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ABC* : Esa fue la senda trazada en los municipios de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, donde, según se desprende de la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, Correa consiguió supuestamente los "favores" de los alcaldes que le facilitaban un notable volumen de negocios. El cobro de comisiones se realizaba mediante entregas de dinero en efectivo que personas de las empresas adjudicatarias entregaban a Correa, y en lugares que éste utilizaba habitualmente para sus reuniones por considerarlos "seguros", entre ellos el hotel Gran Meliá Fénix de Madrid.
Uno de los casos más llamativos es el del ex alcalde de Boadilla, González Panero, que habría recibido un total de 42.000 euros en 2002, otros 42.000 en 2003 y 510.000 más en 2007.
A su nombre figuran también facturas de los años 2002, 2003 y 2004 por billetes de avión, cargos de una tarjeta de crédito por gastos en el hotel Mandarín Oriental de Miami, el alquiler de un coche en la misma ciudad, más de 7.000 euros por gastos de comida, otros 2.329 por compras de calzado y ropa y la compra de una pantalla de plasma de más de 4.000 euros.
El montante total de los gastos anotados en la cuenta de la "caja B" de la red del ex alcalde de Boadilla entre 2002 y 2004 asciende a 48.941 euros.
Otro informe policial del pasado 12 de marzo concluye que dos de las empresas vinculadas a la organización de Correa -Constructora Hispánica y EOC de Obras y Servicios- recibieron en 2003 la adjudicación directa por parte de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla de varias obras de remodelación del municipio.
Por esas adjudicaciones, Correa recibió unos 288.000 euros en comisiones de estas empresas, que luego repartió entre distintos intermediarios, incluido Panero, a quien le entregó 12.000 euros.
En la "caja B" también aparece el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a quien el juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira acusa de favorecer a las empresas de Correa desde el Ayuntamiento.
Ortega fue alcalde entre mayo de 2001 y febrero de 2005, periodo en el que la mujer de Correa -Carmen Rodríguez Quijano, también imputada- fue primero su asesora de relaciones institucionales y después su jefa de Gabinete.
El montante de la cantidades recibidas por Ortega es de 166.000 euros, según los informes judiciales, que también recogen que Correa regaló al ex alcalde un vehículo modelo Mini Cooper.
La investigación policial añade que el abogado Luis de Miguel, imputado como presunto responsable de haber diseñado el entramado para blanquear los fondos de Correa en paraísos fiscales, configuró una estructura societaria opaca para Ortega mediante la constitución de sociedades ubicadas en el Reino Unido, que a su vez eran accionistas de otras en España.
En Pozuelo de Alarcón, la persona de confianza de Correa era el ex alcalde Jesús Sepúlveda, entonces responsable de eventos del PP, que le ayudó a conseguir los contratos para la organización de numerosos actos del partido.
La Agencia Tributaria señala en otro informe que las empresas que han facturado un mayor volumen de negocio al Ayuntamiento de Pozuelo han sido Ortiz Construcciones y Proyectos y Constructora Hispánica, ambas relacionadas con la red investigada.
Y en Arganda del Rey, Correa consiguió el favor del entonces alcalde, Ginés López, así como del diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, que ocupaba la dirección de la empresa dedicada a la promoción del suelo urbano y a quien según el sumario las empresas de la trama financiaron parte de los gastos de su boda, incluido el viaje de novios a los Estados Unidos y la Polinesia.
Mientras tanto, Ginés López, que tenía una cuenta en la contabilidad opaca de la organización, intermedió para conseguir en Arganda del Rey adjudicaciones de proyectos a la empresa MARTINSA, que pagó comisiones a Correa por esa labor.
A cambio, la red "Gürtel" le sufragaba el alquiler de vehículos, billetes de avión y estancias en hoteles, cuyas facturas pagaba la empresa de Correa "Viajes Pasadena". EFE
* ABC - EFE - 7.04.10
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
Correa compró con regalos de lujo los "favores" de alcaldes del PP en Madrid
"Se lo compré a la hija de puta de La Perla. ¿No se lo voy a comprar a esta?"
ELPAÍS/Valencia* : La ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes valencianas, cometió un delito de cohecho, según la Fiscalía Anticorrupción, al haber obtenido un regalo de Orange Market (la empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes), a la que adjudicó los contratos del pabellón de la Feria de Turismo (Fitur) de 2005 a 2007.
