ELPAÍS/Alicante* : La sombra del hormigón vuelve a planear sobre el litoral de Les Marines de Dénia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado el plan transitorio que regía la gestión del urbanismo en el municipio y que apostaba por la protección de casi tres millones de metros cuadrados en ese tramo de costa, impidiendo la construcción de 20.000 viviendas.
El documento fue elaborado por el Ayuntamiento cuando gobernaban PSPV y BNV y aprobado por la Consejería de Territorio en 2005.
Aunque el fallo alude a defectos de forma, sus consecuencias urbanísticas son muy importantes: la denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos de Almadrava-Molins, uno de los sectores de Les Marines, que impugnó el plan transitorio por considerar los terrenos afectados como "suelo urbanizable con planeamiento suspendido", lo que evitaba su edificación. Además, los representantes legales de la entidad vecinal son los mismos que los de una promotora que aspira a construir 4.000 inmuebles en la zona.
La sentencia no cuestiona la protección de ese suelo en el litoral, pero anula el plan porque Territorio no respondió a los informes exigidos por diversas administraciones, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Educación o la Diputación. Así, un fallo judicial vuelve a dejar a Dénia sin su principal instrumento de planeamiento.
No obstante, el urbanismo no se paralizará en la ciudad ya que la Generalitat ha decidido recurrir la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo. Fuentes del anterior gobierno local de PSPV y BNV culparon de esta situación a la Consejería de Territorio, toda vez que sus criterios urbanísticos no han sido condenados. Y mostraron su inquietud porque el actual ejecutivo, integrado por PP e independientes tras la moción de censura, esgrima esa sentencia como argumento para dejar Les Marines sin protección en el nuevo PGOU.
Socialistas y nacionalistas denunciaron que ésa era una de las razones de voto de censura y recordaron que algunos de los ediles del actual ejecutivo de la popular Ana Kringe ya apostaron hace dos legislaturas por construir 20.000 casas en la costa. Por su parte, fuentes del actual gobierno local consideran que la sentencia "vuelve a demostrar la pésima política urbanística de PSPV y BNV".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/12/2008
Foto: Denia_desde_el_Montgó - wikipedia.org
El TSJ levanta el veto al ladrillo en la costa de Dénia
Un alcalde de Cádiz boicotea el derribo de un hotel ilegal
ELPAÍS* : La casa rural de Tavizna, en Benaocaz (Cádiz), seguirá en pie. Los vecinos de esta pedanía, en plena sierra de Grazalema, consiguieron ayer su propósito de evitar que las máquinas contratadas por la Consejería de Medio Ambiente derribaran este edificio. Lo lograron con el apoyo del alcalde, Juan María Mangana, del PP, quien encabezó la protesta ciudadana que reunió a 200 personas y protegió el polémico edificio con vehículos particulares que impidieron que las piquetas pudieran trabajar.
La Junta llevará esta movilización a la Fiscalía por entender que se ha opuesto al cumplimiento de una sentencia judicial firme.
La primera denuncia contra esta casa rural se presentó en septiembre de 2001. El pequeño hotel había comenzado ya a construirse. La vivienda con fines turísticos se levantó en un espacio protegido del Parque Natural de Grazalema. Además, ocupaba una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
La denuncia interpuesta por agentes de la Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo que fue paralizado en 2002 con la apertura de diligencias penales contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio.
Sin embargo, el juzgado que abordó este caso, absolvió al dueño. El proceso administrativo continuó después y un juzgado de Jerez dictó resolución definitiva en 2006, con una sentencia que obligaba a la demolición de todo lo construido.
Ni los propietarios de la casa rural, ni muchos vecinos entienden la insistencia de la Junta en derribar este inmueble y lo defienden como una fuente de riqueza para la pedanía. El alcalde, Juan María Mangana, acusa al Gobierno andaluz de saltarse la normativa, al tratar de demoler este edificio sin contar con una licencia municipal de obra previa.
