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20MINUTOS* : Entre ellos, la ex mujer y la compañera del ex alcalde de Totana (Murcia). Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.
Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.
Además, según informa la Cadena Ser entre los detenidos se encuentran la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional.
La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ya lo denunció IU
El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de "disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas".
"Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones", explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.
"Este proyecto duplicaría la población de Totana, con la urbanización de más de 2 millones de m2 y la construcción de un campo de golf".
"Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación".
El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos
El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
"El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación".
Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 26.11.2007
Foto: Paraje donde se pensaba construir, según IU./ 20minutos.es
Ocho detenidos en Murcia, Galicia y Madrid por presunta corrupción urbanística
La Fiscalía investiga la construcción de viviendas y los aterramientos en la Marjal de Nules-Burriana
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EUROPAPRESS/Castellón* : Estas investigaciones llegan después de que Gecen presentase una denuncia ante la Fiscalía en enero de 2007 por la comisión de un delito sobre la ordenación del territorio, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito de prevaricación especial por la construcción "no autorizada" de 62 viviendas en el espacio natural protegido de la Marjal de Nules-Burriana, por aterramientos en un espacio natural protegido que destruyen "gravemente" el equilibrio del ecosistema de la zona húmeda protegida y por permitir "deliberadamente" la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida.
Fruto de la primera fase de la investigación, la Fiscalía ha elevado el número de edificaciones ilegales de 62 a 93 e iniciado las diligencias de investigación penal sobre quienes son responsables de las mismas y de los aterramientos en el humedal. Así pues, los propietarios y los posibles promotores constructores o técnicos directores "deben responder ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos tipificados en el los artículos 319 y 325 del Código Penal".
Según el grupo ecologista Gecen, la Fiscalía descarta, de momento, la comisión de delito de prevaricación especial por parte del alcalde anterior de Nules, Salvador Górriz, quien, a juicio de la asociación, "permitió deliberadamente la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida".
La Conselleria de Medio Ambiente, según el grupo ecologista, "también es responsable de los hechos sucedidos. 93 viviendas, aterramientos, degradación hidroecológica, del humedal no pueden pasar desapercibidos para un Ayuntamiento con Policía Local o una Conselleria con agentes medioambientales y, sin embargo, los expedientes y denuncias por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria al respecto son mínimas".
La asociación ecologista lamentó la "nula" gestión en el humedal por parte de la Conselleria y el "abandono" municipal, salvo el pequeño fragmento que ocupa el Paraje Natural Municipal del "Estany de Nules". La zona húmeda, de reconocido valor a nivel europeo, ha sido clasificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC ES5222005) por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10.07.2001, "lo cual, al igual que su pertenencia al catálogo de zonas húmedas, no ha impedido su continua degradación", indicó.
"Toda la publicidad de la Conselleria cada vez que se protege administrativamente el humedal sólo son una cortina de humo verde tras la cual se esconde la triste realidad: la degradación del humedal", apuntó Gecen, quien exigió "algo más que la gestión de la publicidad para el marjal de Nules-Borriana".
* Levante-EMV - E.P. - 26 de noviembre de 2007
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
Juzgan a Julián Muñoz, Roca y Román por una licencia ilegal para la construcción de 66 viviendas en Marbella
ESTRELLADIGITAL/EP* : El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy lunes y hasta el miércoles al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román --todos procesados en el 'caso Malaya'--, además de a seis ex ediles por la concesión a la empresa Incopromar de una licencia para un edificio de 66 viviendas en la avenida del Mar marbellí.
La Fiscalía de Málaga acusó en sus conclusiones iniciales a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también procesado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --está en paradero desconocido-- y Marisa Alcalá, de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hizo la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que acusó al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido. El abogado José Luis Sierra también está acusado.
Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, "pese a que" se trataba de un suelo considerado como viario y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.
Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.
Por contra, el escrito de acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.
Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".
Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicitó, además, para éstos --excepto Román-- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.
Este juicio fue suspendido en mayo de este año, después de que Roca acudiera a la vista oral sin abogado, ya que el escrito de nombramiento de letrado por parte de éste, remitido desde la cárcel, no constaba en la causa. Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.
