+-+lanzarote-virtual.com.jpg)
EFE/Lanzarote* : El ex alcalde de del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos fueron detenidos hoy acusados de presunta corrupción urbanística por agentes de la Policía Nacional que registraron su domicilio de Femés.
Fuentes próximas al caso señalaron a Efe que los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas de esta mañana para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.
Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la Operación Unión, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.
La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.
Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.
En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos.
* EFE - 30.09.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - lanzarote-virtual.com
Detenidos el ex alcalde de Yaiza y dos hijos suyos por corrupción urbanística
La investigación busca en paraísos fiscales 40 millones de la trama Gürtel
,+ayuntamiento+-+diariodeboadilla.esjpg.jpg)
ELPAÍS* : Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.
En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.
El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.
Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas.
La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.
Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa.
Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".
Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación.
Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos.
El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 30/09/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez, que desencadenó la operación Astapa contra la corrupción el Consistorio malagueño y llevó a la cárcel a Antonio Barrientos y gran parte de su equipo de gobierno.
En la parte del sumario del caso cuyo secreto fue levantado por el juez instructor, se incluye un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se pone de relieve que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".
Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de 'Mundo Estudio' de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. De hecho, según los denunciantes, el concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".
Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.
Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley del suelo".
Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.
Según la información de los denunciantes, Duarte llegó a asegurar que hay gente que se ha hecho multimillonaria con esto, pues según dice "se ha llegado a vender el metro cuadrado a 250 euros, cuando el precio de mercado era de 1.000 euros".
En el sumario se recoge que "a pesar de esto las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos", poniendo Duarte como ejemplo el caso de Azata, según los denunciantes.
Los agentes de la UDEF aseguran en su informe que si se atiende "a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".
De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". "Los distintos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona realizan contraprestaciones económicas para distintos fines como son los pagos relacionados con las distintas concejalías, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, pagos a Cruz Roja, aportaciones para financiar a los distintos partidos políticos (PES, PSOE, PA), ya sea para campañas electorales u otras cuestiones". La Policía tiene claro que las aportaciones son una contraprestación a la firma de convenios urbanísticos, licencias de primera ocupación, de apertura de establecimientos o por adjudicaciones de obras.
Los agentes apuntan a Xavier Witmeur, imputado en el caso, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales de Estepona, como el autor de gran parte de las valoraciones a la baja de los terrenos, sus aprovechamientos y plusvalías: "Existiendo en el Ayuntamiento personal técnico capacitado para efectuar las valoraciones de los bienes y de los aprovechamientos urbanísticos, sin embargo son efectuadas por Xavier Witmeur sin que funcionario alguno participe. Xavier Witmeur es una persona que no ha realizado ningún proceso selectivo para acceder a su plaza en la empresa municipal y el único mérito alegado es su pertenencia a un partido político. Concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona (PES)".
La propia directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, habría manifestado a los denunciantes, según aseguran estos, que muchas de las valoraciones efectuadas por Witmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados.
La Policía también apunta la presunta responsabilidad del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, quien redacta la mayoría de los informes de viabilidad urbanística con que se acometen los convenios, y subraya que en algunos casos, las promotoras supuestamente beneficiadas, abonaron cantidades económicas a empresas participadas o propiedad del referido técnico municipal o a otras mercantiles para las que éste prestó servicio.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez - 30.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos piden al fiscal que suspenda la aprobación urbanística del hotel del Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Casc Antic y la plataforma de Defensa de la Barcelona Vella han pedido al fiscal que suspenda la tramitación urbanística del hotel del Palau de la Música, un proyecto promovido por Fèlix Millet y que contó con el beneplácito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en la fiscalía, que del conjunto de la tramitación urbanística se desprenden irregularidades que podrían ser constitutivas de algún tipo de delito. Por eso piden al fiscal que, a su vez, se dirija al juzgado para que éste suspenda la modificación del Plan General Metropolitano en las fincas de los números 13 bis, 15 y 17 de Sant Pere Més Alt.
El escrito plantea la necesidad de investigar judicialmente todo el intrincado camino que ha tenido el proyecto, pasando por la permuta de edificabilidad pactada por el consejero de Economía; Antoni Castells, y Félix Millet el 8 de marzo de 2006, por la transmisión de la propiedad de las tres fincas de la Fundacio del Palau a la sociedad Olivia Hotels ocultándolo al Ayuntamiento de Barcelona y por la opacidad de los convenios firmados entre las administraciones y Fèlix Millet.
'Fèlix Billet'
Por otra parte, uno o varios desconocidos han cambiado hoy el nombre de la plaza Lluís Millet de Barcelona, situada frente al Palau de la Música, por el de "Fèlix Billet", en alusión a la afición del ex presidente del Orfeó Català y responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, a coleccionar billetes de 500 euros.
La nueva rotulación de la plaza, que para no alterrar la fonética los desconocidos han escrito con una falta de orotgrafía la palabra catalana bitllet (billete), no ha tapado la placa original con el nombre del fundador del Orfeó Català, Lluís Millet, tío abuelo de Fèlix, quien junto con Jordi Montull y la hija de éste están siendo investigados por falsedad documental y presunto desvío de 2,29 millones euros de las arcas de la institución en 2003 y 2004.
* ELPAIS.com - BLANCA CÍA - Barcelona - 29/09/2009
Foto: Nueva rotulación de la plaza Lluís Millet realizada por unos desconocidos.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Imputados y citados a declarar por el caso Hiconsa el alcalde de Cartaya y el teniente de alcalde
+-+wikipedia.org.jpg)
EUROPAPRESS/Huelva* : El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) ha imputado y citado a declarar el próximo 23 de noviembre al alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), y al teniente de alcalde, Miguel Novoa, y al día siguiente al dueño de la empresa Hiconsa, y a un arquitecto de Cartaya, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.
En rueda de prensa, el portavoz de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, señaló que la esposa de Novoa declaró el pasado 25 de agosto también en calidad de imputada. La denuncia, según explicó Gea, fue interpuesta al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".
Por su parte, Gea recordó que la oposición ha sido admitida como acusación popular en este caso y que pedirá la declaración como testigos de la arquitecta y el secretario municipal.
Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales.
En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa.
En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
DIMISIÓN
El portavoz del PA, Antonio Carro, indicó que espera que tanto el alcalde como el teniente de alcalde tengan "honestidad y presenten su dimisión, ya que esta imputación les incapacita para ocupar cargos públicos o dirigir instituciones", al tiempo que pidió al PSOE que "tome medidas y les aparte de sus responsabilidades públicas".
Por su parte, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento cartayero, Juan Polo, apuntó que los dirigentes del PSOE "tendrán que dar una explicación" tras los hechos, a lo que añadió Gea que "ahora quien tiene que hablar es la justicia".
* Europa Press - 28.09.09
Foto: Cartaya (Huelva) - wikipedia.org
