EuropaPress* : "La Coordinadora en Defensa del Territorio, integrada por más de 600 colectivos de toda España, ha repartido hoy 300.000 billetes falsos de 500 euros en varias capitales para convocar a la manifestación organizada del próximo 5 de mayo en contra de la especulación urbanística, que en Madrid partirá de la plaza de Atocha desde las siete de la tarde. Los billetes llevan impreso en la parte de atrás el lema de la marcha, 'La especulación urbanística es uno de los problemas más graves del Estado Español, contra la especulación y la corrupción en defensa del territorio, por una vivienda digna' según informó la coordinadora en un comunicado.
El reparto de panfletos con forma de moneda en curso es también una denuncia, explican los organizadores, que pretenden incidir con la iniciativa en que 300.000 de estas copias "constituyen menos de la milésima parte de los más de 300 millones de billetes que circulan en España vinculados a la corrupción urbanística".
La convocatoria de manifestación ya ha sido secundada en nueve capitales españolas, donde las diferentes organizaciones que forman parte de la coordinadora saldrán a las calles en una movilización estatal que tendrá como protagonista el dinero falso y la "alegría" por el reciente "desplome" en la Bolsa de parte del sector inmmobiliario.
concentraciones en nueve ciudades
El portavoz de la coordinadora, Jaime del Val, afirma que la especulación urbanística se ha convertido en el problema más grave del Estado Español y exige al Gobierno de la Nación actuaciones urgentes "para erradicar este problema por sus consecuencias medioambientales, sociales, económicas y políticas".
La manifestación, que se desarrollará al mismo tiempo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Almería, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela, Marbella, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, pretende concienciar a los ciudadanos que la corrupción urbanística "supone una amenaza sin procedentes a la democracia que devasta de forma irreversible el territorio, haciendo inaccesible la vivienda para casi todos, sumiendo a la sociedad en la precariedad".
Del Val apunta que para frenar esta situación es necesario elaborar "un plan integral y drástico que elimine todas las figuras legales que favorezcan la especulación, una ley rápida más efectiva contra los abusos urbanísticos y medioambientales y la aplicación de la legislación con sentencias ejemplares".
Asimismo, la coordinadora ciudadana 'En Defensa del Territorio' solicita a las distintas Administraciones públicas en un manifesto que aprueben una moratoria general de recalificación, que limiten urbanizar en más del 10% del suelo urbano existente en cada municipio y la retirada de competencias urbanísticas a los municipios y comunidades autónomas "que promuevan el urbanismo salvaje".
"Nada de esto se está fomentando desde el Gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes, son meras pantallas electoralistas y no sirvan para atajar al situación; todo porque los partidos políticos no quieren dejar de financiarse con la construcción y los corruptos no quieren dejar de robar", añadieron los convocantes.
Los manifestantes repartirán hasta el sábado 300.000 fotocopias de billetes de 500 euros, "una milésima parte de los que hoy circulan en España", una iniciativa para demostrar que España "se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en lavado de dinero negro, que procede fundamentalmente del negocio inmobiliario", señala Del Val.
*El Mundo - Su Vivienda - 03/05/2007
300.000 billetes de 500 euros falsos contra la especulación del suelo
El Supremo condena al Ayuntamiento de Valencia por no destinar a VPO una venta de suelo
D.BARCALA.- El País* : "El pasado sábado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, prometía la construcción de 18.000 viviendas de protección oficial (VPO) durante los próximas 4 años. Ayer se supo que una sentencia del Tribunal Supremo condenaba al Ayuntamiento de Valencia por gastar 14 millones de euros obtenidos con la venta de suelo municipal en 2000 en equipamientos, en lugar de invertir el dinero en viviendas protegidas o comprar suelo para el patrimonio municipal, como obliga la ley. Alicante y Calpe, también gobernados por el PP, ya fueron condenados por el mismo motivo.
La sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, recuerda al Ayuntamiento de Valencia que en octubre de 2000 rechazó una moción del PSPV que alertaba de la ilegalidad de la subasta pública. La oposición denunció que la venta debía ser comunicada a la Generalitat y que al formar parte la parcela del Patrimonio Municipal del Suelo debía dedicarse exclusivamente a viviendas protegidas (VPO). El gobierno municipal rechazó aquella moción y siguió adelante con la subasta. El PSPV acudió al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón en 2003. El equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, recurrió al Tribunal Supremo, que tres años después condena definitivamente al Consistorio.
