MADRIDIARIO* : Baltasar Garzón deja de investigar la 'operación Gürtel', que pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alto Tribunal decidió este martes hacerse cargo de las pesquisas de la supuesta trama de adjudicaciones a cambio de favores o sobornos a las empresas de Francisco Correa, hoy en prisión preventiva.
El TSJM ve indicios suficientes por delitos de cohecho y tráfico de influencias en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que dimitió al verse imputado en la trama; el que fuera por unos días presidente de la 'comisión de los espías', Benjamín Martín Vasco; y Alfonso Bosch Tejedor, secretario de movilización del PP de Madrid y que compatibiliza su escaño con el puesto de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (EMSV), ayuntamiento cuyo alcalde hasta hace un mes era el también imputado Arturo González Panero.
Los alcaldes de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López respectivamente, también han dimitido después de que hayan sido señalados por el juez.
De López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor, el PSOE ha exigido reiteradamente a Esperanza Aguirre que les haga entregar su acta de diputados, cosa que hasta el momento no se ha producido. El PSOE también ha demandado por escrito a la Asamblea que los consejeros de su Gobierno expliquen en la Cámara las adjudicaciones que prácticamente todas las áreas hicieron a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009, pero ninguno de ellos lo hará por ese tema ya que la mesa de la Asamblea rechazó este mismo martes las peticiones. Maru Menéndez, portavoz socialista, asegura que "si continúan las trabas, tendrá que ser la propia presidenta Esperanza Aguirre la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, porque ha habido contrataciones con las empresas de Correa desde todas las consejerías, no sólo la de Deportes".
¿Quién investiga a Bárcenas?
Según el auto dictado este martes por el Alto Tribunal, el "entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas".
A partir de ahora se hace cargo de la investigación el juez Antonio Pedreira, aunque queda por decidir si el TSJM recibe también los informes policiales que implicarían en la trama corrupta al senador por Cantabria y tesorero del Partido Popular nacional Luis Bárcenas. El juez Garzón ha pedido opinión a la Fiscalía para que el caso pase al Tribunal Supremo (estaría implicados aforados de varias comunidades autónomas, como Francisco Camps en el caso de Valencia), pero el Ministerio Público le ha respondido que debe ser el TSJM quien decida. De Bárcenas el propio Correa aseguraba en conversaciones intervenidas por la Policía que presionaba para conseguir determinado contratos públicos.
* Madridiario - 31-03-2009 - Ángel Calleja
Foto: madridiario.es
El TSJM se queda con el 'caso Gürtel' al ver indicios de delito en tres diputados del PP
El TSJA declara nula la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Rute
EUROPAPRESS/Córdoba* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula mediante una sentencia la Revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Rute. La sentencia reconoce así el recurso presentado por la Asociación de Amigos del Camino de las Pozas contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de fecha 24 de mayo de 2005, que aprobó definitivamente la Revisión de las NNSS de Planeamiento de Rute.
Esta asociación viene defendiendo desde hace años que los terrenos de la zona de Las Pozas no sean declarados industriales, como aparecen en las normas ahora anuladas, ya que esta zona se encuentra colindante con el casco urbano y en ella se asientan una treintena de viviendas, según ha reiterado en numerosas ocasiones este colectivo.
La resolución manifiesta que "el presente proceso ha perdido su objeto, ya que esta misma Sala, en el recurso 452/06, en el que se combatía la subsanación de deficiencias y aprobación del Texto Refundido de la Revisión de las NNSS, ya dictó sentencia dando la razón a la parte actora y examinando los mismos motivos que en éste se aducen para combatir la actuación administrativa".
De este modo, se remite a esa sentencia y reitera lo entonces dicho, tanto en cuanto estima que no se han respetado "los trámites legalmente previstos", por lo que determina su nulidad por "falta de legitimidad formal". Más adelante, la sentencia expone que "la simple relación de trámites pone en evidencia el desorden y las gravísimas irregularidades que se suceden en la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias", tramitación que alcanza tal grado de "desbarajuste", que incluso se llega a "desconocer realmente qué texto es el que se saca a información pública, e incluso cuál es el que se va aprobando".
