,+nueva+urbanizaci%C3%B3n+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Elche* : La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el proyecto urbanístico del sector MR-10 en La Marina, ante la denuncia formulada por vecinos de esta pedanía del litoral ilicitano que están en contra de los planes de expansión diseñados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona, en donde está previsto construir 1.200 viviendas.
El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, ha comunicado a vecinos del sector objeto de urbanización que este organismo, tras analizar los argumentos vecinales, ha solicitado a la Comisión Europea que "inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". Desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se indica asimismo que se está en fase de elaborar "un nuevo informe sobre problemas derivados de los proyectos de ordenación urbanística en España", entre los que entraría el MR-10 de La Marina.
Lejos de solucionarse el conficto abierto hace unos meses por los pequeños propietarios de terrenos y casas en el sector MR-10 de La Marina, que motivó la presentación de más de 10.000 firmas en contra del proyecto, el problema se ha demostrado que sigue latente con motivo de la presentación del programa de actuación urbanística, que ha estado en exposición pública en una notaría. Afectados por la urbanización han iniciado procesos contencioso administrativos al considerar que la actual legislación les deja en una absoluta indefensión y en un callejón sin salida, según han manifestado a este diario varios de los afectados, quienes han solicitado expresamente mantener el anonimato.
Entre las quejas que manifiestan está el haber tenido conocimiento del proyecto a través de la notaría en la que ha estado en exposición pública hasta el pasado 15 de noviembre, así como el ser socios forzosos en un proceso en el que estiman que las empresas promotoras se adueñan de las agrupaciones urbanísticas y los propietarios de pequeñas parcelas apenas tienen peso y simplemente se cuenta con ellos para pagar, según afirman.
En el caso del sector MR-10, el coste del proyecto asciende a 1,2 millones de euros y la urbanización de los 460.643 metros cuadrados está presupuestada en 26 millones de euros, lo que supone que cada metro cuadrado tenga un coste de urbanización de 56,44 euros. Un propietario con 2.000 metros cuadrados tendrá que abonar por la urbanización 112.800 euros (19 millones de las antiguas pesetas), para obtener, según aseguran, 594 metros cuadrados de techo edificable en un proindiviso con otros propietarios. En caso de carecer de dinero para edificar, lo normal es que se acuda al cambio por obra, "con lo que los 2.000 metros cuadrados acaban convirtiéndose en un apartamento o, con mucha suerte, dos; no se sabe dónde, donde diga la agrupación", indicaron algunos afectados, que critican el impacto paisajístico que los edificios tendrán en la zona.
* Información - M. SABUCO - 25.11.2008
Foto: La nueva urbanización se desarrollará hacia la pinada, en la zona sur de la carretera nacional 332 - diarioinformacion.com
La Comisión Europea abre una investigación sobre el sector MR-10 de La Marina
Un tribunal popular juzgará al ex jefe de la 'patrulla verde' de Cártama
+++-+malagapueblos.com.jpg)
MÁLAGAHOY* : Miguel Ángel G.R., ex encargado del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del Ayuntamiento de Cártama, se sentó ayer en el banquillo para ser juzgado por, supuestamente, intentar 11 sobornos con dueños de viviendas ilegales, pero el tribunal admitió la cuestión previa presentada por su defensa y el caso será enjuiciado por un tribunal popular.
La vista quedó suspendida y la nueva tramitación podría demorarla, según coincidieron las partes, un mínimo de un año.
El ex jefe de la conocida como patrulla verde de Cártama está acusado de cohecho y coacciones y se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de nueve años de prisión. El Ministerio Público también imputa al propietario de una vivienda porque, supuestamente, accedió al pago de 9.000 euros y a un ciudadano extranjero que actuó de intérprete en uno de los sobornos. El Ayuntamiento de Cártama, personada como acusación particular, imputa a una cuarta persona, otro propietario que habría abonado la cantidad requerida y que al final denunció los hechos.
La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación provisional que Miguel Ángel G. R., "abusando de sus funciones", solicitó el pago de dinero para impedir la paralización de obras o de una sanción, e incluso esconder expedientes de disciplina urbanística. Alude a un mínimo de 11 intentos de soborno, uno de ellos consumado, en los que se habría exigido el pago de 111.000 euros. Los presuntos casos de cohecho se llevaron a cabo en apenas dos meses.
