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ELPAÍS* : La inundación que el viernes afectó a la comarca alicantina de La Marina Alta debido al desbordamiento de ríos y barrancos ha puesto al descubierto los efectos del urbanismo salvaje. Expertos universitarios e ingenieros cuestionan la planificación del territorio en la Comunidad Valenciana, permisiva con la construcción de edificaciones en zonas inundables, en los márgenes de cauces y en parajes expuestos a ser arrasados cuando se producen crecidas excepcionales debidas a lluvias torrenciales.
Esta realidad la experimentaron en carne propia los vecinos de las calles paralelas al cauce del río Girona a su paso por El Verger y Els Poblets. El desbordamiento del Girona arrasó un millar de casas en ambos pueblos. La riada también anegó las urbanizaciones levantadas en la desembocadura del Girona y en la playa de Dénia. Mientras, en Calp, el desbordamiento de los dos barrancos que atraviesan el municipio acabó por inundar la parte baja del pueblo. Aquí, el muro del paseo marítimo actuó como barrera y alimentó el nivel de la riada.
- "Intensa ocupación del territorio". El catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina apunta a la masiva edificación del territorio como causa del desastre. El profesor, además, subraya que esa edificación descontrolada no ha ido acompañada de las medidas estructurales que recoge el Plan de Acción Territorial de Comunidad Valenciana (Patricova). "El Patricova no sólo es la cartografía de riesgo, sino que incluye una lista de obras estructurales que hasta el momento no se han realizado, tampoco en el ámbito de La Marina Alta", explica el catedrático.
Olcina vincula directamente lo ocurrido estos días con el urbanismo desaforado que se ha venido ejecutando en la comarca. "El problema es la falta de respeto al medio físico", asegura. Por eso vaticina que "tarde o temprano la gente exigirá responsabilidades jurídicas a los mandatarios, en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, que han permitido que se construya en zonas inundables".
- "Los puentes modifican el flujo hidráulico". José Miguel Saval, ingeniero Civil, de Obra Pública y de Caminos Canales y Puertos, aborda otra cuestión en la base de la polémica entre los dueños de las casas asoladas por el alud de barro, lodo y cañas y la Administración. Los afectados, especialmente los vecinos de El Verger y Els Poblets, sostienen que el taponamiento de los puentes por el cañizo que arrastró el caudal acentuó el nivel de la crecida del río. En un tramo de 1,5 kilometros cinco puentes salvan el río, dos de ellos son centenarios y los tres restantes fueron levantados en los sesenta. Saval explica que los proyectos de construcción de puentes deben disponer de un documento "fundamental" que detalle los efectos hidráulicos de la cuenca con un estudio que contemple en los últimos 500 años las avenidas máximas y mínimas. "El problema es que cuando se construyeron esos puentes esos datos eran casi imposibles de calcular", señala el ingeniero. Afirma que la concentración de puentes a lo largo del cauce, como en el caso de El Verger y Els Poblets, "modifica el flujo hidráulico". Saval señala que es conveniente calcular la distancia entre puentes para mitigar el efecto de una riada.
- "La urbanización no ha respetado los ríos". El comisario de Aguas de la Confederación del Júcar, Manuel Alcalde, admite que los procesos de urbanización "han sido poco respetuosos con los ríos". Alcalde recuerda que no se trata sólo de construir cerca de las cuencas, sino que cuando se autorizan macrourbanizaciones, la tierra se convierte en cemento y asfalto, lo que "modifica hidrológicamente el terreno" y, cuando se registran fuertes precipitaciones, en vez de absorber el agua la escupe a los barrancos. El cargo de la Confederación del Júcar rechaza las críticas de los vecinos sobre el efecto multiplicador de las cañas en la riada: "Sin cañas hubiera sido un auténtico desastre, porque el cañizo minimiza el efecto de la riada al frenar la velocidad del caudal".