Es tal el cúmulo de "despropósitos", como explica la sentencia, que primero se aprueban inicialmente en el Pleno, pero sin mayoría absoluta, por lo que no tiene validez, posteriormente el Pleno pasa a respaldar estas normas de forma provisional, que es el segundo paso, pero sale adelante provisionalmente un texto que no había sido aprobado inicialmente. Especifica además que el 18 de diciembre de 2003, el Pleno municipal, por unanimidad, procede a una segunda aprobación inicial de las normas de urbanismo, pero el texto que sale adelante no había pasado por un periodo de información pública, como fija la ley. Pero es que además, indica, en esa fecha estaba ya en vigor una nueva ley urbanística, la LOUA, que no se aplicó.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA añade en la sentencia que "ha de reputar temeraria, a los efectos de la imposición de las costas, la postura procesal adoptada por la parte demandada, haciendo una lectura artificial y forzada de los trámites seguidos para la elaboración del instrumento que ocupa, cuando resulta de los propios términos de los informes obrantes, firmados por el propio alcalde, que en definitiva se buscaba un subterfugio imposible, un fraude legal, como se desprende de lo visto, para no tenerse que someter a la LOUA en la tramitación e incorporar las exigencias materiales previstas".
* Europa Press - CÓRDOBA, 31 Mar 2009
Foto: Rute - participaenandalucia.net
Santa Eulària: Un ayuntamiento en el banquillo
ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El ex alcalde de Santa Eulària dijo ayer que siempre se fio de los informes jurídicos y técnicos para aprobar la urbanización de ses Torres. Según Guasch, esos terrenos eran urbanos según el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), la herramienta urbanística vigente en ese momento, que sin embargo había sido considerado nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a esta consideración del tribunal, Vicent Guasch remarcó que el PDSU no era nulo. «Mis técnicos me decían que la sentencia no lo anulaba», explicó Guasch, que sostiene que sus asesores jurídicos siempre le dijeron que no podían parar de trabajar con el PDSU (que habían usado durante 12 años) porque de lo contrario se enfrentarían a importantes peticiones de indemnizaciones de personas que habían construido con permisos otorgados en base a esa normativa.
El ex primer edil reconoció ante la juez que no tenía conocimientos de urbanismo y por eso siempre se fiaba de lo que decían los técnicos. De hecho, a preguntas del abogado de la acusación particular, que ejerce Esquerra Unida, sobre si sabía lo que era un plan parcial Vicent Guasch respondió que no. El letrado le recordó que cuando aprobó ses Torres llevaba 23 años siendo alcalde y probablemente habría aprobado muchos planes parciales. «Siempre aprobaba lo que me decían los técnicos», reiteró el ex alcalde.
El alcalde sostuvo también ante la juez que el PDSU servía para delimitar los suelos urbanos y ampliarlos si procedía. De todas formas, defendió que aprobaron esta herramienta porque el Plan General era expansivo y el PDSU en cambio era más restrictivo y sólo dejaba hacer cuatro plantas en vez de ocho. Sin embargo, el abogado de la acusación particular le recordó que la figura del PDSU no permite la creación de nuevos suelos urbanos.
Respecto a los requerimientos que hizo el Consell para que dejara de aplicar el PDSU por ser considerado nulo en una sentencia, Guasch indicó que estos avisos llegaron directamente a los servicios jurídicos y no a él y que además fueron posteriores a la aprobación de ses Torres. También recordó que ellos no podían anular este plan y que en todo caso tenía que ser el Consell el que lo hiciera. «No lo hicieron porque no querían tener que pagar las responsabilidades patrimoniales, pienso yo», remarcó Guasch.
Tanto la fiscal como el abogado de EU le preguntaron también sobre las reuniones mantenidas con el promotor de ses Torres, Germán Vázquez, consejero delegado de la empresa Lloma Talamanca. Guasch explicó que las reuniones que mantuvo con él siempre fueron en el Ayuntamiento para concretar la cesión que habían hecho los anteriores propietarios de 13.000 m2 en cumplimiento del plan parcial. El ex alcalde asegura que nunca hubo un pacto para calificar parte del terreno, que era rústico, como urbano. En la escritura de los terrenos que donó Vázquez entregó unos metros más de lo que le correspondía. Asimismo, el ex primer edil aseguró que no conocía de nada al promotor.
El ex alcalde paró de responder a las preguntas de la acusación particular cuando el abogado comenzó a preguntarle por otro dictamen jurídico que habría solicitado el alcalde y que era desfavorable a la tesis del Ayuntamiento.