* Málaga Hoy - E.C. - 25.11.2008
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
La superficie construida en la costa sube un 22% en sólo seis años
,+costa+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Reportaje* : Para ver bien la huella del urbanismo salvaje en el litoral conviene tomar distancia. Lo mejor es elevarse miles de metros, donde los satélites miden con frialdad y precisión la superficie urbanizada. Así lo hace periódicamente el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que está terminando de analizar el censo del suelo de 2005 y cuya comparación con el último dato, de 2000, es escalofriante.
Según un avance de las cifras, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha aumentado un 21,85% en sólo seis años. El ritmo se ha duplicado respecto al anterior periodo estudiado (1987-2000).
Carolina de Carvalho, investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de España, un organismo del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá (Madrid), anunció el lunes en unas jornadas sobre gestión del litoral en A Coruña que está ultimando un informe a partir de los datos de Fomento y que ya están los primeros datos. Aunque este estudio por satélite no es tan preciso como otros más recientes, tiene de bueno que ya se hizo un estudio similar en 1990 (con imágenes de 1987) y otro en 2000. El estudio, llamado Corine Land Cover, se hace en toda Europa y es la principal fuente para medir la tendencia y la evolución del urbanismo. Los datos, pendientes de las últimas revisiones, pueden variar en décimas, pero no en lo sustancial.
En sólo seis años, la superficie cementada aumentó un 23% en el Mediterráneo y un 19% en el Atlántico (incluye el Cantábrico y Huelva y Cádiz). Esto significa que en seis años se construyó la cuarta parte de lo edificado los 2.000 años anteriores. Los datos de Canarias no están disponibles.
El ritmo de destrucción del litoral se duplicó con respecto al periodo anterior (1987-2000). Entonces, el hormigón se comía al día 73.000 metros cuadrados, y entre 2000 y 2005, casi el doble: 140.044 metros cuadrados diarios (14 hectáreas). Aunque en el Atlántico se construye la mitad que en el Mediterráneo, también allí se ha duplicado la velocidad.
Los expertos destacan que en los años 90 la construcción estuvo parada entre 1992 y 1997 y que en el periodo ahora analizado el boom fue constante. Eso explica lo espectacular de los datos. Y es que la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado una generación de españoles hipotecados por pisos que no valen lo que pagan sino que se ha cebado con un recurso no renovable y uno de los principales activos de España: la costa.
Actualmente, el 27,5% del Mediterráneo está ya cementado, cuando cinco años antes sólo el 22% estaba construido y en 1987 sólo el 16%.
Al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea. Además, hay que tener en cuenta que la ocupación sería aún mayor si el estudio tratase los primeros 500 metros de litoral. Las costas de Valencia y Huelva, con un aumento del suelo urbanizado de alrededor del 50%, son las que más han visto crecer el ladrillo, según el avance de los datos.
Aunque el Observatorio de la Sostenibilidad no hace públicos los datos, ya ha circulado entre investigadores. En toda la provincia de Murcia, la superficie urbanizada aumentó un 58%; en Alicante, un 32%; en Castellón, un 134%, según las cifras preliminares del Corine Lan Dover 2005.
Carvalho explicó en el seminario organizado por la Fundación Pedro Barrie de la Maza que España ha creado "un muro de cemento en la costa que está vacío la mayor parte del año", en alusión a las segundas residencias.
En la misma jornada, el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, definió con sinceridad: "La costa está hecha unos zorros y cada uno va a lo suyo. Los constructores quieren edificarlo todo, los de Greenpeace, que no se toque nada y los pescadores, pescarlo todo. El resultado es lamentable".
