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IDEAL/Granada* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado una denuncia contra el regidor de Carataunas, la secretaria y el arquitecto técnico del Ayuntamiento por un delito de supuesta prevaricación urbanística al autorizar una promoción de 65 viviendas con garaje y piscina en el paraje de Haza Macabe. La investigación parte de un escrito enviado a la Fiscalía en el mes de febrero por Ecologistas en Acción, en el que alertaba de la construcción de un gran bloque de pisos sobre un antiguo cementerio musulmán.
La alcaldía de Carataunas se decidió en las pasadas elecciones por una moneda de 20 céntimos. Se tiró al vuelo en el Juzgado de Órgiva y salió cruz. Salvador Rodríguez (PP) había escogido el envés de la moneda y por puro azar se convirtió por cuarta vez en alcalde de este pueblo diminuto en el corazón de la Alpujarra. El más pequeño en superficie de toda la comarca y junto a Lobras y Juviles el menos poblado.
Salvador tendrá que volver a los juzgados pero, en esta ocasión, no se la jugará a cara o cruz.
En su decreto, fechado el 21 de septiembre, el fiscal delata que la promoción no ha sido tramitada correctamente y que se levanta sobre suelo no urbano, según han expresado los técnicos de Obras Públicas en un informe. De las dos plantas permitidas, el bloque pasó a seis -recoge la Fiscalía-, lo que «rompe la armonía del entorno».
En otro decreto del 17 de mayo la Fiscalía pidió al Ayuntamiento de Carataunas que parase las obras del edificio. Los inspectores de la Junta cursaron una visita el pasado 8 de agosto y reflejaron en su informe que había «gente trabajando» y que se estaban produciendo «movimientos de tierra».
Un problema
Carataunas apenas tiene 5 kilómetros cuadrados de superficie. Para hacerse una idea, Órgiva es 26 veces más grande (134 kilómetros). Si se compara con la provincia, Carataunas representa el 0,03% del terreno de Granada.
En pueblo viven unos 200 vecinos. Entre ellos se encuentra esporádicamente Margaret Moran, una diputada del gobierno inglés que mantiene un enconado pleito con los 'gatos' -gentilicio del pueblo- por impedirles el paso por un camino histórico que trascurre por su propiedad.
Hasta ahora, Carataunas se había convertido en noticia por el peculiar sorteo por el que se resolvió el empate técnico de las municipales o, años antes, por organizar unos mundiales de tiro al plato sin escopeta -a huevazo limpio- y campeonatos de comedores de flanes y bebedores de leche. Uno de los últimos ganadores engulló 19 flanes en 10 minutos.
La carpeta de expedientes urbanísticos de Carataunas va camino de batir otro récord menos decoroso.
Más de las que había
Según el último censo oficial, en Carataunas hay 148 casas, de las que sólo 81 sirven de vivienda habitual. Pero el 'ladrillo' no entiende de estadísticas pazguatas y se manifiesta a lo grande. Actualmente hay casi un centenar de pisos de nueva construcción en el minúsculo municipio que están rodeados de polémica. Casi más de los que había.
La mayoría pertenecen a promociones denunciadas en los juzgados y otros casos puntuales están siendo investigados por los agentes de la Guardia Civil. Los desmanes urbanísticos son tan variopintos que se han tenido que solicitar informes hasta a la Policía Mortuoria.
Otro contencioso
La otra gran obra inmersa en la polémica es una promoción de 24 viviendas en el Bancal del Barrio Alto. La Junta ha presentado un contencioso contra el Ayuntamiento al entender que las casas se levantan en suelo no urbanizable. En un auto fechado a finales de junio el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada acordó paralizar la licencia hasta que se resuelva el pleito.
Sin embargo, en un informe fechado el 16 de agosto -y que obra en poder de IDEAL- los técnicos de Obras Públicas comprobaron en presencia de la Guardia Civil que seguían los trabajos. Los encargados de la obra justificaron que tenían orden de acabar un «murete».
La Guardia Civil ha investigado otras denuncias puntuales. Según un atestado reciente se han levantado dos chalés cerca del cementerio. Los informes son contradictorios. Algunos apuntan a que se ha edificado sobre suelo rústico y otros aseguran que las parcelas son urbanas. Tampoco hay unanimidad sobre la distancia que las casas deberían guardar con respecto al camposanto. Este asunto ha motivado que se solicite un estudio a la Policía Mortuoria.
