DIARIODEMALLORCA* : Una comisión judicial, integrada por el juez José Castro, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach y agentes de Policía, inspeccionaron ayer, durante más de cuatro horas, las instalaciones y deficiencias del Palma Arena, el velódromo de Sant Ferran objeto de investigación por una supuesta trama de corrupción de alcance millonario.
La comisión detectó, entre otras anomalías, que el pabellón, construido por el anterior Govern del PP, carece de certificado final de obras.
El juez José Castro investiga desde el pasado agosto una querella de los delegados en Balears de la fiscalía anticorrupción, Juan Carrau y Pedro Horrach, por los descuadres millonarios en el proyecto de construcción del estadio deportivo y por presuntas desviaciones e fondos de partidas no menos importantes. Básicamente el velódromo fue proyectado con un coste de 48 millones de euros, pero finalmente costó a las arcas públicas aproximadamente 110 millones, mucho más del doble de lo previsto.
Ayer al mediodía en la conselleria de Deportes del Govern se recibió el aviso de la inminente visita de la comisión judicial a las instalaciones del Palma Arena, un recinto construido entre 2005 y 2007 y diseñado ex professo para acoger el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de marzo-abril del último año mencionado.
Gili y García Coll
Como anfitriones de la comisión judicial actuaron ayer, entre otros, Gabriel Gili, director general de Deportes del Govern, y Margarita García Coll, la gerente del Palma Arena.
Juez, fiscales y policías del Grupo de Delitos Económicos fueron ilustrados durante las cuatro horas por los responsables y empleados del recinto acerca de su estructura, equipamientos y otras características técnicas.
La inspección ocular se prolongó durante tanto tiempo debido al gran tamaño y complejidad del pabellón deportivo. La comisión judicial recorrió con mucho detenimiento todos los rincones del estadio y se entretuvo, entre otros elementos, en el vídeo-marcador central, las gradas y la pista del velódromo.
La visita judicial se inició alrededor de la una de la tarde y culminó hacia las 17. Ni visitantes, ni anfitriones comieron nada en ese tiempo y únicamente bebieron agua para soportar las largas las idas y venidas.
El objetivo del juez Castro y de los fiscales delegados anticorrupción de Balears fue el comprobar in situ las características del pabellón deportivo para recopilar información de cara a las pesquisas que se están practicando y a otras futuras diligencias.
Entre los descubrimientos realizados ayer por los investigadores destaca el que el estadio carece de certificado final de obras, una irregularidad desconocida por fiscalía y juzgado.
La inspección ocular también permitió constatar otra larga serie de deficiencias y malos acabados del estadio. Entre las disfunciones del proyecto que ya se conocían destacan la lejanía de las gradas respecto a la parte de pista dedicada a otros deportes.
El juzgado practicará en los próximos días nuevas pruebas y diligencias sobre el caso de presunta corrupción.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F. MESTRE. PALMA- 15.11.2008
Foto: El juez Castro inspecciona las instalaciones del Palma-Arena. - B. Ramon, diariodemallorca.es
Juez y fiscales revisan ´in situ´ las deficiencias del Palma Arena
La UE investiga el PAI de 780 chalés y un campo de golf en Alzira
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LASPROVINCIAS/Valencia* : La alcaldesa de Alzira y los vecinos de la plataforma Salvem la Casella ven de manera opuesta el futuro del proyecto urbanístico de la finca de Sos. Los vecinos miembros de la plataforma Salvem la Casella consideran que este plan, que prevé la construcción de 780 chalés y un campo de golf en la finca de Sos, en Alzira, está "más lejos que nunca", según un comunicado remitido ayer.
El motivo de este optimismo se debe a la reciente comunicación de Marcin Libicki, presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que señala que seguirá investigando el proceso.
Por contra, Elena Bastidas, alcaldesa de la ciudad, afirmó que la Unión Europea "no tiene competencias en este caso. Puede comentar lo que le parezca sobre esta cuestión, pero nada más, porque, en caso contrario, vulneraría la autonomía local".
Bastidas añadió que el proyecto "va a seguir su tramitación" y aventuró a apuntar, como posible fecha de inicio de las obras "la próxima legislatura. Si el nuevo Plan General está a punto en 2011, a partir de ahí ya nos pueden presentar el proyecto", a pesar de que, como reconoció, la crisis podría ralentizarlo en cierta medida.
