Diariocrítico* : "Los agentes forestales han marchado en bicicleta por las calles de la capital para protestar por la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional porque les resta competencias contra los delitos que afectan al medio ambiente. Una representación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ha protagonizado este miércoles una marcha en bicicleta, desde el Templo de Debod, para protestar por la pérdida de competencias que les supondrá la aprobación de la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional. Además, los sindicatos tienen previsto realizar una asamblea esta tarde, y una Marcha Verde mañana a las 12 de la mañana, que irá desde la Puerta del Sol, a la Plaza del Emperador Carlos V.
Según los sindicatos, si esta ley entra en vigor, los agentes forestales no podrán denunciar delitos contra el medio ambiente, como el vertido de residuos, la caza de especies protegidas, la excavación de pozos y el levantamiento de construcciones ilegales, ni entrar en montes privados, ya que necesitarán autorización judicial para acceder a estos espacios verdes.
El portavoz adjunto de la Secretaría de Política Territorial y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, José Luis Díaz, explicó que esta norma es "disparatada e ilegal" porque va en contra de la Ley de Montes y del Real Decreto 11/2005, que se aprobó tras el incendio que se produjo hace dos años en Guadalajara y que le costó la vida a 11 personas.
Llegar al Parlamento Europeo
Díaz señaló que, ante esta situación, los sindicatos emprenderán medidas de "todo tipo", desde contactos con distintos grupos del Parlamento Europeo para explicarles los efectos "negativos" de la normativa e intentar presentar una interpelación en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, hasta recurrir al Defensor del Pueblo o llevar a cabo acciones legales.
Además, continuarán con las movilizaciones. Así, tras la donación de sangre de unos 80 agentes forestales ayer a mediodía en los vehículos móviles que habitualmente se sitúan frente a la Puerta del Sol, este miércoles se desarrollará una concentración y marcha ciclista, que partirá a las 11.00 horas del Templo de Debod y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, situada en el número 3 de la calle Princesa.
Mañana jueves, se desarrollará una "marcha verde", en la que los agentes irán ataviados con sus uniformes verdes de trabajo, desde la Puerta del Sol hasta la Asamblea de Madrid. Las movilizaciones concluirán el día 25 con una gran concentración ante la sede del Gobierno regional, coincidiendo con la votación del proyecto de ley.
Manos atadas contra la especulación urbanística
Ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron a su vez que la nueva Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno facilitará la construcción en suelo protegido y aseguraron que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende apartar a los agentes forestales de sus funciones para desbloquear los "obstáculos" a la especulación urbanística.
El 80 por ciento del monte de la Comunidad de Madrid quedará sin vigilancia si se aplica el artículo 9 del proyecto de Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración regional en el que se exige a los agentes forestales autorización judicial para entrar en las parcelas de titularidad privada.
El portavoz de Medio Ambiente de UGT, José Luis Valdelvira criticaba que "si los agentes no pueden entrar difícilmente pueden vigilar las fincas de titularidad privada. Es muy difícil realizar la labor de prevención y vigilancia si no podemos acceder a ellas. Si no entramos ¿Cómo sabemos que se está produciendo una infracciones?", cuestionó.
En este sentido, pidió al Gobierno regional que retire su iniciativa y recuerde que está vigente la Ley 10 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de 2001, "que se consensuó con todos los grupos de políticos". Asimismo, reclamó al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, que retire sus declaraciones en las que aseguró que esta Ley autonómica pretende impedir que los agentes forestales entren en propiedades privadas como quien "da una patada en la puerta". "Los forestales tienen que seguir haciendo sus funciones de vigilar el medio natural, que de ninguna manera es dar patadas a las puertas", subrayó Valdevira.
* Diariocrítico/Agencias - 18-07-2007
Foto: Madrid, forestales - diariocritico.com
Los forestales protestan por la ley de la Comunidad de Madrid
Ecologistas y vecinos, contra los PAI junto a la Sierra Calderona
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S.V.- El País/Valencia* : "Miles de viviendas, cinco campos de golf y hoteles se levantarán en el área de influencia del parque natural de la Sierra Calderona si reciben el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo. Para mostrar su rechazo a tres PAI (programas de actuación integrada), Acció Ecologista-Agró y vecinos de pueblos de la Calderona protestaron ante la consejería y pidieron una entrevista con su titular, José Ramón García Antón. Los ecologistas y representantes de la Asociación de Vecinos Baronía-Calderona y del partido Iniciativa Torres de Portacoeli (con dos concejales en Serra) entregaron un DVD que muestra los terrenos afectados por tres PAI en el área de influencia del parque natural..
