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NORTECASTILLA* : Crecer de forma sostenible es, por ahora, una utopía para los españoles. El tercer informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), a partir de 155 indicadores económicos, ambientales, sociales y culturales, indica que España tiene mucho camino que recorrer hasta alcanzar modelos de desarrollo razonables, como así exige la Unión Europea. Los principales desafíos siguen siendo la excesiva presencia de la construcción y el consumo interno en el crecimiento económico, dos de los sectores de mayor intensidad energética y uso de los recursos; la contaminación de las zonas urbanas -afecta a tres de cada cuatro personas- y la desigualdad social: con un 20% de la población en el umbral de la pobreza a pesar de ser el octavo país más rico.
El Informe 2007 del OSE, elaborado por más de un centenar de científicos y técnicos, redunda en la tendencia del desarrollo español desde el 2005, año del primer estudio publicado, que desde entonces ha sido avalado por el Ministerio de Medio Ambiente. Un corto periodo de tiempo en el que «España ha avanzado moderadamente hacia pautas más sostenibles» en aspectos económicos (crecimiento del PIB, mayor aportación del sector industrial), pero en el que los cambios han sido «más tímidos» en otros apartados significativos.
Consumo y vivienda
En primer lugar están los capítulos socioeconómico y territorial. El modelo de crecimiento ha favorecido la expansión urbana incontrolado gracias al tirón de la construcción, sobre todo en el Mediterráneo y Madrid; el consumo familiar destinado a la vivienda es el mayor de Europa, al suponer el 120% de la renta; el esfuerzo de acceso a vivienda para los jóvenes supera ampliamente el 33% de su sueldo; las buenas tasas de empleo siguen reflejando precariedad y desigualdades de género y, por último, el abandono escolar continúa siendo de los más altos de Europa (29,5%) por detrás de Portugal y Malta.
Con respecto a la cohesión social, los indicadores se resisten a mejorar a pesar del crecimiento económico y de las prioridades concedidas a las políticas sociales. La tasa de riesgo de la pobreza se mantiene a niveles de 1995 (18-20%), lo que demuestra la «desigual» distribución de la riqueza. Asimismo, en un capítulo novedoso, el informe menciona que el sector de la cultura es un activo importante para la economía pero que requiere mayor protección y regulación.
Energía y consumo
Los fenómenos con mayor riesgo para la sostenibilidad son aquellos relacionados con el consumo energético. Aunque los datos oficiales muestran signos de esperanza, «todavía queda mucho camino por recorrer» en cuanto a la dependencia energética de la economía y las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, en el 2006 se redujo por vez primera esta cifra un 4,1% con respecto al 2005. También decreció alrededor del 1% el consumo de energía gracias a las reformas para cumplir el Protocolo de Kioto. El gasto energético del sector del trasporte se controló.
La calidad del aire sigue provocando quebraderos a los responsables de Medio Ambiente, especialmente en las medianas y grandes ciudades. La desertificación afecta a más de un tercio del territorio y la riqueza biológica sigue en riesgo creciente a pesar de los esfuerzos políticos (entre 1990 y el 2006 la fauna amenazada ha aumentado un 34,6%). Entre las soluciones, el informe destaca una mejora de la gobernanza y ratifica la importancia de la Fiscalía contra los delitos ambientales. Además, se cree necesario intensificar el esfuerzo mundial en cooperación al desarrollo.
* El Norte de Castilla - 04.12.07 - M. BALÍN
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia) bajo el mar, montaje fotográfico cambio climático - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
Los expertos certifican que el modelo de desarrollo español es inviable
El acceso a la vivienda en el Estado español
LUIS ZARAPUZ* : El sector inmobiliario y constructor ha puesto fin claramente en 2007 al largo ciclo expansivo que durante más de una década había multiplicado los precios inmobiliarios, la cifra de viviendas construidas, las plusvalías de los beneficiarios del tinglado urbanístico y agudizado la precariedad y el endeudamiento familiar de millones de personas para acceder a la vivienda. El ajuste del sector inmobiliario y constructor es ya una realidad. Lo que resta por conocer es la cuantía de este ajuste y la velocidad y duración del mismo. Es decir, confirmar si estamos ante un aterrizaje suave y controlado o ante un parón que ha pillado de sorpresa a los agentes implicados y que supondrá el estallido de la burbuja inmobiliaria y una importante corrección con repercusiones en el conjunto de la economía.