- "La responsabilidad es de la Administración y los compradores"
. Por su parte, el profesor de Climatología de la Universidad de Alicante Enrique Moltó asegura que todo el territorio del norte de Alicante es una zona "intensamente urbanizada". "Los responsables son los políticos que autorizaron la construcción y los compradores a partir de los sesenta. Entonces todo valía, pero también hoy se sigue construyendo en zonas de riesgo de inundación". Moltó subraya que las lluvias del viernes, con más de 400 litros por metro cuadrado, son un episodio "extraordinario" pero "no insólito" en estas comarcas, donde en más de 800 ocasiones en los últimos 30 años se han superado los cien litros en 24 horas.
Barrancos edificados
El informe Aguaceros e inundaciones en áreas urbanas alicantinas, coordinado por el catedrático Jorge Olcina y publicado en 2004, es contundente respecto a la localidad de Calp ante avenidas por lluvias torrenciales al identificar tres sectores de "alto riesgo".
El primer sector se extiende hacia el norte del Morro de Toix y ocupa las zonas de desagüe de tres barrancos comprendidos entre Puerto Blanco y Cala Manzanera, que "soportan una elevada densidad de ocupación de sus llanos de inundación por urbanizaciones". Junto a uno de estos barrancos se ubica un restaurante. El segundo, de riesgo "bajo", comprende los barrancos de Quisi y Pou Roig, cuyo encauzamiento se ha resuelto hasta su desembocadura en la playa del Arenal-Bol. El sector con riesgo mayor está en el Saladar. "Aguas arriba se aprecian varios cauces cuyo grado de ocupación es tal que se resulta casi imposible seguirlos".
Joan Morató, coordinador del equipo de gobierno de Calp (tripartito formado por PSPV, Bloc y un grupo independiente), reconoce que ha heredado una gran proliferación de viviendas en zonas inundables: "Nuestro objetivo ahora es mejorar las infraestructuras en esas áreas en previsión de futuras riadas", augura.
Sobre la desembocadura del río Girona en la playa de Dénia, el estudio destaca la elevada densidad de la edificación.
* ELPAIS.com - E. MOLTÓ / S. NAVARRO - Alicante - 16/10/2007
Foto: La crecida del río Girona echó abajo el puente de Beniarbeig - EFE / MANUEL LORENZO
La riada de Alicante pone en evidencia el urbanismo salvaje
Casi 2.000 vecinos de Marbella se manifiestan contra el nuevo PGOU
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : Cerca de 2.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron anoche en Marbella para protestar contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, cuyo periodo de exposición pública concluyó ayer con unas 6.000 alegaciones. La manifestación, convocada por la Plataforma de Ciudadanos Afectados por el PGOU, tenía como objetivo mostrar el rechazo de los propietarios de las viviendas no incluidas en el proceso de normalización del nuevo plan y el sistema de compensaciones.
El PGOU propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes, y deja fuera de este proceso a 752 viviendas, la mitad de ellas ocupadas, así como dos hoteles. En caso de que las promotoras no asuman las cargas urbanísticas, serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacer frente a los gastos del proceso de compensación.
La mayoría de los alegaciones al PGOU procede de los dueños de 18.000 inmuebles ilegales. El Plan Guadaiza diseñado por la Junta, que prevé la expropiación de 200 hectáreas entre unas 300 fincas privadas y huertos familiares en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía -para la construcción de diversos equipamientos educativos, sociales, culturales, deportivos e infraestructuras como las estaciones de autobuses y del futuro tren litoral- ha acaparado otra buena parte de los escritos de vecinos y colectivos.
Proceso. "Desde la semana pasada hemos recibido una avalancha de escritos", comentó el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero. A juicio del ejecutivo local, el elevado número de alegaciones indica que el plan no ha contado con la participación suficiente. "Se ha realizado a espaldas de la ciudadanía. Ni siquiera nosotros hemos tenido participación", reseñó el portavoz del equipo de gobierno.
Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, subrayó la importancia de que Marbella cuente con un plan general que restablezca la seguridad jurídica y urbanística y que, de manera urgente, normalice y dé cobertura legal a la situación en la que se encuentran las viviendas y los comercios construidos al margen de la norma.
Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha de enfrentarse a un volumen de trabajo burocrático importante. "Esperamos que se cumpla el calendario previsto de forma que la aprobación definitiva pueda producirse en la primavera de 2009", añadió.