Una empresa del Grupo Lubasa, Construcciones Lidon, pagó por la parcela 14 millones de euros, el doble del precio de salida de la subasta pública. Sobre el suelo edificó más de 150 viviendas que fueron vendidas a particulares que, en ningún momento conocían el origen supuestamente ilegal de la operación. "¿Qué pasa ahora con los propietarios?", reprochó ayer Rafael Rubio, portavoz municipal del PSPV, al equipo de Barberá. Para evitar el daño a los compradores, el Ayuntamiento tendrá que reparar con una partida presupuestaria el dinero que no dedicó a vivienda protegida. Alfonso Grau, concejal responsable de la operación, descartó una ampliación presupuestaria. "Esa misma cantidad se repondrá también mediante los fines que establece el fallo judicial", aseguró Grau, que no explicó cómo lo hará.
Para Rubio, el elevado precio pagado en la subasta supuso una subida del coste de la vivienda en la zona. Un problema al que Barberá no puso freno con la construcción de VPO, puesto que el dinero obtenido fue dedicado a equipamientos públicos, como reconoció ayer el propio Grau. El Ayuntamiento de Valencia ha recaudado, en los últimos cuatro años, 70 millones de euros de la venta de suelo municipal. "Sólo han dedicado un pequeño porcentaje a la construcción de VPO", señaló Rubio. "Prometieron 9.000 viviendas protegidas y sólo han licitado 1.100", criticó. A pesar de ello, Rita Barberá prometió el pasado sábado 18.000 nuevos pisos de protección oficial.
El desvío del dinero que la ley exige que se destine a VPO a gastos municipales corrientes por parte de corporaciones municipales dirigidas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha sido condenado en otras ocasiones por la justicia.
El Tribunal Supremo obligó el pasado diciembre al Ayuntamiento de Alicante a destinar 8,6 millones de euros recaudados de la venta de suelo municipal en 1.998 a viviendas sociales. En este caso, la denuncia partió de la iniciativa de un vecino que denunció el irregular uso del dinero obtenido por parte del equipo del alcalde del PP, Luis Díaz Alperi. El Consistorio de Alicante utilizó el dinero para comprar un antiguo cuartel donde prevé construir la Ciudad de la Justicia.
En Calp, el gobierno municipal acumula cinco condenas del Tribunal Superior de Justicia por destinar 7,5 millones de euros a gastos del equipo de gobierno. El alcalde de esta localidad, Javier Morató (PP), ha recurrido dos de esas cinco sentencias y ya ha adelantado que las arcas municipales no disponen de liquidez ni capacidad económica para hacer efectivas las resoluciones judiciales. Los tribunales aseguraron, en este caso, que Calp debió haber impulsado 200 VPO. Sin embargo, Morató no ha construido ninguna vivienda de este tipo en los últimos 14 años.
*ELPAIS.com - Valencia - 03/05/2007
Sostenibilidad tecnocrática
JOSEP MARIA MONTANER* : "Cuando parece que un término como sostenibilidad ha sido aceptado; más aún, cuando ha sido asumida la gravedad de un problema planetario como el cambio climático, que afecta a todos los habitantes de la tierra, conviene revisar las soluciones que se pretenden aportar para conseguir un mundo y unas ciudades menos insostenibles. De hecho, la ambigüedad viene de partida en un concepto que pone énfasis en la durabilidad; que plantea cómo seguir desarrollándonos en unas sociedades opulentas sin poner en peligro los recursos del planeta, cómo frenar los estragos del progreso sin renunciar a él, y no cómo transformar un sistema productivo que lleva, irremediablemente, a la destrucción de la tierra. Por ello, cuando se plantean propuestas sostenibles son, a menudo, discutibles y, a veces, disparatadas o falsas.
El reciente encuentro de urbanistas, arquitectos, ingenieros y activistas de todos los continentes promovido por el Holcim Forum for Sustainable Construction en Shanghai (China), que se ha celebrado del 18 al 21 de abril, dedicado a la transformación sostenible de las ciudades, ha permitido comprobar, de nuevo, la gran diversidad de propuestas que se engloban en la idea de ciudad sostenible. Partiendo ya de algo tan paradójico como que se debatiera en una ciudad tan insostenible como la metrópolis de Shanghai, un ejemplo puro de la "ciudad genérica" sobre la que ha escrito con tanta lucidez Rem Koolhaas: desbordante, sin atributos ni calidad, basada en la multiplicación de los rascacielos, hecha a base de la destrucción del tejido histórico, el consumo continuo de los campos de cultivo y el desplazamiento forzoso de grandes masas de habitantes.
