecciones a la economía globalizada mundial.
Afortunadamente, hoy se desvela, como causante principal del desastre, la desregulación acometida, antaño considerada como garante del acierto del mercado y hoy virulentamente rechazada por quienes más la ensalzaron. De hecho, pocas veces se cuestionaban aquellos desregulados procesos inmobiliarios. Más bien se aplaudían los préstamos hipotecarios superiores al 100% de su valor, apoyados en sobre-valoraciones totalmente irreales. Se tasaban patatales como solares y viviendas con incrementos anuales cinco veces superiores a la inflación. Se compraban grandes empresas por pequeñas y medianas, financiándose exclusivamente con préstamos garantizados en el valor especulativo de sus activos. Tampoco parecía preocupar la presumible incompatibilidad existente entre auditoras y empresas auditadas. A la Administración competente le pareció necesario, y así lo dispuso, considerar que todo el suelo (salvo el especialmente protegido) fuera susceptible de ser urbanizado y que el valor del urbanizable, aun solo a efectos de expropiación, fuera equivalente, desde el momento de su reclasificación, al beneficio del potencial negocio inmobiliario sin que sus propietarios invirtieran un euro ni hicieran nada (al menos confesable) que lo justificara.
Pues bien, toda esta estructura desregulada comenzó a desplomarse a mediados de los años 2000, derrumbándose repentinamente en el verano de 2007, impulsada por el seísmo globalizado de las hipotecas-basura.
Obviamente, la solución no puede ser otra que la inaplazable necesidad de regular la desregulación.
Procede en primer lugar, recuperar el flujo financiero, inyectando liquidez en las entidades de crédito para que discurra por los cauces del préstamo hipotecario, hoy exhaustos por causa de las euforias anteriores, tal como ya se ha adoptado.
En segundo lugar, procede acometer una intencionada regulación del mercado inmobiliario, actuando a largo y a corto plazo. A largo, disponiéndose, por un lado, una legislación del suelo Estatal que garantice el desarrollo sostenible, el derecho a la vivienda, una valoración inmobiliaria basada en lo preexistente y una regulación de la transformación urbanística que potencie la actividad productiva y penalice la retención especulativa y una legislación urbanística valenciana que desarrolle concertadamente esos principios y resuelva, de una vez por todas, el contencioso con la CE.
A corto plazo, dando salida en primer lugar al importante stock de viviendas sin vender (entre 80.000 y 120.000 en la Comunidad Valenciana, según estadísticas) pues, sin ello, gran parte del sector no dispondrá de recursos para nuevas inversiones. En segundo lugar, producir decididamente viviendas protegidas, para las que existe gran demanda insatisfecha, apostando intencionadamente por el régimen de alquiler, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, incluyendo la reurbanización urbana y redefiniéndose necesariamente unos precios oficiales de venta que no superen el esfuerzo económico del tercio de los ingresos para aquellas rentas familiares inferiores a 6,5 veces el IPREM. Téngase en cuenta que este umbral de esfuerzo es decisorio para la concesión del préstamo hipotecario, por lo que no puede admitirse un precio inflado de la vivienda a causa de que el valor de repercusión del suelo que ese precio conlleva, sea igual o superior al de viviendas de renta libre, como ocurre en algunas localizaciones urbanas.
Finalmente, deben impedirse las prácticas fraudulentas que han caracterizado el mercado de vivienda protegida disponiéndose que su adjudicación se realice siempre mediante concurso público, transparentemente baremado y que se mantenga su calificación como protegida a lo largo de su vida útil, para rentabilizar socialmente los recursos públicos invertidos.
Todas estas medidas reguladoras de la desregulación, junto a otras análogas, se recogen en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-12 que el ministerio y la Generalitat valenciana vienen negociando y que, en poco tiempo, verá la luz, al parecer con alto grado de consenso. Esperemos que se aplique cuanto antes y deseablemente de manera concertada entre las Administraciones competentes y con los particulares emprendedores que estén dispuestos a participar. La situación del sector y del empleo es tan delicada, que toda musculatura es poca. La regulación racionalmente concertada, debe ser el mantra que dirija toda la actividad del sector, al menos a corto y medio plazo.
* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo.
* ELPAIS.com - Opinión - 18.11.2008