Martínez estuvo al frente de este departamento entre agosto de 2004 y junio de 2007, ocupando asimismo el cargo de presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, que era el organismo del que dependía la contratación del pabellón de la Consejería de Turismo. Orange Market se adjudicó asimismo los contratos de las ediciones de 2008 y 2009, siendo ya consejera de Turismo Angélica Such, ahora responsable de la Consejería de Bienestar Social.
El 3 de enero de 2009, en una conversación telefónica mantenida entre Álvaro Pérez y Cándido Herrero, contable de Orange Market, El Bigotes reconoce haber comprado un reloj a La Perla, apelativo por el que es conocida la actual presidenta de las Cortes Valencianas, por usar esa expresión coloquial de forma constante para designar a sus interlocutores. En esa conversación, Pérez indica a Herrero: "Y luego tenemos que comprar un reloj a la consejera de, porque se lo compré a la hija de puta de la Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo [en referencia a Such]...?".
En uno de los archivos informáticos intervenidos por la fiscalía en los registros a Orange Market, el 6 de febrero de 2009, se reflejan distintas anotaciones referidas a regalos de Navidad y Reyes realizados por la empresa entre diciembre de 2005 y enero de 2006. Uno de ellos hace referencia a un reloj de marca Hublot, adquirido en la Joyería Suárez para Milagrosa Martínez, por el que Orange Market pagó 2.400 euros. La joyería aportó a la fiscalía una factura emitida a nombre de la empresa con fecha de 9 de enero de 2006, coincidente con el apunte.
Según la fiscalía, el regalo a Milagrosa Martínez se habría entregado "en consideración a su función o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo", por lo que puede ser constitutivo de un delito de cohecho sancionado en los artículos 425 o 426 del Código Penal.
El problema es que la fiscalía accedió a estos datos en febrero de 2009, y, según la pena prevista, tipificada en los artículos 425 y 426, el delito habría prescrito a los tres años de la comisión, es decir, en enero de ese mismo año, apenas un mes antes. No obstante, la fiscalía considera que existían suficientes pruebas para la comisión del delito y la sombra del cohecho se proyecta sobre la presidencia de la Cortes Valencianas, cargo que ocupa en la actualidad. Martínez no quiso ayer hacer ningún comentario sobre el asunto.
La relación del departamento que ocupaba Martínez con la trama no se circunscribía a la consejera. También su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, fue obsequiado junto a otros cargos con trajes del sastre José Tomás por El Bigotes.
* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Madrid: Un centenar de contratos irregulares
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ELPAÍS* : El día en que Esperanza Aguirre anunció el cese de Alberto López Viejo como consejero de Deportes, en febrero de 2009, ella aseguró: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la trama". Pues bien, su Ejecutivo cerró 367 operaciones con las empresas de Francisco Correa. De ellas, casi un tercio son irregulares: se saltaron las normas de contratación, según el sumario desclasificado ayer.
El Gobierno de Aguirre contó de forma habitual con las empresas del entramado de corrupción vinculada al PP entre los años 2004 y 2008. Les encargaban eventos de todo tipo, desde galas a comparecencias públicas de la presidenta. Durante ese periodo se cerraron 367 operaciones por 3.189.565 euros.
Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, incluido entre los 50.000 folios del sumario desclasificados ayer, determina que hubo al menos 105 contratos, por un montante de 1.154.606, 39 euros, que no se ajustaron a la ley. Entre otros motivos, porque troceaban facturas sin necesidad, se otorgaban a dedo cuando debían ir por concurso o se ofrecían a empresas del grupo de Correa como si fueran entidades diferentes para simular un concurso negociado sin publicidad en los que se llama a distintas firmas elegidas por la Administración. Todo un abanico de triquiñuelas para garantizar un jugoso negocio a la red corrupta dirigida por Francisco Correa.
El informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revisa la documentación que la Comunidad de Madrid presentó ante el tribunal y que incluye facturas a cuatro empresas de la red (Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Easy Concept Comunicación, SL, y Servimadrid, SL). El técnico judicial estudió si la tramitación de expedientes se realizó de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y llegó a la conclusión de que casi un tercio de los casos no respetaron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigibles a una Administración pública.