"La situación actual supone un freno al desarrollo económico de la localidad. Cuando tengamos el nuevo plan la ciudad vivirá un renacimiento económico", sentenció Romero.
En la concentración, respaldada por otros colectivos como la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, el presidente de la plataforma, José Ortiz, leyó un documento en el que se criticaba que la Junta haya "impuesto" a Marbella un PGOU que "perjudica a los ciudadanos" y se acusó al Gobierno andaluz de castigar a los habitantes del municipio con un plan desigual. Ortiz también recordó a las administraciones públicas que "ir contra el pueblo les va a salir muy caro" y pidió para los vecinos la potestad de decidir cómo será el futuro de su ciudad.
* La Opinión de Málaga - MATUCHA GARCÍA / EFE - 16 de octubre de 2007
Foto: Descontento. Los vecinos de Marbella se manifestaron ayer contra el nuevo documento - laopiniondemalaga.es
Los ladrillos ya no tiran de la economía
KAOSENLARED* : Los primeros datos que se conocen apuntan a que la desaceleración de la construcción no es tan gradual y ordenada como había anunciado el Gobierno. Hasta ahora, el Ministerio de Vivienda, enfrascado en preparar el calendario de ofertas electorales, sólo ha facilitado los datos del primer trimestre. Pero empiezan a aparecer por goteo indicadores preocupantes: el Colegio de Registradores informa de una caída del 10,18% en la compraventa de viviendas en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior; el de Arquitectos indica que el número de viviendas visadas se redujo un 35% en julio sobre el mismo mes de 2006...
...el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la caída también en julio del número de viviendas hipotecadas en un 8% sobre el mes anterior; la Seguridad Social confirma que se ha moderado sustancialmente el crecimiento de los afiliados en la construcción (en el segundo trimestre de 2006 crecía un 10,3% y ahora sólo al 3,3%); y los datos de paro registrado indican que se ha destruido empleo en los últimos tres meses.
A todo esto, hay que añadir el anuncio de cierre de inmobiliarias y la caída de la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que cobran las comunidades autónomas en las operaciones de compraventa de pisos. Y en fuentes del sector confirman que la construcción de viviendas está sufriendo ya un verdadero frenazo. Pero nadie se atreve a facilitar cifras, a la espera de las que comunique el Ministerio.
Todos estos indicadores son previos al pleno desarrollo del episodio de turbulencias financieras que estalló el 6 de agosto.
Así, en pleno proceso de «suave desaceleración», se ha producido una nueva crisis financiera en Estados Unidos, cuyo contagio ha llegado ya a Europa (sobre todo al Reino Unido) y de la que ningún gurú se atreve a pontificar sobre su alcance a la economía real. De momento, ya ha ocasionado problemas de liquidez con las consiguientes restricciones crediticias que han comenzando a aflorar.
En España, los expertos consultados son concluyentes: «parece descartado un ajuste brusco, pero la economía española es ahora mucho más vulnerable que hace un par de meses». En general, creen que nuestra economía está menos expuesta que otras. Sin embargo, si esta crisis alcanza a los socios europeos, nuestro principal mercado exportador, la situación no pintará como la ha dibujado el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año electoral de 2008, sobre todo cuando ya se nota un cierto cansancio en el consumo (ya se ve en la menor recaudación del IVA) a la espera de ver cómo afectaría la crisis crediticia a la inversión privada.
¿Se ajustan las previsiones económicas del Gobierno a esta nueva escenografía? Los expertos dicen que el cuadro macroeconómico, con que ha elaborado los Presupuestos para el próximo año, «es poco realista». Es más, según se señala en el Informe Económico y Financiero, presentado en las Cortes, el escenario «está basado en el informe de la posición cíclica de la economía española de marzo de 2007». Es el mismo cuadro que aprobó el ejecutivo a finales de julio, una semana antes de que estallara la crisis financiera. Y no se tiene en cuenta esta desaceleración que le llega al ladrillo, que ya no es tan suave, Sólo prevé un ambicioso aumento de la inversión del 3,8%.