Juan López de Uralde, director de Greenpeace, afirmó que la situación del litoral demuestra que la Ley de Costas, aprobada en 1988, "no ha funcionado". "Nos explicaron que el litoral se había destruido en los años 70, cuando se cargaron La Manga del Mar Menor o Benidorm. Pero era falso. El ritmo de construcción actual es mucho mayor que entonces". López de Uralde alertó de que el riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hace ahora, lo hará en unos años. Y puso como ejemplo que el hotel del Algarrobico comenzó a construirse en 2003 pero que fue aprobado en 1988, antes del estallido inmobiliario de principios de los 90: "Dentro de 10 años saldrá un plan salvaje y la gente dirá que eso se aprobó antes del crack de Lehman Brothers".
Para preservar lo que queda de costa, Peña reveló que entre las medidas que impulsa el Gobierno está la adquisición de todo el suelo agrícola de los primeros 500 metros del litoral mediterráneo peninsular. El ministerio está dispuesto a comprar todo ese suelo pero lo hace ofreciendo precios muy bajos, sin "tener en cuenta las expectativas de revalorización, a un precio de uno o dos euros por metro cuadrado", según Peña.
Medio Ambiente considera que en el litoral mediterráneo peninsular pueden quedar unas 1.500 hectáreas aún no declaradas urbanizables y que comprarlas todas costaría entre 150 y 300 millones de euros, aunque el Gobierno es consciente de que la mayoría de los propietarios no aceptarán su oferta. "El plan de compra es aceptable porque no esperamos una avalancha. No podemos pagar las expectativas si alguien pretende enriquecerse, pero sí pagar a un euro el metro cuadrado y hacer una expropiación por mutuo acuerdo".
Aunque no hay una partida presupuestaria específica para esta compra, Peña zanja: "No se dejará de adquirir ninguna parcela por falta de dinero. Tenemos un presupuesto de 200 millones que podemos enfocar a las compras. En el peor de los casos habría que retrasar alguna operación". Medio Ambiente ya ha adquirido así unos terrenos en el Delta del Ebro. Estos terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que nunca podrán urbanizarse. Así se salvaría algo de costa virgen. Porque la virginidad sólo se pierde una vez.
Freno a los puertos deportivos
El Ministerio de Medio Ambiente preparó en la pasada legislatura una estrategia de sostenibilidad para el litoral, en realidad un plan muy ambicioso que incluía derribos masivos y expropiaciones para preservar el litoral. El plan está encallado en la discusión con las comunidades autónomas.
Entre las propuestas que menos ha gustado a éstas es la intención del Gobierno de no aprobar nuevos puertos deportivos a no ser que la comunidad afectada realice un plan integral sobre puertos. Los actuales refugios están saturados y la demanda crece, pero cada puerto altera la dinámica de la costa y siempre limpia de arena una de las playas contiguas, con las protestas que eso genera. Según Greenpeace, sólo en 2008 se han planteado 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales.
El subdirector de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, define el plan como "una propuesta de máximos" y admite: "Hemos levantado muchas ampollas y no sé dónde llegaremos".
Siete siglos de ocupación
Al subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, le gusta citar a Alfonso X el Sabio. Especialmente las Siete Partidas, el texto del siglo XIII en el que el Rey avanzó la definición de dominio público marítimo-terrestre: Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven de este mundo son éstas: el aire, el agua de la lluvia, el mar y su ribera. Y más adelante, añade: No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente. Así suele comenzar Peña sus exposiciones y así lo hizo el lunes pasado en las jornadas sobre gestión del litoral.
Desde Alfonso X hasta la Ley de Costas, de 1988, el litoral ha sido público. Pero 20 años después de la ley, y con los estatutos de autonomía como el catalán, que dan más competencia en el litoral a las comunidades, y las protestas masivas sobre los derribos, muchas voces piden la reforma de la ley. El ministerio afirma que no está trabajando en ese cambio. Juan López de Uralde, de Greenpeace, opinó: Preferiría que no se abriera la caja de Pandora, porque con la política ambiental del Gobierno no sé qué saldría.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 24/11/2008
Foto: Costa de Benitatxell, Alicante- CARLES FRANCESC, elpais.com
C. Valenciana: Ecologistas en Acción pide cambios en urbanismo
DIARIOCRÍTICO* : Ecologistas en Acción reclamó "cambios estructurales" en la ordenación territorial de la Comunitat Valenciana, puesto que el modelo urbanístico actual conlleva "graves impactos ambientales, segregación social e ineficacia económica", y porque el suelo, "tratado hasta ahora como un mero recurso económico es un recurso natural escaso y no renovable".