La construcción de viviendas en España
Para analizar la evolución de las viviendas construidas en España recurrimos a dos fuentes: el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) que facilita los proyectos de ejecución de viviendas visados por los colegios de arquitectos y el Ministerio de Vivienda que aporta los datos de viviendas iniciadas y terminadas. Las cifras de cada una de estas estadísticas varían, por la diferente etapa del proceso de la edificación que analizan y por el desfase temporal entre dichas etapas (un proyecto visado será iniciado meses ó años después –si se inicia- y finalizado –si se termina- de media 18 meses más tarde).
Los datos disponibles de proyectos de ejecución de viviendas visados anuncian una fuerte caída de los mismos en 2007, muy lejos del récord de 920.000 visados en 2006. Ya en el primer semestre de 2007 han caído un 20% hasta las 362.000 -a pesar del elevado número de viviendas visadas en marzo de 2007 anticipándose a las elecciones municipales y autonómicas- y entre abril y junio la caída es aun mayor (un 40% respecto al mismo trimestre del año anterior). De cara a la evolución en el segundo semestre de 2007, este año no se producirá el anormalmente alto dato de septiembre de 2006 (avalancha de proyectos para eludir la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación). Si además sumamos las declaraciones de los promotores a cerca del actual parón de la demanda (y la oferta) de vivienda, puede aventurarse una caída del 30-35% en los proyectos visados en el conjunto del año, hasta situarse en torno a los 600.000/650.000 visados en 2007.
La reducción de nuevos proyectos visados se está produciendo tanto entre las viviendas de precio libre (más del 90% del total) como entre las viviendas protegidas, donde la caída ha sido especialmente elevada en el segundo trimestre de 2007, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas.
Los datos de viviendas iniciadas en 2007 muestran ya un descenso respecto al año anterior, con 329.000 viviendas iniciadas en el primer semestre y una caída del 10% respecto al primer semestre de 2006. La caída se intensifica según avanza el año y en el segundo trimestre de 2007 las viviendas iniciadas han caído un 16% respecto al mismo trimestre del año anterior, tanto las libres como las protegidas. Las viviendas iniciadas para el conjunto del año podrían registrar una caída del 10-15% y alcanzar una cifra de 550.000/600.000 viviendas. En 2006 (y en el primer semestre de 2007) las viviendas de precio libre supusieron el 87% de todas las iniciadas. Entre las minoritarias viviendas protegidas iniciadas, la mayor parte1 iban destinadas a la propiedad, con un peso reducido del alquiler protegido.
La cifra de viviendas terminadas alcanzó las 658.000 unidades en 2006 (el 91% de precio libre) la cifra más alta de la serie histórica. En el primer semestre de 2007 se han terminado 329.000 viviendas, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior. En el primer semestre han aumentado las viviendas terminadas, tanto las de precio libre (la gran mayoría) como las protegidas.
Tradicionalmente la cifra de viviendas visadas supera con creces la de viviendas iniciadas y terminadas, ya que no todos los proyectos llegan finalmente a ejecutarse. Por otro lado, las viviendas iniciadas suelen superar a las terminadas en épocas de ciclos inmobiliarios alcistas, mientras que en ciclos descendentes, se frena la iniciación de nuevas viviendas que se ve superada por la finalización de las ya iniciadas. Pues bien, entre enero y junio de 2007 la caída de las viviendas proyectadas ha hecho que su cifra se aproxime a la de viviendas iniciadas y terminadas. Además, en el segundo trimestre de 2007 las viviendas de precio libre terminadas superan ya a las iniciadas.
Parece aproximarse un importante parón en la construcción residencial (que ya se está produciendo) y que tendrá mayor repercusión a lo largo de 2008, cuando vayan finalizando las promociones en curso y la disminución de nuevos proyectos se refleje más agudamente en las viviendas iniciadas y en construcción. Entonces es cuando el parón que ahora se inicia tendrá mayores repercusiones en la actividad y empleo del sector de la construcción (en el inmobiliario ya lo está teniendo).