El ex teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, aseguró ayer que nunca fue concejal de urbanismo y que sólo era teniente de alcalde y presidía la comisión preparatoria de los plenos, en la que se trataban todo tipo de temas y no sólo permisos urbanísticos. Riera eludió cualquier responsabilidad en el tema de ses Torres y aseguró que no conocía la sentencia del TSJ que consideraba nulo el PDSU. El concejal aseguró que en la comisión preparatoria de la aprobación del proyecto de ses Torres la oposición no puso ninguna objeción y acudió la entonces arquitecta municipal, Raquel García Palerm, para explicar su informe. «Dos días después leí el informe literalmente de la arquitecta en el pleno», añadió Riera.
Tanto Vicent Guasch como Vicent Riera aseguraron que nunca influyeron a los técnicos en su trabajo.
El aparejador del Ayuntamiento de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró que estuvo presente en alguna reunión con el promotor de ses Torres. Pese a que éste tenía la aspiración de que en el futuro una parte de suelo rústico se convirtiera en urbano, Marí asegura que «no hubo compromiso» por parte del Ayuntamiento con el promotor.
Respecto al PDSU, Marí defendió que el suelo de ses Torres pasó de ser parte rústico y parte urbanizable en el antiguo PGOU a urbano en el PDSU porque pese a que ses Torres en sí no tenía consolidación suficiente sí que formaba parte de un sector mucho más amplio que sí lo estaba. Marí emitió un informe favorable al proyecto de urbanización de ses Torres.
El ex alcalde también reconoció en su declaración que la zona de la urbanización ses Torres no tenía ni luz ni agua cuando se tramitó el permiso.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 31.03.09
Foto: El ex alcalde de Santa Eulària llegó acompañado de su hijo, el conseller del PP Diego Guasch. - GERMÁN G. LAMA, ultimahora.es
Múgica achaca a la "mala planificación urbanística" que miles de ciudadanos sufran contaminación acústica
EUROPAPRESS* : El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en un escrito enviado a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo de la que forma parte Zaragoza, resalta que "la mala planificación urbanística y aeroportuaria ha provocado que miles de ciudadanos sufran de contaminación acústica y ambiental".
Desde la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo señalan que en el ecrito de Múgica se recoge el esfuerzo de la Institución que preside como consecuencia de "las injusticias derivadas de una planificación, urbanística y aeroportuaria, deficiente y alejada de una visión completa de las cuestiones atinentes a la implantación, mejora, conservación, reforma y explotación ordinaria y extraordinario de los aeropuertos".
El pasado mes de enero la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo fue recibida por el Defensor del Pueblo. En dicha reunión se le informó de los objetivos de la misma y se le hizo partícipe de la situación de los afectados por la contaminación acústica y química producida por el tráfico aéreo.
Esta institución reconoce que el problema ·es de tal magnitud que no es ilógico pensar, en ocasiones, que deviene prácticamente en insoluble sin que se realicen importantes y costosas acciones de reparación de daños y perjuicios", sostiene la Asociación en un comunicado.
El nacimiento de esta Asociación es considerado por el Defensor del Pueblo "un síntoma de la magnitud del problema". La oficina del Defensor confía en que "la instauración de un canal de comunicación más estable contribuya a simplificar y, simultáneamente, fortalecer los esfuerzos en procura del bienestar de quienes padecen las consecuencias de la actividad aeroportuaria" y considera a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo como "canal privilegiado de exposición y solicitud de medidas correctoras de los impactos".
La Asociación Nacional, desde que surgió a finales de 2008, ha mantenido encuentros con las principales instituciones de nuestro país, como el Defensor del Pueblo, la presidenta de AENA, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Ministerio de Sanidad, el Partido Popular, el Partido Socialista , alcaldes de los municipios afectados, entre otros colectivos.
En todos los encuentros, el presidente de la Asociación, Luis Ramírez Vera, ha hecho entrega del Manifiesto fundacional, donde se recogen los objetivos y reivindicaciones que los afectados tienen, como es la solicitud de que los ciudadanos tengan una mayor participación en los organismos de toma de decisiones en los procesos de cambios de rutas o creación de otras nuevas por la ampliación de los aeropuertos. La Asociación considera que el modelo actual de gestión aeroportuaria "no se ajusta a los requisitos de transparencia que rigen en Europa a la hora de planificar y decidir las rutas áreas y su impacto ambiental, primando, en ciertos casos, intereses urbanísticos antes que los de la población afectada".
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo cuenta con asociaciones que representan a más de 150.000 afectados en los municipios del entorno de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante.
* Europa Press - ZARAGOZA, 30 Mar 2009