La Guardia Civil también ha encontrado algunas viviendas -aparentemente casetas de aperos- que se han convertido en coquetas residencias con varias plantas y en algún caso con piscina. Coincide que los propietarios suelen ser extranjeros que se han refugiado en la Alpujarra en busca de tranquilidad.
Más casos. La Fiscalía del TSJA ha incoado diligencias tras la denuncia presentada contra un técnico aparejador del Ayuntamiento de Carataunas por un particular, quien le acusa de prevalerse de su cargo para apropiarse de una parcela de secano que no le pertenecía.
quicochirino@ideal.es
* Ideal - Granada - 07.10.07 - Q. CHIRINO Y C. MORÁN
Foto: El voluminoso bloque contrasta con la imagen del pueblo, al fondo /ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
El pueblo más pequeño de la Alpujarra entra en la lista de los desmanes urbanísticos
El urbanismo "creativo" de Málaga
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, ha desarrollado un sistema de ingeniería urbanística que ha permitido aumentar el aprovechamiento de las parcelas de al menos tres empresas privadas, Málaga Wagen (Volkswagen), Repsol y Citesa (Telefónica). El método consiste en computar junto al suelo de titularidad privada calles y zonas públicas adyacentes de forma que se genere una nueva área de reparto con mayor superficie. Esto permite construir a mayor altura respetando al mismo tiempo los límites de edificabilidad máximos fijados por la Junta de Andalucía.
El ejemplo más claro de este "urbanismo creativo", como lo denomina el viceportavoz del grupo municipal socialista, Enrique Salvo, se encuentra en los suelos que actualmente ocupa el concesionario de Volkswagen, en la Carretera de Cádiz, el distrito más densamente poblado de la ciudad. En este caso, el Ayuntamiento firmó un convenio con Málaga Wagen por el que a cambio de 2,65 millones de euros, el municipio recalificaba como urbanizable el suelo de los talleres y el concesionario, unos establecimientos industriales que el consistorio considera "inadecuados en el entramado residencial" predominante en la zona. La empresa deberá buscar un nuevo emplazamiento en la ciudad, pero mientras tanto, sus dueños podrán levantar en el solar una torre de 16 plantas y un zócalo comercial de cinco junto a otros edificios que sólo tienen ocho alturas.
El mecanismo para aumentar la edificabilidad ha sido el siguiente: Málaga Wagen aporta un suelo de 4.102 y el Ayuntamiento ofrece un suelo público asociado de 5.383 metros cuadrados, de modo que el área de reparto es de 9.485 metros cuadrados, de los que el 58% son públicos. Entre los elementos públicos que se computan para poder construir más plantas están una rotonda, las calles paralelas al concesionario y la acera frente a la entrada del establecimiento, donde en el futuro se construirá una estación de metro.
Densificación superlativa
El PSOE, que ha impugnado el convenio de Málaga Wagen ante la Junta de Andalucía, considera que se "producirá una densificación superlativa de zonas ya muy pobladas". Por su parte, el Ayuntamiento aclara que no cede edificabilidad de su propiedad para aumentársela a las empresas y asegura que "los aprovechamientos lucrativos de la empresa se determinan en función de la superficie privada de la que es titular, no del suelo público asociado". El consistorio explica que al equipo redactor del PGOU estas actuaciones les parecen "justas y acertadas al considerar la existencia de un equilibrio entre los intereses de viabilidad económica de la empresa, los intereses de renovación del lugar y las necesidades de reurbanización de la zona".
La aprobación del convenio de Málaga Wagen no requiere más que su aprobación por la Junta de Gobierno local, ya que se considera una "adaptación del PGOU vigente", asegura Salvo.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/10/2007
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)
"La Xunta debe denunciar más delitos contra la ordenación del territorio"
FARODEVIGO* : La pelota está sobre el tejado de la Xunta. El fiscal especializado en Urbanismo del TSXG, Antonio Valdés, emplaza a la Administración autonómica a presentar más denuncias contra los delitos urbanísticos que se están cometiendo en Galicia. "El porcentaje de las denuncias que llegan por parte de la Xunta es muy residual", apunta Antonio Roma, al tiempo que asegura que la Fiscalía está trabajando, tanto en materia urbanística como medioambiental, para que el Gobierno gallego tome la iniciativa y recurra a los tribunales.