Transcurrido un tiempo prudencial, y tras consultar a sus asesores jurídicos, la Junta entiende que no necesitaba este permiso del Ayuntamiento y que esa solicitud no era más que un intento de demorar el derribo. "Es lamentable que una autoridad pública asista a una protesta contra un acto que sólo pretende restituir la legalidad", se quejó ayer la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, quien informará a la Fiscalía de la actuación del alcalde, por si es constitutiva de delito.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 30/12/2008
Foto: Benaocaz (Cádiz) - wikipedia.org
Sant Antoni y Sant Josep estudian mantener como urbanas partes de sectores anulados por el TSJB
DIARIODEIBIZA* : Los ayuntamientos de Sant Josep y de Sant Antoni intentarán mantener como urbanos algunos fragmentos de sectores que han sido considerados rústicos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
En concreto, Sant Antoni mantendrá inicialmente en su propuesta de nuevo planeamiento dos franjas de suelo urbano en la zona de ses Variades, mientras que Sant Josep querría hacer lo mismo con unos 37.000 metros cuadrados del sector 5.7 de Port des Torrent, que aún no tiene ninguna consolidación urbanística.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, criticó al anterior equipo de gobierno del PP en el Consell Insular por sus «maniobras para hacer urbano lo que nunca debería haberlo sido». También recordó que el grupo municipal progresista de Sant Josep afirmó en sus alegaciones al PTI que los dos sectores ahora anulados en Port des Torrent -el 5.5 y el 5.7- «no tenía ninguna justificación ponerlos como urbanizables».
Sin embargo, Marí Ribas indicó que el equipo de gobierno que preside es partidario de destinar el 80 por ciento del sector 5.7 -que en total tiene 183.000 metros cuadrados- a zona verde, mientras que en el resto «dejaríamos construir un poquito», concretamente en la parte de detrás del actual centro social. Así se ha plasmado ya en el avance de nuevas Normas Subsidiarias que Sant Josep está tramitando y que en breve volverán a ser expuestas al público.
En cuanto al otro sector de Port des Torrent, el 5.5, Marí Ribas informó que ya venía recogido como suelo rústico en el mismo avance.
En los dos sectores de Platja d´en Bossa, el 1.23 y el 2.2, «hay una parte no construida, que puede quedar como rústica», señaló. En todo caso, las partes de terreno no construidas ocupan una superficie muy reducida en ambos casos.
Por lo que se refiere a los dos sectores de Cala Tarida, el 4.17 y el 4.18, el alcalde indicó que «ya están totalmente construidos» y por ello se recogían ya como urbanos en el primer avance de nuevas Normas Subsidiarias de Sant Josep. «Tendremos que ver cómo plasmamos esta situación [en alusión a la sentencia que los considera rústicos] en las Normas», explicó.
Sant Antoni y ses Variades
Por su parte, la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Pepita Costa, consideró que la sentencia del TSJB «no afecta demasiado» a los planes urbanísticos del municipio.
En todo caso, explicó que el equipo de gobierno mantendrá en principio las dos franjas de ses Variades que en el avance de las nuevas Normas aparecen como suelo urbano. «Pero si mantenemos estas dos franjas será como suelo urbano consolidado; no tiene nada que ver con lo que diga el PTI». Según dijo, estas dos franjas -situadas en los lados norte y sur del sector- coinciden con la prolongación de «calles que cuentan con todos los servicios urbanos». «Ahora tendremos que justificar que estas dos franjas de suelo urbano en ses Variades tienen todos los servicios exigidos y, si es así, se mantendrán», añadió.
Costa recalcó que se trata de una delimitación urbana «estimativa, que se tiene que concretar».
* Diario de Ibiza - EIVISSA | J. LL. FERRER - 29.12.2008
Foto: Sant Josep (Ibiza) - flickr.com
Lorca acuerda la aprobación provisional del proyecto Marina de Cope
LAOPINIÓN/Murcia* : El Pleno del Ayuntamiento de Lorca acordó hoy --únicamente con los 13 votos a favor del PP, ya que PSOE e IU, que suman 12 escaños, se opusieron--, la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope, que de esta forma pasa al Gobierno regional para que estudie su visto bueno definitivo.
El concejal de Urbanismo, Francisco García, anunció que los cambios introducidos respectos a la aprobación inicial se expondrán para que los ciudadanos puedan conocerlos, y reprobó la actitud de la oposición, y especialmente del PSOE, ya que esta formación apoyó el proyecto de Marina de Cope cuando gobernaba en el consistorio.
García aseguró que el trámite superado hoy supone un "avance definitivo" para un proyecto que, recordó, "constituye una clara apuesta por el crecimiento, desarrollo y diversificación económica del municipio de Lorca, pero también de la Región de Murcia". Así, apuntó que se prevé genere, sólo en la fase de urbanización y construcción del complejo, un total de 3.000 puestos de trabajo directos, a los que habrá que añadir otros 3.000 inducidos debido a la actividad paralela.