El precio de la vivienda en España
El coste del acceso a la vivienda en España durante 2007 se ha frenado, especialmente en la opción de compra, cuyo encarecimiento se ha asemejado al del alquiler y se sitúan ambos ligeramente por encima del IPC. El espectacular y abusivo incremento de los precios inmobiliarios durante más de una década se ha frenado durante este año, propiciado por el proceso de subida de tipos de interés y de las hipotecas y por la imposibilidad de las unidades familiares de asumir esfuerzos adicionales en el pago de una vivienda, cuyo precio ha roto cualquier proporción con los salarios que deben pagarlo. Se ha producido un reajuste entre el coste de la vivienda y el coste para financiar su compra: dado que las familias no pueden pagar más, el aumento de los intereses ha provocado una disminución de la cuantía máxima por la que se pueden endeudar y por tanto pagar por una vivienda. Pero este ajuste no disminuye la cuantía máxima que deben hacer frente las familias que deseen adquirir una vivienda, simplemente modifica los conceptos que deben ser pagados. Son necesarias medidas estructurales que impliquen mejoras reales y permanentes en la accesibilidad y coste de una vivienda: medidas de política de vivienda (impositivas, legislativas y de gasto) que deben ser desarrolladas, aplicadas y dotadas del suficiente compromiso presupuestario.
El precio medio de la vivienda libre en España (nueva y usada) se situó en el segundo trimestre de 2007 en 2.054,50 euros/m2 construido (+5,8% nominal respecto al 2º trimestre de 2006) y que apenas ha variado en el tercer trimestre de 2007. El aumento de los precios ha continuado frenándose según avanzaba el año y no es descartable una caída del precio medio en el cuarto trimestre respecto al tercero, descensos que ya se están produciendo en algunas provincias. El precio medio de la vivienda protegida en el conjunto de España ha alcanzado 1.035,8 euros/m2 construido.
En 2007 el precio medio de la vivienda ha aumentado más que el salario medio, por lo que se ha incrementado el esfuerzo que supondría adquirir una vivienda. Si a esto añadimos las sucesivas subidas de los tipos de interés (el Euribor ha repuntado hasta el 4,7% en septiembre de 2007) se ha producido un fuerte empeoramiento del las condiciones de acceso a la vivienda en propiedad, que explica en gran medida las dificultades para asumir precios inmobiliarios superiores y su previsible descenso en los próximos meses.
Desde 1995 el precio medio de la vivienda libre se ha triplicado (+200%) en términos nominales, mientras que el salario medio ha aumentado un 47% acumulado. Si descontamos la inflación y realizamos el análisis en términos reales, la brecha que separa la evolución del precio de la vivienda y del salario medio, se dispara, ya que el salario medio ha permanecido constante en términos reales, frente al fuerte encarecimiento real de la vivienda.
La carestía del acceso a la vivienda en propiedad varía sustancialmente de unas comunidades a otras. El precio de la vivienda es especialmente elevado en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, con valores que rondan los tres mil euros/m2, el triple de lo que cuesta en Extremadura y el doble de su coste en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia. Cuando el precio de la vivienda lo ponemos en relación con el salario medio, para cada una de las comunidades autónomas, se estrechan las diferencias entre territorios respecto a la carestía del acceso a la vivienda. Los ciudadanos del País Vasco, de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares son los que deben soportar un mayor esfuerzo económico para acceder a la vivienda. Pero este esfuerzo “sólo” es el doble del que deben realizar en Extremadura y un desfase aun menor respecto a otras comunidades (Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja). La brecha entre territorios en el precio de la vivienda es superior a la que existe en el salario medio. Es decir, los mayores salarios en algunas comunidades mitigan en parte el mayor coste de la vivienda.
LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA
La política del partido en el gobierno en materia de vivienda se ha movido entre los deseos de realizar una política en parte diferente a la de sus antecesores, la apuesta mediática –que no real- por la vivienda y la imposibilidad de romper con el lobby inmobiliario y constructor, a cuyos intereses ha respondido tradicionalmente la política de vivienda de este país. Un “quiero y no puedo” salpicado de espectaculares anuncios mediáticos que de momento no han dado generado resultados positivos. Ha sido la propia evolución del mercado inmobiliario (la carestía desbordada de la vivienda) y la subida de los tipos de interés las que han terminado por poner freno a la especulación inmobiliaria. El problema es que el parón es coyuntural (la subida de tipos ha frenado el precio) y hasta cierto punto no es tal (seguimos pagando lo mismo, es decir lo máximo que nos permiten nuestros ingresos, lo que ocurre es que se está reajustando la distribución entre principal e intereses).