En total, estos planes prevén 7.100 pisos, cinco campos de golf, hoteles y zonas comerciales, con lo que se multiplicaría por cuatro la población de las cinco localidades implicadas, según destacó Miquel Aguilar, de Acció Ecologista. El proyecto de Baronía Golf se extiende por Algimia, Estivella y Torres-Torres, con una previsión de albergar 3.600 viviendas y tres campos de golf. En Nàquera se plantea el PAI de Fontanelles, con 1.400 casas y un campo de golf, mientras que Serres de Serra será una urbanización con 2.100 viviendas y otra instalación deportiva. Aguilar subrayó que las construcciones producirán "graves impactos" en el parque natural y defendió que el área de influencia de la Calderona debe conservarse como zona de tránsito protegida.
Los municipios que impulsan los PAI ya los han aprobado en sus respectivos plenos y están a la espera del visto bueno de la Generalitat. El teniente de alcalde de Nàquera, Vicente Estellés, del PP, comentó el lunes que el proyecto de su localidad "no afectará al parque" y se apoya en normas urbanísticas subsidiarias de 1985. Acció Ecologista, por el contrario, sostiene que las casas invadirán una zona pensada para la regeneración junto a la sierra. En el caso de Serra, el alcalde, el socialista Javier Arnal, asegura que el PAI tiene todos los informes favorables, incluido el de los recursos hídricos, no toca "ni un milímetro cuadrado" del paraje y ocupará suelo agrícola. Según Arnal, el PAI ya ha sido aprobado por la Generalitat, un dato que ayer desconocían los ecologistas y la concejal de Iniciativa Torres de Portacoeli Montse Polo, quienes denunciaron que también afecta al Bien de Interés Cultural de la Cartuja de Portacoeli, lo que niega el Ayuntamiento. El tercer PAI arrastra una larga polémica. El ex consejero Esteban González Pons lo utilizó para atacar la política urbanística de poblaciones gobernadas por socialistas, como es el caso de Estivella.
La consejería aseguró que los ecologistas y vecinos "serán atendidos", y explicó que los PAI de Nàquera y Estivella están "en estudio", mientras que el de Serra se aprobó sujeto a algunas mejoras.
* ELPAIS.com - Valencia - 18/07/2007
Foto: SerraCalderona (C.Valenciana) mapa /wikipedia (orto.cth.gva.es)
El juez Torres cierra la investigación del 'caso Malaya'
J.Cano/H.Barbotta/SUR* : "Juan Antonio Roca es el jefe de una organización criminal y su poder absoluto en el Ayuntamiento de Marbella le permitió acumular una fortuna de al menos 120 millones de euros. Son las dos principales conclusiones a las que ha llegado el juez Torres en la instrucción del 'caso Malaya', cuya investigación ha dado por cerrada. El instructor dictó el pasado lunes un auto, por el que dispone incoar sumario ordinario por este caso en lugar del procedimiento abreviado en virtud de la gravedad de los delitos que a su juicio se han cometido. Esto supone que el juez deberá dictar ahora auto de procesamiento para cada uno de los más de cien imputados, quienes en principio tendrían que prestar una declaración indagatoria, según explicaron fuentes judiciales.
En el auto, el juez considera que Roca es titular de un patrimonio «tan enorme como injustificado» a nombre de terceras personas y sociedades interpuestas,y que el propio imputado «se ha visto obligado a reconocer».
PATRIMONIO
Innumerables bienes y posesiones
Derroche de lujo y ostentación
Como parte de las posesiones de Roca, el juez cita en el auto al menos tres lujosas fincas -en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara- con varias viviendas, plazas de toros y, en los dos primeros casos, helipuertos, un piso en Marbella que constituía su residencia habitual, varios palacios en Madrid, hoteles en Los Alcázares y El Rocío, promociones inmobiliarias en Murcia, oficinas en esta región, Marbella y Puerto Banús, una ganadería de toros bravos y la colección de arte valorada en cerca de 30 millones de euros.
«El lujo y la ostentación no acaba ahí», advierte el juez antes de enumerar barcos, helicópteros «y hasta un avión de los mejores en su categoría». En el auto se cita también la colección de coches de época, los coches de lujo a nombre de varias sociedades y los carruajes de caballos, de los que algunos pueden valer hasta un millón de euros.