Dos días después de la presentación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, el vicepresidente económico del Gobierno ha cuestionado las bases con que lo ha elaborado. El martes pasado manifestó encontrarse «tranquilísimo» con el crecimiento económico previsto del 3,3%. Y el jueves, en el Senado, expresó sus dudas admitiendo que el PIB podría crecer a finales de 2008 «por debajo del 3%» La media prevista por el ejecutivo para todo el ejercicio es del 3,3% , medio punto menos que el objetivo de 2007.
De los 93 folios que conforman el Informe Económico Financiero, entregado junto a los Presupuestos, sólo los cinco últimos evalúan las previsiones económicas para 2007-2008. En tres líneas se señala que «se considera que el impacto de las turbulencias financieras sobre el crecimiento va a ser limitado y que las bases del crecimiento mundial y europeo siguen siendo sólidas».
Este asunto se trata también en dos párrafos en la introducción de dicho informe, en los que se dice que «las incertidumbres y los riesgos han aumentado, siendo difícil realizar una valoración de la crisis, ya que ésta persiste a la altura de mediados de septiembre y aún no se puede evaluar su impacto sobre la economía estadounidense y mundial».
Y de lo que está ocurriendo ahora o de lo que va a ocurrir en 2008 en el sector de la construcción, se despacha en cinco líneas. Se indica que se prevén ritmos de aumento inferiores a los del resto de componentes de la formación bruta de capital «debido sobre todo a la prolongación de la senda de desaceleración gradual de la demanda de vivienda en un contexto de subidas de tipos de interés y precios todavía elevados de la vivienda».
El resto del informe trata de la situación económica española en los primeros meses del año cuando el Gobierno comenzaba a hablar de leve o suave desaceleración de la construcción y nadie pensaba en las primeras consecuencias de las hipotecas subprime norteamericanas y sus posibles efectos colaterales.
Los economistas consultados dicen que «es sorprendente que el Gobierno no haya modificado sus previsiones económicas. Además de las razones electorales, el Ejecutivo se ha agarrado a que por ejemplo la Comisión Europea no ha modificado el crecimiento para España cuando lo ha hecho para otros países de la UE». En este sentido, hace unos días, Rodrigo Rato, hasta ahora director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que este organismo iba a corregir a la baja las previsiones de crecimiento para España en 2007 y 2008.
En esta línea, el BBVA ya ha bajado su previsión inicial del 3,1% al 2,8% para 2008. Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos señala que «¡ojalá se llegue al 2,8%!, pero es más probable un 2,6%, con lo que el impacto en los ingresos del Estado será muy importante porque se han calculado con el 6,7% del crecimiento de PIB nominal previsto y eso significa decir adiós al superávit de las cuentas».
Los expertos dicen que «el panorama es muy incierto. Hay indicios de una mayor desaceleración en la construcción y, si se confirma, tendremos dos crisis de distinto tamaño y dimensión al mismo tiempo. Pueden convertirse en la peor de las coincidencias en estos momentos y será el empleo quien comience a sentirlo primero».
De hecho, se calcula que por cada vivienda de menos que se construya se pierden tres puestos de trabajo: dos directos y uno indirecto.
Fuentes del sector estiman que este año las residencias iniciadas disminuirán entre un 15 y un 20% frente a las que se edificaron en 2006. Esto significa unas 60.000 casas menos. Así las cosas, la caída en el ritmo de construcción se cobrará previsiblemente unos 180.000 empleos. Estas estimaciones son más negativas que las previsiones realizadas por la patronal Seopan a principios de año. Esta organización calculaba un aumento de entre el 5 y 6% en el volumen de edificación residencial para este año frente al crecimiento del 8,5% registrado en 2006. Aunque ya hay indicios, el retroceso para el sector, sin embargo, no llegará con intensidad hasta el próximo año. Por cada 100.000 casas que se dejarán de edificar, se destruirían 200.000 empleos.
Muchos promotores comienzan a pensar que el ajuste de la actividad va a ser mucho más brusco de lo que se pronosticaba pese al mensaje insistente del Gobierno, instituciones y agentes del sector de cómo la oferta se iría ajustando gradualmente a la demanda.
Hasta julio, el número de viviendas visadas bajó un 9,5% hasta las 448.991 con respecto al mismo periodo de 2006, una cifra razonable. Pero ha sido el desplome del 35% en los permisos para iniciar nuevas residencias en julio con respecto al mismo mes del año anterior lo que ha provocado bastante nerviosismo entre los empresarios.
