DIARIODEMALLORCA* : Si hubiese detectado "alguna irregularidad" en el consorcio Turisme Jove, "habría actuado en el minuto cero", dijo públicamente el 12 de agosto su máxima responsable política durante el Govern Matas, Rosa Puig, tras ser forzada por su partido a dar la cara ante la prensa.
Llama la atención que el elevado déficit que asolaba el consorcio no levantara la más mínima sospecha de la ex consellera, quien autorizó 10 millones de euros en aportaciones extraordinarias a lo largo de la pasada legislatura, en multitud de transferencias. Las asignaciones fueron a fondo perdido y no se exigió a la cúpula del consorcio -hoy a caballo entre la cárcel y la libertad con cargos- que las justificase. La cifra no es nada desdeñable si se tiene en cuenta que el presupuesto de Turisme Jove para el presente año ronda los 1,4 millones de euros, una cuantía similar a la que tenía durante el mandato de Puig. Por tanto, el promedio de aportaciones de la consellera triplicaba el presupuesto anual del ente.
Las continuas inyecciones económicas tampoco parece que alteraran a Juan Francisco Gálvez, a la sazón director general de Juventud e imputado por el presunto entramado de corrupción en el ente. Declaró ante el juez de guardia y los fiscales Anticorrupción que "ignoraba que pudiera haber una quiebra tan elevada", y que "no era consciente de la magnitud de la mala situación económica". Y eso que el propio Gálvez fue el que negoció con la Conselleria multitud de estos pagos extraordinarios.
El personal lo veía a las claras
Contrariamente a la actitud de sus superiores, bastantes empleados del organismo público que han declarado ante la Policía como testigos en la investigación han puesto de manifiesto el "despilfarro" que allí se producía por parte de los dos principales imputados, Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez. La asesora jurídica del consorcio, Irene Crespí, no dudó en constatar ante los agentes que "la situación técnica de Turisme Jove era de quiebra total y absoluta", y que la iban "agravando" con sus actuaciones el gerente y el jefe de servicios e instalaciones de entonces.
Varios de estos trabajadores también explicaron a los agentes cómo a mitad de legislatura se defenestró a la contable, Catalina Concepció Pou, aupando para esta labor a Jaume Cerdà, hasta ese momento el chófer de Puig y persona de confianza de Gosálbez. La investigación policial evidencia que el nuevo contable -actualmente en excedencia- nunca hacía preguntas sobre los elevados gastos de representación de Gosálbez y Amengual.
Como si la cosa no fuera con ella, la consellera de Presidencia y Juventud concedió desde su acceso al cargo en 2003 continuas subvenciones nominativas al consorcio, cada vez que éste no podía afrontar los pagos por falta de dinero. Sólo entre el dos de marzo y el 30 de mayo de 2006, la Conselleria trasvasó 1.384.196 euros a Turisme Jove, y así constantemente.
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 23 de agosto de 2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Puig autorizó 10 millones en pagos extraordinarios a Turisme Jove
Canarias: El proyecto de ley territorial ampararía actos arbitrarios
LAOPINIÓN* : El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias advierte en su dictamen 5/2008 de que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo propuesto por el Gobierno de Canarias posibilitaría que las administraciones públicas tomen ciertas decisiones urbanísticas de forma arbitraria.
Por ejemplo, en cuanto a las calificaciones del suelo, el consejo señala que las administraciones podrían dar luz verde a actuaciones no prohibidas expresamente en las leyes urbanísticas, pero tampoco previstas en el planeamiento de un territorio.
De esta forma, la decisión final "radicaría una vez más en instancias administrativas, con el riesgo de ampliar el margen para la intervención discrecional".
Según el CES, los actos administrativos relativos a las calificaciones territoriales sólo necesitan cumplir un requisito: no amparar actuaciones expresamente prohibidas por la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico de cada localidad. Esta condición es, a juicio del consejo, insuficiente para garantizar que las calificaciones del territorio se hacen únicamente atendiendo al bien de interés público.
Suelo rústico. Si hay algo que preocupe al Consejo Económico y Social es cómo queda la protección del suelo rústico si se aprueba el anteproyecto de ley. Para el CES, las medidas recogidas en el texto propuesto permiten hacer en suelo rústico equipamientos dotacionales e infraestructuras, además de la realización de diversas actuaciones en las instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y ganaderas. Y todo ello "sin necesidad del otorgamiento de una previa calificación territorial".
El CES también critica el exceso de ocasiones en las que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial remite al lector a un posterior desarrollo reglamentario de muchos de sus artículos.
En opinión del consejo, esta cuestión afectará, en caso de no modificarse, a la seguridad jurídica de los operadores económicos y los agentes sociales. "Este exceso de previsiones para un ulterior desarrollo reglamentario podría también reabrir un debate estéril en torno a cuáles son las instancias administrativas competentes", afirma el CES en su dictamen.
Turismo. En relación a la actividad turística de Canarias, el Consejo Económico y Social considera "absolutamente necesario e imprescindible" establecer una serie de medidas para la rehabilitación y modernización de la planta turística obsoleta y/o degradada, así como para la descongestión del suelo turístico saturado y un crecimiento razonado de la oferta.
Precisamente sobre las nuevas plazas alojativas que resulten de los procesos de rehabilitación y renovación, el CES resalta que "la inexistencia de datos e información hacen difícil un pronunciamiento" sobre el número ideal de autorizaciones de nuevas plazas.