"Estamos en el camino de que aumenten las denuncias que remite a la Fiscalía", concluye Roma.
- ¿Cada vez hay más "profesionales" de las denuncias en materia urbanística, como apunta la Fiscalía de Pontevedra en su memoria anual?
- La Fiscalía de Pontevedra habla de personas que abusan de las instituciones legítimas de nuestro ordenamiento jurídico. Son personas que buscan presionar a alguien que tiene una licencia. Hay personas que han hecho de la impugnación de la actuación urbanística un negocio, lo que no quiere decir que sean delincuentes. En determinados municipios se denuncia una inactividad muy frecuente por parte de la Administración local frente a la cual la jurisdicción penal no tiene armas para combatirlo.
- El medio ambiente gallego, según un estudio de Ecologistas en Acción, es el tercero más afectado de España por la marbellización de la costa, por detrás de Andalucía y Murcia. ¿Ese efecto Marbella, no por la corrupción urbanística sino por la ocupación del litoral, se ha comenzado a notar en Galicia?
- Desconozco los criterios utilizados para cuantificar, cualificar y ordenar las comunidades en función de su agresión al litoral. De cualquier manera el proceso de marbellización es excepcional en Europa, tanto en el aspecto relativo a la corrupción como en el económico. La capacidad de atraer turismo que tiene esa zona de Andalucía es excepcional. Málaga o Alicante se han convertido en segunda residencia de pensionistas procedentes de otros países con un alto nivel adquisitivo. En Galicia se han incoado diligencias en las fiscalías de Pontevedra, A Coruña y Lugo por actuaciones concretas en la costa. El marco actual, que ya deja entrever que se avecina un período de ligero estancamiento de la construcción, puede afectar en el sentido de paralizar el proceso constructivo. Pero desconozco hasta qué punto se puede hablar de riesgo real, hoy por hoy, de marbellización.
- ¿Qué agresiones urbanísticas están investigando en la comunidad gallega?
- Se están abriendo diligencias siguiendo unos criterios generales. La mayoría de las infracciones contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente se producen por actuaciones de particulares. Hasta ahora, se ha prestado mucha atención en Galicia a las que se producen en la costa. Todas las sentencias que hasta ahora hay en Galicia en materia de delitos urbanísticos se refieren a construcciones de viviendas unifamiliares o anexos de viviendas en la zona de costa. Pero no es el único campo de delincuencia. Ya se han empezado a presentar denuncias por construcciones en suelos no urbanizables comunes y también en suelos no urbanizables de protección forestal o ganadera. Hay un aspecto muy preocupante también que son las actuaciones en cascos históricos. Esto obliga a ir abriendo el campo de acción.
- ¿El urbanismo actual en zonas de A Costa da Morte es más propio de Levante o Costa del Sol que de Galicia?
- Me consta que existen grupos económicos urbanísticos fuertes que se están instalando en A Costa da Morte, pero el número de denuncias mayor no ha llegado a la Fiscalía por esa zona. En las grandes ciudades o sus alrededores es donde se concentran la mayor parte de las querellas. Pero las armas que tenemos son limitadas porque tenemos un Código Penal que restringe las conductas penales a muy pocas figuras.
- ¿Hay una Marbella gallega?
- De ninguna manera. El volumen de denuncias es muy distinto. La Fiscalía de Málaga lleva en la actualidad diez veces más número de diligencias registradas que todas las Fiscalías gallegas. Sólo hasta junio llevaban 500.
- La Xunta interpuso recursos judiciales contra Barreiros, Malpica, Fisterra y anunció "bastante más". ¿La Administración debería denunciar más este tipo de delitos?
- El porcentaje de denuncias que llegan por parte de la Administración pública es muy residual. Estamos en el camino de que la Xunta aumente ese número. Seguramente en el futuro veremos más. En eso se trabaja desde la Fiscalía, ya no sólo en materia urbanística, sino también medioambiental. La comunicación con la Xunta es fluida, ya que en ocasiones necesitamos datos que sólo ella nos puede facilitar para nuestra investigación, pero creo que el número [de denuncias por parte de la Administración] debe incrementarse.
- Muchas administraciones han permanecido ciegas, sordas y mudas durante años ante las agresiones urbanísticas...