Este será uno de los asuntos que se debatirán en el congreso de la entidad que se celebrará del 6 al 8 de diciembre en Valencia.
En este sentido, criticaron que el urbanismo valenciano "ha consumido el territorio, el litoral ha sido transformado, la huerta está prácticamente esquilmada y pende la amenaza de la piqueta sobre barrios tradicionales". Así, los datos ofrecidos por esta organización revelan que entre 1997 y 2007, en la Comunitat se han construido 927.320 viviendas, el 14,5 por ciento del total del territorio español, lo cual sitúa a la región como la segunda autonomía con mayor construcción, sólo por detrás de Andalucía con un 19,5 por ciento. De este volumen total, 478.898 viviendas, se han construido en los últimos seis años, entre 2001 y 2007.
Desde la organización señalaron que la crisis económica ha puesto de manifiesto "el carácter especulativo de la actividad urbanística valenciana", y cifraron el stock actual entre las 120.000 y 160.000 viviendas, es decir, entre el 25 y el 33 por ciento del total construido en el periodo desde 2001 a 2007. Estas cifras "evidencian que se ha construido más de lo necesario", subrayaron.
No obstante, lamentaron que pese al volumen construido, la vivienda de protección ha sido "la gran olvidada", ya que en el periodo entre 1997 y 2007, se ha producido una reducción en el número de viviendas de protección construidas desde los 13.271 casas finalizadas en 1997 frente a las 5.317 del año pasado. En ese ejercicio, se iniciaron 74.765 viviendas libres frente a las 4.872 de protección (el 6,5 por ciento).
De este modo, concluyeron que "la función social del urbanismo no ha sido el motor de la actividad urbanística valenciana, es decir, la destrucción del territorio valenciano, la transformación del paisaje y de parajes con altos valores culturales como la huerta, no ha perseguido el acceso a la vivienda". Desde Ecologistas en Acción lamentaron que se trata de puntos "denunciados reiteradamente" por la asociación en los últimos años y que, "ahora, resultan de una evidencia indiscutible".
Entre otras consecuencias de "la especulación vinculada al urbanismo", apuntaron que "la urbanización dispersa y desordenada asociada, en muchos casos, a resorts con campos de golf, es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de construcción y de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos".
Por ello, insistieron en que "es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo" que considere el suelo como "un recurso natural, escaso y no renovable" y en el que el territorio no urbano, protegido, la agricultura y los demás usos del suelo sean "valorados adecuadamente". Añadieron que el urbanismo "debe minimizar los impactos del crecimiento apostando por la ciudad compacta y la regeneración de la ciudad existente, respetando en todo caso la idiosincrasia de los barrios y poblaciones actuales".
* DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL - 24/11/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
Madrid: Aguirre cede los bienes del Canal a una sociedad que sacará a Bolsa
ELPAÍS* : Un considerable patrimonio, en su mayoría inmobiliario y hasta ahora público, se integrará en la sociedad anónima que creará el Canal de Isabel II para salir a Bolsa. Es la operación que esconde el art.16 del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento), que asegura que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II ceden a la sociedad anónima -de la que un 49% será de capital privado, una vez cerrada la operación bursátil- la "titularidad de los bienes patrimoniales" de la empresa pública de aguas que no formen parte de la red de infraestructuras hidráulicas.
No es lo único. La sociedad (que aún no tiene nombre) también asumirá "la titularidad de todas las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil" que corresponden al Canal. El grupo cuenta con siete filiales de actividades de gestión del agua.
El anteproyecto no fija ninguna contraprestación para el Canal de Isabel II por ceder la titularidad de inmuebles, terrenos y sociedades, pero deja en manos del Consejo de Gobierno que preside Esperanza Aguirre la decisión sobre el inventario de bienes y su valoración económica. Además, el Ejecutivo regional tendrá que aprobar un contrato-programa para regular los servicios que prestará la futura sociedad, de explotación, mantenimiento, operación y conservación de la actual red del Canal.