La política estatal en materia de vivienda se articula mediante dos ejes de actuación: la política directa de vivienda y el gasto (beneficio) fiscal en vivienda. Ésta última es la que concentra el grueso del gasto público en vivienda. Esta apuesta por el gasto fiscal vacía de contenido la política de vivienda: Los resultados reales obtenidos son contrarios al objetivo que dice defender.
Este año resulta especialmente difícil concretar/estimar el gasto público en vivienda ya que una parte relevante del mismo se ha presentado con posterioridad al proyecto de Presupuestos y no aparecen reflejados en él. Además, algunas de las medidas no han sido incorporadas porque el Gobierno no ha sabido estimar el gasto que supondrán.
Política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación
La política estatal de acceso a la vivienda y fomento de la edificación dispondrá de una previsión total de fondos de 1.369,0 millones (+10% nominal) lo que supone el 0,122% del PIB previsto para 20082. El crecimiento del gasto de esta política es inferior al de años anteriores, pero en esta cifra no están incluidas todas las partidas atribuibles a la política de vivienda.
El Plan de vivienda estatal (2005-2008) articula la política de gasto directo en vivienda del Gobierno Central y se dota a través del programa presupuestario 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda. El año 2008 es el último de aplicación del Plan actual, que preveía un objetivo anual de 180.000 actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda (720.000 en los cuatro años) con una previsión de gasto acumulado de 6.822 millones (el doble que el Plan 2002-2005).
Según el proyecto de Presupuestos, la mayor parte de los recursos del Plan de Vivienda van destinados masivamente a favorecer el acceso a la vivienda en propiedad, con una apuesta mínima por el alquiler, como la propia Ministra de Vivienda ha reconocido3. Para 2008 el Plan de vivienda destina sus fondos principalmente a:
* 487 millones de euros en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas para compra y rehabilitación de viviendas.
* 417 millones de euros para sufragar la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (compra de vivienda).
* 323 millones de euros en subsidiación de intereses de préstamos hipotecarios (compra de vivienda).
A partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca del Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler, se aporta una estimación del coste de estas medidas ya que en el proyecto de Presupuestos no figura previsión alguna. La estimación para el primer año de la renta para la emancipación (210 euros por contrato de alquiler suscrito por jóvenes de 22 a 30 años) es de 436,5 millones de euros (411 millones de renta derivada de 180.500 contratos de alquiler más 25,5 millones del aval y el préstamo para la fianza). La estimación para el primer año de la deducción fiscal para inquilinos es de 348 millones y se prevé que afecte a cera de 700.000 familias.
Además el Gobierno ha fijado una ayuda de 350 euros al año a los ciudadanos que perciban una pensión no contributiva y que residan en una vivienda en alquiler. La cuantía de la ayuda y el reducido número de pensionistas que cumplen los requisitos fijados provocan que esta medida no tenga un impacto real y presupuestario relevante.
Gasto fiscal en vivienda
El grueso del gasto público en materia de vivienda se articula mediante beneficios fiscales: la previsión oficial para 2008 es de 4.464,5 millones (sin incluir los supuestos beneficios fiscales asociados al menor IVA por compra de vivienda). Si añadimos una estimación de las deducciones fiscales en el IRPF no reflejadas correctamente en los Presupuestos (ayudas al alquiler a inquilinos y propietarios, desgravación compra vivienda habitual4) el importe real de los beneficios fiscales destinados a vivienda en 2008 alcanza un mínimo de 6.680,00 millones de euros (un 50% más que el dato recogido en los Presupuestos).
De este gasto fiscal en vivienda la gran mayoría –más del noventa por ciento- va destinado a subsidiar la compra. No obstante, es cierto que el gasto fiscal destinado al alquiler ha aumentado sensiblemente en el último año, merced a la introducción de desgravaciones adicionales a los propietarios que alquilen a menores de 35 años y a la nueva deducción fiscal a los inquilinos.
Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un mecanismo injusto e ineficiente de contribuir a la política pública de vivienda. Son injustos porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda (es decir con más renta) y con mayores tipos impositivos y cuotas íntegras, mientras que las personas con menores ingresos y por tanto menor gasto absoluto en vivienda y menores retenciones y tipos impositivos se benefician en mucha menor medida real de estas deducciones. Y son ineficientes porque este tipo de deducciones, tal y como están planteadas, encarecen el coste de la vivienda (compra, alquiler) y suponen una transferencia de rentas desde el Presupuesto del Estado, pagado por todos, a los propietarios que venden/alquilan las viviendas y que previsiblemente se apropian de dichas ayudas vía incremento de precio, en un marco de oferta de viviendas constante o con aumentos inferiores a los de la demanda.
Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la nueva deducción fiscal en el IRPF al pago del alquiler. Va dirigida a los inquilinos con bases imponibles inferiores a 24.020 euros anuales, con diferente máximo según los ingresos del contribuyente (el 10,05% sobre un máximo de 9.015 euros de alquiler para las personas cuya base imponible no supere 12.000 euros (ingresos de 16.000 euros en declaración individual y de 20.000 euros en declaración conjunta) y para las bases imponibles comprendidas entre 12.000 y 24.020 euros (ingresos de 29.000 euros en declaración individual y 33.000 euros en conjunta) la base máxima sobre la que se aplica el porcentaje de deducción será el resultado de restar a 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible del contribuyente y 12.000 euros).
Para poder beneficiarse de la cuantía máxima de deducción (10,05% de 9.015 euros = 906 euros/año o 75,5 euros/mes) hay que ganar menos de mil euros al mes y pagar al menos 750 euros al mes de alquiler, algo poco probable por inviable. Es prácticamente imposible que las unidades familiares de menores ingresos y con bajas cuotas integras (lo que correspondería pagar en concepto de IRPF, antes de compensar con las retenciones) se beneficien realmente con una medida, que de todas maneras supone una ayuda mensual muy moderada. Las unidades familiares con mayores bases imponibles (entre 12.000 y 24.020 euros) aunque se beneficien de una ayuda de cuantía inferior serán previsiblemente las que concentren gran parte del gasto de esta deducción fiscal.
El gasto en vivienda en la legislatura 2004-2008
El gasto en materia de vivienda ha aumentado sensiblemente a lo largo de la legislatura y se ha duplicado en términos nominales respecto al último presupuesto del anterior gobierno. El aumento ha sido más elevado en el gasto directo de la política de vivienda y algo menor entre el gasto en beneficios fiscales que no obstante sigue representando la mayor parte y demás está infraestimado. No obstante el esquema de actuación en materia de vivienda por parte del Gobierno Central apenas ha variado en estos años: el gasto en vivienda se articula mediante gastos/beneficios fiscales. El gasto directo en política de vivienda ha aumentado en mayor medida, pero no lo suficiente para modificar la situación. Por el destino de los fondos, la promoción de la construcción de viviendas en propiedad y la adquisición de las mismas eran y son el principal destino. El alquiler, tímidamente, se va abriendo paso en las políticas de vivienda, pero sigue siendo minoritario.
La política de vivienda en la actual legislatura
El Gobierno del PSOE planteó el problema del acceso a la vivienda en España como una de sus teóricas prioridades políticas. A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con poca repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus causas. Desde la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin la capacidad ni autonomía necesarias para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que mantiene las competencias- siguiendo por el inmediato y virtual Plan de choque (verano de 2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de vivienda (2005-2008) -continuista con los planes de anteriores gobiernos, aunque con más dotación presupuestaria-, la nueva Ley del suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP que en el pasado tampoco evitaron la especulación-, y el último Plan de medidas de fomento de la emancipación y del alquiler (2008) -un conjunto de incentivos económicos al alquiler que es muy posible que terminen perjudicando (o tengan un efecto neutro) a los inquilinos y favoreciendo, una vez más, a los propietarios-.