"Es una oportunidad que no podemos desaprovechar por los grandes beneficios laborales, económicos, turísticos y sociales que conlleva", subrayó García, quien por ello lamentó que el PSOE "rechace y critique ahora lo que antes aplaudía".
Y es que, para García, el PSOE, "es un partido perdido y desorientado", al tiempo que acusó a los ediles socialistas de "renegar de lo que ellos mismos hacían". "Sólo quieren destruir y buscan excusas para ello, pero lo tienen muy difícil para justificar sus incoherencias incluso ante sus propios militantes", apostilló.
García insistió en que "Marina de Cope va a fortalecer nuestra diversificación económica, va a generar numerosos puestos de trabajo y construye el futuro de Lorca con sólidos cimientos", y recalcó que se trata de una iniciativa "positiva, por lo que no entendemos por qué se opone el PSOE". "Sinceramente, creo que el paso del tiempo nos va a dar la razón", auguró.
En cuanto al proyecto, García apuntó que Marina de Cope será "clave para la diversificación económica del municipio", pues "apostamos por impulsar la oferta hacia el sector hotelero, combinado con una proporción de residencia adecuada y por debajo del límite de mínima densidad (la edificabilidad es de 0,14 m2/m2, no siendo posible el uso residencial en los primeros 500 metros de la costa), destinando el 50 por ciento de la actuación a sistemas generales, equipamientos y dotaciones complementarias".
El 32,6 por ciento del proyecto de Marina de Cope, esto es, unos 7 millones de metros cuadrados, se ubica en el municipio de Lorca, mientras que el territorio restante está situado en Águilas.
En concreto, según un comunicado del Ayuntamiento, la superficie destinada a Sistema General de Comunicaciones Viario ocupará 129.699 metros cuadrados del término municipal de Lorca. El eje estructurante del complejo será una Vía Parque que conectará la zona deportiva de la marina interior con una gran zona de equipamientos y áreas comerciales que se proyecta a caballo de Águilas y Lorca, y que tiene proyectado un tranvía.
Por su parte, el Sistema General de Comunicaciones y Transportes ocupará 10.228 metros cuadrados del municipio de Lorca y en él se incluyen las superficies reservadas en la ordenación para la creación de un centro intercambiador de transportes; mientras que el Sistema General de Espacios Libres de Protección Paisajística alcanza los 1,2 millones de metros cuadrados y el Sistema General de Espacios Libres de Parques Urbanos tendrá una superficie de 105.693 m2 en el término municipal de Lorca.
Además, el Sistema General de Equipamiento tiene 29.855 m2 en Lorca y está constituido por las diferentes instalaciones colectivas como un auditorio, y los Sistemas Generales Deportivos, con una superficie de 1,4 millones de m2, prevén la construcción de dos campos de golf y un Centro de Especialización Deportiva dedicado a la práctica del fútbol.
* La Opinión de Murcia - EUROPA PRESS - 29.12.2008
Foto: Costa_Marina_Cope - elpais.com
Crisis y política ambiental
JOAN OLMOS* : La pasada legislatura no se distinguió precisamente por un cambio positivo en las políticas ambientales desde la Administración central, si se exceptúan algunas iniciativas de la ministra Narbona. En momentos difíciles, y parece que ahora estamos en uno de ellos, suele haber voces que aconsejan no sacar a relucir los déficits ambientales de nuestro sistema productivo y de consumo. Sin embargo, esa reflexión, con sus propuestas alternativas, no solo es oportuna, sino que ayuda a explicar en buena medida la crisis actual.
Supongo que hablar en plena crisis de decrecimiento -consumir menos para vivir mejor- se puede tomar como una provocación si, como suele ser habitual, nos quedamos en la superficie del debate. Pues bien, ya hay quien apunta, desde hace tiempo, que el actual modelo económico, basado en el crecimiento sin límites, está obsoleto, por la sencilla razón de que nuestros recursos son limitados.
El PIB a toda costa -y casi como único indicador soberano de la salud económica de un país- impide analizar con otra óptica la estructura del crecimiento económico. Si se habla de calidad en el empleo, ¿por qué no hacerlo con el resto de las variables macroeconómicas? Los economistas críticos explican que no todo PIB es positivo por definición y animan a introducir la contabilidad ecológica para analizar y evaluar adecuadamente los impactos que generan determinadas actividades productivas y que por lo general, se cargan impropiamente a la cuenta de la comunidad.
Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el sector inmobiliario. Por mucho que ha sido la iniciativa privada la protagonista de la ya famosa película del ladrillo, resulta ahora irritante repasar la pasividad y complicidad de las administraciones públicas -en plural- ante tanto desmán. Los desperfectos en patrimonio colectivo, recursos naturales y en el paisaje pasan a engrosar la deuda colectiva, sin contar las infraestructuras públicas que han coadyuvado al proceso. Véase, por citar un caso, el de la costa de Murcia y Almería, donde en 2005 se proyectaban una autopista paralela al mar y una desaladora en uno de los pocos tramos de litoral mediterráneo libres de los abusos urbanísticos.
Lejos de corregir el tiro, el Gobierno se apresura a salir en defensa del PIB a base de reactivar la maquinaria de la obra pública con un programa análogo al anterior, corregido y aumentado: léase inyectando más hormigón, más asfalto y más hierro para lo que ya se adivina como una sobredosis de altas velocidades en carretera y ferrocarril.
En cambio, otros sectores de la acción pública, verdaderamente necesarios y que, a fin de cuentas, crean más empleo sin destruir capital natural y sin generar desigualdades sociales, ven recortadas sus posibilidades. Programas como la promoción pública y rehabilitación de la vivienda, la creación de solventes redes de transporte colectivo, la construcción de equipamientos sociales, la modernización de las instalaciones sanitarias y educativas, la rehabilitación del patrimonio hidráulico o la recuperación paisajística, serían algunos ejemplos. ¿Es precisa una reconversión del sector empresarial?... pues adelante.
Todo parece indicar pues, que el mantenimiento en el nuevo Gobierno de la ministra de Fomento y el pase a la reserva de Cristina Narbona supuso algo más que una anécdota. Algunos temen la supresión de los últimos obstáculos desde el propio Gobierno para esta nueva etapa continuista de construcción de infraestructuras de gran escala -ya sabemos lo que significa, por ejemplo, aligerar los trámites de los estudios de impacto ambiental- así como el replanteamiento del programa nuclear para la crisis energética.
La ministra Narbona causó incomodidades a diestro y siniestro -incluyendo entre los afectados a sus correligionarios socialistas valencianos- por su política en materia de aguas. Por primera vez, una ministra intentó poner en marcha una nueva política hidráulica, acorde con la directiva europea y la racionalidad, alejada de la vieja tradición de resolver los problemas a base de tubos y hormigón. Ahora, desde el mismo Gobierno, se ha renegado de esa política, en un ejemplo de oportunismo político sin tapujos. Lo cual lleva a comprobar que la razón política, con frecuencia, se lleva muy mal con la razón científica.
Así que esta nueva legislatura, y visto cómo se las gastan en los gabinetes económicos de Moncloa -nombrando un embajador en el SEOPAN, la gran patronal de la obra pública- todo parece indicar que va a haber pocas contemplaciones con la política medioambiental de la pequeña y mediana escala, precisamente en las que el Gobierno tiene tanta influencia. Aunque continuaremos, eso sí, pregonando la lucha contra el cambio climático.
Las políticas ambientales son hoy un camino inequívoco para sentar bases firmes en nuestro sistema económico, pues abren el proceso hacia la autonomía en los recursos, el empleo estable y de calidad, la innovación y progreso cultural. Pero también son la manera éticamente decente para promover la solidaridad con aquellos pueblos que, expoliados de sus recursos y libres de responsabilidad con los impactos ambientales, son en cambio los más damnificados por la contaminación y la pobreza.
A medio y largo plazo, las políticas ambientales nos hacen menos vulnerables, menos dependientes y más solidarios. Contrariamente a lo que se viene transmitiendo a la opinión pública, son las épocas de crisis las más adecuadas para poner en práctica nuevas medidas hacia la sostenibilidad, ese camino para sanear la economía y dejar a nuestros herederos un país mejor. Ahí tenemos las enseñanzas de la crisis del agua -ya estructural- y también la de la energía: para aprender, para rectificar, no para huir hacia delante. Como sabiamente afirman los autores del famoso informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, "las ideas de límite, sostenibilidad, suficiencia, equidad y eficiencia, no son ni barreras, obstáculos ni amenazas. Son guías hacia un mundo nuevo..."
* Joan Olmos es ingeniero de caminos.
* ELPAIS.com - Opinión - 20.12.2008
