J.Gimeno/KaosenlaRed* : "Hoy jueves se cumple el cuarto día desde que un grupo de personas instalásemos un campamento permanente bajo el Puente de Piedra de Zaragoza. La instalación del campamento coincidió con la concentración convocada por diversas organizaciones ecologistas y vecinales en contra del dragado del río de la destrucción de la solera del centenario puente. El objetivo de estas obras es el de permitir la navegabilidad del Ebro durante la Expo de 2008. Y es que, a pesar de la construcción del azud, el cual también ha sido criticado por su importante impacto medioambiental y elevado coste económico, la profundidad del Ebro parece que todavía no será la suficiente para que las “Golondrinas” puedan navegar.
Por tanto, la corporación municipal zaragozana ha decidido ganar “unos centímetros” al río mediante su dragado,para lo cual se requiere la destrucción previa de la solera del puente.
La protesta se ha desarrollado en todo momento de manera no violenta y ha contado con el apoyo constante de numerosos vecinos de la ciudad, que a lo largo de estos días se han concentrado en el puente, han visitado a los ecologistas acampados y han proporcionado a estos gran cantidad de comida y víveres para su estancia.
Ante el desarrollo de las obras en torno al puente por parte de los operarios, los acampados decidieron ayer miércoles por la mañana paralizar tales obras, impidiendo con su presencia física el paso de los camiones. Ante este acto de desobediencia, efectivos de la Policía Nacional descendieron al lugar del campamento con fin de comunicar a los activistas que la empresa responsable de las obras (Dragados), presumiblemente a instancias de Expo Agua, se había querellado contra ellos y se les iba a pedir daños y perjuicios por los trastornos y retrasos en el plan de trabajo programado. Además, la Policía procedió a la identificación de los aproximadamente 30 ecologistas que se encontraban en ese momento en el campamento.
A pesar de las probables sanciones que esta denuncia pueda acarrear y de la posibilidad que de que la Delegación del Gobierno ordene de manera inminente un desalojo inminente, la decisión de los acampados es continuar con la protesta hasta que el Ayuntamiento no decida la paralización de las obras.
Desde el campamento se pide a las personas concienciadas en la defensa del río y del puente que continúen alerta ante el posible desalojo mediante la fuerza del campamento, así como que difundan esta movilización.
+info: http://puentedepiedra.wordpress.com/
* Kaos en la Red - Zaragoza, Jueves 9 de Agosto 2007
Foto: Zaragoza, protesta Puente de Piedra /puentedepiedra.wordpress.com
Crónica bajo el Puente de Piedra de Zaragoza
Bruselas denuncia las obras de la 'carretera de los pantanos' en el Tribunal de Justicia de la UE
.jpg)
A.Carbajosa/ElPaís* : "La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron ayer fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid.
"Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó ayer a este diario Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio.
El proyecto para convertir en autovía esta carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado.
De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.
Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios, correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera.
Ahora, los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en 2005 por pescar alevines.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera en Bruselas, destacó ayer "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre es "parar las obras".
No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia, en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda, mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich.
La Comisión Europea concedió el pasado mes de marzo un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que presentase el estudio ambiental completo de las obras y amenazó con llevar a España ante el tribunal si no cumplía. El 18 de julio la amenaza se hizo realidad.
* ELPAIS.com - Bruselas - 10/08/2007
Foto: Obras del desdoblamiento en las inmediaciones del río Perales- GORKA LEJARCEGI (El País)
El 66% de los alquileres no declarados en España se encuentra en la costa
EuropaPress* : "Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales. El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.
Concretamente, "de las seis comunidades en las que más se defrauda en concepto de alquileres 'negros', cinco están bañadas por el mar", señala el informe a propósito de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, a las que se sumaría Madrid.
Cataluña lidera este particular grupo de comunidades autónomas punteras en rentas no declaradas, con más de 521 millones de euros anuales. Dentro de sus límites, Barcelona, con la Costa del Maresme, supera ampliamente al resto de las provincias catalanas, al contabilizar 439,9 millones de euros no declarados.
Andalucía ocupa el segundo lugar, con más de 180 millones de euros no declarados, y alberga tres provincias que destacan por su nivel de fraude sobre las demás circunscripciones andaluzas: la Costa de la Luz (compuesta por Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol, en Málaga, con aproximadamente 59,3 millones de euros de fraude.
Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales, de los que más de la mitad (57 millones) se concentran en la costa de Valencia. En el caso de Baleares, el fraude asciende a 96,3 millones de euros.
En cuanto al número de alquileres no declarados, el reparto es el mismo. Cataluña encabeza la lista, con el 24,5% del total de los alquileres no declarados de España, gracias a la contribución de la Costa del Maresme, en la que se localiza aproximadamente el 20,6% del total de alquileres sumergidos.
Le sigue Andalucía, con el 11,1% del total de alquileres no declarados, de los que el 4,5% se encuentra en la Costa de la Luz y el 3,6% en la Costa del sol.
HAY QUE TOMAR MEDIDAS
Por otro lado, el informe de Gestha considera "prioritario" que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, "a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".
Los técnicos de Hacienda concretan la necesidad de delimitar aún más, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
Otro frente implicaría modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y para que los juicios rápidos sean "realmente rápidos". En este sentido, insta a incrementar el número de juzgados para agilizar estos procesos.
HABILITAR A 8.000 TÉCNICOS DE HACIENDA
Un tercer paquete de iniciativas pasaría por habilitar a los 8.000 técnicos el Ministerio de Hacienda para que asumieran las responsabilidades de la efectiva aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
Gestha estima que "con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude", la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la UE, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros.