Se podría establecer que las conferencias y comunicaciones se centraban en tres tipos de concepciones de urbanismo sostenible: aquellas que insistían en los aspectos más sociales y humanos, recuperando el sentido común y los valores comunitarios, recurriendo a la participación y a la democracia local y, por tanto, en estrecha relación con la política y las estrategias del poder; aquellas que planteaban un cambio científico de métodos, de procesos de proyecto, de usos de materiales y recursos, de sistemas de cálculo de los impactos y los resultados, y de herramientas de comunicación; y aquellas más tecnológicas, que sin abandonar en absoluto la mentalidad racionalista y productivista lo ven como una nueva fase de desarrollo del sistema de mercado en la que se introducen nuevos productos pretendidamente sostenibles.
No hace falta decir que esta última es, posiblemente, la versión más discutible; la que entiende la sostenibilidad sólo desde una mentalidad tecnocrática y olvida las vertiente social y la científico-metodológica. El objetivo de la sostenibilidad sólo puede afrontarse desde el cambio de dos paradigmas: el social, no hay sostenibilidad posible sin justicia y, por tanto, el abismo entre ricos y pobres aumenta la insostenibilidad; y el metodológico y científico, ya que no hay sostenibilidad sin un cambio de paradigma hacia el pensamiento complejo y sistémico, que supere con carácter multidisciplinar las especializaciones y los compartimentos estancos, y que rechace la idea de una sosteniblidad tecnocrática basada en los kits añadidos.
Esta concepción tecnocrática plantea como solución añadir nuevos apósitos, prótesis y aditamientos tecnológicos e informáticos a unas construcciones que malgastan recursos, consumen territorio, arrasan campos o se aprovechan de paisajes naturales y reservas ecológicas para uso de un turismo de élite. No es ecológico explotar reservas naturales, por mucho que la nueva arquitectura sea ligera y bioclimática, proyectada por los ingenieros de Ove Arup, como se propone en la isla de Chongming en Shanghai; o eliminar las huertas supervivientes cerca de las grandes ciudades con proyectos de firmas reconocidas, por mucho que se rememoren las trazas agrarias y se coloquen después vegetación y frutales en las azoteas.
Tampoco es aceptable proponer la casa unifamiliar ecológica como alternativa. Por muy bioclimática que pudiera llegar a ser, la tipología de la casa suburbana, en el campo, en el suburbio o, lo que es aún peor, en el barrio cerrado para ricos, es totalmente insostenible, ya que mantiene la pareja infernal entre automóvil y casa unifamiliar, continuando la lógica del suburbio como ocupación territorial, que es la que ocasiona este despilfarro de energías fósiles y esta búsqueda desesperada de alternativas como la bioenergía que va a monopolizar e hipotecar amplias zonas agrarias de México, Brasil, Argentina e India.
De acuerdo con esta concepción tecnocrática, el crecimiento urbano es legitimado bajo el signo del plus ecológico; los nuevos procesos de urbanización se justifican ideológicamente con la excusa de la sostenibilidad, intentando que sus estrategias pasen inadvertidas.
Como decíamos al principio, el mismo objetivo de la sostenibilidad es ambiguo de partida: ¿Se trata de hacer lo más durable posible un mundo basado en el despilfarro, el consumo y la injusticia o de lo que se trata es de luchar por un cambio que sólo se puede producir si las fuerzas destructivas del mercado son fuertemente contrapesadas por las fuerzas sociales y por las medidas de regulación y control establecidas desde el sector público de cada país y desde los organismos internacionales? La sostenibilidad auténtica, si puede existir, más que un cambio tecnológico implica un cambio social y político.
Josep Maria Montaner es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
*ELPAIS.com - 03/05/2007
Un juez investiga una denuncia por cohecho contra el alcalde y un edil de Aljaraque (Huelva)
M.J.ALBERT.- El País* : "Un juzgado de Huelva está investigando una denuncia de un constructor y ex militante del PP, Rafael Barroso, contra el alcalde de Aljaraque (Huelva), Juan Manuel Orta, y su concejal de Urbanismo, Casto Pino Galán. El empresario acusa a los políticos, ambos del PP, de cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. El denunciante afirma que entre los dos podrían poseer un patrimonio de 60 millones de euros. Ni Orta ni Pino se presentan a la reelección el 27 de mayo. Orta negó la acusación del empresario.
