DIARIOMONTAÑÉS* : En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la Justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. De hecho, las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.
El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondía intereses espurios de lo que se ha venido a denominar «autoridades municipales». Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas con un único fin: el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.
Moratoria
Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado 'Informe Auken', elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la «excesiva influencia» de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.
Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares, lo que genera un mensaje de «impunidad», admite el Ministerio Público.
Otra preocupación creciente es la «inseguridad jurídica y la incertidumbre» que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias condenatorias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal o el levantamiento de casas prefabricadas en lugares no urbanizables, según denuncia el órgano acusador.
* El Diario Montañés - 4.06.10
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento
Las condenas por corrupción urbanística se disparan
La fiscalía pide 2 años de cárcel para el alcalde de Ceclavín y 10 de inhabilitación
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ELPERIÓDICO/Extremadura* : Dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público son las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, al que acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. Para responder de esta imputación, Pedro Martín se sentará el próximo 27 de julio en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, donde será juzgado por unos hechos ocurridos entre mayo del 2006 y abril del 2007.
Fue a lo largo de dicho periodo cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el alcalde de Ceclavín habría concedido licencias municipales de obras para la construcción de seis viviendas unifamiliares "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues expresamente se lo había advertido el técnico municipal en sus informes". Sabía que no podía dar dichas licencias "porque las parcelas de los solicitantes carecían de la condición de solar edificable".
La fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente detalla en su escrito de acusación las licencias de obras que Pedro Martín concedió, todas ellas mediante resoluciones de la Alcaldía, y "a sabiendas de su injusticia".
Se trata de las licencias concedidas, por resoluciones de la Alcaldía de fechas 5 de mayo del 2006, y 12 de marzo, 19 de marzo y 7 de abril del 2007 para la construcción, respectivamente, de dos viviendas unifamiliares en la calle Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua calle Molino), de otra vivienda unifamiliar aislada en la avenida de los Emigrantes, de dos viviendas unifamiliares adosadas en la calle Madrid y de una vivienda unifamiliar con locales en Presidente Rodríguez Ibarra.
Todas ella, se hace constar en el escrito fiscal, las concedió el alcalde de la localidad de Ceclavín "a pesar de que no se había aprobado ni desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecía el suelo" y, además, "sin contemplar las obligatorias cesiones de suelo", ni "la excepcional obligación de urbanizar simultáneamente" y "sin exigir fianza de ningún tipo" a los solicitantes.
Todas estas resoluciones, se añade, "se dictaron con pleno conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento urbanístico", y ocasionaron al ayuntamiento, se estima, un perjuicio patrimonial de algo más de 1,1 millones "como consecuencia de la falta de cesiones obligatorias y gratuitas que debieron asegurarse antes de la concesión de licencias por el acusado".
Este diario intentó ayer contactar con Pedro Martín para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible, "pues se encuentra de vacaciones y no estará localizable hasta el próximo día 14", indicaron en el ayuntamiento.
* El Periódico Extremadura - 3.06.10
Foto: Ceclavín (Cáceres), plaza - todopueblos.com
Gondomar.- El fiscal ve al ex edil de Urbanismo como cerebro de la trama y recompensa a los culpables confesos
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FARODEVIGO* : La Fiscalía señala al ex edil de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez como el cerebro de la supuesta trama para extorsionar a empresarios a cambio de favores urbanísticos. "Intuimos que es la persona más sólida y la cabeza mejor organizada de la trama", aseguró en su alegato final el fiscal, quien también dijo que en el ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, Gómez tenía a "un sujeto útil que le resuelve la papeleta de las peticiones".
El ex edil de Urbanismo, que fue expulsado del PP en cuanto se destapó el escándalo, insiste en su inocencia, a diferencia de Mosquera y el arquitecto, Borja Ramilo, que se confiesan culpables de los delitos de cohecho cometidos en el Ayuntamiento de Gondomar entre 2006 y 2007, durante el anterior mandato con gobierno del PP.