Una práctica habitual en la concesión de contratos a las empresas de la trama Gürtel era trocear las facturas para un mismo acto y una misma adjudicataria. Se emitían facturas diferentes por cantidades menores de 12.000 euros, el límite a partir del cual es necesario un concurso público. Esa fue la práctica que el Gobierno de Aguirre siguió, por ejemplo, para organizar en 2004 el homenaje a los profesionales de emergencias que trabajaron en los atentados del 11 de marzo de 2004. Una única empresa de la trama, Easy Concept, recibió 141.002 euros en 15 facturas. El técnico judicial señala que se produjo "un fraccionamiento intencionado" para no sacarlo a concurso.
La segunda parte del sumario hecho público ayer deja de nuevo en evidencia al Gobierno regional. La presidenta Esperanza Aguirre hizo unas declaraciones que se contradicen con lo que luego han dejado al descubierto los tomos del sumario.
Siete meses después, con la fase instruida por el juez Baltasar Garzón libre del secreto de sumario, la documentación evidenció que todas las consejerías de la Comunidad habían cerrado tratos con las empresas de Correa. Ahora, la nueva documentación constata un paso más en esa relación: no sólo contrataron a las empresas de la red de Correa, sino que en un centenar de casos ni siquiera lo hicieron de forma limpia.
El informe, que el técnico judicial remitió el pasado junio al TSJM, separa los contratos por consejerías y, dentro de estas, selecciona por áreas técnicas y organismos autónomos. Una de las más prolíficas en su relación con la red es la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Alberto López Viejo estuvo al frente de esta área desde 2007 hasta su marcha, tras hacerse cargo de la viceconsejería de Presidencia y figurar como el gran escenógrafo electoral de la presidenta Aguirre.
López Viejo, actualmente diputado no adscrito en la Asamblea de Madrid, fue definido por los miembros de la trama como "el muñidor de toda la operativa" en el Gobierno regional, la persona que manejaba la agenda de la presidenta Aguirre. El contable de la red creó un archivo personal para él, con su nombre, donde apuntaba meticulosamente los pagos en negro que cobraba en mano. La peculiar actividad de este diputado se remonta a su época de concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde contrató con algunas empresas reservándose una comisión del 3%.
En el informe del técnico judicial vuelve a aparecer su nombre. Sólo una vez. Al perito le llama la atención que en uno de los contratos de un acto organizado por la Consejería de Transportes, el expediente incluye de forma textual: "Se contrata por indicación de Don Alberto López Viejo". Son los actos de presentación de la Cumbre Flamenca (2006). La gala costó 21.480 euros y fue otorgada a dedo a la empresa Servimadrid. La adjudicación, según el técnico judicial, no estaba justificada.
El perito judicial incluye observaciones a dos de los contratos más cuantiosos entre el Gobierno regional y las empresas de la red. No los tilda de irregulares, no vulneran ningún principio. Pero incluye una advertencia. Se trata de la Gala de los Premios de la Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, que una de las firmas de la trama organizó dos años seguidos.
En 2005, la empresa Servimadrid ganó el concurso porque presentó la oferta más barata (162.000 euros). El segundo año concurrió en solitario y organiza el acto por 177.570 euros. El informe llama la atención sobre los criterios de valoración del concurso. Le extraña el poco peso que otorgan a la propuesta económica "respecto de criterios objetivos no cuantificables", como la calidad y creatividad de la propuesta y las mejoras, que tienen un "elevado carácter subjetivo" y para las que no especifican qué elementos concretos son los que suman puntos.
Otro truco: llamar a tres empresas con el mismo dueño. La Consejería de Inmigración sacó a concurso restringido en 2008 el montaje del stand de la Feria Integra Madrid de 2008. Invitó a tres empresas (Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación y Servimadrid Integral). Sólo la primera presentó una oferta y se le adjudicó el contrato por 60.020 euros. La trampa es que todas eran del mismo grupo. De nuevo se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
El Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, usó una artimaña similar para organizar el acto de colocación de la primera piedra en el Parque Logístico Inditex en enero de 2006. Partió un contrato de 20.790 euros (que hubiera requerido concurso) en dos facturas a dos empresas de la trama (Servimadrid y Diseño Asimétrico). El perito se fija en un detalle: la factura de Servimadrid habla de "gastos de anulación del evento" (11.600 euros). Y la otra del pago (9.190 euros) por la celebración del acto, lo que puede suponer "un gasto indebido".