El periódico Odiel Información de Huelva avanzó ayer que la denuncia fue presentada en la Fiscalía Anticorrupción y que ésta la remitió al fiscal de Huelva, que, a su vez, la envió a los juzgados onubenses.
En la denuncia, el empresario acusa a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas inmobiliarias (Minas de Tharsis, Tergolf, SL; Nuevo Corrales, SA; Galia, SA y Aliga, SA; Inversiones Aldar, SL; Grupo Prasa e Inmobiliaria Bayo). En concreto, Barroso acusa a Orta y Pino de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal.
El denunciante pone en relación estas irregularidades con el espectacular crecimiento urbanístico que se ha vivido en Aljaraque en los últimos años Él mismo dice haber sido objeto de "chantaje" al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo para obtener una licencia municipal de obras.
En el escrito de denuncia, el ex militante del PP afirma que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establezcan por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".
El mismo Barroso considera que estas cantidades son "difíciles de calcular", pero cree verosímil que "teniendo en cuenta su nivel de vida (...) y el control férreo y personalista que ejercen sobre todo el urbanismo del municipio se les podría calcular un patrimonio personal entre ambos de unos 60 millones de euros".
Según afirma Barroso, el cobro de las comisiones ilegales era invertido en "bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades (...) y, evidentemente para la compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes, ocio, joyas...".
En el escrito de denuncia que investiga el juzgado de Huelva, Barroso detalla la relación de bienes que, presuntamente, Orta y Pino poseen y estima el valor de los mismos. Del regidor, Rafael Barroso desgrana una finca rústica de 35.000 metros en Aljaraque que compró en 1999 por 30.050 euros y vendió en 2003, obteniendo un beneficio de más de 300.000 euros; una parcela urbana en el mismo pueblo de 1.200 metros cuadrados por valor de 200.000 euros; un chalé de tres plantas (valorado en 600.000 euros); una vivienda en La Redondela (valorada en 200.000 euros); un solar en el mismo municipio (150.000 euros); y una vivienda en Sierra Nevada, de la que no especifica su valor.
En cuanto a Casto Pino, el denunciante afirma que, entre él y su esposa poseen un terreno rústico en Aljaraque de 21.250 metros cuadrados comprado en 1999 y cuyo valor actual sería de 255.000 euros. Además, tendrían, presuntamente, un terreno rústico de 17.000 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros; una parcela de 1.200metros cuadrados con un chalé de 500 metros cuadrados valorados en más de un millón de euros; dos edificios industriales en el polígono La Raya, obtenidos, según Barroso, tras un pelotazo urbanístico de 12 millones de euros; un finca en Alosno valorada en más de 10 millones de euros y sendas viviendas en Punta Umbría y Huelva capital.
Negación del alcalde
Orta salió ayer al paso de la denuncia y anunció que la próxima semana va a presentar una querella criminal contra el promotor. El alcalde negó poseer "ni de lejos" las que dice Barroso, pero no quiso entrar en detalles. "No tengo por qué defenderme de unas acusaciones que son totalmente falsas", dijo.
El alcalde relaciona la denuncia con un hecho ocurrido en 2003, cuando el Ayuntamiento le prohibió a Barroso la venta de unos apartamentos en terreno rústico.
Orta recuerda que en noviembre de 2006, este promotor solicitó al Consistorio que transformara en terreno urbano una zona que no estaba recogida como tal en el Plan General de Ordenación Urbana. "A lo que también nos negamos", dijo. Orta afirma que al mismo promotor se le han presentado dos denuncias en el Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PP.
*ELPAIS.com - Huelva - 03/05/2007
El ex alcalde de Pego, primer cargo público que ingresa en prisión por delito ecológico
J.FERRANDIS/L.GARRIDO.- El País* : "Carlos Pascual, alcalde de Pego (Alicante) entre 1995 y 2003, se convirtió ayer en el primer cargo público que entra en prisión por delito ecológico. Pascual ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser rechazado un recurso de súplica que presentó por motivos humanitarios. El ex alcalde está condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998, al promover la recuperación de cultivos prohibidos y subir el valor de las fincas particulares. El PP presenta a la esposa de Pascual, Maite Ferràndiz, como candidata a la alcaldía.