- Las armas que tiene la Administración no son eficaces en muchos casos, pero no por falta de voluntad. Ante la posibilidad de paralizar una obra que, por ejemplo, afecte a un yacimiento o a un bien inmueble dentro de un caso histórico, la Xunta está maniatada con su legislación porque no puede paralizar la obra más allá del primer mes porque si pasa de ese primer mes tiene que expropiar la finca o el valor que tenga la construcción en ese segundo mes. La Administración no tiene manga ancha para entrar en muchas infracciones urbanísticas.
- ¿La Ley del litoral contribuirá a frenar las irregularidades urbanísticas?
- Las leyes tienen recorrido a medio plazo. Todas las leyes que llegan en materia de urbanismo tienden a producir efectos positivos, aunque a veces no llegan a buen puerto o al puerto que se desearía. Ojalá no sea el caso de la Ley del litoral y que disminuya este tipo de infracciones.
* Faro de Vigo - Rosa Prieto - 07 de octubre de 2007
Foto: Galicia, ría de Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
06/10/07 Madrid. Manifestación por una vivienda digna
ROJOYNEGRO*
En la tarde de ayer, miles de personas (entre 10.000 y 15.000, según los organizadores) marcharon por las calles de Madrid para reivindicar el derecho a una vivienda digna. La manifestación salió de la Puerta del Sol pasadas las seis de la tarde para llegar, dos horas y media después, a la glorieta de Atocha.
Durante esas dos horas y media, los manifestantes recorrieron la calle de Alcalá, entre los ya clásicos gritos de “¡queremos un pisito como el del principito!” o “¡Espe, Espe, Espe… Especulación!”, girando en Cibeles para enfilar el Paseo del Prado hacia el punto de llegada. En la misma plaza de Cibeles tuvo lugar un acto de denuncia: dos personas disfrazadas de superhéroes de la vivienda dejaron una vivienda simbólica (de cartón) en la puerta del Banco de España para denunciar la especulación inmobiliaria, acción que se repitió en la plaza de Neptuno.
Los lemas de las pancartas eran de lo más variado, pero todos en el mismo sentido: “con tanto piso vacío se va a armar un lío”, “terrorismo inmobiliario no”, “gente sin casa, casas sin gente. Alquiler social. ¡Ni subvenciones ni migajas!”… La marcha iba precedida de una furgoneta con megafonía desde donde se proponían consignas y se ofrecían datos relacionados con la situación de la vivienda en el Estado español a los viandantes.
Grito
A la llegada a Atocha se produjo el momento culminante de la manifestación: todos los allí presentes gritaron como una sola garganta “¡no vas a tener casa… En la puta vida!”. La operación se repitió varias veces, tras lo que se desconvocó el acto.
Esta manifestación se produce año y medio después de las primeras sentadas por una vivienda digna que, con carácter espontáneo, dieron lugar a lo que hoy es la Asamblea Contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Como ellos mismos declaran, pasado este tiempo “seguimos sin techo ni derecho, hipotecados, endeudados o dejándonos la mayor parte del sueldo en el alquiler […]. Año y medio después, de nuevo salimos a la calle para reivindicar que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un modelo donde el derecho a la vivienda se imponga a la rapiña de quien sólo lo ve como un negocio. Por eso esta vez nos van a oír…”.
Durante el acto también hubo espacio para recordar a los detenidos en anteriores movilizaciones. Hoy, 9 personas siguen en espera de juicio, y la fiscalía pide para ellos penas de 3 a 6 años de cárcel. Otras 12 aún esperan sentencia por un juicio de faltas, lo que es entendido desde la Asamblea como un intento de intimidación.
* Diario Rojo y Negro - Roberto Blanco. Video: Carlos Peña / Irene Delgado - 7 de octubre de 2007
La deuda del ladrillo supera el billón de euros
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ELPAÍS* : La deuda acumulada de todo lo relacionado con el ladrillo supera por primera vez la barrera del billón de euros. La suma de lo que deben, por una parte, las familias por la compra y rehabilitación de su casa, y, por otra, las inmobiliarias y constructoras es similar al producto interior bruto (PIB) español de este año. Un sector sobreendeudado se enfrenta a una situación de incertidumbre ante la caída de la venta de viviendas y la creciente dificultad de los promotores para obtener financiación. La reciente crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos ha terminado de rematar las alegrías con las que bancos y cajas han concedido préstamos en los años del boom inmobiliario.