Al perito tampoco le convencen las razones "de urgencia" que alegó el área de Promoción Empresarial (de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) para organizar la visita de la presidenta al parque empresarial de La Carpetania o la presentación de la campaña del teléfono 012. No hay justificación para esa urgencia que les permitió seleccionar a una empresa de la trama y darle contratos a dedo por encima de los 12.000 euros, como ocurre también en otros ejemplos que recrimina el técnico judicial.
* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Málaga, una provincia insostenible
LAOPINIÓN* : No es algo novedoso, sino más datos que vienen a reconfirmar una situación que dista mucho de ser la ideal: Málaga es una provincia insostenible y su ritmo de crecimiento la está alejando de los parámetros necesarios para tener un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y que le asegure recursos naturales. Así se desprende de los informes comarcales realizados por el Observatorio de la Sostenibilidad, dependiente de la Diputación. Presión urbanística, aguas subterráneos y caudales contaminados, avance de la desertización, consumos y residuos excesivos…
Problemas que se presentan con distinta cara en cada comarcas.
En el Valle del Guadalhorce, las aguas superficiales y subterráneas están degradadas, hasta ser las que en peor estado se encuentran de la provincia. El principal acuífero de la zona del bajo Guadalhorce soporta presiones por contaminación por nitratos, sobreexplotación, intrusión marina y otros impactos. Este aspecto resulta relevante en una comarca cuyo abastecimiento se realiza íntegramente por medio de aguas subterráneas. La contaminación de las aguas superficiales del Guadalhorce ha afectado principalmente al río Grande y al Guadalhorce a su paso por Álora y Pizarra y aproximadamente el 56% de la longitud fluvial de la comarca está en riesgo de incumplimiento de los objetivos de calidad que establece la Directiva Marco de Aguas para 2015.
En la comarca de Antequera, también el 81% de las aguas de los ríos está "altamente contaminada", por el vertido de residuos urbanos en los caudales y el uso de abonos diversos procedentes de la actividad agraria y ganadera. El caudal del Guadalhorce presenta la totalidad de su cuenca "severamente deteriorada", al que se unen el río Guadalteba y el arroyo Turón. La comarca recoge el mayor volumen de emanaciones de amoníaco: 550 toneladas al año. Ello es debido a la alta concentración en esta zona de granjas porcinas. De las 33 que hay en Málaga, 15 se localizan en Campillos, ocho en Almargen y cinco en Teba. Campillos es así el municipio de la provincia que más amoniaco emite por la ganadería.
No muy distinta es la situación en la Serranía de Ronda. Allí, sus ríos presentan igualmente niveles preocupantes de degradación. El 84% (206 km.) de la longitud fluvial presenta riesgo. La situación más grave es la de los ríos Guadiaro y Genal. Las aguas del Guadiaro presentan altos niveles de estreptococos y coliformes fecales, así como amonio y nitrógeno procedentes de los vertidos urbanos y de las granjas porcinas.
En la Axarquía, el riesgo principal es la desertización. Durante la primera mitad de la década pasada se perdieron 9.142 hectáreas de suelo agrícola y se ha puesto ya en riesgo de desertificación el 87% de las 6.035 hectáreas de tierras axárquicas. Mientras, el embalse de la Viñuela recoge restos de herbicidas, y 65,6 kilómetros de aguas fluviales en la comarca (40%) se encuentran en riesgo de incumplir la normativa, como ocurre en el río Vélez.
En la Costa del Sol, la presión urbanística ha hecho que se ocupen 1.737 hectáreas de nuevas construcciones entre 1999 y 2003. El 68% del primer kilómetro de la franja litoral está edificado. Por contra, se ha perdido un 27% de superficie agrícola. El 73% de la longitud fluvial de la comarca se halla en riesgo y los acuíferos están sobreexplotados. Además, tiene la mayor ratio de consumo eléctrico por habitante y día, con 6 megavatios, y la calidad del aire está afectada por el tráfico rodado.
Costa o interior, los problemas son similares y exigen una solución temprana y contundente.
* Información elaborada por Ana García, Lola Sánchez, Blas Gil, Fran Extremera y Princesa Sánchez
* La Opinión Málaga - 6.04.10
Foto: Los largos periodos de sequía que sufre la provincia, y una alta tendencia a la desertización, dejan imágenes como ésta, de archivo, en la comarca más oriental. F. Extremera, laopiniondemalaga.es
Galicia: El fiscal acusa de un doble delito de prevaricación al presidente de Portos
ELPAÍS* : Con las elecciones autonómicas de 2005 ya perdidas, al último Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactorías en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalición, la Xunta en funciones de Fraga y Feijóo aprobó el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consideró "estratégico para la economía gallega".
Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acuícolas más polémicas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mariña lucense, que contó además con el beneplácito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuinor, SL, ya no podrá construir allí su piscifactoría, después de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaración de impacto ambiental. Y mucho menos después de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.
Pero las consecuencias jurídicas de autorizar una piscifactoría en un espacio protegido de la Red Natura con hábitats prioritarios pueden no terminar ahí. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, por el modo en que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta acuícola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia.El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adega, atribuye a José Manuel Álvarez-Campana dos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación urbanística. En su denuncia, de nueve páginas, que ha presentado en los juzgados de instrucción de Santiago y que obra en poder de Adega, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitats detecta dos de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.
No sólo eso. Subraya el ministerio público que toda esta información la tenía ya en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía entonces Xosé Manuel Barreiro. Según consta en el escrito enviado al juez, la "Administración Medioambiental es consciente no sólo de la condición de LIC/ZEPVN [Lugares de Interés Comunitario / Zonas de Especial Protección de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusión en Red Natura 2000, sino también de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de hábitats prioritarios y no prioritario".
El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre hábitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan hábitats prioritarios, "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".
El ministerio público va más lejos y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental intentó eludir los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".
Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, así determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consultó a la Comisión Europea, tal y como establece el punto 4 del artículo 6 de la directiva, la inmisión en este espacio protegido, pues la aprobación del proyecto no se refería a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".
La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaración de impacto ambiental y la autorización para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactoría y tome declaración en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricación medioambiental y urbanística. Portos es un ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Ex concejal en A Coruña, la trayectoria política de Álvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneció en el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental hasta que fue relevado en otoño de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la dirección de la Cámara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energéticas con las que el propio Álvarez Campana había tratado en la Administración, desde el departamento que emitía los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Sólo dejó la Cámara minera para concurrir a las elecciones autonómicas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feijóo de vuelta en la Xunta, recuperó su despacho en la Administración, ahora como presidente de Portos de Galicia.
* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Piscifactoría Galicia - elpais.com
La Junta respalda el proyecto que el Seprona denunció por "irregular"
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MÁLAGAHOY* : El proyecto urbanístico que se está realizando en la antigua granja-escuela de Coín, que había suscitado una investigación por parte del juzgado n3 del municipio al tratarse, supuestamente, de una construcción irregular que se inició sin la correspondiente licencia municipal y sobre suelo rústico, ha recibido el respaldo de la Junta de Andalucía.
La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido un informe técnico favorable sobre el proyecto de reforma y ampliación del complejo rural existente, al considerar que "se ajusta a la normativa urbanística" que rige el municipio. Ante este informe del ente autonómico, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Coín, Andrés Mérida (PA), al que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación por omisión y falsedad documental, afirmó que este documento demuestra que los trámites seguidos por el área de Urbanismo han sido "correctos" en todo este asunto.
"Indudablemente, nos podemos equivocar, nos equivocaremos, pero de lo que sí estamos seguros es de que hacemos las cosas dentro de la más absoluta legalidad", agregó Mérida.
El concejal de Urbanismo se mostró satisfecho por el informe de la Junta y adelantó que tras este paso ahora sólo queda pendiente que el Pleno municipal apruebe definitivamente el proyecto. Un trámite que se prevé que se realice en la próxima sesión plenaria que se celebre en el ayuntamiento.
Asimismo, el primer teniente alcalde espera que la actuación reciba el respaldo del resto de los grupos políticos de la corporación, al igual que ocurrió cuando se catalogó el proyecto de ampliación de la granja escuela, situada en la zona conocida como Cerrillo del Molinero, junto a la carretera de Guaro, como Bien de Interés Social.
También habrá que esperar para conocer la evolución judicial del caso, ya que según las diligencias que investiga el juzgado de Coín, además de la imputación de Mérida y del secretario municipal al que se le acusa de un supuesto delito de falsedad documental, al promotor se le imputan varios presuntos delitos, uno contra la ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento el 14 de mayo de 2009.
* Málaga Hoy - 7.04.10
Foto: Granja escuela de la localidad de Coín. - malagahoy.es