Carlos Pascual, inhabilitado para ocupar cargo público por un periodo de seis años y esposo de la candidata popular a la alcaldía de Pego, ingresó ayer voluntariamente antes de las ocho de la mañana en el centro penitenciario de Picassent después de que la sección tercera de la Audiencia de Alicante desestimara un recurso de súplica en el que alegaba motivos humanitarios y de salud para eludir la prisión.
Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 primero como candidato de Unión Valenciana y luego como independiente, ha sido condenado por actuaciones realizadas entre 1996 y 1998. Años en los que quemó vegetación del marjal del municipio de forma intencionada, rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural declarada de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas, se registró una muerte masiva de peces, bajó notablemente el nivel del agua del marjal y se constató peligro de desecación.
La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en 2004 a tres años de cárcel por delito ecológico, otros tres por desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar, además de una multa de casi 8.000 euros y una indemnización de 1,2 millones de euros. Para el cumplimiento de esta última, se señaló como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento y a la Comunidad de Regantes de Arrozales de Pego, cuyo presidente, José Orihuel, también fue juzgado y condenado en esta causa.
Según el fallo, Carlos Pascual y José Orihuel, pese a "conocer el carácter de parque natural y las medidas del Gobierno valenciano" acordaron realizar actuaciones para recuperar los cultivos de arroz, paralizados desde 1982 de modo generalizado y así "lograr mejores precios para las fincas particulares" ya que la Generalitat estaba comprando terrenos en el parque natural de Pego-Oliva.
La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Alicante fue recurrida al Tribunal Supremo, que acabó, en noviembre de 2006, por confirmarla. Para los distintos tribunales no cabe duda de la naturaleza ilícita de los hechos, del conocimiento de la ilegalidad que tenían ambos procesados y del agravante que suponía que lo hicieran dos funcionarios públicos, ya que José Orihuel, fue también concejal de Agricultura con Pascual.
La decisión de situar como cabeza de lista del PP a la alcaldía de Pego a Maite Ferràndiz, la esposa del condenado, ha contado con el respaldo pleno de la dirección provincial del partido en Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, y no ha encontrado ningún obstáculo en la dirección regional que preside Francisco Camps. Y ello pese a que, con esta decisión, los populares sabían que el actual alcalde Carmelo Ortolá se iba a dar de baja del PP y amenazaba con liderar una candidatura independiente.
Sin embargo, los populares consideran que con Maite Ferràndiz de candidata se garantizan la obtención de un buen resultado electoral en este municipio, clave para seguir gobernando la Diputación de Alicante. El PP da por hecho que la esposa de Carlos Pascual obtendrá los votos de los seguidores del ex alcalde condenado, que gobernó Pego con mayoría absoluta entre 1999 y 2003.
El actual alcalde, Carmelo Ortolà, que se ha dado de baja del PP, manifestó que la creación de un gobierno local de coalición con el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en 2003 fue una decisión política "excepcional". El objetivo, al margen de las diferencias ideológicas entre estos tres partidos, era restaurar la normalidad política tras la etapa de gobierno de Carlos Pascual en la que se registraron "graves y reiterados incidentes, que resultaban intolerables en toda sociedad democrática y causuraon una inevitable alarma social". Ortolà advirtió que con Ferràndiz pueden volver los insultos y la confrontación al municipio.
*ELPAIS.com - Valencia - 03/05/2007
Foto: marjal de Pego /accioecologista-agro.org
Madrid 5 de mayo: Manifestación contra la especulación urbanística
Madrid, sábado 5 de mayo, 19h. de Atocha a Sol. Manifestación contra la especulación urbanística, en defensa del territorio y por una vivienda digna.
Convocan: Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, Plataforma por una Vivienda Digna, Asamblea por el Derecho a Techo Barrio del Pilar, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación de Vecinos La Flor (Barrio del Pilar), Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Greenpeace, Jarama Vivo, Asociación Sierra Oeste Desarrollo SOStenible, Salvemos la Sierra, Alpedrete Sostenible, Salvemos las Rozas, Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, ATTAC, CGT, Solidaridad Obrera.
Madrid 5 de mayo de 2007
Manifestación
CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
Madrid, sábado 5 de mayo, 19 h, de Atocha a Sol
ecologistasenaccion.org