Fuentes del sector financiero apuntan que los préstamos se van a encarecer en los próximos meses. Pero el alza en los precios no afectará tanto a las hipotecas concedidas a las familias -que se encuentran al límite tras la escalada del Euríbor de los dos últimos años-, sino a los préstamos al consumo y a los de las empresas.
Los más pesimistas han visto en la caída de la inmobiliaria valenciana Llanera del pasado lunes la prueba de que el fin del boom del ladrillo se llevará por delante a un buen número de empresas. Los afectados, sin embargo, prefieren quitarle hierro al asunto. El presidente de la asociación de promotores Asprima asegura que el parón en la venta de pisos traerá un efecto positivo: el cierre de las promotoras "oportunistas" nacidas al calor de los años de crecimiento alocado, con un carácter poco profesional y fuertemente especulativo.
Esto es verdad. Pero también lo es que en los últimos ocho años la deuda de las inmobiliarias ha pasado de representar menos del 10% de los créditos concedidos a todas las actividades productivas, a superar en el primer semestre de este año los 282.000 millones de euros. Este dato significa que uno de cada tres euros que bancos y cajas prestan a las empresas va a parar a la construcción de casas.
El catedrático de la Pompeu Fabra José García Montalvo considera "disparatado" este ritmo de crecimiento. "Un país en el que el crédito al ladrillo dobla al que se concede a la industria es un país un poco raro", asegura. Pero no son sólo las empresas las que se han endeudado durante la fiebre constructora. El dinero prestado a las familias para la vivienda y el recibido por inmobiliarias y constructoras supera el billón de euros, más o menos lo mismo que la riqueza que este año generará España.
Lo malo es que el dinero que se destina a la construcción deja de ir a usos más productivos. "Es un desastre para la economía que un sector con una productividad tan baja absorba tantos recursos", concluye el catedrático de Economía Aplicada. Desde el otro lado de la trinchera, Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, una de las grandes inmobiliarias, responde que estas cifras, muy superiores a las europeas, se explican por el esfuerzo tan importante realizado en los últimos años por crear en España un parque de viviendas de calidad. La política de fusiones y adquisiciones llevada a cabo en los últimos tiempos por las inmobiliarias es la responsable del crecimiento desaforado de la deuda.
El problema grave llegará, según el responsable de Colonial, si los bancos y cajas toman medidas drásticas y no conceden más crédito para las entidades que deseen comprar suelo. Miguel asegura que a raíz de la crisis hipotecaria de EE UU las entidades financieras están siendo más restrictivas. Y que esta decisión, en lugar de solucionar el problema, puede agravarlo. "Si los créditos hubieran sido accesibles, quizás alguna empresa habría comprado terrenos a Llanera; y ésta no habría tenido que cerrar. Si continúan estas restricciones, en lugar de facilitar la digestión del cambio de ciclo, no se realizarán transacciones y más gente tendrá que cerrar", remacha.
Todos reconocen que las ventas de pisos se han reducido este año significativamente. Pero los expertos en un sector en el que hace meses que reina el nerviosismo quieren transmitir tranquilidad a toda costa. "Las grandes no van a caer. Verán cómo se reducen sus beneficios, pero resistirán el tirón", opinan en Analistas Financieros. "Las empresas más importantes han hecho sus deberes. Han diversificado su actividad para no centrarse sólo en la construcción de viviendas; y han comprado suelo fuera de España cuando los precios aquí se ponían por los cielos", dice el analista Pablo Mañueco.
En un sector muy atomizado, en el que unas 80.000 empresas se reparten el pastel, los promotores se ven abocados a un proceso de concentración, en el que muchos pequeños desaparecerán o serán fagocitados por los más grandes. En la consultora Aguirre Newman confirman que algunas subastas de suelo están quedando desiertas. "Los precios de salida ya no son tan alegres como solían. O el suelo es muy bueno y el precio atractivo o la propia subasta no tiene sentido, porque no va a concurrir nadie", aseguran en la consultora.