Por si fuera poco, las 58.035 casas visadas en julio fue el registro más bajo alcanzado ese mismo mes desde 2000. Esta caída, según fuentes del sector, responde a la reacción de las empresas ante el agudo descenso que las ventas de pisos han sufrido en los últimos meses. «Muchos promotores han decidido posponer el inicio de nuevas promociones que tenían previstas a la espera de ver que ocurre con la demanda», reconoce un empresario.
Y es que el encarecimiento de las hipotecas por las reiteradas subidas de los tipos de interés y las incertidumbres sobre la evolución de los precios han aplazado la decisión de las familias de adquirir un piso. A esto hay que añadir las mayores exigencias de los bancos para otorgar créditos, así como las dudas sobre los efectos de la crisis financiera en el precio del dinero por la falta de liquidez.
Los más optimistas apuntan a una caída del 30% en la comercialización de pisos, cifra que puede ascender hasta el 60% en zonas costeras o en la periferia de las grandes ciudades.
En la Asociación de Promotores y Constructores prefieren ser cautos y esperar a ver cuál es la evolución en los próximos meses. A principios de año ya apuntaron que la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, que encarece los costes de construcción, aceleraría la solicitud de visados hasta marzo y, por ende, provocaría un descenso importante en la segunda parte del año.
El temor de los constructores es que el parón de la actividad se convierta en un problema coyuntural. Y como más vale prevenir que curar, han pedido al Gobierno su respaldo y la aprobación de iniciativas de apoyo a la compra de vivienda para dar salida a los proyectos que tienen en marcha. El Ejecutivo, sin embargo, es más proclive a dinamizar el parque del alquiler y está dispuesto a adoptar incentivos para promotores siempre y cuando apuesten por dinamizar ese mercado.
* Kaos en la Red - F. Núñez y M. Gómez - 07.10.2007
Foto: kaosenlared.net
El juez acusa a altos cargos en la época de CiU de cobrar comisiones a constructores
ELPAÍS/Cataluña* : Pasqual Maragall se quedó muy corto cuando en febrero de 2005 acusó a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras públicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pagó comisiones del 20 % cuando trabajó para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella época están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.
El órdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU apenas duró unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes políticos el fiscal jefe de Cataluña de la época, José María Mena, abrió diligencias al día siguiente. Solicitó del tripartito toda la documentación necesaria para verificar la acusación realizada por Maragall y recibió centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigación quedó limitada a la empresa pública Adigsa, que había pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.
La fiscalía se querelló y ahora, al cabo de dos años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigación y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los máximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.
Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relación de imputados. Falcó es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa, así como al responsable económico de la compañía, Xavier Sala.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teoría debía elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la práctica se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario y legal.
El juez describe que José María Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigación, así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ningún tipo de expediente previo".
La resolución judicial explica que Penin hacía empezar las obras a los empresarios con carácter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos por el partido en el Gobierno autónomo, Convergència i Unió". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".
También asegura que Honrubia facturó 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intentó que el también constructor A. Jiménez abonase 3.000 euros en concepto de comisión por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.
Cuando la fiscalía abrió diligencias, Penin declaró que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catalán
estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa. También explicó que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses después compareció ante el juez, Penin se desdijo y exculpó a Puig.
El juez considera probado que Penin cobró de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. Añade el magistrado que Penin era la persona que debía realizar las tasaciones de las obras que se tenían que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.
La resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona está fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos días. Las defensas anunciaron ayer que presentarían recurso contra esa decisión y que reclamarán del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitación judicial del caso quedará paralizada. Esa función de retraso en el proceso judicial es la que en la práctica comporta prácticamente siempre la presentación de esos recursos, que acaban siendo rechazados.