ORGANIZACIÓN
Estructura criminal
Una red de «fieles servidores»
Para el juez, Roca es el jefe de una estructura criminal constituida por empleados y testaferros que hasta hace pocos meses eran «sus fieles servidores». Esta organización, según el instructor, realizó a lo largo de los años tantos actos de blanqueo «que son casi innumerables», y que formaron parte «de un plan preconcebido».
Según Miguel Ángel Torres, se aprecia con claridad que la estructura montada por Roca para blanquear los beneficios de su actividad ilícita y conseguir a su vez fondos ilícitos con los que lucrarse en el Ayuntamiento de Marbella «no puede ser calificada sino de organización delictiva, y viene caracterizada por una pluralidad de personas dirigidas y controladas por Juan Antonio Roca plenamente a su servicio».
Esta estructura, señala el auto, estaba organizada en tres sedes: el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, que creaba y gestionaba las sociedades; la oficina de Roca en Maras Asesores, que funcionaba como centro de negocios, y el despacho del abogado Juan Hoffmann, que según el juez se ha encargado de algunas de las sociedades constituidas en el extranjero. Junto a estas sedes, la organización contaba también con otros centros en Madrid y en las oficinas municipales de Planeamiento.
El juez sostiene que el entramado societario responde al principio de caja única «y una única voluntad de decisión, la de Juan Antonio Roca, que traspasa de una a otra sociedad los fondos que necesita en cada una de modo que no existen en realidad distintas sociedades, sino diversas estructuras para ocultar a Roca».
EXTRANJERO
Cuentas y sociedades
Presencia en paraísos fiscales
También se señala en el auto que la estructura societaria cuenta con ramificaciones en el extranjero, de donde proceden parte de los fondos. «Las autoridades suizas -señala el escrito firmado por el juez- han informado que Roca parece ser titular de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas como Kellington Investment INC, Bently Financial Ltd., la fundación Melifeo de Liechtenstein, cuyos beneficiarios son Juan Antonio Roca Nicolás y sus dos hijos, la sociedad Lipsag AG, la sociedad Sunnuta Management a favor de cuatro fiduciarios y en la que se han bloqueado 149.000 euros, la cuenta en el UBS de Basilea cuyo titular y beneficiario es Juan Antonio Roca y las dos cuentas en el Dresdner Bank Ag de Ginebra cuyo titular y beneficiario también es Juan Antonio Roca». El auto cita asimismo una cuenta en el Reino Unido y varias en Andorra y en el paraíso fiscal de las Islas Man.
MARAS ASESORES
Cuartel general de operaciones
La caja de los cohechos y de la corrupción
Maras Asesores vendría a ser el cuartel general del presunto cerebro de la trama malaya. En sus oficinas, la policía encontró los apuntes contables que el juez califica como «la caja de los cohechos y la corrupción de Roca», con las entregas de dinero de los promotores y los pagos a los concejales. Torres apunta que esa estructura societaria del ex asesor se caracteriza por la falta de ingresos desde que Roca ingresó en prisión.
EVOLUCIÓN
Más de una década de actividad
La organización se hace más compleja
La multiplicación de las ganancias que Roca obtenía fue haciendo más compleja y profesionalizando su actividad de blanqueo a lo largo de los años, según el juez. El supuesto jefe comenzó a utilizar en 1996 los servicios del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano, encargado de constituir y gestionar las sociedades. Al frente de estas sociedades aparecen los propios abogados, quienes ocultan el patrimonio de Roca, que se presenta como insolvente.
Con el tiempo, la organización sigue evolucionando. Así es como necesita de alguien que se encargue de sus proyectos de rehabilitación de edificios en Madrid para convertirlos en hoteles y elige a la abogada Montserrat Corulla, que se suma a Oscar Benavente como personas de máxima confianza del jefe. La evolución de la organización lleva posteriormente a la integración de otros dos imputados, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco. El primero va ganando poder por el deseo de Roca de mejorar la organización «ante la perspectiva de que en el futuro pudiera dejar de tener su fuente principal de ingresos como era el Ayuntamiento de Marbella». Durante el proceso se hizo evidente el malestar de Corulla y Benavente «por ser marginados y olvidados por Roca después de años de fieles servidores» y al resultar postergados por los recién llegados, que van ganando poder y por ende su participación en los beneficios en perjuicio de los miembros del gabinete.
En esta estructura se llegó a constituir lo que los implicados denominaban un «consejo de sabios», que asesoraba a Roca y trataba con él directamente.