No obstante, da un consejo al respecto: El número de plazas "debería modularse mediante la fijación de máximos, atendiendo siempre las circunstancias de cada una de las islas o de zonas específicas de ellas".
Fragmentación legal. Aunque el dictamen considera necesarios los objetivos por los que se ha elaborado este anteproyecto (como el de simplificar los trámites administrativos en materia urbanística), también advierte sobre "el riesgo" que significa realizar "una fragmentación legal" que podría producir una "mayor inseguridad jurídica y complejidad legal y administrativa".
El mayor consenso posible
El Consejo Económico y Social de Canaria recomienda al Gobierno regional que el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial sea elaborado con el mayor consenso posible. "El anteproyecto introduce modificaciones relevantes en nuestro actual ordenamiento jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con evidentes repercusiones en el suelo rústico y en un subsector de particular relevancia
para el desarrollo económico de las islas como es el turismo", resalta el consejo en su dictamen. Por eso, añade, "la conveniencia de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las dificultades advertidas para su consecución hacen necesario obtener un amplio consenso para su articulación legal".
* La Opinión de Tenerife - SOL RINCÓN BOROBIA - 23 de agosto de 2008
Foto: Canarias, hoteles sur grancanaria - laprovincia.es
¿Por qué nos oponemos al circuito urbano de F1?
LUIS CERRILLO* : La barbaridad de la construcción del Valencia Street Circuit de Fórmula 1 dentro de la ciudad (cauce del río, barrio de Nazaret, del Grau, del Cabanyal y dársena interior del puerto) es de tal calibre que difícilmente se puede comprender, a no ser porque tenemos un Gobierno autonómico con terribles ansias de notoriedad cueste lo que cueste, con una megalomanía patológica y sin ninguna preocupación seria por el urbanismo de la ciudad, ni tampoco por las prioridades sociales de los ciudadanos, menos vistosas, pero más importantes para la mayoría de la población.
Tenemos ya un circuito, el Ricardo Tormo, en Cheste, para competiciones de coches y motos, que acumula unas pérdidas de 60 millones de euros desde su puesta en funcionamiento hace nueve años. No se entiende todo este derroche en algo que tanto va a perjudicar a la ciudad y tanto va a molestar a los ciudadanos.
Hasta el momento, que se sepa, se han gastado más de 85 millones de euros, que todavía no se sabe cuándo y cómo podrán pagarse, teniendo en cuenta, además, que este Gobierno autonómico está gravemente endeudado en más de 11.550 millones de euros. ¿Tiene este Gobierno el dinero para hacer frente a todo ello? ¿Y qué será de las inversiones que urgentemente necesitan las partidas de educación y sanidad -sólo se han gastado 69,3 millones de euros en hospitales y centros de salud-, por no hablar de más cosas? ¿Se sabe, por ejemplo, que el barrio del Grau, una de las zonas afectadas, no tiene todavía un centro de salud?
La realización del circuito urbano, siendo el País Valencià uno de los territorios de Europa que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kioto y de los acuerdos medioambientales de la UE, y siendo Valencia una de las ciudades con mayor nivel de contaminación acústica y atmosférica de Europa procedente del tráfico privado, evidencia la total insensibilidad por el medio ambiente tanto del ayuntamiento como el Gobierno autonómico. Suponen un retroceso educativo en la seguridad vial al ligar en el imaginario ciudadano, sobre todo de los jóvenes, ciudad y velocidad. Esta ilógica asociación de ideas está en el origen de las carreras ilegales y del terrorismo suicida vial que se viene produciendo en las calles de diferentes ciudades.
No se ha proporcionado a la ciudadanía toda la información que un gobierno democrático debe ofrecer, se ha negado la participación pública al colectivo ciudadano Fórmula Verda, que integra a varios grupos ecologistas, sociales y vecinales, esquivando el estudio de impacto ambiental. El decreto de interés general del 8 de febrero de 2008 por el cual el Gobierno autonómico regula la construcción del circuito y las actividades relacionadas con la prueba automovíslitica, vulnera un total de ocho leyes distintas. Nunca antes en la historia de la democracia española se había reducido un conjunto tan numeroso de garantías jurídicas del Estado de Derecho con esta brevedad.
Con la construcción de este circuito se ha perdido la gran oportunidad de terminar racionalmente la urbanización de la ciudad y no responde a las prioridades sociales. Cuesta mucho dinero, que ha provenido de las administraciones públicas, pero los beneficios se lo llevan unos pocos. Ocasiona graves molestias a la población, de ruido, de contaminación, de obras. Y para los que habitan cerca del circuito, todo esto es un infierno; para el resto, una pesadilla. Y a mucha gente joven y no tan joven se les está mostrando una bonita lección: la ciudad maltratada, el medio ambiente ignorado (piensen en las emisiones de CO2) y el culto a la velocidad sublimado. Todo un ejemplo de falta de democracia y de maltrato a la ciudad.
En síntesis, y por todas las razones anteriores, nuestra radical oposición al circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia. No tanto al espectáculo en sí, sino al modelo de vida y de cultura urbana que representa, ajeno a los desafíos medioambientales y energéticos del siglo XXI y a los nuevos horizontes de producción, consumo y bienestar sostenibles, compartidos y solidarios que queremos para nuestros hijos y nietos.
* Ecologistes en Acció de València y Coordinadora Fórmula Verda.
* Levante-EMV - Opinión - 23 de agosto de 2008