Si en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscalía tendría entonces despejado el camino para presentar escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral. El juez atenderá entonces la petición y los ocho acusados se sentarán en el banquillo para responder de su actuación.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 16/10/2007
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El Puerto de Santa María: La rueda especulativa sigue su curso
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G.A.S* : El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha convertido en los últimos años en un hervidero para el juego especulativo. En el último año se han construido en el término municipal portuense, alrededor de 5000 viviendas ilegales , de las cuales, una gran mayoría serán legalizadas en el futuro gracias al nuevo PGOU que el Ayuntamiento está elaborando. Dentro de este contexto se enmarcan las investigaciones y posteriores juicios contra promotores, propietarios y antiguos integrantes de los ayuntamientos municipales.
El pasado mes de Julio, se produjeron las primeras detenciones, 17 fueron los propietarios detenidos, a causa de la construcción de viviendas que bloqueaban las cañadas públicas.
Posteriormente han pasado a disposición judicial, responsables de la construcción en el Pinar de Coig y el Barranco, al edificarse en espacio protegido. Estas investigaciones judiciales han llevado al ex alcalde Hernán Díaz y los dos anteriores responsables de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos a comparecer como imputados en un posible delito de prevaricación, al no actuar contra la construcción de estas viviendas.
Aún así en comparación con el número de viviendas existentes, la actuación judicial es mínima por el momento.
Un ejemplo de la inoperancia de las autoridades en estos delitos es la situación que se vive en el diseminado de Cantarranas, donde 4 chalés ilegales y con orden de derribo desde el 2002, que hasta hace pocos meses no han comenzado las tareas de derribo, ya que los propietarios han interpuesto recursos durante todo este tiempo, alargándose así la actuación efectiva contra las viviendas ilegales.
Siguiendo en la dinámica especulativa, centrada en el Puerto, es reseñable la actuación de la trama de Obra Nueva que falsificaba certificados para legalizar viviendas.
Después de su desmantelamiento en Chiclana, se pudo saber que los tentáculos especulativos se habían extendido por varios municipios de la Bahía, y el Puerto entre uno de ellos.
Tras el cambio de gobierno, los nuevos gobernantes se han encontrado con un gran número de documentos, expedientes, etc. que apuntan directamente a la actuación de Obra Nueva en el Puerto, ya que los certificados de antigüedad de las viviendas están firmados por los mismos responsables de Obra Nueva en Chiclana.
En el caso del Puerto, la situación se complica, ya que en Chiclana los imputados no trascendían al plano político cosa que si ocurre en el Puerto de Santa María. En algunos documentos que versan sobre viviendas legalizadas por decreto municipal, y construidas en lugares en unos casos urbanizable y en otros no, y además sin aprobarse primero el Plan Parcial.
El Ayuntamiento ha contabilizado ya, alrededor de 104 casos de Obra Nueva, siendo algunos de ellos legalizados por el anterior teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Todas las actuaciones se realizaron al parecer durante la anterior legislatura en la cual el ex alcalde Hernán Díaz tuvo que dejar su cargo por delitos de prevaricación, siendo condenado a 7 años de inhabilitación.
Ahora dentro del doble discurso institucional, la teniente de alcalde a hecho un llamamiento a las empresas que pretenden urbanizar las zonas protegidas y no urbanizables, advirtiéndoles que no se permitirá ninguna construcción ilegal más, además de que les puede salir muy caro la construcción de nuevas viviendas, estas amenazas han sido declaradas despues de que permitieran la construcción de más de 5.000 mil viviendas.
Así mismo se ha instado a l@s vecin@s que han pagado por estas urbanizaciones ilegales, que se dirijan a los promotores para que verifiquen la legalidad de las obras, ya que si la situación sigue por el mismo camino, serán l@s vecin@s l@s que tengan que pagar dos veces por una vivienda.
Ecologistas en Acción ya hizo un llamamiento denunciando la tala indiscriminada de bosque, que se estaba realizando en la zona, y que ha llevado a la Junta de Andalucía a actuar para paralizar las obras e investigar a la empresa que ha llevado a cabo la tala.