Después de que el Ayuntamiento lo aprobara de manera provisional, la alcaldesa destacó que seguirán los dictámenes que les marque la Conselleria para continuar con un proyecto que "va a seguir adelante con normalidad" y que calificó de sostenible.
Petición vecinal
En la comunicación a los vecinos, Libicki recuerda que la Comisión de Peticiones prosiguió el examen de la petición vecinal en una reunión celebrada los pasados días 10 y 11 de septiembre "basándose especialmente en la información escrita y oral transmitida por la Comisión de las Comunidades Europeras".
A continuación, apunta que la Comisión Europea "informó a los diputados que, dentro del procedimiento de infracción contra España por supuesta infracción de las directivas 93/37/CE y 92/50/CEE (contratos públicos de obra y de servicios, ha decidido recurrir al Tribunal Europeo de Justicia". De este modo, la Comisión de Peticiones "proseguirá el examen de su petición tan pronto como reciba nueva información de la Comisión Europea".
Desde la plataforma Salvem la Casella afirman que el objetivo de este proceso es "restablecer el marco legislativo de los mercados públicos conforme al Derecho Comunitario, cosa que continúa sin suceder pese a haber sustituido la antigua ley urbanística (LRAU) por la nueva (LUV)".
La posición de la Comisión, según los vecinos, es que los PAI "deben concederse respetando plenamente las normas y principios de la Unión Europea en materia de contratación pública. La ejecución de las obras de urbanización, competencia municipal, no se pueden adjudicar a la iniciativa privada sin previa publicación de la convocatoria en el Diario de la Unión Europea".
Además, como otro argumento apuntan la jurisprudencia existente en materia de medidas cautelares. En la misma se señala que el juez nacional, conocedor de la existencia de un litigio regido por el Derecho Comunitario, estará facultado para conceder las medidas cautelares para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que recaería sobre los derechos comunitarios invocados".
Cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento alcireño desestimó todos los recursos presentados, tanto por la plataforma vecinal como por formaciones de la oposición como el PSPV y el Bloc.
* Las Provincias - 15.11.08 -MANUEL GARCÍA
Foto: Terrenos en los que se construirá un campo de golf y 780 chalés - lasprovincias.com
Imputados dos ex alcaldes de Rincón por un convenio con el grupo Mirador
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ELPAÍS/Málaga* : El Juzgado de Instrucción nº8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable.
La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.
El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.
Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.
Incumplimientos dolosos
Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.
El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.
Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".
Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.
Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/11/2008
Foto: Rincón de la Victoria (Málaga) - mma.es
La FCM podría pasar de la vía administrativa a la penal en sus denuncias contra hoteles ilegales en Lanzarote
SANBORONDÓN* : Desde el año 2000, la Fundación César Manrique de Lanzarote, ha interpuesto una serie de recursos contra apartamentos y hoteles ilegales en la Isla. En todos estos años, de forma permanente y en cascada, el TSJC les ha dado la razón respecto a las tesis que defiende la Fundación, afirmando que la mayor parte de éstas construcciones son ilegales. “No irregulares: Ilegales”, puntualiza Alfredo Díaz, portavoz de la Fundación.
De esta manera, 22 hoteles y complejos de apartamentos se encuentran en esta situación. “Esto es absolutamente tremendo. Estamos ante una situación de ilegalidad generalizada en la Isla que aquí nos preocupa muchísimo. Es muy preocupante lo que hay detrás de esto”, comenta Díaz.
Según el mismo Alfredo Díaz, detrás de esta ilegalidad generalizada se halla la apuesta decidida por un modelo, que tal y como ahora se observa también en la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, se orienta a seguir apostando por un modelo desarrollista. “Parece que se desdicen de una cosa que plantearon ellos hace un tiempo con la Ley de Directrices, que es verdad que podíamos tener algunas discrepancias con ella, pero mantenía una dirección encaminada a lo que nosotros pensamos que debe ser, un control responsable del crecimiento, y tener en cuenta que las Islas son territorios pequeñitos y que aquí no vale cualquier cosa”, dice el portavoz de la Fundación.
La Ley de Medidas Urgentes camina en la dirección contraria. “Se van a cargar de un plumazo lo que era el stato quo anterior: el control de crecimiento de las Islas, el tratar de que el desarrollo turístico no se disparatara, ...y más de lo mismo, seguir apostando por un modelo desarrollista que nos va a llevar a donde nos está llevando: a la ruina”, sentencia.