Una vez creada la sociedad, al menos el 49% saldrá a Bolsa, según ha explicado el Ejecutivo regional, por lo que también se privatizarán los inmuebles y sociedades que absorba. Pero eso no ocurrirá hasta dentro de unos años, porque el vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal, ha explicado en varias ocasiones que la constitución de la sociedad tardará al menos un año. Y no habrá operación bursátil hasta que mejore la situación económica, para "capitalizar" en las mejores condiciones.Ni una palabra. Ni el vicepresidente regional, Ignacio González, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ni la posterior nota de prensa, mencionaron el pasado jueves, cuando fue aprobado el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, la intención de que el Canal de Isabel II cediera su patrimonio de inmuebles y acciones a la sociedad anónima que saldrá a Bolsa. Tampoco se entregó el texto de la ley a los periodistas.
El Ejecutivo regional acude una vez más a una ley escoba -que en esta ocasión modificará de un plumazo hasta 20 normas regionales- a la hora de elaborar una norma de trascendencia política, para eludir el debate en profundidad en la Asamblea regional. La Ley de Acompañamiento se tramita en pleno y, como las cuentas regionales, los grupos que quieran oponerse deberán presentar enmiendas a la totalidad. Después, ya sólo se discuten las enmiendas parciales. Como el PP tiene mayoría absoluta con 67 de los 120 diputados, es casi imposible que no salga adelante. En la Ley de Acompañamiento del año pasado, por ejemplo, se modificó la Ley del Suelo, sin apenas discusión.
Ahora la cesión de los bienes del Canal de Isabel II a la sociedad anónima abre la posibilidad de que ésta ponga en venta el amplísimo patrimonio inmobiliario del Canal, de valor incalculable, y que la empresa pública no detalla oficialmente. Incluye alrededor de unas 200 viviendas por toda la región, así como terrenos en casi todos los municipios. Tradicionalmente, el Canal compraba pisos y los alquilaba a sus empleados. Hoy es difícil saber cuántos de estos inmuebles siguen en sus manos.
Pero sólo en la capital, la empresa pública es propietaria de edificios históricos, que en su día albergaron depósitos de agua, como el del Campo de Guardias, en Bravo Murillo, o el de Islas Filipinas y Santa Engracia. También son suyos los Teatros del Canal y los terrenos de la plaza de Castilla, donde hoy se levanta la Fundación del Canal. Fuentes de la empresa pública calculaban a finales de septiembre que el precio en el mercado de patrimonio podría superar los 2.900 millones de euros.
"Detrás de esto puede haber una operación inmobiliaria brutal, en el centro mismo de la ciudad", afirma el portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. Sostiene que no hay justificación para la operación de privatización del Canal porque es "una empresa rentable, que da todos los años cuantiosos beneficios económicos". Precisamente por ello ha sido considerada "la joya de la corona" de las empresas públicas de la región.
El proyecto de los Presupuestos regionales calcula que en 2009 la empresa pública del agua obtendrá 99,7 millones de euros de beneficios, y cifra las ventas en 737 millones. También prevé que aumente la plantilla: de 2.484 empleados en 2008 se llegará a 2.530. Esas mismas cuentas dan, al cierre de 2008, unos beneficios de 98,5 millones de euros.
La justificación que ha dado hasta ahora el Gobierno de Aguirre sobre la venta de parte de la empresa pública del agua es la falta de liquidez de la Comunidad de Madrid. Porque debe hacer frente en los próximos 10 años a inversiones por valor de 4.000 millones de euros y se niega a endeudarse aún más. La deuda de la región era en el segundo trimestre de este año de 10.613 millones y las cuentas regionales planean ampliarla en 1.297 millones más en 2009.
El portavoz de los ecologistas recuerda que hace unos años el Canal de Isabel II financió "importantes actuaciones de carácter puramente ambiental, con inversiones de varios millones de euros". Como ejemplo, cita la restauración de riberas de los ríos en la región. "Es impensable que acciones de este tipo vuelvan a repetirse si la entidad llega a privatizarse", vaticina.