* Grupo de Acción Social - 14 octubre 07
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
Viviendas ilegales
FERNANDO SANTIAGO* : Si usted quiere construirse una casa le resultará mucho más caro, lento y complicado cumplir la ley que saltársela. Mientras no se resuelva esta paradoja, abundarán las viviendas ilegales. Los ayuntamientos dicen primero que no tienen medios de inspección para impedir las obras sin licencia y luego que no pueden tirar lo que ya está levantado de manera ilegal. Conclusión: no sea usted tonto y sáltese la ley. No le va a costar nada y con el tiempo se lo van a regularizar. Da igual si se hace una mansión en terreno rústico, si no tiene enganche oficial de electricidad o de alcantarillado, es lo mismo si toma el agua sin permiso de un acuífero, si hace una fosa séptica sin garantías, si la basura la tiene que tirar en cualquier lado. Es lo mismo que usted sea pobre o rico. Con el tiempo le arreglarán el desaguisado.
Así es que le sugiero, sin más, que no pida licencia, que no encargue un proyecto de obra a un arquitecto, que se busque una cuadrilla de albañiles o se lo haga usted mismo y que no pague IVA, por supuesto. Hágalo así y se ahorrará un dineral. Al fin y al cabo a los ayuntamientos les da igual, la Junta no tiene competencias o mira para otro lado y a los jueces es como si les molestase actuar en asuntos de tan poco fuste. Tan sólo algunos irreductibles fiscales parece que quieren que se cumpla la ley y que se tire lo que se ha hecho sin licencia. Nadie habla de que los inspectores impidan que se lleve a cabo lo que la ley no permite. Baste mirar la mancha urbana de Chiclana y se comprobará que mide lo mismo que la de Málaga, con diez veces menos población.
Las 20. 0000 o 30.000 viviendas ilegales de esta población no surgieron de la noche a la mañana, pero ahora se van a legalizar todas. Ahora lo llevan a cabo los mismos que antes estaban en IU y censuraban al PSOE, pero ahora han sido expulsados por darle la alcaldía al PP: los que criticaban la regularización van a llevarla a cabo. Al fin y al cabo qué más da, si ahora el alcalde es del PP y ya han sido expulsados de IU. Lo mismo puede decirse de Barbate, donde antes mandaba el PP y ahora el PSOE. O de El Puerto de Santa María, antes una coalición de independientes con PSOE y ahora el PP y un tránsfuga. O Puerto Real, los más radicales entre los radicales de IU.
La epidemia de pragmatismo se extiende como si fuera gripe aviar o sida. No hay barrera que la frene: ni los partidos, ni la administración autonómica, ni los jueces. Ni siquiera la animosa actuación de algún fiscal. Cambian los alcaldes y se sigue la misma política. Es más, el más rico y famoso urbanista de Andalucía, el omnipresente redactor de PGOU por toda la comunidad, González Fustegueras, lo mismo redacta una norma que regulariza a aquellos que se la saltaron en su día, en un ejercicio de sofismo urbanístico. Dentro de unos años otros miles que se la hayan saltado con posterioridad vivirán la misma regularización que viven ahora quienes se construyeron su casa por la cara. Y seguro que el mismo urbanista que ahora ha redactado el PGOU montará la oficina que permitirá regularizar a los pobrecitos que se hicieron mansiones en suelo rústico, en cañadas, en pinares o en la marisma. Luego nos extrañamos de que estemos degradando el medio ambiente.
Apoyamos a Al Gore, pero nos saltamos todas las normas urbanísticas sin rubor. Serán 50.000 en la provincia de Cádiz, pero en Andalucía pueden ser 200.000. ¿Cómo se ha podido llegar a tal desbarajuste? ¿sirve para algo la ley? Si al final todo el que compra o vende una casa ya tiene en cuenta la manera de evadir impuestos con la argucia del dinero negro, consentido por los inspectores de hacienda, los notarios y la administración y promovido por los ciudadanos que luego exigirán todo tipo de ayudas al Estado, sin pensar que le acaban de estafar. Es lo mismo comprar y vender con dinero negro, las facturas sin IVA o las viviendas ilegales. Andalucía era la tierra de la picaresca hace siglos y parece que no hemos cambiado. ¿A partir de cuántos casos similares uno deja de ser vecino para ser votante? ¿A partir de cuántos casos hay que legalizar lo ilegal para obtener el apoyo de los que cometieron la irregularidad a sabiendas? ¿Eso es el pragmatismo?
* ELPAIS.com - 15/10/2007