PELOTAZOS URBANÍSTICOS
Negocios del ex asesor
Ganó 1,2 millones en 20 días con una permuta
A lo largo del auto, el juez pone varios ejemplos de los pelotazos urbanísticos que atribuye Juan Antonio Roca. Según el instructor, el ex asesor obtenía parcelas municipales en inmejorables condiciones por medio de sociedades interpuestas y negociaba con ellas. A Fidel San Román, por ejemplo, le vendió El Cantizal por un importe millonario y se aseguró una participación posterior en los beneficios de los inmuebles a construir en la parcela, destaca Torres en el auto. Con el dinero recibido en la operación, Roca invirtió en sus fincas en Murcia.
El magistrado resalta otra maniobra en la que el ex asesor impuso al empresario José María González de Caldas la compra de los inmuebles del edificio Golden para permutarlos con unas parcelas municipales. Roca definió el precio y obtuvo, según Torres, unas plusvalías de más de 200 millones de pesetas.
En otra operación, impuso a Aifos la adquisición de unos locales de Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la avenida Ricardo Soriano de Marbella a cambio de unos aprovechamientos en Guadaiza, según el auto. La comisión de Roca fue de 928.000 euros.
Pero el pelotazo más sorprendente es una permuta en la que el Ayuntamiento cambia un edificio en Puerto Banús por unos locales -«inservibles e invendibles», dice el juez- en Ricardo Soriano. En 20 días, la operación generó una ganancia de dos millones de euros, de los que Roca percibió 1,2, según Torres.
CONCEJALES Y EMPRESARIOS
Los empleados de Roca
Hacían cola hasta que se dignaba a recibirlos
La actividad diaria de Roca se repartía entre la sede Urbanismo y la oficina de Maras Asesores. «Por ambos despachos pasaban habitualmente todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella, a los que hacía esperar y hacer cola hasta que se dignaba a recibirlos», dice Torres. Lo mismo ocurría con los concejales: «Todos debían esperar a ser atendidos, [...] convertidos en empleados y subordinados de Roca».
El juez subraya asimismo la presencia en Maras de las mismas secretarias que trabajan en Planeamiento (sede de Urbanismo). «Lo que muestra aún más cómo Roca entremezcla sus negocios particulares y su labor en el Ayuntamiento al contar con las mismas personas para ambas facetas. Además de destacar el deber de sigilo que les imponía en su trabajo».
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Evitar pinchazos telefónicos
Detectives para espiar a personajes relevantes
El juez Torres sitúa a Roca en la cúspide de una estructura jerárquica donde los papeles estaban repartidos. El de Jaime Hachuel era la seguridad del jefe, al que le proporcionó cámaras, dispositivos de grabación, aparatos para impedir la intervención de teléfonos mediante su encriptado y hasta un dispositivo para hacer barridos capaz de detectar micrófonos y microcámaras.
Pero a Roca no sólo le preocupaba la seguridad pasiva. También la información. «Contaba con un indudable control sobre los medios de comunicación -aprecia Torres- como era el periódico municipal La Tribuna». Según el juez, el ex asesor grababa algunas reuniones con otras personas, como el disco intervenido con las letras IGM, y disponía de algún dosier elaborado por detectives sobre personas relevantes o que le preocupaban.
SUS CONTACTOS
Penetración en las instituciones
Roca penetró en las estructuras policiales
El presunto cerebro de la trama, a través de Hachuel, ha conseguido penetrar en las estructuras policiales, según el instructor. El jefe de seguridad de Roca reconoció que agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil le pasaban datos sobre matrículas de coches sospechosos, entre ellos los policiales, lo que dificultó la investigación. Esas consultas se extendían a datos de emigrantes a los que Roca «podía contratar para trabajar en sus propiedades». El juez considera estos hechos posibles encubrimiento, blanqueo y hasta revelación de secretos. De hecho, hay cinco agentes imputados en la causa.
Pero sus tentáculos no se quedaban sólo en la policía. «Su penetración en las instituciones llegó al punto de tener un infiltrado de la organización en los juzgados de Marbella». Ese papel, según Torres, lo desempeñó un funcionario a cambio de 6.000 euros y un reloj.
MULTITUD DE DELITOS
Más de nueve años de prisión
El pueblo de Marbella, perjudicado
Los delitos supuestamente cometidos por Roca perjudicaron «a una generalidad de personas, el pueblo de Marbella», según señala el juez en el auto, donde argumenta que la pena que se le podría imponer al principal imputado una pena superior en uno o dos grados, «con lo que se excederían los nueve años de prisión».
* Diario SUR - 18 Jul
Foto: Marbella /J.Lanza (diariosur.es)
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