Los bancos han dejado de apoyar la compra de suelos calificados como rurales, a los que todavía les queda una larga tramitación urbanística para que se pueda construir en ellos. Los analistas creen que de iniciar unas 850.000 viviendas al año -más de lo que construyen Alemania y Francia juntas-, se pasará al medio millón. De creer la estimación de que cada piso que se deja de construir destruye dos empleos, es evidente quiénes van a ser los primeros en pagar la caída en las ventas: los trabajadores, principalmente los menos cualificados. A pesar de que no quieren sonar alarmistas, en Aguirre Newman advierten de que la situación no ha llegado al punto más bajo. Y que el caso de Llanera ha sido el primero, pero no el último. "Habrá más", auguran.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 07/10/2007
Foto: Edificios en construcción - CLAUDIO ÁLVAREZ (El País)
Deshacer y rehacer
JUSTO NAVARRO* : Es muy buena la intención de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de rehacer el paisaje costero mediterráneo, incluida la Huelva atlántica, expropiando terrenos, derribando casas, comprando masivamente solares para que el Estado los proteja. Parece una labor titánica, de años o siglos, prodigiosa, casi tan imposible como la que uno acomete cuando, por torpeza o descuido o mala fe, rompe un jarrón y se propone recomponerlo y pegarlo trozo a trozo para que sea como era, algo poco posible. A esto se le llama arrepentimiento, o resaca, cuando uno jura que no volverá a caer, que rehará lo deshecho. Es el momento más puro de la vida, y dura hasta que llegan nuevas tentaciones, nuevos compromisos.
Quien ha visto nuestra costa poco arreglo le ve. Ahí están las sobrecogedoras fotos aéreas del litoral de Málaga que Julián Rojas publica en este periódico. La costa se ha convertido en una monstruosa obra arquitectónica, orientaloide: el producto de la megalomanía de un enloquecido rey del viejo Oriente. Las masas de bloques parecen monumentos conmemorativos del afán de dinero, una acumulación maniática de habitaciones, "expresando la unidad del mundo por el amontonamiento", como decía a propósito de ciertas construcciones indias Elie Faure, historiador de arte. Quién sabe cómo transformará el tiempo estas construcciones, cómo las arruinará, cómo las reducirá a miseria épica.
Estos edificios costeros, en permanente metástasis, nos dicen quiénes somos. Los estilos de construcción muestran la manera en que el ser humano se comprende a sí mismo en el clima y el paisaje. Son tan característicos como la ropa que llevamos. Eso dice Tetsuro Watsuji (Antropología del paisaje. Traducción de Juan Masiá y Anselmo Mataix. Ediciones Sígueme). Las casas son un recurso para protegernos de las tiranías de la naturaleza, el frío y el calor, las lluvias y los vientos, el vendaval y el fuego. Forman el paisaje, y en el paisaje el ser humano se descubre a sí mismo, dice el japonés Watsuji. Pero nuestras aglomeraciones urbanas costeras son casas hechas fundamentalmente para ganar dinero, no para vivir.
Si han destrozado el paisaje de los antepasados, como diría un japonés discípulo de Heidegger, también han traído nuevos modos de vida, progreso económico, una revolución moral, incluso con innovaciones en delincuencia política y común. Y ahora el sistema inmobiliario parece que se fatiga, se ahoga, y sube el paro, y los salarios caen, y se venden menos coches, no porque ya nadie necesite una casa y todas las casas estén llenas, sino porque, con miles de casas vacías, sigue habiendo gente sin casa. El mercado de la construcción se retrae. Huye el turismo de lujo. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente se propone revivir el campo y el bosque arrasado, rescatar los cauces de agua invadidos, encontrar las playas bajo los ladrillos. Una cosa así exigiría el regreso de los faraones y los profetas hacedores de milagros, y la ministra Narbona ha vaticinado ya que tardará muchos años en volver el tiempo, el esplendor perdido.
Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente deben carecer de memoria, o dan por garantizada la amnesia de los ciudadanos, o la ignorancia, o el desinterés, o la idiotez común. El Ministerio de Medio Ambiente anuncia su reconstrucción litoral-mediterránea, cuando la costa mediterránea no es de su competencia. El Estatuto de Andalucía, por ejemplo, o el de Cataluña, dos leyes impulsadas por el partido al que pertenece Cristina Narbona, fijan competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en urbanismo, suelo, ordenación del territorio, litoral. La competencia exclusiva "incluye, en todo caso, el establecimiento y regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas". Puede ser que la acción del Estado, a través de Medio Ambiente, se limite a comprar solares para salvarlos de la especulación y la devastación, y convertirlos en reservas de vida ejemplar y próxima a la naturaleza, lo que abriría una interesante vía de negocio público-privado para el futuro. Pero no creo que sea más fácil deshacer los nuevos Estatutos que rehacer las costas vírgenes.
* ELPAIS.com - Andalucía - 07/10/2007