Explica Díaz que todas estas sentencias poseen una característica en común fácil de entender: para conceder una licencia urbanística-turística en Lanzarote es necesario un informe, preceptivo y vinculante, del Plan Insular de Ordenación de la Isla, en vigor desde 1991. Señala Díaz que el Texto Refundido de la Ley canaria sobre ordenación del territorio data de mayo de 2000.
“Y ahora los tribunales vienen a decir que sin ese informe vinculante y preceptivo, que por supuesto estos hoteles y apartamentos no tienen, (porque si lo hubieran pedido en la mayoría de los casos habría sido negativo, y por lo tanto no podrían haber sido construidos), ahora viene el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes que tiende a decir que ese informe deja de ser vinculante y sólo es preceptivo, y se le resta fuerza en cuanto a la planificación territorial a los Cabildos, porque no están adaptados, según ellos, a la Ley de mayo de 2000. Pero es que tenemos leyes anteriores. Y la moratoria es de 2000. ¿De qué estamos hablando?”, pregunta.
En cuanto al Consejo de la Reserva de la Biosfera, según el portavoz de la Fundación César Manrique, un órgano que, aunque tiene un carácter no decisivo, sí consultivo, “no cabe duda que tiene un peso importante”. Considera que constituye una representación amplia de la sociedad lanzaroteña: partidos políticos, sindicatos, personal de las dos universidades canarias, la propia Fundación César Manrique... que le convierten en un órgano “interesantísimo”.
En ese Consejo de la Reserva, recuerda Díaz que unos días atrás el Cabildo de Lanzarote presentó un informe absolutamente demoledor, y además con una profusión de datos y una visión didáctica que a su juicio entiende cualquiera. “Se llega a la conclusión de que se han cometido auténticas barbaridades, a las que hay que buscar solución, pero no sin coste alguno, que es en la mayoría de los casos lo que parece plantear el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes”, dice.
“Si usted ha cometido una irregularidad, habrá formas de compensar, sí. Vamos a analizar caso por caso, vamos a estudiar qué se puede hacer en cada caso”, opina, observando que habrá hoteles que se podrán legalizar, pero no a precio cero.
“Eso es lo que hay que discutir. Lo que la Fundación no está dispuesta, y así lo manifestamos en el Consejo de la Reserva, es que una documentación tan valiosa como ésta, unas sentencias tan contundentes como éstas, veintitantas ya, se queden en agua de borrajas. ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. A lo mejor ya no es una opción sólo llevarlo por la vía de los contenciosos administrativos, sino por la vía penal”, concluye.
* Revista San Borondón - 13.11.2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org
La juez confirma el procesamiento del alcalde de Tui por cinco delitos
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ELPAÍS* : El denominado caso Patazumba, por el que se atribuyen cinco delitos al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y a otros siete implicados, será juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, después de que la juez instructora rechazara el recurso presentado por el regidor tudense y confirmara los cargos. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico.
El proceso está motivado por una urbanización de 300 viviendas de la inmobiliaria Tuyvi, una empresa del hijo de Fernández Rocha, José Luis Fernández Estévez, de la que es apoderado el propio alcalde, del PP. La compañía compró la finca en abril de 2003 por 1,7 millones de euros. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento de Tui duplicó las alturas permitidas respecto al resto de polígonos del entorno. Las obras comenzaron sin licencia, según la juez que instruye el caso, y que ordenó la paralización de los trabajos a finales de 2006.
A los imputados ya conocidos -el alcalde, su hijo, su asesora y cuatro funcionarios-, el nuevo auto suma uno nuevo: el concejal Moisés Rodríguez, empleado de la empresa del hijo del alcalde y compañero sentimental de la hija de Rocha. "No consta en autos que se haya abstenido de votar en plenos donde se adoptaban resoluciones que favorecían a la empresa para la que trabaja", señala la resolución judicial.
Rocha se ha beneficiado recientemente de una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba. Dicho recurso, formulado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba al frente de Política Territorial, se descartó por un defecto formal: fue presentado fuera de plazo. Fuentes próximas al caso consideran que el fallo del TSXG no afecta al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui.
El nuevo auto confirma otro anterior contra el que presentaron recurso los procesados. El ministerio fiscal y la acusación particular, una asociación social y cultural, reclamaron la confirmación del proceso y la ampliación de las diligencias a Moisés Rodríguez, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos.