Esta actividad frenética se ha visto más caracterizada por publicitados anuncios, que en el mejor de los casos, anticipaban con mucha antelación las hipotéticas actuaciones a realizar. Es decir, se ha vendido hoy como solución y éxito inmediato medidas y propuestas que se desarrollarán y aplicarán en el futuro, y cuyo resultado final es todavía una incógnita. El Gobierno ha abordado aspectos claves (plan de vivienda, ley del suelo, apuesta por el alquiler) muy condicionado, sin una libertad y capacidad plena de actuación, con una cicatería presupuestaria que ha impedido impulsar algunas medidas importantes ante la resistencia inicial de comunidades autónomas y otros agentes; y adoptando medidas continuistas (fallidas en el pasado) e introduciendo otras que pueden agravar aun más el problema.
* Luis Zarapuz es economista del Gabinete Técnico de CC.OO.
* Rebelión - 06-12-2007
Una red ciudadana ocupa pisos y reivindica el derecho a la vivienda
ELPAÍS/Barcelona* : "Estamos hartos de que las administraciones no hagan absolutamente nada para garantizar el acceso a la vivienda. Por eso hemos decidido practicar la desobediencia civil". Habla Lucas, integrante de una red ciudadana que se agrupa bajo las siglas PHRP (Promoció per l'Habitatge Realment Públic) y que cuenta con unas 50 personas. Desde mayo de 2006 han ocupado cuatro edificios de Ciutat Vella para hacer valer su derecho a la vivienda. El último, ubicado en el número 33 de la calle de Avinyó, lo habitaron hace dos semanas.
"No nos consideramos okupas. Al menos en el sentido peyorativo que le han dado a esa palabra los medios de comunicación", dice Lucas. Se declaran "simples ciudadanos cabreados" por el problema de la vivienda. En su mayoría son jóvenes, y, como la mayoría de los integrantes de su generación, acumulan un largo peregrinar por pisos de alquiler sometidos a precios desorbitados y a los excesos de propietarios que no respetaban ni la duración de los contratos. Lo que les diferencia del resto de los jóvenes de su misma edad es que ellos han decidido dar un paso más.
Niegan que estén cometiendo una ilegalidad, o al menos no son conscientes de ello. "No es un problema de legalidad, sino de legitimidad. Lo ilegal es dejar que las fincas se degraden y permanezcan vacías o semivacías durante años", afirma Víctor, otro de los integrantes de esta red ciudadana. "El propietario del primer edificio en el que entramos, en la calle de Magdalenes, quería hacer un hotel. Pero desde que lo habitamos nosotros ha tenido que dar marcha atrás", añade Víctor.
PHRP quiere crecer con más gente y nuevos edificios ocupados en Ciutat Vella, un distrito que consideran paradigmático de los "abusos urbanísticos" y de la "especulación" en Barcelona. Lucas dice que han decidido salir del anonimato aprovechando el aniversario de la Constitución: "Veintinueve años después, empezamos a hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda", dice.
* ELPAIS.com - JAUME BAUZÀ - Barcelona - 06/12/2007
Foto: VdeVivienda, manifestación Barcelona - cartel 2006
Golf, ladrillos y corrupción en La Rioja Alavesa
ARKIMIA* : Dos noticias de la prensa de hoy nos obligan a reconsiderar aquello de que "Euskadi is different" en materia de urbanismo, corrupción y especulación, y las dos tienen por escenario pueblos de La Rioja Alavesa: Laguardia y Labastida. En ambos lugares existen proyectos urbanísticos impulsados por el Partido Popular relacionados con campos de golf y ladrillismo, condimentados con indicios de actividades especulativas, cuando no directamente delictivas...