* Estrella Digital - 26/11/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Arganda: Cinco imputados por cobrar dinero negro en la venta de pisos protegidos
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Los imputados, que también están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades fiscales, exigían a los compradores una cantidad de entre 40.000 y 69.000 euros en dinero B o negro. El caso se refiere a dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en las zonas de nuevo desarrollo del municipio. Las casas fueron vendidas a lo largo de 2005 y hasta el momento se desconoce cuántas habrían sido vendidas con el sobreprecio ilegal.
Hasta el momento, una veintena de compradores, algunos denunciantes y otros como testigos, han acudido a declarar ante la juez que instruye el caso. Todos ellos han confirmado el pago del dinero negro, que les era exigido con el argumento de que "era para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido", según la declaración de uno de los testigos llevada a cabo el pasado 22 de octubre.
Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el pasado 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Tras investigar decenas de contratos de compraventa y la documentación aportada por los compradores denunciantes, la Guarda Civil concluyó que "la promotora a algunos de los compradores, sobre todo de las últimas fases, les exigía el pago de cierta cantidad de dinero en B".
La Guardia Civil también concluye que la promotora de Sánchez Primo "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas con Protección Pública. Una tercera irregularidad sería la venta de trasteros, que en la Calificación constan como "vinculados a los pisos" y que fueron cobrados por separado.
Una última irregularidad comprobada por la Guardia Civil raya la usura. Se trata del caso de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. "La promotora prestó a la manifestante 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, le cobró un total de 12.600 euros a cinco años.
Este caso, además, pone de manifiesto cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, que no es citada por su nombre en el informe: "La cantidad de 9.000 euros pedida a Sánchez Primo la solicitó a éste por recomendación del banco donde había pedido el préstamo hipotecario", concluye el informe de la Guardia Civil.
La juez instructora investiga si es cierto, como intentan demostrar los abogados de los afectados, que la trama exigía y cobraba el dinero en las oficinas de Vilsa y éste era posteriormente entregado a Sánchez Primo. En todas las ocasiones, según los denunciantes y testigos, las empleadas de Vilsa cogían el dinero, lo contaban y lo introducían en una bolsa. Poco después, les acompañaban a las oficinas de Sánchez Primo a firmar el contrato de compraventa.
Hasta el momento, sólo han declarado ante el juez Villapalos y Trillo. Sánchez Primo y las dos empleadas de Vilsa lo harán en las próximas semanas. El promotor ya ha avanzado a varias personas relacionadas con el caso que él no se ha llevado "ni un euro en dinero negro" y que no se hace responsable de lo que haya podido hacer Vilsa.
Villapalos, dueño de la inmobiliaria, compareció ante el juez el pasado 23 de octubre. Allí fue interrogado sobre varios casos y negó que, en uno de ellos, exigiera 56.750 euros a unos clientes "si querían firmar escrituras". En su declaración también eludió cualquier responsabilidad, aunque en este caso no salió en defensa de sus empleadas al afirmar desconocer si "éstas han acompañado a clientes de Vilsa a las oficinas de Sánchez Primo", supuestamente para entregar al promotor el dinero que los clientes pagaban en negro.
Trillo Ramírez, por su parte, también negó ante el juez haber exigido a una cliente 40.200 euros ni haberla amenazado para que retirara la denuncia presentada contra la trama.
¿Dónde están los billetes?
La trama organizada en Arganda para el cobro de cantidades millonarias en dinero negro en la venta de viviendas protegidas esconde un gran interrogante que será clave en el proceso judicial en marcha. La pregunta a responder es adónde ha ido a parar el dinero negro, casi todo en billetes de 100, 200 y 500 euros, pagado por los compradores.
Las declaraciones de la veintena de compradores que han comparecido delante del juez se parecen como gotas de agua al describir el proceso de compra de la vivienda protegida y el pago de dinero negro. Los clientes acudían a Vilsa para informarse de la posibilidad de comprar un piso protegido. Allí se les decía que un requisito imprescindible era no tener ninguna vivienda en propiedad, por lo que Vilsa se ofrecía para vender primero la que tuvieran.