En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
* Europa Press - 9 Ago.
Foto: Se alquila /europapress.es
El ejemplo del azufaifo
ORIOL BOHIGAS* : "Una generosa costumbre de los jóvenes arquitectos de los años 60 y 70 fue organizar protestas y manifiestos en defensa del patrimonio arquitectónico amenazado de derribo por nuevas construcciones más bien especulativas, a menudo de calidad baja y tergiversadoras del contexto urbano. Así se salvaron algunos edificios modernistas que aún no estaban valorados. Un método habitual era pedir firmas a personalidades conocidas. Para la defensa de un edificio del paseo de Gràcia, un joven arquitecto fue a pedir la firma de Josep L. Sert, el arquitecto más importante de la época republicana, líder del GATPAC, discípulo de Le Corbusier, decano de Harvard. Sert casi lo tiró por las escaleras, recordándole que cuando él era joven firmaba manifiestos a favor del derribo de los edificios y los barrios anticuados y degradados para poder sustituirlos por una nueva arquitectura y un nuevo urbanismo al servicio de las nuevas necesidades, la nueva cultura e, incluso, la nueva política urbana.
EL ARQUITECTO joven bajó las escaleras convencido de que Sert había demostrado ser más joven y más moderno que él, pero pensando en que los ideales defendidos por el maestro quizá fallarían precisamente por la falta de calidad de la arquitectura que sustituiría las antiguallas y por la ausencia de un superior valor social o cultural, sometido a la especulación inmobiliaria. Es decir, que la sustitución, como decían los conservadores, podría ser un empeoramiento radical.
Ahora ya no es preciso pedir firmas: la conservación de las antiguallas forma parte de un consenso universal en el que coinciden las asociaciones de vecinos más progresistas, los programas electorales más rancios y populistas, las clases sociales más conservadoras, los profesores universitarios más mezquinos y los enemigos sistemáticos de cualquier revolución por modesta que sea. Esto ha llegado a tal extremo que quizá habría que aconsejar a los jóvenes arquitectos de hoy que cambiaran en redondo los propósitos de los años 60 y 70, es decir, que propagaran la necesidad de modernizar, sanear y rehacer física y socialmente los barrios degradados y las arquitecturas deterioradas. Si lo hiciesen con cabeza, podrían mantener, también, en paralelo, la defensa de lo que realmente vale la pena conservar según razonamientos no exclusivamente reaccionarios y conservadores.
Es decir, conservar lo que es un auténtico monumento significativo por el que vale la pena sacrificar otros valores y que por su situación, carácter e historia puede sugerir una utilización que introduce nuevas posibilidades sociales, posiblemente menos presentes en una remodelación más autista. Sería, pues, el momento de superar la absurdidad de las normativas "estéticas" de los centros históricos, las imposiciones que conforman el "gusto" reaccionario, el arqueologismo abstracto y la museología urbana y, en cambio, mantener y estimular los dos únicos criterios serios a favor de la conservación y el respeto: la validez monumental y testimonial y el fomento de nuevos usos sociales.
Un ejemplo --modesto pero muy significativo-- es la pequeña batalla desencadenada en Barcelona por la defensa de un árbol centenario: el azufaifo de la calle de Arimón esquina con Berlinès. En este caso, la protesta vecinal presenta los argumentos válidos y no se pierde en intereses particulares ni en exageraciones conservadoras. Me resulta más simpática esta reivindicación que las exigencias técnicamente mal formuladas sobre la conservación física de Can Ricart, por ejemplo, y otros desperdicios de la triste industria ochocentista.
El azufaifo responde a las dos condiciones básicas. Según los técnicos, se trata de un ejemplar realmente monumental, como hay pocos --o ninguno-- en toda Catalunya. Y, por otro lado, la conservación del árbol sugiere la sustitución de una propuesta arquitectura bien poco significativa, que si se tirara adelante no serviría para mejorar la calidad de Sant Gervasi, descolocado entre una tradición de casitas individuales y la imposición de un sistema de apartamentos sosos, sin carácter, consecuencia de unas absurdas ordenanzas basadas en la anchura de las calles, sin tener en cuenta la unidad de la manzana y el carácter ambiental. En cambio, la creación de un pequeño jardín, por sí solo y pese a su modestia, generaría un cambio de calidad en todo el barrio. Y quizá sería una afirmación del retorno de la política urbana municipal hacia aquello que cambió la ciudad a partir de los 80: las pequeñas intervenciones en el espacio público de cada barrio, cuya suma acabó transformando la imagen y los usos de buena parte de la ciudad. Tras pasar una temporada invocando la "grandeza" de las grandes operaciones urbanas a escala metropolitana, no estaría de más volver a las pequeñas acciones puntuales. Y poner el azufaifo como ejemplo.
EN CATALÁN hablamos de "ser tan eixerit com un gínjol", seguramente sugiriendo la velocidad y los brincos imprevisibles de los frutos del azufaifo cuando caen y saltan muy juguetones por todo el entorno. Esto es lo que queremos: que los azufaifos de la calle de Arimón se extiendan por el entorno y lo colonicen. Hay que conservar el árbol, pues, porque es un auténtico monumento, pero, principalmente, porque por sí solo puede generar un enriquecimiento del espacio público que nadie habría imaginado sin su actitud presidencial y su grito de supervivencia.
* Arquitecto
* El Periódico - 11/7/2007