En el primero, Laguardia, un edil de EA, Gregorio López, ha denunciado un intento de soborno: un particular le ofreció 90.000€, para que cambiara su voto en el último momento (decisivo, porque deshacía un empate entre PP y PNV) y apoyase el proyecto de campo de golf y urbanización ladrillísco-especulativa que quiere imponer la derechona más rancia del PP en Laguardia. Es el modo de actuar habitual de la extrema derecha económica, esa que dice querer "generar riqueza" (para sus bolsillos, los bolsillos de sus amigos, sus parientes y sus empresas amigas) a base de dilapidar el territorio, sin fijarse demasiado en el interés general o si existe una demanda social. Pero en este caso, en Laguardia, gracias a la honestidad de un concejal, se ha desvelado la trama mafiosa. Aclaración: este edil no es del grupo político al que pertenezco, Ezker Batua-Berdeak, sino de Eusko Alkartasuna; no hago más que reconocer y aplaudir, desinteresada e imparcialmente, una actitud que, a pesar de ser lógica, se ha convertido en ejemplar, por inhabitual en nuestros dias de choriceo generalizado.
labastida1.jpgLa segunda noticia también trata sobre campos de golf, maniobras políticas rastreras y especulación urbanística. El PP, apoyado en este caso por el PNV local, intentan apartar de la operación urbanística al alcalde de EB-B, y han designado en el pleno de ayer al ex-alcalde del PP, Ignacio Gil Orive, como representante de su pueblo para defender ante las instituciones que han de fiscalizar su proyecto (el del PP) de golf y mega-urbanización (750 viviendas en un pueblo de 2.000 habitantes) en un espacio protegido de Labastida. Para eso se salta leyes y sentido común, intentando desesperadamente, que su castillo de naipes no se venga abajo por la acción del actual alcalde, Higinio Arinas, de Ezker Batua-Berdeak, y su grupo municipal. Higinio Arinas y Javier Medel, alcalde y concejal de EB-B en Labastida, fueron elegidos por su pueblo para parar este proyecto que atenta contra el medio ambiente y el interés social. Que el representante de un pueblo, democráticamente elegido, sea su alcalde, no parece importarles demasiado cuando se trata de ganar pasta. Si estorba el alcalde, se le aparta. Que el mismo PNV que apoyó su investidura como alcalde ahora elija al ex-alcalde del PP como interlocutor para defender ante la Comisión de Ordenación del Territorio y la Diputación Foral de Álava el proyecto de nueva urbanización y golf sobre los terrenos protegidos del monte Toloño y su entorno, no hace más que desvelar que los intereses económicos que tiene el PNV local (interesada posición no compartida por la ejecutiva jeltzale alavesa, me consta) son coincidentes con los del PP, cuyo alcalde fue expulsado de la alcaldía precisamente por la disconformidad popular con este proyecto hace sólo unos meses.
Creo que no es casualidad que detrás de estos dos proyectos (golf, ladrillo y especulación) estén, en ambos casos, involucrados como sus mayores adalides los pocos cargos públicos del PP de Euskadi que todavía conservan algo de poder en las instituciones o ven la posibilidad de recuperar el que tuvieron en el pasado gracias a indispensables aliados, sea por la vía del soborno, como parece que han intentado en Laguardia, o por la vía de la conveniencia para sus intereses particulares, como parece que ocurre con los dirigentes locales del PNV de Labastida.
"Euskadi is different", sí, pero menos "different" que lo que nos gustaría. Una cura de humildad para vasquitos y vasquitas: aquí, como en Totana, Marbella o Madrid, la ultraderecha económica se busca sus aliados para conseguir "crear riqueza" (para ellos), y nadie está a salvo de granujadas, delincuencia y mafia relacionadas con el urbanismo, la vivienda, el suelo y la especulación. Conviene estar vigilantes, y denunciar a las primeras sospechas los trapicheos, las maniobras de mangantes y aliados políticos corruptos. El urbanismo es una función social. Todo proyecto que no cumpla ese objetivo principal (el interés común) ha de ser puesto en cuestión, y más cuando es evidente que enriquece ilícitamente a unos pocos privilegiados o cuando, como en estos dos casos, hay indicios de que los proyectos sólo benefician a unos pocos, perjudican a la mayoría y nada aportan al interés común.
Afortunadamente, existen políticos cabales, honestos, leales a su programa, a su compromiso con la ciudadanía, como Gregorio López, de Laguardia, o Javier Medel e Higinio Arinas de Labastida. Como decíamos en otro sitio, todos los políticos no son iguales. Mi reconocimiento sincero y gratitud hacia ellos, porque permiten que siga creyendo que otro urbanismo es posible.
* ARKIMIA - 06/12/2007
Foto: Labastida - arkimia.nireblog.com