Tras la venta, Vilsa informaba de la necesidad de pagar entre 40.000 y 69.000 euros a una supuesta familia que había renunciado a quedársela. La ruptura de un matrimonio era la razón utilizada para justificar que alguien renunciara a comprar un piso protegido cuyo precio era más de un 30% inferior al de mercado.
Varios compradores han afirmado ante el juez la sorpresa que se llevaron en la firma del contrato de compraventa al ver que el vendedor era el propio Sánchez Primo y no la supuesta familia.
Para proceder a la compra de la vivienda protegida, Vilsa se reunía con los compradores en sus oficinas. Allí, una empleada les hacía subir al primer piso, donde contaba el dinero con una máquina antes de introducirlo en una bolsa. Posteriormente, la misma empleada acompañaba a los compradores a las oficinas de Sánchez Primo para firmar el contrato de compraventa.
La clave, que hasta el momento no ha podido ser desvelada, es si el dinero se quedaba en Vilsa o era llevado hasta las oficinas de Sánchez Primo por la misma empleada cuando acompañaba al cliente.
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Arganda del Rey - 26/11/2007
Foto: El edificio de viviendas protegidas- CRISTÓBAL MANUEL (El País)
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Los grandes casos de corrupción en Alicante pasan al Tribunal Superior
ELPAÍS* : Cuatro de los sumarios más destacados por supuestos casos de corrupción política abiertos por los juzgados de Alicante siguen su desfile hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento de imputados. En total, en estos casos están imputados tres alcaldes, un ex regidor y 12 ediles del PP. En las cuatro causas la acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que ya ha iniciado los trámites para continuar la instrucción en el alto tribunal.
La última y cuarta investigación afectada por este imperativo legal ha sido la del sobrecoste de las obras de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. En este sumario está imputado el ex concejal del PP y actual diputado autonómico Andrés Ballester. Al caso de la Glorieta se suman el del supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista Enrique Ortiz, el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma pública Mercalicante, y la millonaria plusvalía que obtuvo el alcalde de Torrevieja en la compraventa de una finca. En los primeros está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y en el tercero su homólogo de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, de la misma formación política.Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, está imputado en dos de los cuatro sumarios por supuesta corrupción que debido al aforamiento de imputados sustanciará el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por orden cronológico, la primera causa en la que Alperi está incluido en la lista de imputados es el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. La magistrada Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, dirige una cansina instrucción desde el verano de 2002. La juez no ha resuelto aún el expediente para el obligatorio traslado de la causa al TSJ.
Esta parsimonia de la magistrada ha sido aprovechada por la defensa de Alperi y otros dos cargos del PP imputados [el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant] para presentar un nuevo recurso que solicita el archivo de las diligencias para los tres. La juez ha admitido el recurso, pero fuentes judiciales aseguran que "técnicamente" no podrá resolverlo porque se produce después de que Alperi haya alcanzado la condición de aforado. "La juez está obligada a incluir el recurso en su escrito de traslado de la causa al TSJ", explican esas fuentes.
El curso de la investigación del segundo caso en el que está implicado Alperi ha sido un ejemplo de rapidez si se compara con el primero. El titular del Juzgado número 8 de Alicante en un año concluyó la instrucción y ha resuelto ya el traslado de la causa al TSJ. En el sumario, además de Alperi y el promotor Enrique Ortiz, están imputados los concejales del PP Sonia Castedo y Luis Concepción.
La investigación al alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la compraventa de la finca con la que ganó 5,3 millones de euros, sufre el mismo proceso de parálisis que el caso Mercalicante. El titular del juzgado numero 4 de Torrevieja no ha practicado ni una sola diligencia desde el 28 de octubre de 2005 cuando Hernández Mateo declaró como imputado. El juez tampoco ha remitido el escrito de traslado del sumario al TSJ.
El sobrecoste de 2,5 millones de la Glorieta de Gabriel Miró en Orihuela es la última causa que ha de enfilar el camino del TSJ. La juez, a raíz de la declaración de los primeros imputados [entre ellos el ex alcalde, José Manuel Medina y el promotor de la obra Domingo Alcocer], amplió la acusación a los nueve concejales de la comisión de gobierno que validaron las obras. La lista incluye a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, y al ex edil y diputado autonómico Andrés Ballester.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 26/11/2007
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