Tras quedar visto para sentencia el juicio y a la espera de que el jurado popular emita un veredicto, el fiscal rebajó significativamente su petición de sanciones para el ex concejal de Cultura y el arquitecto vigués. La razón, colaboraron con la justicia al confesar y aportar datos importantes para las diligencias.
Las multas que el representante del ministerio fiscal pide para Alejandro Gómez, también registran una reducción importante, aunque por otros motivos. Los testimonios recogidos durante la vista oral demuestran que los sobornos requeridos por los ediles sumaban 540.000 euros y no 960.000 como apuntaba el escrito de acusación.
La novia de Mosquera, Belén Fernández, es la mejor parada, pues el fiscal le retira la acusación por falta de pruebas de su participación en el asunto. Su pareja, José Luis Mosquera, en cambio se enfrenta a multas que suman 135.000 euros, una cantidad muy inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía solicitaba en un principio. La petición para Borja Ramilo se queda en un total de 70.500 euros frente a los 585.000 de la inicial.
En el caso de Gómez, las sanciones que reclama el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, alcanzan los 1,08 millones de euros, casi menos de la mitad que la primera, de 1,9 millones. A todos ellos, les mantiene la misma solicitud de inhabilitación para ostentar cargo público: de dos años para los ex concejales y de cinco meses para el arquitecto, que no podrá trabajar en obra pública durante ese período. Además, los tres cumplirían un máximo de un año de arresto domiciliario en caso de no afrontar los pagos.
Este significativo descuento en la punición responde a un acuerdo entre los abogados de Mosquera y Ramilo y el fiscal. Pero el pacto alcanzado entre las partes no impide que el representante del ministerio público mantenga el contenido de sus acusaciones. Su conclusión final se sustenta en las pruebas, las confesiones y las grabaciones de imagen y de voz, además de los testimonios de promotores extorsionados, del empresario que actuó como cebo y de los guardias civiles de la investigación.
Los defensores de los acusados también expusieron sus conclusiones tras cuatro días de vista oral. Pese a aceptar la calificación fiscal, Fernando Rubianes, el abogado del ex concejal de Cultura, apuntó a un reparto claro de papeles en la trama. "Alejandro llevaba la parte técnica y Mosquera, la parte del dinero, de la discusión con los promotores", recalcó.
También se mostró de acuerdo con la Fiscalía el letrado del urbanista que actuó como intermediario entre concejales y promotores, Alberto Muñoz. No obstante, el abogado insistió en que su defendido cometió el error de "ser un torpe utilizado. No tuvo la hombría de decir que no. Es el cándido, utilizado por todos", manifestó en un discurso en que echaba en falta más acusados. "Aquí no son todos los que están, ni están todos los que son", sugirió en posible referencia a los promotores que, al igual que Borja Ramilo, no denunciaron la trama corrupta en cuanto la conocieron.
El alegato más extenso fue el de Lorenzo Cuervo, defensor del antiguo edil de Urbanismo. Aseguró que su cliente es inocente y que no existen pruebas contra él porque apenas aparece en las grabaciones. Además, trató de demostrar que la investigación se puso en marcha para desbancar al PP del gobierno de Gondomar, dado que se acercaban las elecciones municipales. En este sentido, recordó que el denunciante que se prestó a colaborar como cebo en la operación policial perteneció a Esquerda Galega. El letrado intentó desacreditar la investigación policial y volvió a calificar las escuchas de ilegales. La clave, en su última frase: "Como un albañil que sabe de la obra, no tiene por qué saber que un compañero roba ladrillos aunque esté allí".
Los últimos en dirigirse al jurado fueron el propio Borja Ramilo y Alejandro Gómez . El arquitecto, que tuvo que abandonar los juzgados casi en volandas preso del nerviosismo, aseguró que en el transcurso de su trabajo apareció una situación (propuesta de extorsión) que tuvo que transmitir a sus clientes, "y en ellos descansé la responsabilidad". "Os juro por mi mujer –garantizó– que creí que Manuel Rodríguez [el "gancho"] iba a decir que no pagaba. Pero cuando este caballero me dice que todo estaba arreglado... Yo hice la táctica del avestruz. Me quise desentender y les dije que en mi despacho no". El ex concejal de Urbanismo fue más breve: "Soy inocente. Lo único que hice en esos años fue trabajar para que todos los vecinos de Gondomar pudiesen vivir en mejores condiciones".