Según el auto de la jueza, el pleno de Tui modificó la normativa municipal y aprobó estudios de detalle que posibilitaron "la superación de las alturas máximas permitidas, favoreciendo los intereses de las empresas promotoras del hijo del alcalde". Además, otro estudio de detalle permitió realizar "diversas obras sin contar con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio de Galicia". La jueza imputa a los procesados el delito contra el patrimonio, por no respetar la zona de protección de un hórreo catalogado y por la tala de árboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la finca afectada.
En agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la zona, que autorizaba a la inmobiliaria a construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que en el resto de polígonos del entorno. Las alturas permiten a Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el planeamiento municipal. El alcalde intentó validar la edificabilidad con un nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de ese mismo año y anulado por Feijóo.
La promoción prevista por la empresa del alcalde y su hijo es la mayor llevada nunca a cabo en Tui, pero las obras están paralizadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra desde diciembre de 2006. La decisión juega doblemente en contra de los intereses de la promotora de la familia Fernández Rocha, que en 2003 compró los terrenos por 1,7 millones de euros. Según la escritura de compra de la parcela, la inmobiliaria deberá indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanización que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca. Por todo ello, la acusación particular solicita para el alcalde cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 15/11/2008
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
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Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas
LAOPINIÓN/Málaga* : Era la primera vez que el ex instructor de la operación ´Malaya´ y actual titular del juzgado de lo Penal nº5 de Granada, Miguel Ángel Torres, hablaba sobre el fenómeno de la corrupción en la capital. Y no defraudó a nadie. En unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Social (ISEL) en el Ateneo, el magistrado afirmó que la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra...
..."Nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".
El granadino atacó así aquellos concursos de contratación que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, realidad que se conoce como nepotismo.
El magistrado, que ayer demostró una vez más no tener pelos en la lengua, aseguró: "Si se devuelven los capitales o lo percibido por una actividad ilegal no tendría problemas para que se rebajara la pena al imputado ni para que se dieran beneficios penitenciarios a quien cuenta la realidad".
En definitiva, premiar al delator que, en el seno de una corporación, se arrepiente de sus actos y decide ´cantar´. Él, precisamente, fue muy criticado por ello durante la operación ´Malaya´, pero coincide con el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, también presente ayer, en reclamar que se permita la figura del arrepentido.
Beneficios. Esta actividad, al generar empleo y movimiento de dinero en una localidad puede "ser beneficiosa a corto plazo", lo que, según Torres, explicaría que "cuando se imputa a un político una parte de su municipio lo proteja y diga que es inocente".
Sin embargo, el juez afirma que la corrupción socava los cimientos del Estado de derecho y de la democracia, además de alterar el mercado local de viviendas, subir su precio y favorecer la corrupción de parte de los abogados y asesores fiscales de la zona para proteger el blanqueo. "Donde hay corrupción se instala el crimen organizado", dijo.
Torres recalcó además que "no es incompatible que en un contexto en el que la situación económica no es la mejor se siga apretando a la corrupción. Es como si a un hambriento se le dan alimentos envenenados". También atacó a los "profetas" que, en estos momentos, van a pedir que se relajen las normas sobre el urbanismo.
Considera que en Málaga no hay más corrupción que en otros sitios y asegura que, cuando "hay una persona corrupta en un ayuntamiento, la mayor parte de la corporación está inmersa en estas prácticas".
Ineficacia. Las sanciones administrativas son "ineficaces. La multa le sale rentable al empresario". Incluso aludió a la laxitud en la persecución de estos delitos: "Hay que investigar con técnicas policiales, poniendo de manifiesto los capitales ilícitos. Estas investigaciones pueden levantar protestas, pero se debe seguir esa línea, aunque con ello no hagamos amigos. No hacer todo lo posible o tener miedo de perseguir la corrupción es, en sí mismo, otra forma de corrupción".
Entre otras cosas, solicitó una reforma legal para que las intervenciones telefónicas cuenten con la seguridad jurídica adecuada de forma que no sean anuladas después por un juez, así como también exigió juzgados específicos de ámbito autonómico en la materia y equipos multidisciplinares (con expertos en Hacienda y en Urbanismo). E incidió, al igual que hizo López Caballero, en la necesidad de que se instaure la figura del delator o arrepentido, las entregas vigiladas y los agentes dobles.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.11.2008