Pero para eso queda aún mucho tiempo. Primero deberá aprobarse la Ley de Acompañamiento, en fase muy inicial. Mañana expira el plazo previsto para que termine el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) y, luego, éste reenviará el anteproyecto al Consejo de Gobierno para que dé inicio a su tramitación parlamentaria. Pero la ley no estará en vigor hasta finales de año.
Esta tarde está prevista la comparecencia del presidente del Canal en la Cámara regional ante la comisión de Presupuestos. Los diputados esperan que detalle algunas claves más.
Filiales del Canal de Isabel II
- Hidráulica de Santillana. Dedicada a la explotación de energía eléctrica hidráulica.
- Hispanagua. Construye, mantiene y explota las infraestructuras del agua.
- Canal de Comunicaciones Unidas. Operador de telecomunicaciones en Madrid y Guadalajara.
- Canal Energía. Actúa en el sector energético.
- Canal Extensia. Gestiona los procesos del ciclo del agua en Latinoamérica.
- GSS Venture. Servicios de telemarketing.
- Hidroser. Actividad mercantil en el ciclo del agua.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 25/11/2008
Foto: Teatros del Canal y parque en la plaza de Castilla - COMUNIDAD DE MADRID / M. ESCALERA
Techo o voto
PASCUAL SERRANO* : Durante mi residencia en Caracas me indignó un programa de una de sus televisiones privadas que consistía en un concurso, en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que no percibiera el lógico derecho humano a la salud sin la convocatoria de un concurso. Algo similar he vuelto a sentir ahora en España al contemplar a cinco mil personas acampando una semana en Fuenlabrada bajo el invernal frío madrileño para poder apuntarse a la cola de la compra de una vivienda por 120.000 o 168.000 euros, de la que no existe ni suelo todavía.
Uno de los acampados se encaraba con los responsables municipales reclamando suelo para lo construcción: “hay suelo de sobra y que los políticos sepan que los que estamos aquí tenemos una cita con las urnas dentro de tres años”. No hay suelo de sobra, lo que hay de sobra son casas ya construidas y sin habitar, tres millones para ser exactos.
Al igual que en Estados Unidos el ciudadano ha perdido la dignidad para exigir a sus poderes públicos una asistencia sanitaria adecuada, en España asistimos impasibles a que para acceder al derecho constitucional a una vivienda haya que humillarse acampando con la aspiración de que un constructor privado se digne a venderte una casa a un precio razonable.
Nuestra sumisa mentalidad nos lleva a exigir que los ayuntamientos privaticen suelo público para hacer más casas sin plantear el debate de qué sociedad estamos haciendo en la que millones de edificios están vacíos mientras millones de personas no pueden acceder a un derecho constitucional. La ideología del mercado no permite otra interpretación que la de aceptar que algunos puedan ser propietarios de todas las viviendas que su poder adquisitivo les permita, y que no existe responsabilidad pública ni garantía social para atender a quienes no tengan ingresos para pagarse un alojamiento.
Si realmente se tratara de una limitación de medios económicos en una sociedad, el problema de la vivienda se iría resolviendo a medida que se fuera disponiendo de los materiales necesarios, y según se fueran adquiriendo se construirían casas para habitar. Esa situación, dentro de su precariedad, es lógica y racional y permitiría llegar a la conclusión de que la necesidad de vivienda se afronta construyendo casas. Si medio millón de personas no tienen donde vivir, cuando se construyan medio millón de casas se habrá resuelto. Pero nuestro capitalismo, ¿cómo propone resolver el problema de la vivienda si ya hay millones de casas de sobra y siguen sin techo quienes las necesitan?
Es inquietante el modo en el que estamos vaciando de derechos sociales nuestro sistema político. ¿Qué hubieran hecho esos cinco mil acampados -y otros muchos miles- si les hubiéramos dado a elegir entre el derecho constitucional a una vivienda o el derecho a votar en las próximas elecciones? Todos sabemos que la gran mayoría hubieran elegido lo primero. Es un claro ejemplo del fraude que supone nuestro modelo político, que te da derecho a votar y luego te deja sin techo.
www.pascualserrano.net
* Rebelión - Opinión - 25..1.2008