"Si alguien mete la mano en la caja no tiene futuro en el PP", avisa su líder
El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que tomará medidas en el PP de Pontevedra si se demuestra la relación de alguno de sus miembros con la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra), aunque manifestó su "absoluta tranquilidad" al respecto.
"Por supuesto", sentenció, al ser preguntado por si actuará contra miembros de su partido en Pontevedra si hay pruebas de su vinculación con el caso, e insistió en que "nadie puede enriquecerse en nombre el PP". "Queremos que se aclare el caso a fondo y si alguien metió la mano en la caja no tendrá futuro en el PP", garantizó.
En todo caso, el líder popular subrayó que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ha sido "claro" en sus declaraciones sobre los datos que se han hecho públicos en el transcurso del juicio.
En este escenario, recordó que uno de los ex ediles implicados en la supuesta trama era independiente y que el otro, que sí militaba en las filas populares, fue expulsado del partido, que se personó en la causa.
* Faro de Vigo - 4.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El ex gerente del consejo del Maresme se lucró con un pelotazo de Pretoria
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ELPAÍS/Barcelona* : El caso Pretoria sigue salpicando a políticos y cargos de confianza. Xavier Surinyach, ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de Tordera (Maresme), se embolsó 380.686,15 euros a raíz de un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional. Para ello, Surinyach se asoció con el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
Según el sumario, la operación urbanística proporcionó a Niesma Corporación, administrada por Luigi, unas plusvalías de 3,44 millones de euros en solo 22 meses con la compraventa de unos terrenos del municipio. El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme Francesc Xavier Surinyach, que participó en la operación a través de su hijo Jaume Surinyach, que en esa época estaba cobrando un subsidio de paro. Jaume Surinyach fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El pelotazo se produjo, en tiempo casi récord, gracias a la supuesta intervención del socialista Antonio Jiménez, entonces concejal de Sant Andreu de Llavaneres e imputado en la causa. El edil, según la instrucción, modificó el plan de urbanismo para aumentar el número de viviendas que podían construirse en esos terrenos con el fin de que se revalorizaran enseguida.
Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en Niesma. Posteriormente, aportó 555.000 euros, que le reportaron, una vez concluida la operación, 380.686,15 euros de beneficio.Tras la ampliación de capital, las aportaciones significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que dan derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres empresas de Luigi -City Actividades Inmobiliarias, Sanur Construcciones y Construcciones Edisan- sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad, Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach el 16,7%.
En la compraventa del inmueble intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó. Prenafeta, a través de su sociedad Poliafers, SA, cobró una comisión de 389.456 euros más IVA por intermediar entre Luigi y la sociedad que adquirió los terrenos, Proyecto Inmobiliario Valiant. Sin embargo, la Agencia Tributaria pone en duda que Prenafeta intermediara pese a ese cobro, puesto que la persona que contactó con la empresa compradora y gestionó la operación fue el propio Luigi.
Los investigadores que seguían el rastro de la operación se sorprendieron cuando descubrieron quién era la persona que había ganado tanto dinero en tan poco tiempo: un joven de 24 años que estaba cobrando el paro. "Resulta evidente que, con los recursos económicos con los que cuenta, no podía asumir los importes correspondientes a su inversión en Niesma", detalla un informe de la Agencia Tributaria.
Con las investigaciones más adelantadas, la respuesta se hizo evidente: "Si bien es Jaime [por Jaume] quien suscribe la ampliación de capital de Niesma por un importe de 35.000 euros", quien otorga los "créditos participativos subsiguientes no es él, sino su padre". Xavier Surinyach incluyó luego los beneficios obtenidos en la declaración de la renta de 2005.
Ayer este diario intentó contactar, sin éxito, con Xavier Surinyach, que aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil a Luigi. Un portavoz del Ayuntamiento de Tordera, gobernado por CiU y ERC, explicó que Surinyach se jubiló el pasado mes de enero, tras dejar su cargo de gerente de la empresa de urbanismo. En esa sociedad recaló cuando CiU perdió el consejo comarcal, que fue a manos del PSC, ERC e ICV-EUiA. Surinyach pasó entonces a desempeñar un cargo de confianza en el Consistorio de Tordera, gobernado por CiU.
