LAVERDAD/Murcia* : Los agentes anticorrupción han hallado documentos sobre el supuesto 'regalo' de un piso al ex consejero por parte de un constructor a quien habría dado trato de favor. Al calvario de Marqués le quedan todavía muchas estaciones que cubrir. Ayer -después de su detención, el pasado marzo, como imputado en delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales- alcanzó la segunda parada: nueva citación y comparecencia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con el fin de ser interrogado sobre nuevas pruebas que van apareciendo y que presuntamente estrechan el círculo de sospechas en torno a su persona.
La llamada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Financiera, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), causó ayer cierta sorpresa por lo inusual de la misma. Lo habitual es que un imputado sea citado ante el juez instructor cuantas veces éste lo considere necesario, pero es menos usual que la Policía vuelva a tomarle declaración por segunda vez a un sospechoso, una vez que ya ha sido puesto a disposición judicial.
Fuentes próximas al caso explicaron, sin embargo, que en este asunto el magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel.
Marqués acudió hacia las doce del mediodía a la Comisaría murciana, acompañado por su letrado, el catedrático de Derecho Penal Jaime Peris. Las fuentes citadas explicaron que el ex consejero de Medio Ambiente acudió «de forma voluntaria» a la cita con los policías, después de haber sido requerido por éstos, «aunque si no lo hubiera hecho habría tenido que acudir de manera obligada».
Registros provechosos
El objetivo de la citación era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.
Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes. Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.
Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.
Francisco Marqués, que continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, permaneció un par de horas en las dependencias policiales, prestando declaración. Abandonó la Jefatura con el mismo gesto tranquilo y la media sonrisa con la que había llegado.
La segunda estación de su particular viacrucis había sido cubierta. Resta saber cuántas le quedan y qué le espera al final de esa cuesta.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 8.05.09
'Zerrichera': Marqués regresa a Comisaría cercado por nuevas pruebas que lo incriminan
Derriban la casa ilegal de Ibiza valorada en 18 millones
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ELPAÍS* : Las excavadoras materializan desde este jueves la sentencia de derribo de una mansión ilegal de Ibiza que su dueño, el músico francés Michael Cretu, valorada en 18 millones de euros. La licencia municipal otorgada a Cretu para levantar una casa y un estudio de 900 metros cuadrados fue radicalmente nula, según los jueces, porque la parcela -en la cima de un monte- cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales.
El Tribunal Supremo ratificó en 2003 la orden de demolición del complejo inmobiliario que suma 3.115 metros cuadrados en Corona de Sant Antoni. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, con un volumen de 7000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.
En el año 1995, el Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN) advirtió de las ilegalidades al alcalde y las denunció ante el juez. El proceso judicial se ha prolongado a lo largo de catorce años. En un juzgado se investigan aún las posibles responsabilidades penales de propietario, técnicos y alcalde.
El ex Gobierno balear de Jaume Matas, del PP, aprobó en 2003 una ley ad hoc para intentar salvar del derribo la casa sentenciada. Matas en la ley de acompañamiento de los presupuestos diseñó la vía de legalización de edificios fuera de ordenación de Ibiza, con unas características territoriales y urbanísticas que cumplía al mílimetro la casa de Cretu. Los jueces no dieron el brazo a torcer.
Hace dos meses, ante a dilación en el cumplimiento de las órdenes de demolición, la justicia dictó un auto responsabilizando al alcalde de Sant Antoni, José Sala, que ha pagado 600 euros de su bolsillo al mes. El Ayuntamiento concedió las obras de derribo y restauración a una empresa navarra, por más de 300.000 euros.
"Acaba la imagen de impunidad", reseñó Neus Prats, portavoz del GEN. El abogado de Cretu, Jaume Roig, opinó que el músico francés recibe con el derribo "un trato verdaderamente discriminatorio rozando el racismo".
Cretu, "estresado"
Michael Cretu era propietario de los estudios ART en Ibiza antes de trasladarse a vivir a la gran mansión construida durante nueve años con diseño de Bernd Steber y Gunter Wagner
En sus demandas de compensaciones patrimoniales por la pérdida de la casa indica que el caso le ha supuesto pérdida de ingresos por el bajón en su producción musical debido "al estrés" provocado. Tras la orden de derribo llegó otro proceso judicial penal por posibles delitos urbanísticos. Jaume Roig, abogado de Cretu, indicó en su día que la "creatividad y actividad mental han quedado interrumpidas e interferidas por el agotamiento que supone aguantar una situación de este tipo".
* ELPAIS.com - A.M. - Palma de Mallorca - 07/05/2009
Foto: Derribo de la casa del músico Michael Cretu en el municipio de San Antonio.- VICENT MARÍ, elpais.com
Julián Muñoz, ponente en un curso sobre corrupción política
PÚBLICO* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz será uno de los ponentes del curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre Periodismo y corrupción política, en el que también están previstas las intervenciones del ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea y del empresario José María Ruiz Mateos.
Según figura en el programa de los X Cursos de Verano de la URJC, presentado hoy, el resto de ponentes serán jueces, como el instructor del caso Gil y del caso Guateque, Santiago Torres, expertos jurídicos y periodistas. Este año, los cursos de verano de la URJC analizarán la crisis desde distintas perspectivas (no sólo económica) y fomentarán el debate sobre sus posibles soluciones.
Julián Muñoz, que ingresó en prisión en 2006, fue procesado en el caso Malaya por malversación de caudales públicos y delito continuado de cohecho. Ha tenido que hacer frente a imputaciones por blanqueo de capitales y tuvo que cumplir una sentencia firme por un delito contra la ordenación del territorio, al que le seguirían después otras dos condenas por causas urbanísticas.
* Público - EFE - Madrid - 06/05/2009
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urbanístico
ELPAÍS* : La crisis ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el año pasado. También aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, así como la falta de colaboración por parte de la administración pública, según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente está el fiscal Antonio Vercher.
A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscalías en que sí ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema informático y de unificación de sistema es un problema generalizado", según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.
Dónde está la Administración
A la falta de medios se suma la de colaboración de la administración pública. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejación de sus funciones" y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados cuando hay indicio de delito.
Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo rústico de protección ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.
También destaca la memoria diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del 50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.
Novedades
Al recoger la actuación de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros de buena fe. Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una "interpretación anómala" y restrictiva del concepto de promotor en el Código Penal.
Contrasta la falta de colaboración de la administración, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracción de normativa ambiental y urbanística se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboración desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presión para pedir la regularización, con cargo a fondos públicos, de urbanizaciones ilegales, según denuncian algunas fiscalías.
* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA - Madrid - 07/05/2009