La federación nacionalista ayer no pudo concretar si Surinyach es militante del partido. Fuentes del PSC de Tordera, en la oposición, afirmaron que la sociedad pública está en disolución.
La operación
- Niesma Corporación compró las fincas de Sant Andreu de Llavaneres por 6,28 millones de euros en 2004.
- Luigi consiguió, según el sumario, que el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, elevara el número de viviendas que se podían construir en la zona.
- Niesma Corporación vendió en octubre de 2005 las fincas a Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,73 millones de euros.
- Surinyach acudió a una ampliación de capital por 35.000 euros y posteriormente aportó 550.000 euros a través de préstamos participativos, con lo que se hizo con un 16,7% de Niesma Corporación.
- El ex gerente de urbanismo de Tordera obtuvo unos beneficios de 380.686,15 euros tras la venta de las parcelas de Llavaneres.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Promoción inmobiliaria en los terrenos de la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.- elpais.com
A Coruña.- La Unesco advirtió al Concello sobre las humedades cuando concedió el galardón
LAOPINIÓN* : Cuando la Unesco decidió el año pasado distinguir a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad le hizo cuatro advertencias al Ejecutivo municipal si en un futuro quería ahorrarse el mal trago de ver peligrar el título. Una de ellas hacía referencia a las humedades y filtraciones de agua observadas por los técnicos de Icomos cuando evaluaron la candidatura, y que han sido denunciadas recientemente de nuevo por los empleados de la empresa que se encarga de las tareas de portería y recepción en el monumento.
La Unesco recomendó al Gobierno local que se esforzara en solucionar los problemas derivados de las humedades en las paredes del faro, bien mediante la instalación de pantallas protectoras o en su defecto mejorando las condiciones de ventilación en el interior del monumento. Hasta el momento, ni el Concello ni la Autoridad Portuaria, como propietaria de la Torre, han tomado las medidas encaminadas a resolver este problema, como lo demuestra el hecho de que actualmente pueden observarse humedades dentro del faro.
El Ayuntamiento, sin embargo, sí ha tratado de solucionar otras de las debilidades apuntadas por la Unesco, como la carencia de un plan director para el monumento, que según la Concejalía de Promoción Económica y Turismo estará listo en breve. La amenaza de la presión urbanística continúa en el horizonte hasta que el Ayuntamiento decida qué hacer con la urbanización de seis edificios en el Agra de San Amaro, a quinientos metros de la Torre.
* La Opinión A Coruña - 3.06.10
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
Un total de 178 viviendas en Santa Cruz de Tenerife quedan fuera de ordenación
20MINUTOS* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer que de las 498 solicitudes presentadas por los ciudadanos en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura, según ha adelantado en un comunicado la corporación local.
De las 103 consultas realizadas en el Distrito Salud-La Salle, un 88,35 por ciento de las mismas se encuentran dentro de ordenación, mientras que sólo el 11,65 por ciento excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO.
Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en el Distrito Ofra-Costa Sur, un 85,5 por ciento se corresponden a viviendas dentro de ordenación, mientras que el 14,43 por ciento estarían fuera de ordenación.
En el Distrito Centro se realizaron un total de 298 consultas, de las que un 48,66 por ciento presentan parámetros urbanísticos conformes a lo establecido en la normativa y el 51,34 por ciento excede en el número de alturas permitidas y están fuera de ordenación.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un servicio coordinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en colaboración con estos tres distritos del municipio, comenzó el pasado 27 de enero a atender a los vecinos sobre el estado de sus viviendas en relación con el PGO.
Un equipo de especialistas, formado por seis arquitectos, respondió desde esa fecha y hasta el pasado 25 de abril a todas las peticiones de información requeridas en los mencionados distritos. Del mismo modo, los vecinos pudieron solicitar un informe sobre la situación de su vivienda de forma gratuita.
* 20 Minutos - EP - 3.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
